GABRIEL S. BORAGINA, LA CONQUISTA DE LA "JUSTICIA SOCIAL", LIBERALISMO

La lucha contra la desigualdad se ha convertido prácticamente en un "frente de combate" donde no son pocas las personas que se enrolan. Posiblemente la mayoría lo hace, incluyendo teóricos y analistas, sin faltar, por supuesto, probablemente también la mayoría de los economistas del mainstream.

Entre estos últimos, los dedicados a temas impositivos han popularizado la teoría de la capacidad de pago que -en términos breves- viene a rezar el tan conocido hoy en día criterio que los impuestos deben ser "mayores para los que más tienen", lo que ha dado origen a la consigna tan en boga -hoy como ayer- que dice "que paguen más los que más ganan". De allí, se ha llegado a otra teoría también propuesta por esta misma clase de personas, "la teoría del impuesto total":

"2. EL IMPUESTO TOTAL. La justicia social que, a través de la teoría de la capacidad de pago, se pretende implantar es la igualación económica de todos los ciudadanos. En tanto se mantenga la menor diferencia de rentas y patrimonios, por ínfima que sea, cabe insistir por dicha vía igualitaria. El principio de la capacidad de pago cuando se lleva a sus últimas e inexorables consecuencias­ exige llegar a la más absoluta igualdad de ingresos y fortunas, mediante la confiscación de cualquier renta o patrimonio superior al mínimo de que disponga el más miserable de los ciudadanos."[1]

No hace falta razonar mucho para darnos cuenta que -llevado al extremo el mecanismo indicado en la cita- la sociedad completa en su conjunto caería a niveles de pobreza tan profundos que difícil seria recuperarla a los que podría haber tenido antes de la implementación de las políticas redistributivas, porque resultaría arduo (sino imposible) volver a convencer a los que –antes de ser decomisados- producían a que volvieran a hacerlo, dado que bastaría el simple hecho de que alguien produzca algo por valor de 1 para que le sea confiscado si el resto de sus congéneres no producen absolutamente nada. Y va de suyo que, la "justicia social" clama porque así sea, dado que si A produce 1 y el resto de sus vecinos nada, una situación semejante estaría quebrando la "igualdad" de todos ellos. Y con esta, la de la supuesta "justicia social" implicada en el asunto. Es decir, una sociedad en la que impera la "justicia social" más plena y absoluta sería -al mismo tiempo- la más miserable de todas las sociedades existentes sobre la faz de la Tierra.

"Los modernos paternalistas, al menos en un aspecto, son más consecuentes que los antiguos socialistas y reformadores sociales. No identifican ya la justicia social con arbitrarias normas que todos habrían de respetar, cualesquiera fueran sus consecuencias sociales. Admiten el principio utilitarista. Los diferentes sistemas económicos, reconocen, deben ser enjuicia­dos según su respectiva idoneidad para alcanzar los objetivos que el hombre persigue. Olvidan, sin embargo, tan buenos propósitos en cuanto se enfrentan con la mecánica del mercado. Condenan a la economía libre por no conformar con ciertas normas y códigos metafísicos que ellos mismos previamente han elaborado. Es decir, introducen así, por la puerta trasera, criterios absolutos a los que, por la entrada principal, negarían acceso. Buscando remedios contra la pobreza, la inseguridad y la desigualdad, poco a poco van cayendo en los errores de las primitivas es­cuelas socialistas e intervencionistas. Inmersos en un mar de absurdos y contradicciones, acaban invariablemente apelando a la infinita sabiduría del gobernante perfecto, a esa tabla de salvación a la que los reformadores de todos los tiempos siempre al final se vieron obligados a recurrir. Tras mágicos vocablos, como «Estado», «Gobierno», «Sociedad» o cualquier otro hábil sinónimo, invariablemente esconden al superhombre, al dictador omnisciente."[2]

En el fondo, la "realización" de la "justicia social" se espera se plasme en ese "superhombre", o "dictador omnisciente", dado que todos poseen diferentes ideas acerca de que es o que debería ser la "justicia social", en definitiva las disímiles opiniones sobre su esencia y de cómo realizarla mejor, han de terminar recayendo en ese dictador, líder, conductor, jefe, duce o führer carismático de turno, hasta el punto que el propio concepto de "justicia social" se confunde con el de la persona misma que encarne al jefe o líder, ya que como bien se señala "Tras mágicos vocablos, como «Estado», «Gobierno», «Sociedad» o cualquier otro hábil sinónimo, invariablemente esconden al superhombre, al dictador omnisciente" y es -en suma- de este o de estos (puede ser uno o muchos) de quién se espera que delimite y ejecute dicho "ideal".

Sin embargo, no existe tal cosa como "la infinita sabiduría del gobernante perfecto". No sólo porque lo perfecto es ajeno a la condición humana, sino porque tampoco coexiste ninguna "infinita sabiduría" exactamente por idéntica razón, lo que no implica que sean pocas las personas que si creen en su existencia, no faltando tampoco aquellos que se juzgan a sí mismos exclusivos depositarios de tan celestiales privilegios por sobre los demás. La realidad indica que, tras la máscara del estado-nación, del gobierno, de la sociedad o de cómo se le quiere denominar, sólo hay seres humanos, tan falibles e imperfectos como cualesquiera otros (e incluso mas falibles aun que los demás), y que por el sólo hecho de elevarlos circunstancialmente a un cargo público parecería reputárselos provistos de cualidades cuasi o semi divinas y de "excelsa bondad" por encima de la de cualesquiera otros. Resulta conjuntamente arbitrario y extremadamente peligroso querer dotar a cierto número de personas de la facultad de determinar lo que sería justo o injusto "socialmente" por el sólo hecho de haberlas encaramado en lo más alto del poder. Ya que, al fin de cuentas, lo justo o injusto "socialmente", siendo imposible de establecer de manera objetiva, se dirime ineludiblemente por criterios puramente personales, que se corresponden siempre a los del jefe o caudillo -como tantas veces se ha visto- y los que necesariamente han de ser arbitrarios y provisorios por ser tales.

[1] Ludwig von Mises, La acción humana, tratado de economía. Unión Editorial, S.A., cuarta edición. Pág. 1068/1069

[2] Mises L. V. La acción humana ....ob. cit. pág. 1229 a 1231

Gabriel Boragina

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SAÚL GODOY GÓMEZ, JUSTICIA SOCIAL SE ESCRIBE CON SANGRE,

El filósofo Karl Popper advertía sobre la importancia que había que darle al "significado de los términos" cuando se enfrentaba a un enemigo tan formidable como el totalitarismo y todas esas otras derivaciones del historicismo entre las que incluía al comunismo.

Son todas corrientes políticas que se valen en gran medida de la confusión del adversario producida por una excesiva verborrea que tiene sus raíces en el escolasticismo, una corriente del pensamiento de la Edad Media donde se recurría a un parloteo intensivo y sin ningún sentido, con el fin expreso de agotar y doblegar la voluntad del contrario para que aceptara argumentos sin valor, mentiras ungidas como verdades valiéndose de palabras multívocas y mucha retórica.

El resultado era que aquellos razonamientos abstrusos se hacían ley y condenaban a hombres y mujeres a la desgracia y en muchos casos a torturas y muerte.

F. P. Ramsay lo precisó de la siguiente manera: "tratar lo vago como si fuera preciso", el arte de hacer creer que se tienen la razón.

Justicia social es un término tan vago, que a cada momento surgen interpretaciones y significados tan distintos que tiene la gran ventaja (o desventaja) que si no lo definen, nadie sabe de qué están hablando; en un buscador de internet existen registradas más de tres millones de entradas para este concepto, y es un mal augurio que esté mencionada (sin mayores explicaciones) en el preámbulo de nuestra Constitución (la de 1999).

Nuestros socialistas endógenos les encanta usarla y la meten en sus discursos a cada momento para justificar una nueva prohibición, para anunciar un nuevo castigo, para arrebatarnos nuestras propiedades o un achique a nuestras libertades, si la imposición se asume como justicia social entonces no hay nada que se le oponga.

Hay autores que opinan que la justicia social ha sido la causante de las mayores injusticias, incluso de guerras.

He ojeado una veintena de publicaciones que llevan justicia social en su título y todas quieren decir algo diferente pero con un mismo resultado: quitarle a unos (minoría productiva) para darle a otros (mayoría dependiente); la acepción más popular es aquella que señala una justicia conmutativa (dar a cada quien según sus méritos) y otra distributiva (a cada quien según sus necesidades).

Otros explican que se trata de una equitativa redistribución de lo público entre los ciudadanos sin manera de saber que es una redistribución equitativa y para quienes, otros hablan de repartir las cargas sociales, incluyendo las impositivas, con el mismo problema, no hay método, todo queda sujeto a la interpretación de quien distribuye, lo que no es muy justo.

Todo parece indicar que la justicia social tiene algo que ver con las clases sociales, o económicas, en algunos autores sólo se refiere a los pobres cuando se habla de justicia social, otros a los servicios públicos, su libre acceso, a su calidad y oportunidad.

Para los neoestructuralistas, opuestos a la globalización, la justicia social se logra sólo en el "desarrollo desde adentro", una cosa es "hacer" justicia social y otra es "tenerla", su falta siempre significa la oportunidad de prometerla, hay autores que la emplean para indicar la existencia de un Estado de Derecho, y aun otros que la ven como el ingrediente necesario del Estado Benefactor; otros autores vinculan la Justicia Social a las masas, pareciera que para los individuos no hay justicia social.

La Iglesia la incorpora en su Nuevo Catecismo para tratar el espinoso asunto del deber del cristiano en la liberación de los oprimidos, en la defensa de los derechos fundamentales de la persona, y aunque se refiere en algunas instancias a la persona, individualizándola, con la misma facilidad pasa a las clases necesitadas, colectivizando el deber del cristiano.

En el documento del Sínodo Episcopal de 1971 el concepto de justicia es restringido en su eficacia únicamente que a los pobres y necesitados, condenando supuestos comportamientos colectivos, muchos de ellos ilegales e injustos en su naturaleza en contra de ciertas clases sociales, y por parte de ciertas instituciones.

¿Puede la justicia ser imparcial? De acuerdo al concepto de Justicia Social elaborado por la Iglesia, no, la justicia social está parcializada hacia el más menesteroso, pero también esta parcializada en la asignación de responsabilidades, ya que quien más tiene, hay implícita la obligación de dar más, por lo que deja de ser justa.

El problema de estos documentos y exhortos es que nunca se menciona el problema, que pocas injusticia puede ser corregida sin crear una nueva injusticia, siempre queda alguien afectado en sus derechos y propiedades, o pagando un precio excesivo (injusto) por llegar a la Justicia Social,  por cierto, esta doctrina social de la iglesia ha traído consecuencias negativas debido a su similitud con la ideología socialista (comunista), que igualmente se parcializa con la(s) víctima(s) que corresponden a clases sociales menos favorecidas, lo que ha generado abusos y consecuencias que deben ser revisados.

Filósofos laicos de la talla de Rawls, Habbermas y Nozik han discutido en profundidad lo que el término denota sin llegar a ningún acuerdo, y si eso pasa con los filósofos mas lucidos del mundo académico, que nos espera a nosotros, simples mortales.

Hayek afirmaba que cualquier intento de introducir criterios de Justicia Social en una economía de mercado, invariablemente conduciría al totalitarismo y la pérdida de las libertades.

Hasta golpes de Estado, linchamientos, pobladas e invasiones se pueden ver como formas de justicia social en acción, situaciones tan disímiles como el resultado de las elecciones o el cierre de un canal de televisión, todo, aparentemente tiene que ver con la justicia social.

Quizás sea por el uso compuesto de dos palabras con significados tan amplios como “Justicia” y “Social” lo que lleve a tanto equívoco; cuando aparecen las palabritas, se le iluminan los ojos a todo aquel que tenga algún agravio o necesidad, cuando la utiliza un político está seguro de que alguna fibra toca, sobre todo si es para ponerle la mano a lo que no es suyo.

Los comunistas usan la justicia social como instrumento de intimidación ideológica con el objetivo de conseguir el poder de coerción legal, hacen creer a los incautos que designan una virtud moral cuando en realidad, es una ruin manera de despojarnos de la libertad.

Y con la justicia social en la boca, los chavistas han estado destruyendo al país y construyendo algo que ni huele bien ni se parece a lo que pensamos pudiera ser justicia social, sucede lo mismo con otras palabras como libertad, democracia, igualdad, verdad...

El problema de entendernos al usar estas palabras, radica en el conocimiento concreto de las mismas, cosa que les tienen sin cuidado a los revolucionarios socialistas del siglo XXI, pues para ellos "todo es relativo", las palabras significan lo que las masas, la circunstancia histórica y las clases dominantes del momento decidan, y como "todo" se reduce a ellos (ellos representan a las masas, son los creadores de las circunstancias históricas y son la clase dominante), entonces si dicen justicia social, es lo que ellos creen que es, aunque no lo puedan explicar o cada vez que lo expliquen quieran decir una cosa distinta.

Estamos a merced de las palabras, y quienes operan las palabras son personas con intereses, preferencias y gustos muy diversos, caeríamos fácilmente en la confusión de Babel si no fuera por hay personas que exigen precisiones, sobre todo en los acuerdos y negociaciones, las palabras tienen que tener significados comunes, conocidos y limitados, de otra manera reinarían los malos entendidos, los conflictos y los engaños.

La Justicia Social es uno de esos términos que sacan sangre, de modo que la próxima vez que la escuche, póngase en alerta, pueden estar hablando de su sangre. –

Saul Godoy Gomez

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GABRIEL S. BORAGINA, ¿CÓMO REPARTIR EQUITATIVAMENTE?

En el debate sobre la igualdad y la justicia social, aparece ineludiblemente la discusión acerca de cómo lograr la mejor redistribución de ingresos o de riqueza. Y esta es una polémica que acapara no pocos desacuerdos. El principal punto de disputa reside en a quiénes o a qué "sectores sociales" habría que privilegiar en el reparto por encima de los demás. En otras palabras, definir con precisión -o siquiera con aproximación- quienes serían o corresponderían ser a los que cataloguemos como "excluidos sociales", y quiénes serían los que deberían quedar fuera de dicha clasificación.

El problema -como ya señalamos en otras ocasiones- consiste en que, cuando el gobierno comienza a anunciar políticas de subsidios, cada vez franjas más importantes de personas comienzan a considerarse con derecho para acceder a los mismos, lo que es una consecuencia lógica que deriva del axioma praxeológico que toda acción humana tiene por objetivo la mejora del estado del individuo que actúa, y –naturalmente- si pasar de un estado de menor satisfacción a otro de satisfacción mayor es a un costo menor del que podría ser de otro modo, todo individuo optará siempre por la acción de costo más bajo. Si alguien -en cambio- le presenta opciones de menor costo o sin costo alguno, la fila de personas que se anotarán para recibir el beneficio ofrecido de esa manera, será tanto mayor.

Este análisis nos lleva de lleno al mecanismo más frecuente utilizado por los gobiernos y -por sobre todo y con más énfasis- por parte de los gobiernos populistas. Nos referimos a la política del otorgamiento de subsidios a personas, grupos, entidades, empresas, organizaciones o lo que fuere (lo que no excluye, como lamentablemente ya sabemos, a los propios políticos que -en función de gobierno- se dedican a repartir esos mismos u otros subsidios).

Cuando el gobierno otorga un subsidio, la impresión que la mayoría de las personas tiene es que se le ha otorgado un beneficio a la persona que lo recibe. Pero se suele dejar de lado (o ni siquiera considerar) de dónde y de qué manera se han obtenido los fondos necesarios para que el gobierno pueda conceder semejante "generosidad" a la gente. El método es básicamente similar al que se describe a continuación:

"En realidad el asaltante de un banco que no es descubierto se beneficia con el asalto a expensas del resto de la gente. A primera vista es a expensas del banquero, pero cuando se percibe que hubo una malasignación de recursos desde las áreas preferidas por la gente hacia las preferidas por el asaltante se percibe que hubo una pérdida neta para el conjunto de la comunidad. Los gobernantes no “son descubiertos” porque hacen la operación con el apoyo de la fuerza beneficiando a subsidiados a expensas del resto de la población. La reducción deliberada del campo visual tiene gran efecto electoral porque se perciben los beneficios logrando adeptos y se ocultan perjuicios para no acumular opositores. Frédéric Bastiat siempre insistía que para analizar los resultados de una medida había que detenerse a considerar “lo que se ve y lo que no se ve”. En nuestro caso lo que se ve es el botín del subsidiado, lo que no se ve es lo que se hubiera hecho con los recursos de no habérselos succionado para darles un destino distinto de lo que la gente consideraba más atractivo. El ejercicio de ampliar el campo visual permite detectar desaguisados que de otro modo no resulta posible analizar. Y son innumerables las formas de subsidio en la era del “Estado fiscal” como diría Joseph Schumpeter."[1]

 Tras de esta realidad, está presente toda una concepción cultural por la cual, mediante una paciente labor educativa que viene abarcando ya varias generaciones y que no parece revertirse, se ha concientizado a la gente en la falaz idea que los gobiernos podrían "crear riquezas de la nada" o -en el peor de los casos- el problema se "solucionaría" simplemente despojando a los ricos de "pequeñas" partes de sus ganancias. Pero esto también resulta una enorme mentira, ya que asimismo muchos de esos ricos y/o empresarios resultan ser beneficiarios de dadivas otorgadas por esos mismos gobiernos, a través de otros dispositivos económicos que operan -en sustancia- de manera muy similar a lo que lo hacen los subsidios, sobre todo en cuanto al modo de obtención de los fondos respectivos que, en pasos posteriores, van a ser transferidos a sus beneficiarios, directos o indirectos.

"Subsidios, exenciones fiscales, protección aduanera y mercados cautivos abren las compuertas para que los pseudoempresarios se alcen con el botín. La hedionda cópula entre gobernantes y cazadores de privilegios perjudican gravemente los intereses de la gente y muy especialmente de los más necesitados."[2]

El problema consiste en que la mayoría de las transferencias de este tipo, incluyendo los subsidios que el gobierno declama que irían a los "excluidos", no tienen ese destino real, sino que se dirigen a los empresarios que generan continuos y repetidos contubernios con el gobierno mismo o sus personeros por un lado, y a los propios integrantes de la burocracia política, que son los que reciben la "parte del león" de este tipo de transferencias, por el otro.

Adicionalmente –en última instancia- todo dinero que se otorga en subsidios, previamente ha sido detraído a la sociedad mediante diversos procedimientos político-económicos, entre los cuales destaca el fiscal por excelencia. El subsidio es pagado por todos los ciudadanos, incluyendo a los mismos subsidiados, que creen estar recibiendo un "beneficio", cuando en realidad se les estaría reintegrando -en el mejor de los casos- una parte de lo que previamente el gobierno les extrajo vía impuestos, ya sea como contribuyentes de hecho o de derecho, teniendo en claro que, el grueso de los contribuyentes de cualquier nación de hoy en día lo son siempre de hecho, siendo los más perjudicados los más pobres.

[1] Alberto Benegas Lynch (h). El juicio crítico como progreso. Editorial Sudamericana. Pág. 102-103

[2] Alberto Benegas Lynch (h) El juicio crítico....Ob. cit pág. 274-275

 

Gabriel Boragina

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ISAAC VILLAMIZAR, LA JUSTICIA ECONÓMICA

El ideal supremo del derecho es la justicia. Tradicionalmente consiste en la virtud que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde. En este marco se define la Justicia Social, expresión muy usada en Política, Sociología y Derecho para significar una tendencia doctrinal y práctica encaminada a proteger a las personas económicamente débiles, elevando su nivel de vida y cultura, y anulando aquellos privilegios de las clases económicamente fuertes que originan inadmisibles desigualdades sociales.

En el orden económico del “laissez faire”, concebido como un mundo independiente de la intervención del Estado y de los principios morales, se dio toda clase de facilidades a la iniciativa privada, a la invención, al progreso y desarrollo de la producción. Pero esto no fue muy favorable para la distribución de la riqueza, creándose dos clases económicas, distanciadas y antagónicas: la proletaria y la capitalista. Esta división provocó el odio, el espíritu de la lucha de clases y el desgarro de la sociedad con graves repercusiones para la estabilidad y la sana convivencia.  Es cuando los trabajadores toman conciencia de su miseria, unen sus esfuerzos, reúnen sus debilidades, para convertirlas en fortalezas, apareciendo los primeros sindicatos

La Justicia Social, entonces, en este escenario,  se convierte en el criterio dinámico motor de multitud de transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales. Es la justicia como principio regulador tendente a establecer el equilibrio entre los poseedores y desposeídos, entre ricos y pobres, entre socialmente fuertes y socialmente vulnerables. En nombre de la Justicia Social, las legislaciones fiscales y laborales cambian, para hacer norma la lógica de que quienes más poseen, mayores cargas soporten. Nace así la legislación protectora de los trabajadores para intentar restablecer un equilibrio entre empleadores y obreros.

En este ambiente algunos conservadores exagerados califican a la Justicia Social como socialista, pero en realidad contenía en el fondo una idea oportuna, admisible y expresiva, tanto que, convertida en símbolo y bandera de luchas y reivindicaciones sociales, es aceptada por la Iglesia, con la Encíclica “Rerum Novarum” de León XIII en 1891.

La  Justicia Social es  la  que  regula las  relaciones de los  grupos sociales entre sí y de los individuos como miembros suyos en orden al bien común, de suerte que cada grupo dé a los demás aquella parte de bien social a que tienen derecho en proporción a los servicios que contribuyen a ese fin.

Ahora bien, ¿qué problemas enfrenta actualmente la Justicia Social? Existen condiciones de vida infrahumanas de muchas personas en continentes, tales como el África. La poca inversión en la atención  de los requerimientos sociales, educativos y económicos de la población en condiciones de pobreza extrema hace más aguda la situación. Condiciones infrahumanas e insalubres en la vivienda están presentes. El desempleo, la inflación, la escasez de ciertos rubros, un proceso de industrialización donde se explota aún la mano de obra, el destino de los recursos públicos a propaganda y armamento, y una deuda pública creciente de los países en vías de desarrollo, son objeto de alarma para la Justicia Social. No se pueden ignorar las diferencias y la desigual distribución  de los ingresos personales y familiares.

Aunado a lo anterior, en muchas naciones hay una enorme distancia entre el sector rural y el sector urbano. La agricultura es un área deprimida, abandonada y con pocos estímulos. Servicios esenciales como carreteras adecuadas, transporte, agua potable, vivienda higiénica, asistencia médica y enseñanza gratuita y completa, están ausentes en el campo. Se reclama por un desarrollo gradual y armónico de un sistema económico que coloque técnicas de producción modernas, variedad de cultivos y estructura eficiente de la empresa agrícola al servicio del desarrollo y la productividad. Conjuntamente con ello debe actuar la política macroeconómica del Estado en materia impositiva, en la oferta crediticia pública, en sistemas de seguros acordes y en la defensa de los precios agrícolas alentadores. Finalmente, aparece el dilema entre el derecho a la propiedad y el derecho de la propiedad. ¿Cómo armonizar ambas? Reconociendo que todos los seres humanos, sin distinción de clase social, tienen derecho al uso conveniente de los bienes materiales, que deben llegar en forma universal, pero aceptando que también, por una función social, deben ser aprovechados por los demás. Se debe compaginar el dominio privado como expresión de la personalidad, como fruto del trabajo, del esfuerzo propio, garantizando su uso, goce, disfrute y disposición, asegurando una autonomía personal y familiar, con su función a la vez responsable en la sociedad y en la economía, en la que el derecho de propiedad no se ejerza en detrimento de la utilidad común.

Derivada de la Justicia Social está la Justicia Económica. La democracia, desde el siglo XX, ha venido triunfando sobre sus tres principales competidores: el comunismo, el totalitarismo y la teocracia. Pero también está llamada a triunfar frente a otra amenaza para satisfacer el deseo universal humano que representa. Nos referimos a las desigualdades económicas. Si la democracia se basa en la igualdad, este principio es la fuerza que alimenta los cambios democráticos en todas partes. La igualdad no es sólo una cuestión política y social, porque éstas por sí mismas no satisfacen completamente al hombre o mujer demócrata. También es necesario cierto grado de igualdad económica. La igualdad económica no implica la posesión por parte de todos de una cantidad similar de bienes económicos: dinero e insumos de producción. Lo que realmente hace falta es una distribución más equitativa de la riqueza, de modo que todos tengan lo bastante como para vivir decentemente, y una igualdad casi absoluta de oportunidades. 

La igualdad absoluta en la posesión de bienes es una quimera. La igualdad de oportunidades es un ideal por el que la gente está dispuesta a luchar. Estos preceptos están contenidos en el Artículo 3 constitucional cuando le fija al Estado, como uno de sus fines esenciales, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo; y en el Artículo 112 ejusdem cuando se le impone al Estado la garantía de la creación y distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población. Hay muchos bienes que pueden considerarse económicos y que no consisten en dinero. Podemos citar el derecho al trabajo, a una buena educación o a una vivienda digna. El derecho a perseguir la felicidad o la oportunidad, a la propia manera de cada quien, es el de mayor importancia. Un gobierno con justicia económica protege estos derechos y se encarga de que no se vean sistemáticamente vaciados de contenido, ni para ningún ciudadano en particular, ni para ninguna clase de ciudadanos en general.

Otro de los contenidos de la justicia económica es la posibilidad de acceso a los bienes y servicios de calidad. Nuestra Constitución así lo preceptúa en el Artículo 117. Esta norma agrega que el consumidor tiene la libertad de elegirlos, se supone en un ambiente competitivo, y a ser tratado con dignidad cuando desea adquirirlos. Esto se complementa con la seguridad alimentaria que, definida por el constituyente en el Artículo 305, se entiende como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor.

En un país con Justicia Económica el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promueve el desarrollo armónico de la economía integral, con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevado nivel de vida de la población y fortalecimiento de la soberanía económica del país. Esta es la verdadera suma de felicidad. Esta es la verdadera y justa distribución de la riqueza. Esta es la verdadera independencia económica. Ya lo expresó el papa Francisco: “La solidaridad no se reduce a las diversas formas de asistencia, sino que se esfuerza por asegurar que un número cada vez mayor de personas pueden ser económicamente independientes.”

Isaac Villamizar

isaacvil@yahoo.com

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GABRIEL BORAGINA ©, LA INJUSTA "JUSTICIA SOCIAL"

Quienes levantan las banderas de la "justicia social", sin saberlo están haciendo un llamado a un mundo cada vez más y más injusto. 

El lector se preguntará sorprendido ¿cómo es posible esto? Por empezar, digamos que quienes defienden la "justicia social" no saben en rigor de qué es lo que están hablando. Primeramente hagamos unas consideraciones semánticas, para luego introducirnos en algunas cuestiones más de fondo.

El profesor A. Benegas Lynch (h) explica:

"El premio Nobel en Economía Friedrich A. Hayek se ha referido extensamente a Comte y a sus seguidores (1952/1979: 321 y ss.) pero, en su última obra, debido a todos los malos entendidos y galimatías utilizados principalmente por la corriente de pensamiento marxista en torno a la palabra “sociedad”, este autor la sustituye por la expresión “orden extendido” (1988: 6 y 113) y, además, agrega que el adjetivo “social” a continuación de cualquier sustantivo lo convierte en su antónimo (ib.: 114-119). 

Dejando de lado las buenas intenciones con que muchas veces se han acuñado ciertas expresiones y las sanas tradiciones en las que aparecieron, piénsese en la expresión "justicia social" que, en el mejor de los casos, constituye un pleonasmo mayúsculo puesto que la justicia no es vegetal, mineral ni animal y, en el peor, contradice la clásica definición de Ulpiano de “dar a cada uno lo suyo” para transformarse en sacar a unos lo que les pertenece para dar a otros lo que no les pertenece."[1]

A esto se refería Frédéric Bastiat cuando utilizaba la frase expoliación legal, con lo que podemos completar la idea, diciendo que la "justicia social" es el nombre con el cual se consuma la expoliación legal, la que asimismo se transforma en su resultado inmediato. La "justicia social" es la antítesis de la justicia misma, ya que faculta a los gobiernos a despojar impunemente a unos lo que en justicia les pertenece, para darles a otros lo que en justicia no les pertenece. Agreguemos que no obstante, este es el sistema que impera en la mayor parte del mundo.

El mismo Hayek citado por el Dr. A. Benegas Lynch (h) dice en otra parte:

"La interpretación errónea del orden del mercado, como una economía que puede y debe satisfacer necesidades diversas en un cierto orden de prioridad, aparece especialmente en los esfuerzos de las políticas destinadas a corregir los precios e ingresos, en función de lo que se denomina "justicia social". 

Cualquiera sea el significado que los filósofos sociales hayan atribuido a este concepto, en la práctica de la política económica éste ha implicado siempre la protección de ciertos grupos, para evitar que éstos desciendan necesariamente de la posición material absoluta o relativa que han disfrutado durante cierto tiempo. No obstante, éste no es un principio sobre cuya base se puede actuar en forma general, sin destruir con ello los fundamentos del orden del mercado. No sólo el incremento continuo, sino que en ciertas circunstancias aun la mera mantención del nivel existente de ingresos, depende de la adaptación a ciertos cambios imprevisibles. Esto implica necesariamente que la cuota relativa y, quizás también la absoluta, de algunos deberá reducirse, aunque éstos no sean responsables en manera alguna de su reducción."[2]

La "justicia social" -nos dice aquí Friedrich A. von Hayek- es un instrumento del proteccionismo económico (no el único, desde luego), ya sea que la protección se dirija a unos grupos o a otros. Pueden englobarse entre estos mecanismos diversos instrumentos, tales como los subsidios, transferencias directas y otras prebendas. Ora destinados a personas particulares –por ejemplo, empresarios- ora a organizaciones, sean estas sindicatos, empresas, asociaciones, sociedades, etc.  Y añade que, intentar sostener la "justicia social" demolerá -a la larga o a la corta- el orden del mercado. Señalando que, tanto el incremento como el mantenimiento del nivel de ingresos han de depender, necesariamente, de los cambios propios que se dan dentro del ámbito del orden de mercado.

Si introducimos el nefasto "principio" de la "justicia social", impedimos no sólo el crecimiento de los ingresos, sino incluso su mantención en el punto en el que se encuentran a la fecha de la aplicación de ese eslogan mal llamado de "justicia".

Y agrega, seguidamente, como la "justicia social" empeorará las condiciones laborales de las personas que trabajan o desean hacerlo:

"Una de las paradojas del mundo actual es que los países comunistas están probablemente más libres de la pesadilla de la "justicia social" y, a la vez, más dispuestos que los países capitalistas a dejar recaer el peso en aquellos para quienes el desarrollo ha sido desfavorable. Para ciertos países occidentales, al menos, la situación no parece tener remedio, precisamente, porque la ideología que domina sus políticas hace imposibles los cambios que son necesarios para que la condición de la clase trabajadora se eleve lo suficientemente rápido como para provocar la desaparición de esta ideología."[3]

La "justicia social" es una formidable excusa que tienen los populismos y sus megalómanos cabecillas para embaucar a la gente de buena fe y engañar a incautos de todo tipo. Pero, al mismo tiempo y desde un punto de vista económico, simboliza la antítesis de lo que los mal llamados "progresistas" (que no son sino los representantes del verdadero atraso y pobreza mayúsculas de todos los pueblos donde gobiernan) intentan "defender" cuando se llenan la boca con dicha fórmula "bonita" y se hacen pasar por "justicieros sociales" cuando no son más que fenomenales farsantes y simples asaltantes encaramados desde el poder del estado-nación, detrás del cual se escudan para cometer sus fechorías impunemente.

Donde impera la "justicia social" observamos que campea la corrupción, el latrocinio, la venalidad, la pobreza y la miseria más indignante para cualquier persona de bien.

[1]Alberto Benegas Lynch (h). "Una refutación al materialismo filosófico y al determinismo físico". Revista de Economía y Derecho. Lima, 6(22), Otoño 2009. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. pág. 3

[2] Friedrich A. von Hayek. "La competencia como proceso de descubrimiento". pág. 10

[3] Friedrich A. von Hayek "La competencia..." op. cit. pág. 11

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HENRY JOEL, JUSTICIA SOCIAL O ESTRATEGIA DE CONTROL

Un tema muy sensible y a la vez muy utilizado por los grupos de interés tanto de izquierda como de derecha, es la justicia social. Pero también la justicia social es una de las armas más sutiles utilizadas por el comunismo-socialismo. Los programas de justicia social se basan en el hecho de la redistribución de la riqueza para beneficiar a los menos favorecidos. La idea de tomar de los ricos y darlo a los pobres convierte a los gobiernos en una especie de “Robín Hood”; tomando dinero de los mas ricos para elevar los estándares de vida de quienes carecen de los recursos.

Los políticos con un trasfondo ideológico comunista-socialista fundamentan la justicia social en el igualitarismo. –una doctrina que en esencia es la fuerza motriz detrás del comunismo-socialismo; que busca remover la inequidades económicas por medio de la redistribución de la riqueza– La estrategia para lograr que los programas de justicia social permeen en la mente de la ciudadanía es de fácil implementación; en primer lugar se apela a que la riqueza de quienes la poseen ha sido ganada mediante la explotación de los pobres. Y en segundo lugar invocar a la confrontación de clases sociales.

Justicia Social para estos no 

En una política de justicia social se crea programas basados en la implementación de impuestos que gravan la riqueza, de los más favorecidos, y estos recursos pasan a disposición del estado; este a su vez es quien decide a donde deben ir destinados los mismos. Esto es exactamente lo que sucede en Venezuela y en Cuba, en donde los servicios sociales pasan a ser nada más que una manera de control sobre la población. Si consideramos que, en los gobiernos de carácter autoritario y dictatorial, la corrupción es un instrumento de control sobre la población, entonces la justicia social es solo una manera de cruzar el mar confundiendo al cielo. Una vez puesta en marcha la estrategia de justicia social, el camino esta allanado para  empezar a cortar a los ciudadanos el acceso al desarrollo, fin primordial del comunismo-socialismo.

En apariencia los programas de justicia social resuelven el problema de la desigualdad, pero solo en la forma no en el fondo, porque en la realidad los mismos no resuelven nada, crean una falsa y temporal sensación de bienestar.  Traspasar  directamente los ingresos obtenidos vía impuestos  gravados a la riqueza, directamente a los menos favorecidos, no se genera desarrollo. Estos flujos de dinero entran a la economía en forma de consumo, sin generar ningún valor agregado, ni promueven auto sostenibilidad. La justicia social en si misma como concepto político, no garantiza la eliminación de la pobreza, el crecimiento económico, la productividad o el acceso a oportunidades de desarrollo para el individuo menos favorecido. En lugar de ser una solución se convierten en un dificultad, por que tomar el dinero del gobierno para sustituir el ingreso de una persona en condiciones desfavorecidas,  típicamente, convierte a los receptores de estas  en dependientes de los programas de sociales. 

Por lo general estos programas en los gobiernos autoritarios y dictatoriales tienden a desaparecer una vez logrado el objetivo del control del poder si a esto le  sumamos la desaparición de la iniciativa privada y su capacidad innovadora, que es en realidad la creadora de riqueza, de empleo y de impuestos, la situación social se vuelve caótica.  El funcionamiento de los programas de justicia social en los gobiernos de carácter democrático; pasa exactamente lo mismo: dependencia por parte del receptor de estas ayudas que una vez finalizado el periodo de gobierno la justicia social desaparece, y se crean nuevos programas que son muy bien aprovechados como arma electoral para obtener el poder. ¿qué hacer entonces?

Si en lugar de distribuir directamente y sin ninguna responsabilidad por parte del receptor de estos ingresos; los gobiernos utilizaran estos para la construcción y acercamiento de plataformas de desarrollo, como educación, salud e infraestructura a la ciudadanía; el avance en el desarrollo seria realmente significativo y de carácter sostenible. El argumento de la justicia social usado por el comunismo-socialismo es únicamente parte de la estrategia para obtener el poder y permanecer en el mismo. Lo importante es que todos accedan a la educación, pero una educación controlada por el estado, por que lo que se requiere es que el ciudadano funcione, no que piense.

Las plataformas de desarrollo como educación, salud e infraestructura si generan y promueven desarrollo así mismo combaten la pobreza. Aun así, este tipo de políticas, tampoco son garantía de la eliminación de la pobreza, no por que estas sean más o menos efectivas; sino más bien por que debemos tomar en cuenta la naturaleza del ser humano y su capacidad de decisión. No todos abandonarán la pobreza, tampoco harán uso eficiente de las oportunidades ofrecidas de la misma forma.  Veamos que sucede con un programa de justicia social que subvenciona a un individuo menos favorecido: una vez obtenido el dinero proveniente de los recursos del estado, estos serán rápidamente gastados en bienes de consumo en su totalidad, esto crea una demanda ficticia en la economía debido a que los ingresos no son provenientes de la producción, esto a su vez genera una dependencia del receptor en las dadivas del gobierno. Prácticamente es el mismo gobierno quien en realidad esta generando gasto, en nombre de la justicia social,  en ningún caso genera ahorro e inversión para promover el desarrollo.

Al final se vuelve así la justicia social

Por el lado del sector privado; al ver que los ingresos obtenidos vía impuestos, destinados a la justicia social son mal invertidos formando gasto y con escasos controles; tratarán de encontrar nuevas y sofisticadas forma de evadir el fisco, esto en el mejor de los casos. En el peor de los escenarios cuando un gobierno implementa un régimen dictatorial basado en el comunismo-socialismo, quienes logran anticiparse a las políticas gubernamentales respecto a la economía, entonces mudaran sus capitales fuera de esos territorios, y quienes no lo hacen terminan siendo expropiados en pro de la una justicia social utópica que lo único que hará  es que la pobreza se generalice al interior de la sociedad.

Quienes suelen clamar por una mayor justicia social, como estrategia política, son los primeros quienes atacan a la misma, de manera indirecta ejerciendo presión sobre organizaciones religiosas, organismos no gubernamentales y asociaciones civiles que buscan favorecer a quienes carecen de oportunidades. Un ejemplo claro de ello es la pretensión de gravar con impuestos los ingresos de las iglesias y demás organizaciones civiles. Los  ingresos de este tipo ya sea por vía de diezmos, ofrendas o donaciones proceden de los ciudadanos y estos ya han sido gravados previamente por el fisco, vía impuesto sobre la renta.

Como dijo Benjamín Franklin “El  mejor medio de hacer bien a los pobres no es darles limosnas, si no hacer que puedan vivir sin recibirla” 

@henryzaa 

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PEDRO CORZO, LOS FALSOS SÍMBOLOS DE LA JUSTICIA SOCIAL

“No fueron los ricos, ni los poderosos los que lo comprendieron sino los humildes. Es que los ricos y poderosos han de tener el alma cerrada por la avaricia y por el egoísmo, mientras que los humildes duermen al aire libre”. Eva Perón.

Los venezolanos inventaron el termino boliburguesía para identificar a quienes disfrazados de servidores públicos y promoviendo la austeridad y el sacrificio, bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se han enriquecido a costa de los bienes del estado.

Algunos de estos nuevos ricos siguen en el país amasando una mayor fortuna y otros, con sus riquezas a resguardo, han salido para el exterior donde sus fortunas deslumbran a los simples mortales.

Por supuesto que la corrupción no es patrimonio de ideología o proyecto político.

Es una condición tan vieja como el hombre, vigente en toda sociedad y en todos los tiempos, pero en el presente resulta paradójico que muchos de los abanderados de la justicia social sean grandes consumidores de los bienes más superfluos,   acrecienten sus cuentas bancarias, ya sea robando o incursionando mundo de los negocios, gracias a la administración que ejercen sobre los bienes del estado.

Conocida es la atracción que ejercían sobre Eva Perón, las joyas costosas, las pieles más caras y  los vestidos lujosos, al extremo que RTVE refiere que “Asunta Fernández estuvo a su lado hasta el final y la vistió por última vez para el velatorio. Para ello cogió un vestido de Christian Dior y lo convirtió en mortaja", 

Por ejemplo Fidel Castro gustaba regalar relojes Rolex a las personas que le prestaban un servicio especial. También obsequió  costosos relojes de la misma marca a muchos de los guerrilleros que se entrenaban en Cuba.

Los Castros aparte de contar con numerosas residencias, tienen a su disposición cotos de caza y pesca como en el pasado disfrutaban los aristócratas más encumbrados. Sus cuentas bancarias son cuantiosas como lo ha reseñado la revista especializada Fortune.

Por su parte el presidente Hugo Chávez dijo, "Ser rico es malo, es inhumano así lo digo”.

Roland Carreño un crítico de modas venezolano declaró en una ocasión que "Chávez es el presidente mas narcisista que hemos tenido" y agregó "entre los preferidos de Chávez, están los trajes de la casa francesa Lanvin, y los de los modistas venezolanos Giovanni Scutaro y Clemens, que visten también a otros ministros del gabinete revolucionario, y las casas de relojería suiza como Vacheron Constantin, Rolex y Audemars Piguet".

El único hijo varón del difunto mandatario gusta de los fastuosos autos Bentley. Otro de sus caprichos es usar los helicópteros de la Fuerza Aérea de Venezuela.

Criminal Justice International Associates,  estima en 2.000 millones de dólares la herencia que dejó Hugo Chávez a su familia. Incluido 17 fincas valoradas entre 400,00 y 700 mil dólares, un flotilla de diez todoterrenos Hummer y cientos de millones de dólares depositados en el exterior, amén de innumerables bienes distribuidos por toda Venezuela y el extranjero.

Todo esto hay que sumarlo al nepotismo que practicó el difunto mandatario que colocó a un número importante de parientes en posiciones claves de su gobierno. La finca de 30 hectáreas que tenía su padre hizo mitosis y hoy cuenta con 600 hectáreas.

El indescriptible Daniel Ortega está acusado de tener una fortuna muy superior a la que acumuló el dictador Anastasio Somoza, aunque el líder nicaragüense no debería sorprender porque hay que recordar la famosa "Piñata de los Comandantes Sandinistas".

Un letrero del Frente Sandinista de Liberación Nacional, señala, "Arriba los pobres del mundo", entre los que por supuesto no está incluida la familia Ortega-Murillo que manejan un gigantesco emporio empresarial que va desde emisora de radio y televisión a administrar la ayuda petrolera de Venezuela que suma en los últimos años miles de millones de dólares.

Pero el colofón es el Canal. Un casi desconocido magnate chino recibió de manos del presidente Ortega la concesión para la construcción de un canal cuyo costo se calcula en 40 mil millones de dólares, lo que lleva a reflexionar tomando como base una expresión del ex presidente cubano José Miguel Gómez, " se ahogara en dólares este tiburón".

Cristina Fernández, la mandataria argentina, heredó de Eva Perón la sensibilidad por la pobreza que sufren los demás y para vacunarse contra el sufrimiento ajeno vive una vida de lujos y derroche. En el 2011, gastó $110,000 en 20 pares de zapatos y adquirió por otros miles carteras de Louis Vuitton, Hermes Birkin entre otras marcas.  Viajó en un jet privado para visitar al Papa Francisco. La habitación del hotel  costó 2180 euros y el patrimonio de Fernández se incremento en un 46 %  en el último año.

Sin dudas que seremos más miserables, con estos " líderes"  que luchan contra la pobreza.

pedroc1943@msn.com

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ZENAIR BRITO CABALLERO, “LA CULTURA DE LA PAZ SÓLO ES POSIBLE EN UNA SOCIEDAD TOLERANTE”

La tolerancia como virtud cívica y como valor ético sigue extraviada en el ambiente político venezolano. Parece imposible lograr ese consenso mínimo, indispensable para que la democracia funcione civilizadamente; la convivencia pacífica, en medio de las diferencias,  sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra Venezuela, porque históricamente ha prevalecido la intolerancia como práctica política nociva. De ahí han surgido los radicalismos y la larga  confrontación.

El diálogo constructivo entre contrarios no ha sido posible y parece que no bastan los cientos de miles de muertes y asesinatos de manos de la delincuencia desbordada en este socialismo del siglo XXI, para entender y aceptar que el único camino hacia la paz pasa por la tolerancia y el debate civilizado. La cultura de la paz sólo es posible en una sociedad tolerante, caracterizada por la diversidad ideológica y cultural,

Tolerar es aceptar la pluralidad en todos sus campos y expresiones. Es respetar las ideas, visiones, credos y prácticas de los demás, aunque difieran de los propios, siempre y cuando todas se ajusten a los principios, valores e instituciones sobre los cuales se sustenta la democracia.

La tolerancia, junto a la justicia, la libertad, la igualdad ante la ley, la participación ciudadana y la soberanía popular  son pilares sobre los que debe sostenerse todo régimen democrático. Obviamente no hay que confundir la tolerancia con la indiferencia ni con la permisividad ante posiciones o prácticas socialmente perjudiciales

La diversidad, la heterogeneidad, las diferencias y la pluralidad, son, desde todo punto de vista, enriquecedores y vitales porque generan interacciones, cambios, transformaciones y dinamizan los procesos sociales. La homogeneidad absoluta no es posible y sería un freno al desarrollo.

La tolerancia debe ser un compromiso de todos, de los ciudadanos, de las comunidades y desde luego del Estado. Venezuela es un país pluricultural, diverso, variado. Caraqueños, andinos, llaneros, maracuchos, guayaneses, orientales, occidentales, indígenas, etc., tenemos distintas maneras de actuar y de expresarnos y dentro de esa diversidad se dan también las diferentes visiones del mundo y de las cosas y a partir de ahí surgen las ideologías contrarias como algo consustancial a la democracia. Es así en todo el mundo. Ninguna sociedad es homogénea

En Venezuela, por desgracia, los contrarios no se reconocen como adversarios políticos sino como enemigos irreconciliables y cada uno señala al otro como único responsable del problema. No se permite el disenso, la obstinación es eliminar al contrario. La hostilidad se exacerba permanentemente y copa todos los escenarios donde deberían reinar el diálogo y la conversación constructiva.

El insulto, el agravio y la ofensa marcan un estilo practicado desde siempre y afianzado por el verbo incendiario y escatológico del teniente coronel y sus seguidores socialistas comunistas. La discriminación se ha disparado también. Todas las  expresiones vulgares a la oposición comienzan con expresiones descalificadoras, igual ocurre con los gobernadores y alcaldes no chavistas; las críticas contra su desempeño han estado siempre marcadas por el odio y el resentimiento. En un país cargado de tanta juventud, hay quienes se creen que ésta no es capaz de sacar al país de tanta desvergüenza.

Tanta intolerancia atenta contra el derecho a la vida,  crispa los ánimos y acentúa la confrontación; las amenazas contra líderes populares, políticos, sindicalistas, periodistas son intensas.

Muchos hombres y mujeres disidentes, sufren en serio, el riesgo de ser apresados, secuestrados o asesinados por bandas criminales que, con nombres como “La piedrita, “los enanos”, anuncian que “tienen la orden de apresar” a dirigentes de oposición y a miembros de organizaciones de mujeres y defensores de derechos humanos.

A todos los acusan de manejar un discurso de derecha, de inventar que hay delincuencia, desempleo, corrupción, narcotráfico, de criticar la nueva LOT y de promover la restitución de tierras expropiadas a sus respectivos dueños. Mientras tanto, los no violentos, unamos voces de paz y de reconciliación y soñemos con una Venezuela donde quepamos todos y donde prevalezcan la convivencia y la justicia social

britozenair@gmail.com

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JESÚS ALEXIS GONZÁLEZ: ECONOMÍA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO. (CUARTA PARTE)

La visión de la educación, en horizonte sobre la dinámica económica y un modelo de desarrollo, se orienta al análisis de la situación del capital humano alcanzado como consecuencia del apuntalamiento ejercido por el sistema educativo (incluida la instrucción, la capacitación, el entrenamiento y el adiestramiento); lo cual es condicionante para elevar la productividad del trabajo hasta convertirla en motor del crecimiento y acelerador del desarrollo en su accionar hacia una acumulación del capital humano, como requerimiento que posibilita la elevación de los niveles del producto nacional; tal como se establece en el Artículo 15 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), en lo que se refiere a los fines de la educación: “Desarrollar el potencial creativo de cada ser humano para el pleno ejercicio de su personalidad y ciudadanía, en una sociedad democrática basada en la valoración ética y social del trabajo liberador……”.

 Puede afirmarse entonces, que el crecimiento y posterior desarrollo ha de sustentarse en la calidad y acumulación del capital humano, en complemento con la capitalización económica-financiera y la elevación de las tasas de escolaridad, las cuales no son resultado del desarrollo sino su antecedente y condición. En este sentido, el Artículo 102 constitucional señala: “La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo.”

Es por demás evidente, que la educación es un instrumento clave en el proceso de construcción y cambio del orden social, ocupando el espacio de vanguardia para hacer posibles dichos cambios, desempeñando un papel preponderante en el marco de una sociedad del conocimiento. De igual modo, y dado que la planificación del desarrollo implica detectar necesidades, tiene que configurarse un modelo de desarrollo a efectos de enfrentar variados problemas, tales como: (1) la polarización del ingreso; (2) la pobreza; (3) la descomposición social; (4) la demanda de servicios sociales; etc.  Tal modelo  debe asumirse como principio rector de la sociedad, apoyado sobre la participación del Estado, de la sociedad civil, del sector público y privado, en interrelación colectiva e intersectorial con otros actores. La LOE, al referirse a las Competencias del Estado docente señala en su Artículo 6 su compromiso de planificar, ejecutar, coordinar políticas y programas para la inserción productiva de egresados universitarios y egresadas universitarias en correspondencia con las prioridades del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

Complementariamente, la educación ejerce un rol determinante en cualquier acción que procure alcanzar mayores niveles de equidad, justicia social y reducción de la pobreza (observada como una falta de dominios por parte del individuo para poder insertarse en sociedad). En razón de ello, se hace necesario que los conocimientos y aptitudes adquiridos y elevadas por intermedio de la educación (en sus distintos Niveles y Modalidades), se correspondan con los requerimientos de un Plan Nacional de Desarrollo en lo que respecta a la demanda potencial del mercado por una fuerza de trabajo capaz de responder a las exigencias del cambio; hecho determinante para acelerar el ritmo de aumento del crecimiento económico impulsado por el capital humano. Resulta oportuno citar el Artículo 58 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNA), cuando se refiere al vínculo entre la educación y el trabajo: “El sistema educativo nacional estimulará la vinculación entre el estudio y el trabajo. Para ello, el Estado promoverá la orientación vocacional de los y las adolescentes y propiciará la incorporación de actividades de formación para el trabajo en la programación educativa regular, de forma tal que armonicen la elección de la profesión u oficio con el sistema de enseñanza y con las necesidades del desarrollo económico y social del país”.

Vale la pena reafirmar, que la inversión en educación, por sí misma, no es suficiente para apalancar un crecimiento económico; el cual será sólo posible si esa inversión se enmarca dentro de una estrategia de desarrollo, donde la política educativa se corresponda con una política general de desarrollo que refleje una clara política económica (de múltiples entradas), a la luz de una visión de un proyecto de país: ¿hacia dónde queremos ir?

Una sociedad comienza a adquirir una conducta democrática sustentada en el trabajo, cuando aprende a deliberar en la búsqueda de acuerdos que convenga y comprometa a las partes, y muy especialmente en lo que a un Plan Educativo se refiere. Esta verdad, se sustenta en un principio que se remonta al nacimiento mismo de la democracia en la Grecia Antigua (año 540 a.c.): “El orden de los hombres no depende de los dioses, depende de los hombres”, principio que permite afirmar que las relaciones que se dan en sociedad no son naturales, pues este orden y estas relaciones es construido para personas y por lo tanto se pueden transformar, ya que tal orden se rige por principios y no por reglas o fórmulas. La instrumentación de cualquier modelo económico –social ha de estar supeditado a la existencia de un sistema democrático, en un escenario que propicie equidad e igualdad de oportunidades en un contexto de libertad, con un Estado moderno, un gobierno eficiente e instituciones sólidas al servicio del ciudadano (entendido como la persona que es capaz, en cooperación con otros, de construir o transformar las leyes y normas donde el mismo quiere vivir y quiere cumplir), y donde no se haga presente la incertidumbre relacionada con un indefinido modelo de Nación y de sociedad.

El Artículo 299 constitucional señala: “El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país…..”. L os modos de producción, son la forma como los hombres se organizan para producir, distribuir y consumir los bienes que satisfacen sus necesidades, siendo que en una economía de mercado puede conferírsele a la producción un carácter social (sin que ello implique la presencia de una dirección centralizada).

A tenor de lo anterior, puede expresarse que en la Venezuela actual, donde el gasto público está más orientado a fines políticos que económicos, en rechazo pleno a  consideraciones sobre economía política, se generan contradicciones jurídicas en materia de planificación, cuando no se cumple cabalmente con lo establecido en el mismo Artículo 299 constitucional, que al hacer referencia a la soberanía económica del país, indica: “…….garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta.” Todo ello,  por una parte, altera el rol de la educación como factor de crecimiento y desarrollo económico social, en correspondencia con la imposibilidad de alcanzar la calidad del sector educativo, y por la otra, induce una muy baja eficiencia en el uso de los cuantiosos ingresos petroleros, que para el período 1999-2011 se situaron en unos 640.000 millones de dólares USA (sin incluir la deuda interna y externa, la deuda del Banco Central y los pasivos laborales).

Tal cantidad de recursos, propició el establecimiento de un tamaño de Estado en la economía, donde el gasto total del gobierno como porcentaje del PIB representó para  2011 un 39% (a manera de referencia en China fue de un 23%), hecho que ha configurado un evidente capitalismo de Estado, con pretensiones por alcanzar un indefinido socialismo petrolero.

De la conclusión anterior, emerge una interrogante: ¿habiendo recibido el país tantos recursos (fundamentalmente en los últimos 12 años), cual es el motivo para que no se observe  una elevación del bienestar general del venezolano?

Jesús Alexis González

observatorio2012@gmail.com

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