El país parece una barca a la deriva; sumido
en un mar brioso de improvisación.
Una nación aletargada, sin inclinación
colectiva a la discusión de su presente y, mucho menos, de su futuro. Presa de
frases cocinadas en los hornos desvencijados de la historia secuestrada de una
pequeña de la isla antillana, que de tanto exportar una revolución por las
armas durante décadas, tanto en Latinoamérica como en el África, logro enclavar
la bandera de la denominación en las entrañas de la ex vitrina de la
democracia, abolió el avance concertado de sus dirigencia políticas y bienestar
colectivo diseñado en torno a un proyecto común.
Cuba ha hecho de Venezuela, un “país de segundo
piso”, un “Estado Libre Asociado” de relación extrema y simbiótica, construida
sobre la base artificiosa de laboratorio propagandístico de una supuesta
inclinación mayoritaria del pueblo venezolano de abandonar la tradición liberal
democrática construida sobre una visión libertaria de los derechos
fundamentales como sustrato esencial y no instrumental o panfletario de la
democracia por un Estado Comunal.
Así como el “gomecismo” es reseñado por
Manuel Caballero como aquella etapa histórica que va de 1899 a 1945 dando
retroactividad y ultra actividad a la presencia real y a la proyección de una
forma de ejercicio del poder por parte de Juan Vicente Gómez, de la mis forma
podríamos hablar del “chavismo”, como es la etapa comprendida entre 1992, fecha
en que irrumpe abiertamente la figura de Hugo Chávez al escenario político
nacional hasta nuestros días.
Es un periodo en que disciplinadamente se
manipula la historia, se tergiversan los principios y valores que permitieron
construir las bases de la democracia venezolana a partir de 1958 y que vaciaron
la razón de ser de un liderazgo prematuramente abollado, clientelarmente
descompuesto.
Una etapa inicial de ese periodo sin
orientación de su liderazgo, tercamente opuesto a la ejecución de reformas
institucionales, que hicieran un país económica, política y socialmente viable.
Un proyecto susceptible de ser comprado por
una mayoría ciudadana cada vez mas decepcionada y civilmente entredicha,
aislada del acontecer por un régimen de partidos que solo servía de clubes de
politicastros que solo buscaban el poder por el poder y usufructuar una oscura
redistribución de la riqueza petrolera, marginando y quemando a generaciones
que si poseían la formación y el reconocimiento de estadistas, y que por tal
razón, veían como se venía encima la estructura de un Estado asmático, incapaz
de respirar y absorber los cambios experimentados en los países de la región y
que la población reclamaba, sin la oportunidad de ser oídos e involucrados en
los asuntos públicos.
Los venezolanos no supimos valorar el
“contrato social”, mucho menos reactualizar el espíritu libertario de 1958, que
implicaba el diseño y ejecución de políticas públicas, su revisión continua y
la canalización del espíritu de lucha favoreciendo la promoción y ascenso
generacional y, por consiguiente, la renovación institucional que le servía de
base.
Ese contrato (“Pacto de Puntofijo”) permitió
“el periodo más largo y civilista de convivencia libre y pacifica que hemos
logrado los venezolanos”, (Ramón Guillermo Aveledo).
Sin embargo, ni fuimos capaces de reafirmar
su integridad el plan mínimo de acción que refleja su talante democrático en
las distintas y amplias manifestaciones que de manera indefinida aquella puede
abarcar, con su adecuación a las nuevas exigencias sociales de un mundo
globalizado, así como tampoco defender
su significación de logros y aciertos en eso cuarenta años.
Esa actitud ha dado pié a que la ciudadanía
haya comprado, y siga comprando con menos pasión y libre voluntad, el “Contrato
Social de corte comunista” planteado “escalonadamente” por el chavismo, tal
como lo expresa Isabel Pereira en su novísima obra “La quiebra moral de una
país. Hacia un nuevo Contrato Social”, el cual tomamos prestado para intitular
nuestro columna de esta semana y referirnos a este gran aporte.
La actitud pasiva acusada lleva a sostener
erradamente que no existen propuestas alternativas de “convenios de
convivencia” verdaderamente democráticos que ofrezcan lineamientos generales y
acciones concretas que permitan consensos requeridos para la debida marcha,
inclusiva y participativa de su institucionalidad.
En eso ha consistido el éxito del aparato
propagandístico del gobierno: hacernos creer a generaciones anteriores a las
nacidas bajo su egida y ocultar a éstas que todo tiempo anterior no sirvió, que
la democracia liberal constituyo un fracaso y una forma de confiscación de
nuestro bienestar. Nos hace sentir que estamos en una lucha sin sentido y sin
“contrato social” alternativo, que la única propuesta pensada y con premisas de
viabilidad, que compra la mayoría ciudadana, es la chavista.
Las reflexiones que desarrolla Isabel Pereira
nos demuestra lo contrario.
Evidencia que existe una posibilidad cierta,
viable y eficiente para generar el consenso necesario para redimensionar el
Estado hipertrofiado, excluyente y herramienta de promoción de un sector
indefinido pero a fin a los designios del cerebro responsable de la motricidad
de las extremidades que llevan su conducción; de una Estado que solo tiene como
rival “los ciudadanos que penosamente comienzan a organizarse y unirse para
enfrentar esta dura etapa de confrontación con (el chavismo) cuyo designio es
imponer el comunismo y un partido único de gobierno”.
Esta destacada socióloga propugna por un
nuevo “Contrato Social” que inicie “un proceso masivo y gradual de
transferencia de poder del Estado al ciudadano, en todos los ámbitos de nuestra
existencia; sustituir su predominio como gran maquinaria social y abrir la
posibilidad de la autonomía, el respeto, la pluralidad y el acuerdo priven en
las relaciones interinstitucionales”.
En
nuestro entender, ello no puede ser de otra forma, es una premisa
elemental que debe orientar la acción inmediata de un gobierno que surja de la
voluntad popular como alternativa democrática frente a un comunismo totalitario
y negador de las libertades.
El nuevo “Convenio Social” esbozado por
Pereira, debe construirse como “un gran acuerdo voluntario que define como se
distribuye el poder en relación Estado-sociedad y cómo cada una de las
personas, sectores o clases participan en el arreglo”.
Lo que se busca no es un plan de gobierno,
sino la certeza de establecer un marco de relaciones lo mas simétricas
posibles, regidas y controladas por el Derecho en función de la libertad, la
seguridad y el bienestar de todos.
El nuevo “Contrato Social” convoca a la
necesidad de pasar de un borrador a una versión definitiva, que nos permita
gobernabilidad, el desarrollo pleno de la personalidad, la profundización de la
libertad en todas sus manifestaciones, borrando cualquier atisbo de la atávica
y perniciosa idea que ello solo es posible con la intervención promotora y
aseguradora del Estado en todos los órdenes en los cuales se plasma la
existencia de una sociedad; lo cual ha llevado a las subterfugios, a la estafa
histórica y social de la vigencia paralela del Estado Comunal.
Pereira define una agenda del nuevo “Contrato
Social” a partir de los cuales asegura se procede a “construir los acuerdos
fundamentales”, que permiten reducir la discrecionalidad de las políticas
públicas conjuntamente con la “vigilancia mutua entre instituciones”.
La agenda incluye:
Fundar un capitalismo humanista que “tiene
como meta universalizar la calidad de los servicios”; “significa acceso,
apertura y oportunidades, pero también solidaridad como condición ética
fundamental” con “aquellos grupos y personas con restricciones para desarrollar
sus potencialidades”.
Fortalecimiento de las instituciones garantes
de la democracia, es decir, el Estado de Derecho como un fin. Las instituciones
públicas “deben reflejar este equilibrio entre la amplia y heterogénea gama de
intereses que animan a cada sector social”.
En otras palabras, afianzar “la ciudadanía
como ejercicio de vida social (…) sustentada en instituciones que tengan
dimensiones tanto morales como estructurales que expresen los valores, las
normas, la justicia, los intereses específicos de cada grupo y su vigencia
legitima”.
Acabar con el monopolio público de los
sectores rentables de la economía, lo cual supone (i) el paso de un “Estado
propietario” a un “país de propietarios”, en “donde el Estado está al servicio
de los ciudadanos, concentrado en la superación de las brechas que designan
desigualdades, en el acceso a oportunidades y a la calidad de vida para los
ciudadanos”; (ii) apertura a la participación de los venezolanos en la
propiedad e inversión en el petróleo y empresas básicas del Estado; (iii) la
titularización de los sectores populares, trabajadores informales,
microempresarios, agricultores sin títulos de propiedad, comerciantes
ambulantes y familias con títulos supletorios como “política contra la pobreza
y promoción de la clase media”; la
descentralización del poder que “signifique respeto a los derechos políticos y
reclamo antes las responsabilidades individuales y colectivas; que en el plano cultural
reivindique las diferencias y consolide los acuerdos, los pactos y el sentido
de comunidad” y (iv) valorizar a la clase media como objetivo aspiracional de
los sectores más pobres del país. Convertir a “Venezuela en una sociedad que
supere el conflicto de clases”, “incorporar a los emprendedores y trabajadores
que han construido actividad económica sin ninguna validación jurídica y
fiananciera”, ”valorizar el desarrollo humano y el derecho a construir
propiedad con valor legal y económico”, alentar “pactos entre los trabajadores
y empresarios como expresión de libertad, respeto y compromiso de los
responsables de generación de riquezas”
Es urgente la definición del nuevo “Contrato
Social” que debe celebrarse a partir de las cenizas, de los escombros del
Estado Comunal erigido a partir del 2007 como más ahínco e inocultable objetivo
único totalitario, con un movimiento previo de tierra y remoción imponente de
la esencia del Estado democrático Social y de Derecho constitucional previsto
que supone el consenso y no la imposición, la participación de todos los
sectores y no la exclusión, la simbiótica relación Estado e iniciativa privada
y no la abolición o destrucción de ésta,
como forma sistémica de acuerdo voluntario de todos los sectores.
En definitiva, “la quiebra moral de un país”,
impone como lo expresa Isabel Pereira “un nuevo Contrato Social” en virtud que
“es un desafío que tienen los venezolanos para logar un futuro que supere las
calamidades de hoy”.
@NegroPalacios
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