LUIS FUENMAYOR TORO, TETAS PARA TODOS

Nunca estaré del lado de Colombia en conflictos con mi país. Su oligarquía y sus gobiernos nos han quitado mucho territorio históricamente, se han aprovechado de circunstancias internacionales para despojarnos y siempre han salido gananciosos en sus enfrentamientos con nuestros gobernantes, hayan sido civiles o militares, electos o impuestos, “revolucionarios” o conservadores. Mientras nuestros vecinos, que no hermanos, han tenido muy clara la importancia de su integridad territorial y de la expansión de su geografía, nuestros gobiernos, clases sociales dominantes y sus partidos, han sido muy condescendientes y desprendidos en relación a la posesión del territorio, que una vez perteneciera a la Capitanía General de Venezuela.

Incluso, el Partido Comunista ha mantenido la tesis de que un pedazo de tierra no es suficiente para el enfrentamiento fratricida, por lo que es mejor dejarlo en manos de nuestros “hermanos”. Hasta Alí Primera lo dijo poéticamente en una canción: “Ese pedazo de tierra no alcanzará para enterrar nuestros muertos”. De allí, la nula participación del PCV en los reclamos territoriales y su estrecha relación con las FARC, a quienes considera un ejército libertador bolivariano, como si estuviéramos en la primera mitad del siglo XIX, cuya presencia en nuestro territorio es normal, lógica y deseada. Curiosa coincidencia del PCV en su desinterés con nuestros oligarcas, que se dan por bien servidos si sus similares colombianos los incorporan en una parte de sus negocios.

Las mismas concepciones y afectos han movido al gobierno chavecista todos estos años. Son nuestros hermanos, circulan libremente por la frontera, los cedulamos para que voten en nuestras elecciones, tenemos 6 millones (20 por ciento de la población) viviendo en nuestro territorio y controlando nuestros barrios, sus guerrilleros acampan en nuestro suelo y controlan pueblos y ciudades, así como el tráfico del oro y el coltán, para no hablar de narcotráfico y del resto del contrabando. Y aquí… Todo el mundo contento. Los políticos empeñados en ganar sus elecciones y seguir chupando de las tetas nacionales: petrolera, minera, cambiaria, importadora, contrabandista, comisionista, etc. Y hay para todos, incluyendo a los revolucionarios de las FARC y el ELN.

Con este escenario y una práctica de siglos es imposible creer en deportaciones masivas, que no llegan al 0,1 por ciento de los ilegales existentes. Enfrentar a los paramilitares y olvidar a los principales (FARC y ELN) es otra gran farsa; y sin enfrentarlos no hay lucha real contra el contrabando de alimentos y bienes subsidiados. Farsas y mentiras allá y acá, que ocultan los objetivos verdaderos, que en sus últimas fases se desarrollaban con dificultad en Cuba, pero que de repente avanzaron vertiginosamente para complacencia de EEUU, el Papa, Santos, Timochenko, Cuba y el Gobierno venezolano.   

Luis Fuenmayor Toro

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@LFuenmayorToro

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DARÍO ACEVEDO CARMONA, LA JUSTICIA UNA “MALEZA” PARA LAS FARC, CASO COLOMBIA

En tono perentorio, Iván Márquez exigió al gobierno colombiano “retirar toda la maleza jurídica que han atravesado como una mula muerta en el camino de la paz” y que todos los “intervinientes en la guerra” por igual, les pidan perdón a las víctimas.

Días más tarde, con lenguaje igual de intolerante que el gubernamental, las FARC regañaron a los generales retirados y a la Oposición espetando desafiantes “ya que no pudieron resolver el conflicto por medio de una guerra sin cuartel; entonces dejen hacer la paz”.

Las FARC se dan el lujo de burlarse de temas de la mayor relevancia en la negociación como los relativos a la aplicación de justicia, reconocimiento de las víctimas y el derecho de la Oposición y la opinión pública a formular críticas a esos diálogos infructuosos.

Hábiles y astutas han sacado ventaja de declaraciones del presidente Santos, de ministros, del equipo negociador y del Fiscal General en el sentido de que ninguna guerrilla en el mundo ha negociado para ir a la cárcel, que todos los crímenes de las guerrillas son conexos con el delito político de rebelión y que las críticas a las negociaciones son un estorbo.

Al tildar de “maleza jurídica” las normas nacionales e internacionales sobre conflictos armados y terrorismo, los jefes farianos pretenden cerrar, de una vez y para siempre, cualquier pretensión de pagar cárcel por sus crímenes, puesto que con sus acciones bélicas, dicen, nunca pretendieron hacerle daño a la población civil.

Sus desaforadas aspiraciones revelan una estrategia diseñada con filigrana por miembros del Secretariado. El primer paso  de ella consistió en haber obtenido reconocimiento de contraparte y sentarse de igual a igual con el gobierno. El segundo, en acordar una agenda en apariencia limitada, pero elástica como un caucho. El tercero, la aplicación de la operación tortuga en la Mesa y en la redacción parsimoniosa de asuntos secundarios o abstractos. El cuarto paso, en lograr reunir a miembros del Secretariado y el Estado Mayor que, visto por el asesor oficial, Joaquín Villalobos, como muestra de debilidad, ha representado en realidad la ocasión de rehacer, rectificar, reorganizar y replantear sus problemas de táctica y estrategia y, hasta de salud. Han limado asperezas, despejado dudas internas, y perfeccionado y acomodado su política negociadora en la más prolongada y tranquila conferencia nacional de toda su historia.

A medida que la negociación transcurría, detectaron las flaquezas, afanes y debilidades del contradictor y tomaron conciencia de que podrían llegar cada vez más lejos en sus exigencias. Por ejemplo, aprovecharon la urgencia del presidente para reelegirse. Juegan bazas políticas con eficaz astucia, como presionar el cese bilateral del fuego a partir de la declaración unilateral del mismo sin incluir el cese en actividades “conexas” de narcotráfico, extorsión, reclutamiento de menores y compra de armas.

Intensos deben ser los debates, en esa conferencia, sobre el manejo que se le debe dar a cada problema o asunto de la Mesa. No es raro en reuniones de comunistas, así estas sean jerarquizadas, que se presenten divergencias e incluso que se formen tendencias. No faltarán los que creen posible salir limpios e inmaculados en materia jurídica y hasta con representación en organismos del Estado y constituyente a su medida y numerosos cupos propios. Por supuesto, también, sobre el destino de las armas, la reubicación de sus cuentas  en paraísos fiscales y el manejo de los “negocios” y dineros para cuadrar caja.

Y es que jugar con la prisa de la contraparte es un principio clave en negociaciones de este tipo, en eso son duchos los comunistas. De modo que no es un desatino pensar que una línea dura se ha impuesto en la conferencia guerrillera y que por ello ya ni se preocupen por “dorar la píldora”. Saben que tienen la sartén por el mango, que el presidente Santos es capaz de acceder a todas sus demandas. Le cobrarán bien caro darle un sí para la fiesta mundial que ha preparado con estrambóticos costos de la que ya no podrá bajarse. Lo único que falta para que se consagre el anhelado matrimonio es el sí de las FARC, el novio, pero el padre de la prometida no esperaba que el pretendiente exigiera mayor dote que la ofrecida en principio.

CODA: Mientras la mayoría del país celebra con espíritu religioso la visita del gran Pastor Francisco, furibundos anticlericales, agnósticos e irreligiosos, en contradicción con su laicidad, quieren darle un barniz político al acontecimiento. ¿Esperan que el Papa oficie el matrimonio?

Ruben Dario Acevedo Carmona

rdaceved@unal.edu.co

@darioacevedoc

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MARY ANASTASIA O’GRADY, UNA CONCESIÓN PELIGROSA EN LAS CONVERSACIONES DE PAZ, CASO COLOMBIA,

MARY ANASTASIA O’GRADY

Una concesión peligrosa en las conversaciones de paz. La última oferta del presidente Santos es no procesar a los narcoterroristas de las FARC por los delitos de narcotráfico.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tiró una bomba la semana pasada cuando sugirió, en una cadena de radio nacional, que la definición de un delito político debería ser ampliada para incluir el tráfico de drogas. Los delitos cometidos por razones “políticas” que apuntan a la rebelión en Colombia no impiden que una persona ocupe un cargo público, mientras que las condenas por delitos graves sí.

Al día siguiente, el presidente aclaró su pronunciamiento. No todos los narcotraficantes cumplirían con los requisitos para que sus delitos sean reclasificados, dijo. En cambio, la propuesta sería un incentivo ofrecido por el gobierno “específicamente” para las narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en las negociaciones de paz, que se encuentran en su cuarto año en La Habana. La idea, dijo, es prepararse para “el día en que miembros de las FARC quieran participar en política”.

Los colombianos que apoyan una indulgencia para los narcoterroristas como un camino hacia la paz celebraron. Para todos los demás, las declaraciones del presidente confirmaron lo que sus detractores han afirmado desde hace mucho: Santos está rogando a las FARC por un acuerdo, y en el proceso, poniendo en peligro la justicia y la libertad.

El procurador general, Alejandro Ordóñez, estaba particularmente perturbado. El funcionario dijo que Santos quiere poner fin a la persecución criminal del tráfico de drogas cuando es cometido por miembros de la FARC, prohibir su extradición a Estados Unidos y “darles el derecho a gobernar a Colombia a través de la participación política”. Tras haber observado cómo guerrilleros salvadoreños no fueron penalizados después de sus sangrientos crímenes en los años 80 —y luego tomaron el poder e impusieron un gobierno castrista en San Salvador—, muchos colombianos sienten temor. Además, ¿qué pasó con la igualdad ante la ley?

Cuando en agosto de 2012 se filtró a la prensa la notica de las negociaciones secretas con las FARC, el gobierno de Santos reconoció que los diálogos habían empezado hacía más de un año. En ese entonces, el presidente me dijo por teléfono desde Bogotá que los rebeldes se habían acercado a él y que sentía la responsabilidad de ver si podría alcanzarse un acuerdo de paz.

Santos insistió en que no habrá un cese al fuego bilateral ni zona desmilitarizada para los guerrilleros durante las negociaciones, que durarían meses, no años. En sus duras palabras había una convicción implícita de que las fuerzas armadas habían reducido el poder de la guerrilla de forma tan exitosa que las conversaciones eran para facilitar una rendición de los rebeldes.

Algunos de los congresistas santistas que apoyan los diálogos con las FARC

Algunos de los congresistas santistas y abiertamente farianos que apoyan los diálogos con las FARC

Más de 40 meses después del inicio en 2011, todo este razonamiento está boca abajo.

Las negociaciones formales empezaron en Oslo en octubre de 2012, pero enseguida fueron trasladadas a La Habana. La semana pasada, volví a preguntarle a la oficina de prensa de la presidencia por qué se habían trasladado las conversaciones a La Habana, en lugar de a una ubicación neutral. No ha habido respuesta. No obstante, el ex oficial de inteligencia cubano Enrique García me dijo hace unos meses en Miami que llevar a cabo las negociaciones en la isla viene directamente del manual de la KGB soviética.

Cuba es famosa por su vigilancia las 24 horas del día, siete días a la semana, a visitantes influyentes. La ventaja de la ubicación le permite evaluar psicológicamente a los negociadores colombianos, estudiar sus debilidades y desarrollar relaciones de confianza para manipularlos. La KGB también les enseñó a los cubanos a reconocer, y hacer uso, de las ambiciones personales excesivas, según García.

Santos no ha ocultado su anhelo de alcanzar un acuerdo que sería calificado como el final del conflicto más prolongado en el hemisferio. Es difícil ignorar la posibilidad de que Cuba y las FARC esten jugando con el ego del presidente.

Las FARC ciertamente no parecen interesadas en la paz. Se han negado a ceder en todos los asuntos importantes, desde entregar sus armas al gobierno a aceptar penas de cárcel por sus atrocidades, renunciar a la riqueza obtenida de las drogas y la extorsión, y pagar reparaciones a las víctimas.

Los terroristas de las FARC continúan atacando regularmente a blancos civiles. Datos de la policía indican que ha habido decenas de secuestros desde que las FARC prometieron en 2012 poner fin a la práctica. Santos finalmente puso un límite y suspendió las negociaciones cuando el brigadier general del ejército Rubén Darío Alzate Mora y otras dos personas (incluido un civil) que viajaban con él en el departamento del Chocó fueron secuestradas el 16 de noviembre.

Sin embargo, el presidente hizo un gran esfuerzo para restaurar las negociaciones con las FARC. Pastor Alape, un comandante de las FARC, es buscado en Colombia y en Estados Unidos por tráfico de drogas. No obstante, Santos le dio un salvoconducto desde La Habana al lugar en Colombia donde las FARC mantenían a Alzate. Cuando Santos anunció el día de la liberación, las FARC lo atrasaron un día para mostrar quién estaba al mando.

Antes de la liberación de los secuestrados, las FARC obligaron a Alzate a posar junto con Pastor Alape para una foto propagandista sugiriendo una reconciliación. El negociador colombiano Humberto de la Calle expresó indignación pero, como de costumbre, nada ha pasado. Esta semana, las dos partes volverán a la mesa de negociaciones, donde, como me dijo un astuto observador, “Colombia está negociando los términos de su rendición”.

Mary Anastasia O'Grady

O'Grady@wsj.com

@MaryAnastasiaOG

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DARÍO ACEVEDO CARMONA, LA GLORIA DE SANTOS Y EL PELIGRO CASTRO-CHAVISTA, CASO COLOMBIA

Hay líderes que buscan la gloria defendiendo un ideal de importancia esencial para una sociedad, pero también los hay que por lograrla son capaces de negarse a sí mismos o de cometer graves errores sin guardar miramientos con los perjuicios que pueden ocasionar corriendo riesgos incalculables. Este último es el caso del presidente Juan Manuel Santos.

FRANELA DE CAMPAÑA EN CUCUTA

En nombre de una paz que en 1997 estaba “de un cacho”, según el primer mandatario, y que ahora está “a la mano” porque “nunca antes habíamos avanzado tanto en acuerdos con las FARC”, el presidente estigmatizó a la mitad de la población calificándola de “extremo derechista” y “amiga de la guerra sin fin”, se mostró receptivo con el apoyo electoral de los grupos guerrilleros y los puso del lado de la paz sin que hayan dejado de atacar los bienes y las tropas de la nación.

Demasiada osadía del presidente y sus asesores. Uno no sabe si las ansias de gloria les ha hecho perder de vista el peligro de abrir las puertas de la acción política a quienes se empecinan en la acción violenta, a quienes son defensores de un proyecto continental antidemocrático que en otras latitudes se ha impuesto por vía electoral, sin exigir el abandono de las armas.

El camino que se sigue conlleva el peligro de regalarle espacios al proyecto de la “patria grande” que comparten las guerrillas de las FARC, el ELN, los gobiernos del ALBA y la dictadura castrista. Y no es que se les vaya a hacer la concesión a través de un texto, decreto o capitulación, no. En los hechos y hace años, Colombia está en la mira. Cuba y Venezuela, centros del proyecto rodean y vigilan la negociación. No acompañan por hacernos un favor o prestarnos un servicio, tienen sus intereses. No es un invento de mentes enfermizas decir que en el discurso de las guerrillas colombianas y de los gobernantes de esas dictaduras existe una identidad de palabras mayores. Hablan, por ejemplo, del ideal “bolivariano” del “socialismo del siglo XXI”. No son palabras carentes de sentido. Líderes que piensan igual gobiernan a sus anchas, con reelección indefinida, en Bolivia, Ecuador y Nicaragua.

No todos tienen el mismo margen de maniobra, lo que explica las diferencias de ritmo en la aplicación de su plan anticapitalista, estatizador, con recorte o supresión de libertades individuales, asfixia a la iniciativa privada, condena al ánimo de lucro, control de los poderes públicos por el ejecutivo, silenciamiento de la prensa, atropellos a las fuerzas opositoras a las que tratan de enemigas.

En nuestro país existen grupos, movimientos, partidos, tendencias y personalidades partidarios o simpatizantes de ese proyecto. No están “a un cacho” del poder, pero, merodean, hacen bulla, estimulan y azuzan las “luchas populares” y de “clases”, se apropian de banderas que después tiran al pote de la basura.

Los viejos, ortodoxos y dogmáticos comunistas estalinistas poseen la capacidad de seducir con su discurso justiciero a un vasto conglomerado de sectores sociales, intelectuales, académicos y líderes sociales. Por supuesto, esa favorabilidad no se traduce siempre en militancia, en cambio sí en una actitud de desprecio por las instituciones que nos rigen que les da para pensar que es mejor cualquier otra cosa.

Es un sector que no ve ningún problema en que los comandantes responsables de crímenes de lesa humanidad no paguen cárcel por delitos de lesa humanidad, en que no dejen ni entreguen las armas, en que ocupen puestos en el Congreso o en una eventual asamblea constituyente. No creen que haya motivo de preocupación. Peor, aún, consideran paranoicos a quienes alertan para que no nos suceda lo de Venezuela.

No es que el “coco” vaya a venir, es que ya está aquí y bien representado. Son débiles aún, pero hábiles para sortear esa circunstancia. Como buenos discípulos de Stalin, uno de los grandes criminales de la historia, se camuflan, se parapetan, se infiltran, cambian el nombre de su partido, crean organismos con títulos pomposos que defienden principios en los que no creen. Hay comunistas clandestinos y legales, seguidores disciplinados del Movimiento Continental Bolivariano que asisten a sus congresos lo mismo que al Foro de Sao Paulo, eso no es un invento. Hay personas, como el profesor de una universidad pública que, siendo activo guerrillero de las Farc, hizo parte de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín. Un reconocido y otrora dirigente sindical es hoy uno de los cuatro jefes del ELN, hay congresistas de izquierda que han logrado que ideólogos de la combinación de todas las formas de lucha sean consagrados como mártires de la democracia en la que nunca creyeron.

Por el flanco civil, que es hoy día el principal teatro de batalla, uno se pregunta ¿qué hacía el líder comunista Carlos Lozano, director del semanario “Voz” en las listas al Congreso del partido Verde? Y también hay políticos del llamado “establecimiento” que no es que se hayan cambiado de bando sino que carecen de visión, de principios o de escrúpulos, que desconocen la naturaleza de ese peligro, que lo minimizan, que piensan que el problema se resuelve facilitando acceso gratuito a la política a los grupos que abrazan el proyecto de la “patria grande”. Y también hay dirigentes de estado que, como anotábamos al comienzo, solo piensan en su gloria personal.

Ruben Dario Acevedo Carmona

rdaceved@unal.edu.co

@darioacevedoc

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DARÍO ACEVEDO CARMONA, EL PRESIDENTE SANTOS PIERDE LOS CONTROLES, CASO COLOMBIA

Es francamente desconcertante la pasividad del gobierno ante la fuerte ofensiva que en todos los planos adelantan las Farc. En La Habana lo que el país nacional ha visto es una delegación oficial que peca por su silencio y su falta de valor para defender las instituciones y la democracia colombiana.

Siempre han estado a la defensiva, tratando de frenar, inútilmente, el desbordamiento verbal y propositivo de los delegados de la guerrilla que exhiben total iniciativa en todos los temas tratados.

Humberto de la Calle y compañía dan la impresión de ser incapaces de tomar las riendas del proceso y explicar ante el mundo y la nación el por qué las guerrillas deben ceñirse al libreto acordado, respetar las reglas del juego, dar muestras de respeto a sus víctimas y de su compromiso para abandonar el camino de las armas. En torno a esos asuntos es mucho lo que se puede argumentar y, además, insistir ante la opinión internacional en el anacronismo de una guerrilla contra una democracia y del peligro de validar el terrorismo como método de lucha.

Desconcierta también el gobierno de Juan Manuel Santos por su actitud temerosa y equívoca frente a las protestas sociales que se presentan en varias partes del territorio. Se ha dejado tomar la manija de los conflictos porque los líderes sociales y los infiltrados de las guerrillas saben que el gobierno cede ante la presión y ante el uso de las vías de hecho. Se oyen voces contradictorias de ministros que no se sabe si son verdes, rojos o amarillos, como el caso de los Garzón, voces desacompasadas que desnudan la falta de liderazgo presidencial y que se reflejan en ausencia de homogeneidad de parte del Ejecutivo.

Por otra parte, la guerrilla ha sabido aprovechar con creces las ventajas inexplicablemente cedidas por este gobierno y ha tomado nota de sus debilidades. La iniciativa que asumida por sus delegados desde La Habana les ha abierto numerosas puertas afuera y adentro. Sus cuadros políticos en la periferia civil han seguido al pie de la letra el llamado de Iván Márquez en Oslo cuando invitó a estimular y promover la protesta y la movilización popular para acompañar el proceso de paz y presionar la obtención de sus propuestas.

El fortalecimiento político de la guerrilla fariana se aprecia no sólo en el tono exigente de sus declaraciones, cual ejército victorioso, sino también en la amplificación ad infinitum de los temas y el calado de sus propuestas, como por ejemplo, su idea de una reestructuración total del estado a través de una constituyente de corte fascista, elegida por estamentos y a dedo. Hasta Timochenko se toma la molestia de escribir cartas de tono pastoral dirigidas al presidente, en las que se ensaña contra la democracia colombiana, se envuelve, sin inmutarse, en la bandera de la paz y acusa de la violencia a la fuerza pública como si ellos estuviesen limpios de sangre. Cartas que por falta de respuesta pasan por documentos programáticos loables ante el mundo. Hasta el ELN, una guerrilla prácticamente derrotada hasta hace año y medio, se envalentona y se empina aún más exigente que las Farc al no admitir condiciones para iniciar diálogos.

Se me ocurre pensar que las carencias del presidente, de su gobierno y de su comisión de negociación tiene muchas explicaciones: Falta de claridad en los objetivos y en el discurso que debería sustentar la generosidad con una guerrilla que estaba aislada y debilitada. En la capital campea entre ciertas elites una especie de sentimiento de culpa ante las recriminaciones de las guerrillas por las grandes desigualdades sociales, como si con su violencia no fuesen responsables en gran medida del atraso agrario. El gobierno carece de estrategia mientras da a entender que le interesa la paz a cualquier precio. Las Farc, en cambio, se guían por una rigurosa hoja de ruta, calcada de anteriores experiencias y mejorada en concordancia con orientaciones de Alfonso Cano. Han ganado todo lo que intentaron infructuosamente con los secuestrados.

La obsesión por firmar la paz se traduce en una política llena de equívocos y de enredos en el manejo de los conflictos sociales. En particular frente a la clara infiltración de agentes de las guerrillas en las protestas para manipularlas. Hay que ser muy despistado para pensar que las guerrillas no tienen en sus planes la infiltración y utilización de los movimientos y protestas sociales. Eso es parte del abc de las tesis leninista, maoista y guevarista: “moverse entre el pueblo como el pez en el agua” consigna de vieja data que no debería sorprender a nadie. Los militantes clandestinos, como también los simpatizantes, amigos y aliados se están destapando por doquier aplicando la consigna de Iván Márquez. Ya veremos cómo se expande la oleada de protestas por todos los rincones y sectores con aureola de legitimidad y de justicia.

Entretanto, el barco gubernamental, empezando por su capitán, anda a la deriva, sin rumbo, sin bitácora. No hay ideas claras, ni certidumbre ni confianza. El gobierno todo es una gran confusión. Además, se deje arrebatar las banderas de la justicia agraria.

El plan guerrillero se asemeja a la vieja táctica leninista que en la Rusia de 1917 orientó a la disciplinada militancia bolchevique a agudizar la luchas de clases, debilitar el gobierno, hacerle la vida imposible a las “clases dominantes”, crear una situación de caos, descontrol y vacío de poder para asumir la dirección del país en compañía de despistadas personalidades y fuerzas democráticas tipo Kerenski y de clubes progresistas. El leninismo era y fue claro en que la toma del poder  no era un asunto de mayorías sino de minorías muy bien organizadas y con claridad en su meta.

Medellín, 14 de julio de 2013

rdaceved@gmail.com

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DARÍO ACEVEDO CARMONA, ¿CONSTITUYENTE?, CASO COLOMBIA,

La idea de convocar una asamblea constituyente vuelve al primer plano porque los delegados de las Farc en La Habana insistieron de nuevo en plantear que ese es el mecanismo ideal para convalidar los acuerdos entre gobierno y guerrilla. 

Me supongo que hay algo más que ese angelical interés. Sin abandonar sus viejos ideales de una sociedad comunista (aunque no lo reconozcan así) están notificados por sus camaradas del vecindario y por el polvo de la derrota estratégica que sufrieron en el inmediato pasado, a buscar otros medios distintos a las armas para alcanzar el poder y construir el modelo.

La constituyente sería el mecanismo ideal para iniciar una experiencia de tipo electoral que les permite lavar la imagen de terroristas. Deben ser conscientes de que por sí solos no obtendrían resultados alentadores, por eso han llamado a la conformación de un amplio movimiento de masas conformado por grupos sociales y fuerzas políticas de izquierda en torno a unas banderas que ya no serán de corte revolucionario sino reformista. El ELN también se ha pronunciado en el mismo sentido en su boletín de mayo.

Desde el costado de la legalidad, donde se mueven con habilidad sus defensores y aliados se escuchan voces en favor de esa gran alianza. Conversan los del Polo con los de la Marcha y los Progresistas, Ongs, Colectivos de litigantes de derechos humanos y hasta liberales. ¿Cuál es la línea esencial que los aglutinaría? No es otra que la idea de sentar las bases del modelo bolivariano chavista en Colombia.

Para todos ellos, una constituyente significa el comienzo de una nueva Colombia. De modo pues que hay algo más ancho que ratificar acuerdos de paz. El gobierno nacional se ha negado hasta ahora a aceptar la demanda de las Farc. Considera que está fuera de lugar, que basta con una consulta popular. Ahí se visualiza uno de los nudos gordianos en una negociación llena de equívocos, candidez, mañas y marañas.

Entre los escribanos del santismo en la prensa nacional cunde el pánico ante la posibilidad de un fracaso en La Habana. Unos dicen que el fracaso de las conversaciones en La Habana sería un desastre no porque se frustre un anhelo nacional sino por una razón mezquina hasta los tuétanos, “es que eso es el triunfo del uribismo en las próximas elecciones”. Otros piensan que convocar una constituyente es muy peligroso porque el estado de la opinión pública favorece ampliamente a lo que ellos, con absoluto simplismo, sectarismo y hasta ignorancia, llaman la “extrema derecha”.

Sorprende que personas que han recibido los dones de la alta educación caigan en consideraciones tan ruines y antidemocráticas, pues no otra cosa puede uno decir de quienes creen que la democracia es buena cuando ganan y mala si pierden. Es lo que se observa por ejemplo en la actitud antirevocatoria del alcalde bogotano, Gustavo Petro, quien luchó en el pasado por la instauración de mecanismos de democracia directa como el referendo, el plebiscito, la revocatoria de mandato, las veedurías ciudadanas, las consultas y hasta la constituyente, y ahora que la opinión no le favorece, considera turbio el procedimiento.

Cualquier estudiante de ciencias políticas entiende que una constituyente debe ser justificada o rechazada no por el cálculo mezquino sino por razones de mayor peso. Por ejemplo, un cambio revolucionario en el poder, un golpe de estado, una turbación social de grandes magnitudes, una guerra civil, que no es nuestro caso, en la que dos bandos de igual a igual luchan por el triunfo sin poder alcanzarlo, o, en fin porque las leyes son insuficientes o no dan cabida a algún sector importante de la sociedad o no reflejan el interés general. 

Y, Colombia, por fortuna, no se encuentra en una situación de crisis. Así que los miedosos de la democracia se pueden liberar de sus fantasmas, ya estamos notificados de que su espíritu democrático no les llega ni a los tobillos.

Una constituyente en Colombia no se justifica porque la constitución vigente cuenta con amplio margen de legitimidad y respaldo. Los problemas del país parecen ubicarse en el terreno de la aplicación de políticas públicas que apunten a remediar las carencias materiales y educativas que nos avergüenzan, y eso debe resolverse en el campo de la lucha ideológica y política entre partidos y movimientos en las elecciones y en la confrontación de propuestas y proyectos puestos a consideración de la ciudadanía.

Mucho menos se justifica una constituyente para darle gusto y juego político a un grupo que fracasó en su esfuerzo de representar algo o alguien que constituyera un sector respetable de este país. Si lo que quieren es participar en el juego democrático, lo primero que deben hacer es abandonar la violencia y las armas y buscar garantías para ingresar a movimientos y marchas que los esperan con los brazos abiertos.

Ruben Dario Acevedo Carmona

rdaceved@unal.edu.co

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DARÍO ACEVEDO CARMONA, LA PAZ, LA CONSTITUCIÓN Y LA UNIDAD NACIONAL, CASO COLOMBIA,

En los regímenes democráticos se apela a la unidad nacional y a la defensa de la constitución cuando se presentan agresiones externas, como por ejemplo cuando los gobernantes venezolanos en los últimos años amenazaron con declararnos la guerra e insultaron a nuestros presidentes, o cuando algún grupo armado ha tomado las armas con el propósito de hacer la revolución, que es lo que le ha sucedido a Colombia desde mediados de los sesenta del siglo pasado. El ejemplo más claro de unidad ante los ataques de grupos subversivos se produjo en febrero y meses siguientes del 2002 al fracasar los diálogos de paz del Caguán. Al presidente Pastrana, generoso hasta el escándalo con las Farc, no le tembló la mano para propiciar la condena nacional e internacional de las guerrillas colombianas en razón de su accionar sistemáticamente terrorista. Ahí se dio un fuerte sentimiento de unidad y defensa de la democracia.

Treinta años en busca de la paz en Colombia

La búsqueda de la paz ha figurado en la agenda nacional desde el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y los mandatarios siguientes han intentado, unos con mayor éxito que otros, apaciguar el país por medio de negociaciones con grupos armados por fuera de la ley. La constitución de 1991 elevó al rango de principio fundamental la búsqueda de la paz. Es en ese precepto en el que se está apoyando el presidente Santos y todos los demás sectores políticos y sociales que quieren legitimar las negociaciones que se realizan en La Habana con las Farc.

Pero, resulta que un amplio sector de la opinión pública, grupos sociales y dirigentes gremiales y políticos han manifestado serias críticas a este proceso. No voy a repetir las razones ya suficientemente conocidas. Hay, además de todas las que se han esgrimido, una razón constitucional que vale la pena recordar para que se tenga en cuenta en el debate. Me refiero al deber de defensa de las instituciones democráticas cuando estas son atacadas por grupos armados ilegales. La Constitución estipula que la Fuerza Pública y de policía y los organismos judiciales, incluida la Fiscalía General, tienen la obligación con las armas y la ley de cumplir tal responsabilidad.

Parece que fueran contradictorias las dos disposiciones, buscar la paz y defender con las armas la democracia. Sin embargo, no lo es si nos detenemos a pensar con quién es que está sentado el estado colombiano, como lo estuvo durante el primer gobierno de Uribe con los paramilitares en Santafe de Ralito. El estado negocia con grupos tachados de terroristas por varios países y la propia Colombia. Dicho calificativo no inhibe ni prohíbe negociar con esos grupos, pero, le da un carácter diferente a la misma en el entendido de que no se trata de una negociación entre iguales, en razón, precisamente, del carácter terrorista de aquellos que acuden a la mesa buscando una salida. El estado, basado en mandatos legales y en aras de consolidar la paz accede a negociar sobre la base del reconocimiento de la primacía de ese estado al que esos grupos no pudieron derrotar con sus supuestos proyectos revolucionarios.

Al buscar la paz, el gobierno que tome la iniciativa tiene el deber constitucional de hacerlo en el marco del más amplio consenso político y social, además de observar todos los demás mandatos de corte humanitario que ya se han explicado. Si la paz es un principio que une, que convoca la unidad nacional, tal como ocurrió con el Mandato por la Paz y luego con la negociación del Caguán, el intento de La Habana debe, con mayor razón y en vista de las fallidas experiencias anteriores, de las burlas y engaños sufridos a manos de los grupos ilegales, procurar convencer a esa parte de la opinión nacional que mira con reserva, con espíritu crítico y hasta con pesimismo las condiciones en que se realizan las conversaciones en La Habana. Y si no puede convencerlos, por lo menos está en el deber moral de tolerar, respetar y llenar de garantías a quienes pensamos diferente situándonos en la institucionalidad.

No es, pues, acorde con el espíritu de la constitución y con el deber de buscar la paz en el marco de la unidad nacional, arrinconar a los críticos del proceso graduándolos como “guerreristas”, “enemigos de la paz” “conspiradores” y “extremo derechistas” amigos de la salida militar, ya que lo que se está defendiendo no es la opción de la guerra sino la alternativa de buscar la paz sin poner en peligro la necesaria unidad nacional y sin olvidar que de un lado estamos la inmensa mayoría de los colombianos que creemos en nuestras instituciones y en nuestra democracia a pesar de todas las fallas y carencias de ellas, y de la otra parte lo que hay es una minoría que no representa a nadie y se niega a reconocer el fracaso de sus propósitos.

Desde la democracia podemos brindar una salida digna a esos grupos siempre y cuando desistan del uso de las armas, las entreguen, paguen penas transicionales y reconozcan a sus víctimas. Pero lo que no tendría presentación ni legitimidad es que se hagan las paces con esos grupos a contrapelo y disgusto de amplios sectores de la población colombiana y declarando “enemigos” a quienes han defendido el país. Esa sería una paz falsa, que puede desatar nuevas violencias porque en materia tan delicada y tan sensible para todos no se puede repetir errores del pasado ni dejar espíritus penantes ni heridas abiertas.

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