LEONARDO PALACIOS, HACIA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL.

El país parece una barca a la deriva; sumido en un mar brioso de improvisación.

Una nación aletargada, sin inclinación colectiva a la discusión de su presente y, mucho menos, de su futuro. Presa de frases cocinadas en los hornos desvencijados de la historia secuestrada de una pequeña de la isla antillana, que de tanto exportar una revolución por las armas durante décadas, tanto en Latinoamérica como en el África, logro enclavar la bandera de la denominación en las entrañas de la ex vitrina de la democracia, abolió el avance concertado de sus dirigencia políticas y bienestar colectivo diseñado en torno a un proyecto común.

Cuba ha hecho de Venezuela, un “país de segundo piso”, un “Estado Libre Asociado” de relación extrema y simbiótica, construida sobre la base artificiosa de laboratorio propagandístico de una supuesta inclinación mayoritaria del pueblo venezolano de abandonar la tradición liberal democrática construida sobre una visión libertaria de los derechos fundamentales como sustrato esencial y no instrumental o panfletario de la democracia por un Estado Comunal.

Así como el “gomecismo” es reseñado por Manuel Caballero como aquella etapa histórica que va de 1899 a 1945 dando retroactividad y ultra actividad a la presencia real y a la proyección de una forma de ejercicio del poder por parte de Juan Vicente Gómez, de la mis forma podríamos hablar del “chavismo”, como es la etapa comprendida entre 1992, fecha en que irrumpe abiertamente la figura de Hugo Chávez al escenario político nacional hasta nuestros días.

Es un periodo en que disciplinadamente se manipula la historia, se tergiversan los principios y valores que permitieron construir las bases de la democracia venezolana a partir de 1958 y que vaciaron la razón de ser de un liderazgo prematuramente abollado, clientelarmente descompuesto.

Una etapa inicial de ese periodo sin orientación de su liderazgo, tercamente opuesto a la ejecución de reformas institucionales, que hicieran un país económica, política y socialmente viable.

Un proyecto susceptible de ser comprado por una mayoría ciudadana cada vez mas decepcionada y civilmente entredicha, aislada del acontecer por un régimen de partidos que solo servía de clubes de politicastros que solo buscaban el poder por el poder y usufructuar una oscura redistribución de la riqueza petrolera, marginando y quemando a generaciones que si poseían la formación y el reconocimiento de estadistas, y que por tal razón, veían como se venía encima la estructura de un Estado asmático, incapaz de respirar y absorber los cambios experimentados en los países de la región y que la población reclamaba, sin la oportunidad de ser oídos e involucrados en los asuntos públicos.

Los venezolanos no supimos valorar el “contrato social”, mucho menos reactualizar el espíritu libertario de 1958, que implicaba el diseño y ejecución de políticas públicas, su revisión continua y la canalización del espíritu de lucha favoreciendo la promoción y ascenso generacional y, por consiguiente, la renovación institucional que le servía de base.

Ese contrato (“Pacto de Puntofijo”) permitió “el periodo más largo y civilista de convivencia libre y pacifica que hemos logrado los venezolanos”, (Ramón Guillermo Aveledo).

Sin embargo, ni fuimos capaces de reafirmar su integridad el plan mínimo de acción que refleja su talante democrático en las distintas y amplias manifestaciones que de manera indefinida aquella puede abarcar, con su adecuación a las nuevas exigencias sociales de un mundo globalizado, así como tampoco  defender su significación de logros y aciertos en eso cuarenta años.

Esa actitud ha dado pié a que la ciudadanía haya comprado, y siga comprando con menos pasión y libre voluntad, el “Contrato Social de corte comunista” planteado “escalonadamente” por el chavismo, tal como lo expresa Isabel Pereira en su novísima obra “La quiebra moral de una país. Hacia un nuevo Contrato Social”, el cual tomamos prestado para intitular nuestro columna de esta semana y referirnos a este gran aporte.

La actitud pasiva acusada lleva a sostener erradamente que no existen propuestas alternativas de “convenios de convivencia” verdaderamente democráticos que ofrezcan lineamientos generales y acciones concretas que permitan consensos requeridos para la debida marcha, inclusiva y participativa de su institucionalidad.

En eso ha consistido el éxito del aparato propagandístico del gobierno: hacernos creer a generaciones anteriores a las nacidas bajo su egida y ocultar a éstas que todo tiempo anterior no sirvió, que la democracia liberal constituyo un fracaso y una forma de confiscación de nuestro bienestar. Nos hace sentir que estamos en una lucha sin sentido y sin “contrato social” alternativo, que la única propuesta pensada y con premisas de viabilidad, que compra la mayoría ciudadana, es la chavista.

Las reflexiones que desarrolla Isabel Pereira nos demuestra lo contrario.

Evidencia que existe una posibilidad cierta, viable y eficiente para generar el consenso necesario para redimensionar el Estado hipertrofiado, excluyente y herramienta de promoción de un sector indefinido pero a fin a los designios del cerebro responsable de la motricidad de las extremidades que llevan su conducción; de una Estado que solo tiene como rival “los ciudadanos que penosamente comienzan a organizarse y unirse para enfrentar esta dura etapa de confrontación con (el chavismo) cuyo designio es imponer el comunismo y un partido único de gobierno”.

Esta destacada socióloga propugna por un nuevo “Contrato Social” que inicie “un proceso masivo y gradual de transferencia de poder del Estado al ciudadano, en todos los ámbitos de nuestra existencia; sustituir su predominio como gran maquinaria social y abrir la posibilidad de la autonomía, el respeto, la pluralidad y el acuerdo priven en las relaciones interinstitucionales”.

En  nuestro entender, ello no puede ser de otra forma, es una premisa elemental que debe orientar la acción inmediata de un gobierno que surja de la voluntad popular como alternativa democrática frente a un comunismo totalitario y negador de las libertades.

El nuevo “Convenio Social” esbozado por Pereira, debe construirse como “un gran acuerdo voluntario que define como se distribuye el poder en relación Estado-sociedad y cómo cada una de las personas, sectores o clases participan en el arreglo”.

Lo que se busca no es un plan de gobierno, sino la certeza de establecer un marco de relaciones lo mas simétricas posibles, regidas y controladas por el Derecho en función de la libertad, la seguridad y el bienestar de todos.

El nuevo “Contrato Social” convoca a la necesidad de pasar de un borrador a una versión definitiva, que nos permita gobernabilidad, el desarrollo pleno de la personalidad, la profundización de la libertad en todas sus manifestaciones, borrando cualquier atisbo de la atávica y perniciosa idea que ello solo es posible con la intervención promotora y aseguradora del Estado en todos los órdenes en los cuales se plasma la existencia de una sociedad; lo cual ha llevado a las subterfugios, a la estafa histórica y social de la vigencia paralela del Estado Comunal.

Pereira define una agenda del nuevo “Contrato Social” a partir de los cuales asegura se procede a “construir los acuerdos fundamentales”, que permiten reducir la discrecionalidad de las políticas públicas conjuntamente con la “vigilancia mutua entre instituciones”.

La agenda incluye:

Fundar un capitalismo humanista que “tiene como meta universalizar la calidad de los servicios”; “significa acceso, apertura y oportunidades, pero también solidaridad como condición ética fundamental” con “aquellos grupos y personas con restricciones para desarrollar sus potencialidades”.

Fortalecimiento de las instituciones garantes de la democracia, es decir, el Estado de Derecho como un fin. Las instituciones públicas “deben reflejar este equilibrio entre la amplia y heterogénea gama de intereses que animan a cada sector social”.

En otras palabras, afianzar “la ciudadanía como ejercicio de vida social (…) sustentada en instituciones que tengan dimensiones tanto morales como estructurales que expresen los valores, las normas, la justicia, los intereses específicos de cada grupo y su vigencia legitima”.

Acabar con el monopolio público de los sectores rentables de la economía, lo cual supone (i) el paso de un “Estado propietario” a un “país de propietarios”, en “donde el Estado está al servicio de los ciudadanos, concentrado en la superación de las brechas que designan desigualdades, en el acceso a oportunidades y a la calidad de vida para los ciudadanos”; (ii) apertura a la participación de los venezolanos en la propiedad e inversión en el petróleo y empresas básicas del Estado; (iii) la titularización de los sectores populares, trabajadores informales, microempresarios, agricultores sin títulos de propiedad, comerciantes ambulantes y familias con títulos supletorios como “política contra la pobreza y  promoción de la clase media”; la descentralización del poder que “signifique respeto a los derechos políticos y reclamo antes las responsabilidades individuales y colectivas; que en el plano cultural reivindique las diferencias y consolide los acuerdos, los pactos y el sentido de comunidad” y (iv) valorizar a la clase media como objetivo aspiracional de los sectores más pobres del país. Convertir a “Venezuela en una sociedad que supere el conflicto de clases”, “incorporar a los emprendedores y trabajadores que han construido actividad económica sin ninguna validación jurídica y fiananciera”, ”valorizar el desarrollo humano y el derecho a construir propiedad con valor legal y económico”, alentar “pactos entre los trabajadores y empresarios como expresión de libertad, respeto y compromiso de los responsables de generación de riquezas”

Es urgente la definición del nuevo “Contrato Social” que debe celebrarse a partir de las cenizas, de los escombros del Estado Comunal erigido a partir del 2007 como más ahínco e inocultable objetivo único totalitario, con un movimiento previo de tierra y remoción imponente de la esencia del Estado democrático Social y de Derecho constitucional previsto que supone el consenso y no la imposición, la participación de todos los sectores y no la exclusión, la simbiótica relación Estado e iniciativa privada y no la abolición o destrucción de ésta,  como forma sistémica de acuerdo voluntario de todos los sectores.

En definitiva, “la quiebra moral de un país”, impone como lo expresa Isabel Pereira “un nuevo Contrato Social” en virtud que “es un desafío que tienen los venezolanos para logar un futuro que supere las calamidades de hoy”.

@NegroPalacios

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PAGINA WEB IMPORTANCIA.ORG, LA PROPIEDAD PRIVADA

La importancia de la propiedad privada radica en su simbología como uno de los primeros derechos humanos. De este modo, una definición amplia del concepto de propiedad privada involucra, en efecto, al derecho indiscutido de las personas físicas o jurídicas de comprar por medios lícitos, conservar, controlar, disponer y dejar como herencia a otros individuos un bien real (objetos muebles, capital financiero, tierras, inmuebles u otros).

A lo largo de la historia se ha diferenciado a la propiedad privada de la denominada como contrapartida “propiedad pública”, en referencia a los bienes administrados en forma directa por el Estado (federal, regional o municipal), la comunidad o el gobierno, sin acción concreta por parte de individuos o empresas.

La repercusión del concepto de la propiedad privada ha motivado la creación de distintos modelos económicos, en los cuales se pondera o bien se elimina esta idea para dar lugar a la construcción de un sistema. Por un lado, el capitalismo constituye un modelo en el cual la propiedad privada representa la piedra angular, dado que las inversiones de esos bienes motivarían la creación de fuentes de trabajo, al tiempo que se obtiene rédito a partir de la puesta en actividad de los mencionados bienes. El sistema surgió como oposición a los despotismos de las antiguas monarquías y se ha visto acompañado de la aparición de numerosos derechos acompañantes, consagrados en la Constitución de distintas naciones y en muchas de las leyes fundamentales de la mayoría de las naciones de Occidente.

Como antítesis, se describe el modelo marxista, en el cual se considera a la propiedad privada como un obstáculo para el crecimiento material de la sociedad, por lo cual se pugna por su eliminación con transferencia de la totalidad de los bienes al ámbito de la administración del Estado. Si bien se ha caracterizado por distintos matices, este sistema no ha sido eficaz en diferentes naciones donde fue aplicado.

Por otra parte, la propiedad privada ha sido asociada con otras libertades individuales, como la posibilidad de comerciar, aprender, enseñar, desplazarse por el territorio nacional y ejercer la libertad de cultos. Por lo tanto, es difícil desprender el concepto de propiedad privada de la definición de democracia o de una estructura republicana de gobierno.

desde Importancia http://www.importancia.org/propiedad-privada.php#ixzz2ISBoYWEK

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ALBERTO MEDINA MÉNDEZ, EL ESTADO NO ES LA ÚNICA ALTERNATIVA.

Muchos fanáticos del intervencionismo creen que el Estado es necesario e imprescindible solo porque viven de él. Si fuera pequeño y austero, no podrían saquearlo, ni tampoco usar sus recursos para arrogarse la generosidad del sistema, repartiendo lo de todos como propio.

Pero otros, tal vez los más, entienden que el Estado debe ser importante, porque es la única herramienta posible para resolver los problemas de la sociedad. En realidad esa idea tiene varias aristas que merecen ser analizadas con mayor detenimiento.

Por un lado, están los que no pueden salirse de ese paradigma, no conocen otra forma de lograr objetivos que no sea con un Estado que recauda por la vía de la coacción, de  los impuestos y que una vez reunido el dinero lo pone al servicio de solucionar una cuestión. Algunos incluso, en esta misma línea argumental creen que es el Estado el único en condiciones de articular estructuras, procedimientos y esfuerzos para lograr metas.

Pero otro sector, en realidad, lo hace solo por comodidad. La alternativa, implica demasiado esfuerzo y prefiere delegar en terceros, en este caso en el Estado, esas soluciones. Prefiere pagar impuestos para que “otro” resuelva el tema antes que ocuparse de modo personal en ello.

Por eso, hay que entender que muchas de las justificaciones para el agrandamiento del Estado, pasan por esas múltiples variantes, desde las ideologizadas, a las que se derivan de la imposibilidad de visualizar con claridad alternativas, hasta las que tienen que ver con la comodidad.

El Estado NO debe ocuparse de un montón de cuestiones que la gente pretende que haga. No lo debe hacer por muchos motivos. El primero de ellos, el central, tiene que ver con que no fue creado con ese fin, sino con la intención de ocuparse de los asuntos que precisan de cierta neutralidad para garantizar el ejercicio de sus derechos individuales, como la seguridad y la justicia.

Cuando se ocupa de otras cosas, como ocurre en la vida personal, lo hace a expensas de descuidar lo principal, y abundan ejemplos de cómo impacta ello en la falta de seguridad y justicia en estos tiempos. Ni siquiera amerita explayarse en eso.

Complementariamente a estas razones, ya conocemos también de la gran ineficiencia estatal a la hora de manejar recursos económicos. Gasta mucho más de lo que necesario, dilapida importantes montos en cuestiones burocráticas y administrativas y, además, queda a expensas de la manipulación política y las garras siempre presentes de la corrupción.

En fin, es la más ineficiente y onerosas de las posibilidades, pero fundamentalmente, distrae al Estado de lo que debe hacer bien, la seguridad y la justicia, y claramente hace poco, lento y mal.

Los ciudadanos de modo individual, y de forma organizada, deben buscar otras variantes, deben animarse a constituirse de modo espontáneo y coordinar acciones para cumplir sus fines. Abundan las experiencias exitosas de instituciones privadas, de organizaciones sociales, que resuelven problemas de modo muy eficiente, sin esquilmar a nadie, consiguiendo dinero con el aporte de gente que “voluntariamente” cree en esas causas, en sus interlocutores y las apoya genuinamente con el fruto de su esfuerzo, sin que nadie los obligue de forma alguna.

Muchas organizaciones de ese tipo logran éxito en ese recorrido, y es cierto que otras también fracasan, o solo tropiezan, pero de eso se trata, es cuestión de proponérselo, aprender de la experiencia y buscar variantes para conseguirlo.

Muchos dirán que es difícil. Sí, claro que es difícil. Lo dicen como si algo resultara simple en este mundo. Pero no menos cierto es que lo que parece fácil, delegar en el Estado no solo no resuelve el tema de fondo, sino que genera muchos más problemas que los que intentaba solucionar.

Más allá de la carga ideológica con la que pretendemos juzgar estas cuestiones, tal vez debamos pensarlo de un modo más personal, recordando esos momentos en los que decidimos aportar dinero propio a alguna causa. Lo hacemos con criterio, porque queremos que ese recurso que nos costó mucho esfuerzo conseguir, que significo trabajo duro, sea ocupado en algo que vale la pena, y que no se desvíe terminando en  manos de corruptos o circunstanciales manipuladores de la política, que además luego serán el próximo verdugo de nuestro sacrificio, creando nuevos y más creativos impuestos para esquilmarnos una y otra vez.

Cuando la sociedad pretende que el Estado, por medio de los gobiernos, se ocupe de los desposeídos, de la desnutrición o la mortalidad infantil, que luche contra la pobreza, construya viviendas, conduzca empresas bajo el argumento de la soberanía nacional, o cuando pretende que fomente los buenos hábitos alimentarios la cultura, la educación o el deporte, está generando, tal vez sin querer, las bases de un Estado obeso, caro e ineficiente que no solo no resuelve problemas, sino que concentra poder y se convierte en el principal enemigo de quienes con su esfuerzo cotidiano construyen con mucho merito una sociedad mejor.

Debemos intentar romper los paradigmas que nos impiden ver otras posibilidades. Cuando tengamos la decisión de ayudar a resolver un problema de la comunidad, pensemos en nuevas variantes. Seamos creativos, como lo somos en la vida diaria para dar la batalla que nos permite alimentar a nuestros hijos y vivir con dignidad. No caigamos en la fácil, en la cómoda, en esa de delegar el asunto en el Estado. No es el aliado adecuado. Lo estaremos distrayendo de sus obligaciones centrales, otorgándoles excusas para justificarse, y además motivos para seguir saqueando a la sociedad con más impuestos que no se asignarán al destino esperado. Intentemos lo que parece más complejo, pero nos garantiza resultados, eficiencia y sobre todo la posibilidad de demostrar que el Estado NO es la única alternativa.

Alberto Medina Méndez

albertomedinamendez@gmail.com

skype: amedinamendez

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RICARDO VALENZUELA, EL ESTADO ¿AMO O SIRVIENTE?, REFLEXIONES LIBERTARIAS, DESDE MEXICO,

El candidato republicano a la presidencia de los EU, Mitt Romney, acaba de seleccionar a quien lo acompañará como su Vicepresidente en la lucha política que se avecina, Paul Ryan. Ryan es un joven congresista y uno de los consentidos del Partido del Té. El debate se torna por demás interesante. En la esquina de Obama los estatistas gritando; “Ustedes son mis hijos y con los derechos que les otorgo, me haré responsable de su bienestar de la cuna a la tumba”. En la otra Romney afirmando; “Nosotros somos sirvientes y nos han confiado la responsabilidad de protegerlos. El gobierno no es quien los ha dotado de sus derechos, somos solo los protectores de los mismos.”

El enfrentamiento político en los EU deberá definir una vez por todas, cual debe ser la saludable relación del ciudadano con su gobierno.

En esta era de acontecimientos históricos en la cual los mexicanos nos encontramos intentando redefinir la relación del ciudadano común con su gobierno. En la cual estamos también tratando de implementar un verdadero sistema democrático republicano que conduzca a el país por la ruta de la prosperidad y la justicia, pensamos es importante analizar algunos conceptos que aclaren las posiciones de ambas partes.

Una creencia común en nuestro país es que los derechos de los mexicanos emanan de nuestra constitución o de nuestro gobierno. Esta es una de nuestras creencias más erróneas. A través de la historia, la creencia común fue que la gente eran sujetos incondicionales de los mandatos de sus gobiernos. Si el Rey le ordenaba a una persona abandonar su familia para pelear en una guerra lejana, tenía que obedecer. El rey podía controlar y regular vida y propiedad porque era soberano y supremo. Los ciudadanos como súbditos eran subordinados e inferiores. Cuando el Rey ordenaba, había que obedecer.

Gradualmente la gente empezó a cuestionar el concepto del soberano con control irrestricto sobre sus vidas y sus fortunas. En 1215, por ejemplo, con la promulgación de carta magna, el Rey por primera vez en la historia fue forzado a admitir que sus poderes sobre los ciudadanos eran limitados. Sin embargo, fue hasta 1776 con la declaración de independencia de los EU, que el concepto del soberano todopoderoso fue prácticamente destruido. El gobierno no era soberano y supremo, Jefferson declaró al mundo. Los individuos lo son. Por lo mismo, los funcionarios públicos son subordinados a los ciudadanos, son sus sirvientes.

En esos momentos nació el concepto de que los seres humanos nacen con ciertos derechos fundamentales que fueron anteriores a los gobiernos. Es decir, los derechos del hombre no provienen del Rey ni de ningún gobierno. Derechos como la libertad, la vida, la propiedad y la búsqueda de su felicidad, existen independiente y previamente a los gobiernos, no por ellos, son los derechos naturales de todo ser humano.

La razón por la cual la gente organiza los gobiernos es precisamente para proteger el ejercicio de esos derechos. Es decir, en la ausencia de un gobierno, los elementos negativos como los delincuentes harían la vida de la sociedad miserable. Por lo tanto, se necesita un gobierno para arrestar, juzgar y castigar a ese tipo de gente. Un gobierno que proteja vida, libertad, propiedad y contratos. No se necesitan gobiernos promotores, petroleros, electricistas, banqueros etc.

¿Qué pasa cuando el gobierno quebranta su obligación de proteger y se convierte en un elemento más destructivo de los que sería en ausencia de ese gobierno? Entonces la gente tiene el derecho de alterarlo o abolirlo e implementar uno nuevo designado para proteger, no destruir, el ejercicio de los derechos naturales que Dios nos heredó. El problema que enfrentaron de inmediato los promotores de esta nueva forma de organización social, era el comprobar si era posible el formar un gobierno que permaneciera limitado, inferior y subordinado al mandato de la gente, y que no asumiera el tradicional papel de soberano y supremo en sustitución de los monarcas.

Para entender la actitud del ciudadano común hacia su gobierno en México y la relación con él, hay que remontarnos a la conquista de la Nueva España y los trescientos años de control de nuestro territorio de parte de una institución tan autócrata como la corona de España, y la intervención en estos acontecimientos de una iglesia católica medieval que siempre promovió una sumisión total a las instituciones de parte de los ciudadanos. Cuando Adam Smith publicó su magna obra “La Riqueza de las Naciones” en 1776, en España fue prohibida y el delito de poseerlo castigado con la muerte por la inquisición.

Después de la independencia, México se convirtió en un cruento campo de batalla en una lucha letal por el poder que en esos momentos se estaba gestando para el estado mexicano, el poder absoluto, el regreso al concepto del monarca absoluto, soberano y supremo, ahora representado por una infinidad de caudillos tanto liberales como conservadores. En el ocaso del siglo XIX, Porfirio Díaz se adueñó de tal poder transportando al país hasta el siglo pasado en un estado de cacicazgo, mediante una dictadura que encendió las pasiones de los mexicanos.

A principios del siglo pasado el país se sume en una revolución liberal que fue secuestrada por los socialistas en el constituyente de Querétaro en 1917, con la elaboración de una constitución de ese corte, socialista. Este evento fue la puerta que se abrió para establecer el sistema “político moderno” de México basado en lo mismo, el poder absoluto, pero ahora ejercido por un solo partido y un monarca sexenal llamado Sr. Presidente.

Durante los siguientes 70 años ésta fatal combinación se ha encargó también de convencer a los mexicanos de que el estado es superior, absoluto, soberano y supremo. Que los ciudadanos somos inferiores, somos súbditos, que necesitamos para todo extender la mano al estado, pedir su anuencia, darle eternamente las gracias.

Finalmente, en el despertar de este nuevo siglo los mexicanos debemos de entender que el ciudadano es el soberano, no el estado, que el estado debe ser inferior y supeditado al mandato de la gente, que el estado debe tener limitaciones, que ya no debe haber monarcas sexenales que afirmen  “el estado soy yo,” que el mismo pueblo debe elegir a sus “servidores públicos” y no simplemente heredar el trono como ha sucedido. Los mexicanos finalmente debemos de entender que como seres humanos tenemos derechos naturales anteriores e independientes del estado, y la función primordial del estado es el velar y proteger esos derechos.

Desgraciadamente todavía hay políticos que no lo entienden y no quieren que los mexicanos lo entiendan. Quieren simplemente regresar a la época del estado feudal y omnipotente, del monarca sexenal, a la dictadura perfecta. ¡Cuidado caciques estatales y reyecitos estilo Hugo Chávez!    

Twetter@elchero

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CARLOS ALBERTO MONTANER, ¿QUÉ ES EL FRIEDMANISMO?.

Milton Friedman nació en 1912, hace cien años, y los vivió casi todos. Murió en el 2006, a los 94, lúcido y combativo. Su centenario ha revivido la polémica en torno a su legado. En 1976 recibió el Premio Nobel de Economía. Lo suelen presentar como “el padre del neoliberalismo” o la cabeza de la Escuela de Chicago, pero fue mucho más que todo eso. De su obra se deduce la más sencilla y formidable definición de la libertad: ser libre es poder elegir sin interferencias ni coacciones externas.

En 1980, Friedman y su mujer Rosa filmaron una magnífica serie de televisión titulada Free to Choose. Fueron 10 memorables capítulos en los que el matrimonio examinó algunos casos exitosos, como Hong-Kong, próspero debido a la libertad que tenían los individuos para producir y vender, frente al fracaso de la India, entonces estancada por la planificación centralizada y en manos de los burócratas, aberración que los hindúes comenzaron a abandonar poco tiempo después.

De alguna manera, la mayor parte de los males económicos tenían el mismo origen: el Estado, un “ogro filantrópico” que, cuando pretendía ayudar, generaba ciudadanos indefensos incapaces de ganarse la vida, mientras los funcionarios dilapidaban enormes cantidades de recursos que se esfumaban en medio de la corrupción y la forja de estructuras clientelistas que lastraban y a veces imposibilitaban la creación de riquezas.

La historia de la lucha por la libertad es la historia de la conquista del derecho individual a decidir. Las personas fueron más dichosas y más ricas cuando pudieron elegir el dios al cual adoraban, o a ningún dios. Cuando pudieron trabajar, vestir, leer, escribir, casarse, divorciarse o militar libremente. Alcanzaron cierta felicidad cívica cuando dejaron de ser súbditos obedientes, se convirtieron en ciudadanos altivos, y transformaron a los mandamases en temerosos servidores públicos.

Si existe el friedmanismo,éste consiste en tres ideas-fuerza fundamentales : la ardiente convicción de que nadie sabe mejor que nosotros mismos lo que deseamos y lo que nos conviene; la firme creencia en la libre competencia para perfeccionar gradualmente los bienes y servicios que adquirimos o producimos; y la necesidad de que los individuos asuman responsablemente el control de sus vidas.

El friedmanismo, claro, tiene importantes consecuencias en el debate actual. De alguna manera está vinculado al creciente derecho del consumidor. El consumidor vota con su dinero y el Estado no debe imponerle productos que no desea, ni debe tener la prerrogativa de fijar los precios, y mucho menos, como sucede en Argentina y en tantos países, criminalizar la tenencia de moneda extranjera.

Tampoco el Estado debe arrogarse el derecho a decidir cuáles sustancias puede utilizar la persona. Si un adulto, libremente, decide fumar marihuana, oler cocaína o inyectarse heroína, a sabiendas de que puede convertirse en un pobre adicto, ese estúpido comportamiento, nada recomendable, absolutamente pernicioso, forma parte del derecho sobre el propio cuerpo, y el Estado, humildemente, debe respetarlo, como debe admitir que cualquier persona en la plenitud de sus facultades mentales decida que ya no quiere seguir viviendo porque sufre demasiado. “Vivir –decía un famoso suicida español–, es un derecho, no un deber”.

El friedmanismoconsiste, también, en creer que los vouchersson un método eficiente de estimular la competencia, y sirve para que los padres seleccionen las mejores escuelas públicas para sus hijos o la mejor institución sanitaria para cualquiera, lo que obliga a las instituciones a mejorar la calidad de sus ofertas.

Hay mucho de sentido común en las propuestas de Friedman, pero también hay una enorme dosis de confirmación empírica. Los países más ricos y dichosos son aquellos en los que se combinan la libertad económica y la libertad política, y en los que el Estado no dirige la economía, ni ejerce las tareas de los empresarios, limitándose a auxiliar la creatividad de los individuos aportando instituciones de derecho e infraestructuras materiales.

Milton Friedman lo dejó dicho es una frase clarísima: “Uno de los más grandes errores es juzgar a las políticas y programas por sus intenciones, en vez de hacerlo por sus resultados”.Fue el más práctico de todos los teóricos. Y tuvo razón.

@firmaspress

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GABRIELA CALDERÓN DE BURGOS, ECUADOR: EL CONTROL DEL BOLSILLO

El 31 de Julio de este año Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, hubiera cumplido 100 años. Esta semana, mientras se discutía el escándalo de la falsificación de firmas para la inscripción de partidos políticos, la incautación de bienes de la revista Vanguardia, y mientras la Asamblea aprobaba una ley que le da un inmenso poder discrecional a las autoridades sobre la propiedad privada, recordé una de las principales enseñanzas de Friedman: difícilmente podrán existir la libertad política y las libertades civiles sin libertad económica.

El Poder de Opción

A diferencia de lo que Naomi Klein y otros han dicho, Friedman consideraba que estos tres tipos de libertades eran deseables.1 Él creía que las dictaduras eran malas y, por ejemplo, predijo que la libertad económica conduciría a la libertad política en el caso de Chile. Por otro lado, creía que era posible que una sociedad con un Estado de Derecho sólido pueda gozar de libertad económica y libertades civiles (de expresión y asociación, por ejemplo) sin tener libertad política (elecciones para designar a sus gobernantes). Como ejemplo de esto Friedman siempre mencionaba a Hong Kong, país que pasó de ser una colonia inglesa pobre a ser uno de los países más ricos del mundo, teniendo un alto grado de libertad económica y libertades civiles, pero sin libertad política.

En una entrevista en 2002 Friedman explicó su percepción de la relación entre estas tres libertades:

 “se puede tener libertad económica y civil sin tener libertad política, pero me parece dudoso que se pueda tener algún tipo de libertad política efectiva sin tener libertad económica, sin tener alguna fuente independiente de poder en oposición a la autoridad conferida”.2

A medida que el Estado controla cada vez más la actividad económica, va adquiriendo más poder para restringir también las libertades civiles y políticas.

Por ejemplo, las “conquistas laborales” pueden servir para silenciar a quienes incomodan a los gobernantes. Esta semana se incautaron bienes de Vanguardia con el pretexto de varias violaciones al código laboral, como no haber contratado a trabajadores discapacitados, entre otros cargos. Puede ser que Vanguardia haya violado la ley laboral, pero es difícil creer que a todas las empresas se les aplica esta ley con la misma severidad. Simplemente no habrían suficientes policías para montar semejantes operativos.

Otro ejemplo es lo que podría pasar con la Ley para la Defensa de los Derechos Laborales. Esta confiere a las autoridades un inmenso poder discrecional sobre la propiedad privada, pudiendo ejercer jurisdicción coactiva no solamente sobre el deudor principal sino sobre sus herederos y accionistas, e incluso sobre quienes se presume que son testaferros.

Estos son solo dos ejemplos de cómo el control “del bolsillo” puede servir para controlar efectivamente nuestras vidas. El creciente control del Estado ecuatoriano sobre la economía, y la correspondiente pérdida de la libertad económica, ha derivado en la pérdida de libertades civiles y está empezando a mermar libertades políticas.

Ahora, llegamos al desastre ocurrido con las firmas falsificadas en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué clase de libertad política puede haber si este mismo organismo supervisará la campaña electoral y contará los votos? ¿Qué libertad política nos puede asegurar un CNE cuyos vocales todos se deben al oficialismo?

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 3 de agosto de 2012.

Referencias:

1. Norberg, Johan. “La doctrina Klein: El auge de la polémica del desastre”. ElCato.org. 9 de diciembre de 2008.

2. Entrevista a Milton Friedman. “La libertad económica detrás de las escenas”. ElCato.org. 4 de octubre de 2002.

Gabriela Calderón es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador). 

gcalderon@cato.org

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MARÍA BLANCO, LA DEMONIZACIÓN DEL OTRO, INSTITUTO JUAN DE MARIANA,

El pasado domingo, Carlos Rodríguez Braun publicaba un artículo en La Razón titulado Empobrecer al vecino, en el que explicaba cómo las políticas nacionales que tratan de mejorar la situación de uno empeorando la de otro son perjudiciales. Rodríguez Braun aportaba diferentes argumentos para señalar lo nocivo de estas medidas de corte tan mercantilista. En primer lugar, las limitaciones comerciales benefician a unos pocos a costa de la mayoría de la población. En ese sentido, los grandes perjudicados de las políticas comerciales intervencionistas son los consumidores, es decir, la población en general. Por otro lado, generan una distorsión en la atribución de responsabilidades, lo que resulta muy atractivo ya que los políticos aparecen como salvadores y se señala un culpable extranjero en quien la población puede descargar su frustración.

Estos argumentos tan claros y lúcidos pueden aplicarse, no solamente a empresas o países, sino también a los agentes económicos: a los individuos. Por desgracia, estas reflexiones son de plena actualidad. Una de las aficiones de las sociedades, fruto del mito del Estado del Bienestar, consiste en demonizar al de al lado y tratar de mejorar a costa de los demás. Esa, según Ayn Rand, era la diferencia entre el socialismo y el capitalismo. El socialismo incentiva a los individuos a vivir a costa de los demás. El capitalismo incentiva a los participantes en el mercado a competir entre sí como medio de superar a los demás. Y, exactamente como describe el profesor Rodríguez Braun, el privilegio de unos pocos provoca el empobrecimiento de muchos, los contribuyentes.

Un ejemplo lo tenemos en la reacción de mucha gente cuando se expone la solución propuesta por el Instituto Juan de Mariana al caso de Bankia: la conversión forzosa de parte de las obligaciones en acciones. De esta manera, la deuda pasaría a ser propiedad y serían aquellos acreedores que se fiaron de Bankia y se involucraron más intensamente en su financiación sobre los que recaería el peso de remontar la situación, y no sobre los contribuyentes. Ante esa solución, una de las pegas más comunes consiste en explicar que muchos pensionistas tienen en sus fondos de pensiones obligaciones de Bankia y, acto seguido, añaden que muchos otros compraron convertibles engañados. En primer lugar, son cosas diferentes. El engaño hay que denunciarlo, y no es una característica del capitalismo o de la economía liberal. Es propio de la naturaleza humana: por eso existen leyes que protegen del engaño. Pero el argumento del fondo de pensiones es muy resbaladizo y populista. Es decir, es de los que la gente común se traga fácilmente. Uno se imagina a la pobre abuela que no tiene necesidad de saber los intringulis del mundo financiero y se fía de su caja de ahorros, posiblemente la misma de siempre, en la que le abrió la cartilla al nieto, en la que estaba su nómina. Y, claro, pensar en que esa señora va a perder su pensión nos indigna a todos. A los liberales, a los libertarios, a los capitalistas también. Sobre todo porque la frase con la que te atacan es "¿te parece justo que esa señora pierda su pensión mientras Rato, Blesa, Fernández Ordóñez y los demás se van de rositas?". No me parece justo que los responsables de un delito se vayan de rositas, ni en el caso Bankia ni en ningún otro.

Pero, empleando su lógica, lo que se está diciendo es que lo justo es que una madre soltera que trabaja, que no ha tenido oportunidad de formarse mucho, que mantiene a su hijo de meses, que paga sus impuestos y apenas llega a fin de mes pague el roto que han dejado entre unos y otros en una caja de ahorros con la que ella no tiene nada que ver. ¿Es justo que esa pobre mujer pague?

Para empezar, en el caso de la abuelita, es muy probable que el fondo esté diversificado con lo cual no perdería el valor de todo, y además la propuesta es convertir obligatoriamente sólo parte de las obligaciones, así que el efecto final sería muy pequeño. Y, por otro lado, no se sabe quiénes son los poseedores de obligaciones, pero muchas de ellas están en manos de bancos extranjeros y fondos de inversión de bancos españoles. El caso de la viejecita, como el de la madre soltera, es muy restringido.

Pero, lo peor es el mensaje: no importa dónde ponga usted su dinero, si pierde, ya se lo pagan el resto de los españoles. Es decir, se incentivan las malas inversiones y no las buenas.

No estaría de más plantearse cuál es la causa real de todo el problema de Bankia: la intervención directa del poder político en el sistema financiero. ¿Alguien ha propuesto que se acabe con ello? No, se ha pedido más Estado. Pues eso es lo que, por desgracia, vamos a tener.

http://revista.libertaddigital.com/la-demonizacion-del-otro-1276240208.html

© Instituto Juan de Mariana

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RUTH CAPRILES, GRITO CIUDADANO,

¿Dónde está la esperanza? Dentro de un estado de guerra declarada por un gobierno contra los ciudadanos, cuando los lazos de cooperación se han disuelto y no hay acuerdo social; cuando los delincuentes gobiernan y desatan el crimen sobre la sociedad inerte, víctima del temor y el desasosiego; cuando la ciudadanía se disuelve en flaqueza moral, es difícil tener la ilusión necesaria para seguir empujando el esfuerzo cotidiano y la labor creativa.

ESPERANZA, PAZ Y
LIBERTAD

La corrupción ética de los venezolanos es tan extendida que es muy difícil sentir orgullo compatriota. No es fácil vivir en Venezuela hoy ni tener reflejo en la cara de quienes movidos por la codicia, la vanidad, la altanería, la envidia friegan a los otros y destruyen la comunidad. Es aún más difícil sentirse identificado con quienes se creen miserables e incapaces de pensar, existir, proveer por sí mismos y van mendigando misiones, contratos, puestos burocráticos u honores inmerecidos.

Cada vez que leemos las encuestas, por más que no las creamos, sentimos la alteridad de aquella parte de los venezolanos que se autodesprecia y está dispuesta a ser considerada pueblo miserable.

Mas de repente, en medio del clamor de la mediocridad, surgen voces que cuentan otro sentido moral y otra actitud. ¡Somos ciudadanos. No somos pueblo, no somos pobres; solo estamos pobres pero somos capaces de trabajar y proveer por nuestras familias. Basta del engaño populista!

Y el grito no viene de académicos acostumbrados a analizar y denunciar las perversiones del rentismo y el populismo. Viene de actores sociales y económicos. Grandes y pequeños emprendedores, obreros y líderes sindicales, estudiantes y líderes comunitarios que han encontrado el camino de las redes sociales y canales de expresión suficiente para advertir que quizá la mayoría está cansada del populismo y del castrante Estado protector. Esas voces que expresan "La Venezuela que queremos todos" quizá hagan resonar la mayoría antes silenciosa y acallar el ruido de los destructores.

ruthcapriles@yahoo.com

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RONNY PADRÓN, EL SOCIALISMO: ADICTIVO Y PERNICIOSO

Ni más ni menos. En Venezuela le conocemos, no de ahora, más bien a partir de la estatización del negocio petrolero el 1º de enero de 1976 con la entrada en vigencia de la ley orgánica que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos.

ENVIDIA

Porque desde entonces una minoría de venezolanos inescrupulosos se ha dado a la tarea de estimular la natural propensión humana a la envidia y el igualitarismo, en su propio beneficio político y económico, que dio lugar a una cada vez mayor injerencia del Estado nacional en la economía y la política venezolana, con resultados ya conocidos.

Un país como Venezuela, con ingresos petroleros ya deseados por muchas naciones desarrolladas, hoy sólo podría ufanarse de contar con un Estado tan hipertrofiado como ineficiente, regentado sí por un tirano vía Twitter. Y lo anterior no es caso inédito, por el contrario constituye la experiencia común en toda nación que como Venezuela optó por el camino estatista de redistribuir la riqueza, en lugar de generarla y acrecentarla mediante un régimen democrático de libertades, típico en todo país desarrollado, sin excepción.

Porque no en vano desde 1974 Venezuela ha sido un clásico experimento estatista, primero a través del populismo democrático, luego a manos del socialismo hoy en gobierno. Así entonces durante más de 40 años, el venezolano común y corriente aprendió por cuenta del poder, que la mejor manera de vivir era: pidiendo, rogando o exigiéndole según el caso, al Estado nacional, para que éste le entregare su "parte" del caudal patrio. Y entre un "toma y dame" y un ¿quién da más? se hallaba simplificado el juego democrático del poder por lo menos hasta el ascenso del teniente coronel Hugo Chávez, decidido como está a acabar con cualquier competencia política conforme se lo dicta la "cartilla socialista".

Pero la anterior, historia que por conocida no le faltará provecho, no tiene porqué perpetuarse. Un pueblo libre sólo llegará verdaderamente a serlo cuando se integra por individuos en capacidad real de desarrollar todas sus potencialidades, y el Estado como un organismo creado por esos pueblos para ejecutar sólo aquellas tareas que de suyo no pueden por sí mismos los individuos.

Obviamente la generación de riqueza y su cabal redistribución no es labor que atañe a los Estados so pena de ir conformando países cuyos habitantes actúen como verdaderos adictos a las dádivas estatales, dejando de lado su independencia como individuos y su dignidad personal. En la República Bolivariana de Venezuela ya es moneda corriente el que un asalariado del Estado socialista en cualquiera de sus escalas (misión, obrero, empleado, funcionario o militar) resulte capaz absolutamente de cualquier bajeza con tal de no perder su "puesto", ello por cuanto se entienden incapaces de sobrevivir fuera de la "burbuja" económica estatal.

La adicción de las mayorías nacionales por las dádivas del Estado socialista ha alcanzado un punto tal que no hemos encontrado fórmula política alternativa en capacidad de atraerles. Esta mayoría, electoral y políticamente activa cree "a pie juntillas" en el sostenimiento ad infinitum de un modelo político que al tiempo de permitirles "sobrevivir" les condena a ser los eternos esclavos del Estado, desiderátum socialista.

Así entonces, vemos con estupor como la candidatura demócrata a la presidencia de la República, se ha visto en la necesidad de prometer la continuidad del sistema asistencialista vigente, por lo menos hasta que la necesaria reactivación económica nacional dé lugar a un proceso de real empoderamiento ciudadano.

A pesar de las dudas que podamos guardar en relación a esa particular tratativa, no es menos cierto el que algunas de las más graves adicciones humanas para ser cabalmente superadas requieren ab initio la sola reducción del elemento adictivo a modo de hacer posible la total rehabilitación. Sin embargo no está demás advertir sobre la necesidad de una oportuna pedagogía no solo a favor del trabajo y la propiedad privada como instrumentos de liberación y dignidad humana, será también menester instruir sobre el efecto contrario de esa doctrina llamada socialismo, dejar de hacerlo sí nos condenaría a repetir nuestro fallo. Valga entonces la palabra de Jorge Luis Borges: "... creo que si cada uno de nosotros pensara en ser un hombre ético, y tratara de serlo, ya habríamos hecho mucho; ya que al fin de todo, la suma de las conductas depende de cada individuo...". ORA y LABORA.

caballeropercival@hotmail.com

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CARLOS SCHULMAISTER, ¿A DÓNDE MARCHA LA HUMANIDAD?

La mayoría de las naciones y estados actuales no poseen hoy sistemas sociopolíticos claramente definidos en base al tradicional esquema de izquierdas y derechas del siglo XX, ya agotado, inane y fracasado para los supuestos fines que aquellas declamaran y persiguieran por entonces, sino que expresan sincretismos ideológicos y políticos diversos a través de un nuevo populismo, tal como se observa crecientemente no sólo en América latina sino en casi todos los continentes.

Aquellos viejos esquemas constituían expresiones del pensamiento colectivista cuyas raíces pueden hallarse ya en la Antigüedad, antes y después de Cristo, hasta llegar a la Modernidad y especialmente al racionalismo dieciochesco en el cual abrevarían, a favor o en contra, todas las vertientes ideológico-políticas que hemos conocido a partir de entonces.

Más allá de la historia de las ideas todo colectivismo social real expresa tácita y explícitamente la asociación de lo humano y lo material mediante magnitudes crecientes y dinámicas, por lo cual los procesos históricos de este carácter nunca están acabados sino en tránsito a configuraciones sociopolíticas mayores o de magnitudes superiores que los habrán de contener.

Desde el inicio de la civilización agraria todos los procesos históricos representaron procesos de expansión constante de las estructuras sociales.

El espacio es, pues, el correlato imprescindible del colectivismo, entendido más allá de los derechos humanos individuales y colectivos. El espacio personal, el espacio colectivo, el espacio geográfico y el cultural constituyen configuraciones variables pero omnipresentes en los fenómenos y concepciones colectivistas.

Si bien los debates suscitados en la filosofía, la política y la economía han sido numerosos no existe una respuesta unívoca a los problemas que suponen tanto el colectivismo como el individualismo.

Es evidente que la soberanía se encarna primeramente en el individuo, o sea en un espacio personal menor que se correlaciona con otros espacios similares a proporción de las circunstancias individuales, familiares, tribales, etc. Y de allí surgen luego colectivos y espacios de mayor amplitud que van conteniendo a los anteriores en desmedro creciente de la soberanía individual, la cual es transferida de hecho y de derecho a individuos particulares que actúan en nombre del colectivo.

Con todo, llega un momento en que la representación soberana de los colectivos se desprende de los individuos que la componen, o sea de los que la delegan. A partir de ese momento la soberanía del colectivo es representada mediante un artificio  simbólico.

Ergo, la supuesta soberanía del colectivo se connota jerárquicamente respecto a la del individuo; es decir, el poder colectivo se impone de hecho y de derecho sobre el individuo, sobre cada individuo, en función de su magnitud superior… atendiendo al número, a la cantidad de individuos que lo integran.

Vale esta última aclaración porque existe una magnitud cuya atribución al colectivo como ínsitamente natural es muy discutible. Me refiero a la superioridad moral, la que únicamente se puede encarnar realmente en individuos históricos, es decir, sujetos a la evolución y al progreso histórico y por tanto autónomos, es decir, personas, y jamás robots domesticados.

Toda supuesta alma colectiva es simplemente una metáfora literaria o religiosa para designar un inexistente sujeto colectivo moral.

De modo que mientras lo individual permanece acotado a la unidad, al hombre individual, fuera del cual no existe lógicamente unidad, lo colectivo varía solamente en cuanto a que de una cantidad determinada de componentes individuales se desprende (metafóricamente) un poder o soberanía individual cuya agregación en los representantes del colectivo les confiere una fuerza o poder práctico que individualmente no poseen.

Esa suerte de hipóstasis (ámbito de creencias) entre lo individual y lo colectivo no es un fenómeno, o sea algo que realmente se produce de hecho, sino una ficción creada mediante dispositivos formales inventados para apropiarse y disponer de aquel poder supuestamente presente en lo colectivo. Tal es, entre otros, una doctrina social, un mecanismo de selección de representantes, un criterio de garantía de la misma (por ejemplo, el principio de la mayoría y el supuesto de su supremacía moral).

Lo cierto es que la supuesta encarnación de una conciencia o de un alma en un colectivo humano, con lo que ello significa a tenor de los términos utilizados, es una falacia desde todo punto de vista pues los colectivos de los que estamos hablando, o sea los del sistema político actual, constituyen una apropiación  más que una transferencia de poderes. Poderes pequeños pero genuinos originados en la autonomía de la persona (sólo el individuo puede serlo) a una o varias personas en relación con la función que ejercen por delegación.

Y la administración de esas magnitudes agregadas de poder (el poder es uno solo pero puede ser analizado desde ópticas varias) la ejerce de hecho –y de derecho- otro individuo, es decir, otra subjetividad, bajo la ficción de que lo hace a nombre de la totalidad de individuos, aquellos que suelen ser llamados “el Pueblo”.

En los hechos, los colectivos políticos estatales no reservan por lo general garantías ni mecanismos de revisión ni de retroversión reales de la soberanía delegada por los individuos, salvo nuevas metáforas como por ejemplo la supuesta por los organismos de control a nombre del Pueblo. Entendiendo aquí este término, con su grafía de nombre y sustantivo propio, como la suma de los individuos más su supuesta alma o conciencia totalizadora.

Ocurre que la relación individuo-colectivo expresa una contradicción real que históricamente se resuelve mediante la concentración y acaparamiento crecientes y constantes del poder colectivo por ciertos individuos.

Ello es así inexorablemente, so riesgo de desaparición del poder mismo y de sus frutos y realizaciones para beneficio de todos, o de ciertas parcialidades hasta incluir los propios individuos.

Ello revela que el poder no admite divisiones, salvo las meramente prácticas que no ponen en peligro su ejercicio por los detentadores monopólicos o con aspiraciones a serlo.

De modo que la concentración del poder puede ser analizada como una ventaja desde un determinado punto de vista, por ejemplo atendiendo a la eficiencia y la eficacia o efectividad de su ejercicio, tal como lo demuestran las crecientes escalas del poder desde los tiempos de la Segunda Revolución Industrial.

No obstante, toda contradicción resuelta de determinada manera engendra otras contradicciones derivadas de esa particular forma de resolución. Así, la escala o magnitud de la concentración del poder de que se trate puede llegar a constituir un aparato muy pesado y con poca flexibilidad para experimentar correcciones y adaptaciones en la realidad. Es lo que alguna vez se advirtió que sucedería con las cajas de jubilación privadas difundidas en la década de 1990, en la medida que su crecimiento se produjera con la velocidad y la capacidad de acumulación que por entonces se preveía.

De hecho, todos los problemas expresan contradicciones y éstas se resuelven mediante mecanismos correctivos que introducen variables de ajustes, o bien no se resuelven inmediatamente sino mediante procesos más o menos disruptivos a través de las llamadas crisis, es decir, produciendo situaciones de ruptura en las que los mecanismos precedentes ya no permiten dar respuestas eficaces a los mismos problemas.

Lo que llevamos dicho nos pone en la situación de admitir la existencia de fenómenos de competencia constante entre poderes múltiples atenidos a las condiciones de sus respectivos espacios geográficos, nacionalidades, confesiones religiosas o campos productivos.

Teniendo en cuenta el progreso sostenido experimentado por el género humano, es decir, por la inteligencia humana sobre las condiciones materiales y naturales de su existencia bien podemos reconocer sin problemas que el sistema colectivo mundial es simultáneamente competitivo entre sus partes, a la vez que éstas son interdependientes. Y que esta interdependencia ha sido así aun en los tiempos de los enfrentamientos de los bloques capitalista y socialista del siglo XX. Y que probablemente continúe siéndolo, por lo menos hasta cierto grado.

En consecuencia, todo ordenamiento entre las partes, en tiempo y espacio, expresa no situaciones estáticas sino enfoques de un proceso indetenible de lucha. Lucha que bajo ciertas condiciones conducirá algún día a un estado de concentración absoluta de todo el poder no ya en pocas manos y cabezas sino en una sola.

En ese momento, las doctrinas y las teorías políticas, junto con los dogmas políticos, ideológicos y religiosos habrán cambiado tantas veces como haya sido necesario para justificar el último ordenamiento mundial.

Pero, como ya hemos dicho, un sistema de tales características habrá de tornarse, más tarde o más temprano, en un sistema con problemas. Si -como es de suponer- el espacio geográfico que éste implique ha de abarcar probablemente todo el planeta Tierra, y el espacio cultural ha de expresar un nuevo sincretismo cultural, en el sentido lato del término cultura, no quedarán ya nuevas variables de ajuste disponibles, a menos que éstas se busquen fuera del planeta, o que si esto no es posible las que se empleen lo hagan a costa de ciertas conquistas de la civilización respecto de la condición humana.

Este último camino no habrá de ser, seguramente, una alternativa ante una nueva expansión para entonces interplanetaria, sino un rasgo predominante de la civilización, al punto de poder llamar con este término a un estado habitual cada vez más regresivo de la condición humana.

Habría que ver, entonces, cómo la razón explicará, llegado el caso, la parábola recorrida por la humanidad desde la hominización que hoy conocemos, y qué se ha de entender en esos momentos por condición humana.

carlos@schulmaister.com

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ZENAIR BRITO CABALLERO, VENEZUELA, DESGOBIERNO, INIQUIDAD E INJUSTICIA

Si en la conciencia de los ciudadanos venezolanos la defensa de lo público fuera un valor suficientemente claro y arraigado, nuestra sociedad funcionaría mejor: habría menos corrupción; menos deslegitimación del Estado; tendríamos mayor equidad y en consecuencia menos pobreza.

A lo largo y ancho de nuestra historia poco nos hemos preocupado por construir un proceso ascendente de civilidad. Eso sí, hemos sido acuciosos en alimentar un torbellino de luchas entre diferentes tipos de intereses que, bien sea apoyados en las armas, en el poder, en la violencia, en la riqueza, han pasado por encima del "bien común" para concentrarse en proyectos particularistas

Que los niños y las niñas se mueran de desnutrición en muchas regiones del país, ¡poco ha importado!; que los bachilleres no puedan ingresar a la universidad a pesar de las llamadas misiones, ¡vaya y venga!; que no haya empresa ni empleo, ¡ese no es ningún problema!; que las empresas privadas se nacionalicen, ¡quién dijo que eso cuenta! "Lo que nada nos cuesta volvámoslo fiesta", dice el refrán popular barquisimetano, a manera de caricatura de la forma como se maneja lo público.

En una ponencia que llevé para un seminario posdoctoral y que titulé “Desafíos del Interés Público”, refiriéndome a la crisis oficial, decía que: "Hemos construido una modernidad sin civilización en el sentido estricto de la palabra. No hemos logrado crear una red de relaciones sociales que diferencie claramente lo público de lo privado... (...)... afrontamos una crisis de la civilidad porque tales valores y sistema de respeto mutuo, de convivencia ciudadana que asumen diversas formas están en quiebra.

El interés general, los valores sociales colectivos no son reconocidos ni interiorizados por las personas, lo cual expresa el desacato a las normas generales como una recuperación "de la guerra de todos contra todos...". Hemos sido obtusos y lerdos en el aprendizaje de la cultura política, la cultura ciudadana y la asimilación de la ética pública. Se supone que, en primer lugar, es el Estado el llamado a velar por la defensa y la preservación del interés público, tarea que le compete al resto de la sociedad.

Pero, como lo he afirmado en otros artículos de opinión, "En Venezuela la desinstitucionalidad del Estado ha llevado a su paulatina sustitución por parte de grupos o intereses poderosos en el arbitrio de relaciones políticas, económicas, culturales y sociales, relegándose el imperio del bien común a favor de propósitos individualistas y grupales que no reflejan el interés colectivo".

 ¿Si no es el Estado entonces quién? Les toca a todos los ciudadanos  venezolanos con criterio y con valor. No queda otro camino, no debiera ser así, pues la institucionalidad no puede ser abandonada, delegada ni sustituida, lo cual no excluye ni desmerita las conductas ciudadanas ejemplares.

Sólo que esto no lo ven así los afectados por el fallo de la justicia, empezando por los rojos rojitos. Pero, no se preocupen los revolucionarios, que por ahora, como una vez dijo el comandante, "nadie les quitará el pan de la boca ni tampoco ningún niño morirá de hambre por su culpa". La gente en Venezuela muere por el desgobierno, la inequidad y  la injusticia.

britozenair@gmail.com

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