COMUNICADO DE LA ORGANIZACIÓN VEPPEX EN RELACIÓN LA NEGATIVA DEL RÉGIMEN DE VENEZUELA DE ACATAR LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EL CASO DE RCTV.

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) expresa su indignación y rechazo a las declaraciones del Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón sobre la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordena devolverle la señal a Radio Caracas  Televisión y resarcir los danos causados por la medida arbitraria de revocarle la concesión en el año 2007.

Diosdado Cabello quien como Presidente de la Asamblea Nacional debería ser respetuoso y acatar las decisiones de organismos internacionales, con su cinismo característico manifestó que no le devolverían la señal jamás a RCTV y que esa decisión obedece a intereses de organismos que están defendiendo a  la derecha a nivel internacional.

Venezuela nunca acata las decisiones de los organismos internacionales, siempre ha hecho caso omiso a los fallos y veredictos emitidos. Aun siendo parte del Consejo de  Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) jamás ha acatado las decisiones y medidas en beneficio de los presos políticos como Leopoldo López, Daniel Ceballos y la Juez María Lourdes Afiuni, lo que demuestra la violación constante y flagrante al fuero internacional y  al imperio de la ley.

La ausencia del estado de derecho en Venezuela, la violación constante de los derechos humanos a nacionales y extranjeros, la falta de cumplimento de  las leyes y normas internacionales, la protección y cobijo a grupos terroristas en su territorio y el auspicio del narcotráfico como política de estado, son los hechos que demuestran que el régimen que impera en Venezuela está al margen del fuero internacional y ha convertido al país en un estado fallido que amenaza la estabilidad de la región.

Es imperante que los países de la comunidad internacional ejerzan los mecanismos y las presiones pertinentes para impedir el avance del cáncer en que se ha convertido la revolución socialista del siglo 21 que ya dejo de ser una amenaza que solo afecta a sus nacionales para convertirse en una amenaza a nivel internacional.

José Antonio Colina.

Presidente de Veppex y responsable de la Junta Patriótica en el Exterior.

Henry Clement.

Vice-Presidente de Veppex.

Janette González.

Directora de Veppex - USA.

Yarina Reyes.

Directora de Veppex - Canadá.

Marisela Herrera.

Directora de Veppex - Colombia.

Nixon Moreno.

Director de Veppex - Panamá.

Gabriel Araujo.

Director de Veppex - Costa Rica.

Abdel Naime.

Director de Veppex - México.

Mario Rocco.

Director de Veppex - España.

Yonis Quijada.

Representante de Veppex en Brasil.

Petrick Gonzalez.

Representante de Veppex en Ecuador.

Carlos Eduardo García.

Representante de Veppex en Francia.

En Dios Confiamos.

Vicente Pugliese.

Director Medios Veppex.

Vicente Pugliese

veppex.denuncias@gmail.com

@Veppex1

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DARIO ACEVEDO CARMONA, COMENTARIOS AL ACUERDO DE COMISIÓN DE LA VERDAD, CASO COLOMBIA,

El Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC acordaron crear una “Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición” que será “un mecanismo independiente e imparcial de carácter extra-judicial” que se pondría en marcha “una vez firmado el Acuerdo Final”.

Comentario: Estamos ante un serie de equívocos y confusiones. La verdad en sentido histórico no es una, porque ella supone interpretaciones fruto de un trabajo académico que se puede realizar desde diferentes enfoques, teorías y métodos cuyos resultados están sometidos a la crítica. En materia jurídica sí se puede hablar de verdad en plural porque se individualiza el hecho. Ahí funcionan otras reglas y presupuestos en materia de derecho penal. Lo de imparcial e independiente bien difícil en un asunto que despierta tanta polarización y tanta controversia.

El carácter extrajudicial de una comisión que va a esclarecer verdades conduce de hecho a la impunidad a una expiación indolora de los delitos graves. La verdad así es inútil pues no contribuye a la reparación de las víctimas. De esa forma, los responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra no comparecerán ante un juez. Si no hay valor jurídico, como lo hubo en el caso de los paramilitares, entonces, cómo y quién va a reparar a las víctimas? Las Farc ya lo dijeron, “el Estado es el máximo responsable” del conflicto.

Acuerdo: “La Comisión” debe buscar la verdad y la complejidad del conflicto poniendo “en marcha un proceso de participación amplia, pluralista y equilibrada en el que se oirán las diferentes voces y visiones” y aplicando “enfoque territorial” y “de género”. La temporalidad a investigar cubre el tiempo de duración del conflicto pero, tiene la libertad de extenderse hacia el pasado y explicar el “contexto histórico, los orígenes y múltiples causas del conflicto, teniendo como insumo los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, entre otros”.

Comentario: Desde antes del inicio de las conversaciones, la guerrilla y el Gobierno a través de su Alto Comisionado de Paz acordaron hablar la misma retórica sobre las causas objetivas del conflicto, el contexto histórico. Este apartado, además, satisface la idea de las Farc de movilizar las masas para presionar la paz a cambio de reformas estructurales. Se trasluce, igualmente, la aplicación de la metodología de la “acción participativa” preconizada por el sociólogo Fals Borda según la cual la historia se “reconstruye” entrando en contacto con el pueblo. Los informes de la Comisión Histórica, en los que no hubo consensos, bien podrían evitar todo el aparataje de la nueva Comisión.

“La Comisión estará integrada por once miembros” para cuya “escogencia se pondrá en marcha un procedimiento de postulación y selección que ofrezca garantías de legitimidad, imparcialidad e independencia... El proceso de postulación de candidatos será amplio y pluralista, asegurando que todos los sectores de la sociedad… puedan postular candidatos. Los/as comisionados/as serán elegidos por un comité de escogencia… compuesto por 9 integrantes. El Gobierno y las FARC-EP, de común acuerdo, seleccionarán a través del mecanismo que acordemos 6 de los/as integrantes del comité de escogencia. Los/as 3 integrantes restantes serán los/as delegados/as de 3 personas u organizaciones que acordemos… Todos los integrantes del comité de escogencia deberán inspirar confianza en la ciudadanía… La selección de los/as comisionados/as deberá adoptarse por mayoría de 2/3 de los integrantes del comité de escogencia” (Es decir 6).

Comentario: Se dejaron en el tintero asuntos a medio camino que por su complejidad pueden llevarse meses o una espera hasta el final. Imaginemos la dificultad para hallar “el procedimiento” que garantice que los aspirantes a la Comisión sean nombrados en un proceso “amplio y pluralista” con garantías “ante la sociedad” (¿quién es la sociedad y cómo se expresaría?) de “legitimidad e imparcialidad”. Basta recordar la discriminación en la selección de las víctimas que comparecieron a La Habana. Luego un comité (otro) de escogencia integrado por nueve personas (tres por el gobierno, tres por la guerrilla y otros tres de común acuerdo) elegirán los once, cada uno de los cuales debe contar con la venia de al menos seis. ¡Tremendo enredajo!

Este párrafo “Todos los integrantes del comité de escogencia deberán inspirar confianza en la ciudadanía” es un auténtico golazo de las Farc. Cómo se va a precisar que la ciudadanía exprese confianza sobre los elegidos? Solo hay una forma: con la realización de una Constituyente cuyas decisiones soberanas no puedan ser controvertidas.

Acuerdo: “La Comisión” investigará “Prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)… Las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del Gobierno, y los demás poderes públicos, de las FARC-EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional que haya tenido alguna participación en el conflicto”.

Comentario: El Estado vuelve a dejarse igualar con la guerrilla como si no hubiese ya miles de investigaciones en curso y cientos de fallos contra agentes del Estado. La guerrilla acepta al finque debe poner la cara ante el DIH, aunque se quedó corta en cuanto que de la constatación de violaciones al mismo no se desprenderán penas.

Acuerdo: “La Comisión tendrá una duración de 3 años incluyendo la elaboración del informe final”.

Comentario: tres años de presiones de los movimientos sociales y de organizaciones de víctimas muchas de las cuales actúan con sesgo ideológico.

En síntesis, el Acuerdo sobre la Comisión de la Verdad traspapela la verdad jurídica -que implica el testimonio de los afectados, la investigación penal, el juicio, las penas a los responsables y la reparación de las víctimas- en una comisión de ética disfrazada de académica, independiente e imparcial. Deja en el aire demasiadas cosas como para hacerle fiesta al anuncio y deja asomar el mico de la constituyente.

De todas formas, no olvidemos que como “nada está acordado hasta que todo esté acordado” hay que esperar el amanecer para saludar el nuevo día.

Ruben Dario Acevedo Carmona

rdaceved@unal.edu.co

@darioacevedoc

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ADOLFO R. TAYLHARDAT, COMISIÓN DE LA MENTIRA

Concuerdo plenamente con lo que dice Emilio Figueredo en el editorial de la última edición de Analítica. Una Comisión de la Verdad no puede estar constituida por representantes de las Partes. 

Para que una comisión sea de verdad Comisión de la verdad debe estar integrada por un número reducido e impar de personalidades destacadas, preferiblemente extranjeras, con autoridad o reconocimiento de alcance internacional, absolutamente independientes, objetivas, imparciales, escogidas por un tercero que reúna las mismas características. 

Evidentemente, tanto este último como los miembros de la Comisión deben contar con la aceptación de las Partes en conflicto. Las Partes deben comprometerse solemnemente a aceptar los resultados del trabajo cumplido por la Comisión. La Comisión, o cualquiera de sus integrantes deben tener libre acceso a cualquier persona o grupo, entidad, organización, expediente, documento, en suma, a toda información que se considere útil para realizar eficazmente la muy delicada misión que deben cumplir. Mientras realizan su tarea, sus miembros se abstendrán hablar públicamente sobre el desarrollo de los trabajo, salvo que, por acuerdo unánime entre ellos consideren necesario u oportuno  emitir información previamente concertada.

Estas son algunas de las características indispensables que debe reunir una auténtica Comisión de la Verdad. Puede parecer utópico crear un ente como el descrito pero si efectivamente existiera voluntad política para solucionar la grave situación política y económica que atraviesa el país, si realmente existiera el propósito sincero para detener la marcha hacia el despeñadero al cual están conduciendo a la sociedad venezolana, debería ser posible poner de lado los intereses mezquinos, el empeño en eternizarse en el poder y las ambiciones personales que alimentan la corrupción y debilitan la democracia.

Pero esto último es todavía más utópico. El ilegítimo y su combo nunca aceptarán nada que no puedan  dominar y controlar. En la reunión del martes pasado fue rechazado un documento en el cual la MUD proponía conformar “una Comisión de la Verdad totalmente independiente para investigar los hechos ocurridos en el país en los últimos dos meses” (Nótese que en la propuesta de la MUD el mandato de la  Comisión estaría limitado a investigar lo sucedido desde el 12 de abril, cuando el objeto debería ser indagar en todos sus ángulos la crisis en que se encuentra sumido el país y formular recomendaciones para remediarla).

Aun así, el oficialismo rechazó el documento de la MUD argumentando que ya la Asamblea Nacional había creado una comisión integrada por diputados. El resultado fue que la MUD aceptó una comisión reencauchada. Es decir la creada por el oficialismo a la cual se le agregarán “personalidades reconocidas que se nombrarán en próximas reuniones de mutuo acuerdo”. Según informó Ramón Guillermo Aveledo “Hemos convenido una comisión de la verdad amplia, con personalidades de la vida nacional, reconocidas, que sean confiables para todo el mundo”.

No dudo que en Venezuela hay personalidades suficientemente imparciales, dispuestas a participar en ese esfuerzo, pero se requerirá mucho valor para prestarse a un ejercicio que sólo persigue lavarle la cara al ilegítimo.

Pero con todo respeto a mi entrañable amigo Ramón Guillermo y a todos los que lo acompañaron, otra  vez la oposición ha caído en una trampa. Transigió y aceptó la comisión creada por el oficialismo a la medida de su conveniencia, en la cual los parlamentarios de la oposición se habían negado a participar conscientes de que su presencia en un ente de esa naturaleza sería inoperante. Es lamentable que se haya aceptado una comisión chimba sólo para demostrar que de parte de la MUD hay buena voluntad para avanzar hacia la solución de los graves problemas que padece el país.

No pretendo ser vidente, pero una comisión como esa no llegará a nada. Basta tener en cuenta lo que dijo el descabellado presidente de la Asamblea: "Queda formada la comisión de la verdad, la derecha venezolana podrá en determinado momento, si así lo considera, incorporarse a esta comisión, hay cuatro puestos de ellos ahí"  (el oficialismo tendría cinco puestos).  “No se ponen de acuerdo y eso tiene una lectura (...) quien no quiere investigar los hechos que ocurrieron aquí del 12 de febrero en adelante, que haya una comisión de la verdad, pues su rabo de paja tendrá, su vinculación con los hechos violentos, su complicidad con los hechos violentos".

En el supuesto negado de que la Comisión de la Mentira convenida por la MUD y el oficialismo llegara a actuar imparcialmente, bienvenida sea. Si actúa seriamente, el rabo de paja que debe arder es el del oficialismo porque los hechos violentos ocurridos desde febrero han sido obra de las fuerzas de seguridad del Estado con el apoyo de los forajidos motorizados, armados y pagados por el gobierno, empeñado en sofocar la protesta legítima y pacífica de la juventud y de la sociedad democrática.

Adolfo R. Taylhardat

adolfotaylhardat@gmail.com

@taylhardat

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VICENTE BRITO, " LA COMISIÓN DE LA VERDAD ECONÓMICA". RED POR LA DEFENSA AL TRABAJO, LA PROPIEDAD Y LA CONSTITUCIÓN

VICENTE BRITO, 

RED POR LA DEFENSA AL TRABAJO, LA PROPIEDAD Y LA CONSTITUCIÓN

 

LA COMISIÓN DE LA VERDAD ECONÓMICA

La decisión de crear una comisión de la verdad económica necesariamente tiene que hacer un diagnóstico de las empresas y propiedades tomadas por el gobierno y la caída de la producción nacional, ya que ambas son vinculantes.

Estimamos que unas 30.000 familias Venezolanas resultaron afectadas en su patrimonio por estas medidas que son contrarias a lo que establece la constitución, el monto supera los 100.000 millones de bolívares el valor de estas empresas y propiedades tomadas y no canceladas.

Cuando evaluamos los montos de los aportes en recursos públicos utilizados para la misión  AgroVenezuela estos son muy elevados en comparación a la producción alcanzada, en el uso de las empresas y tierras tomadas. Hoy es evidente su poca actividad en agro pesca, agroindustrias, tierras, etc. lo cual demuestra que el aumento de importaciones, los niveles de carestía están relacionadas a estas ocupaciones privadas.

Voceros públicos han reconocido la poca producción y eficiencia del conjunto de empresas públicas lo cual es notorio, sus pérdidas crecientes son responsables de buena parte del alto endeudamiento y su déficit que tiene la nación.

  

Vicente Brito

Presidente

Red por la Defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución

Vicente Brito

vicent.brito@gmail.com

Raúl Amiel

raulamiel@gmail.com

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