CARLOS E. AGUILERA A., ANTE LA INJUSTICIA: DESOBEDIENCIA CIVIL

Amílcar Vasconcellos

El maestro Vasconsello para quien la mejor definición de justicia la extrae del pensamiento de Benito Juárez: “La Justicia es el respeto al derecho ajeno”, pues existirá el clima jurídico necesario para que puedan desenvolverse armónicamente los derechos sociales e individuales generando la equidad”.

Benito Juarez

En un clima de irrespeto a la ley nace la intranquilidad, y con ella el menoscabo del orden jurídico. El respeto a todos los derechos ajenos debe ser total; no nos podemos contentar con amparar algunos y despreciar a otros, quizás llevados por la irreflexiva idea que entre los derechos existen diferencias, gradaciones, causa por la cual a veces se tutelan unos y se desprotegen otros.

No hay motivo lógico para ser tal diferenciación ya que el respeto al derecho ajeno lo podemos imaginar como un muro compuesto de muchos ladrillos, ya que si de esos ladrillos cohesionados que forman el muro, sacamos algunos, el muro se desploma.

De tal manera que la necesidad de la justicia, como lo sostenía el jurista Celso, es reconocer a cada quien lo que le pertenece; lo que no es muy fácil de lograr, por las ambiciones, apetitos y ansias de dominación, que lamentablemente subyacen en el género humano.

Poco a poco lentamente, y a veces en medio de tantos sufrimientos, la humanidad ha ido reconociendo que los hombres, por el mero hecho de serlo, tienen derechos inalienables que ninguna autoridad puede desconocer

Estos derechos fueron ampliamente difundidos por el movimiento Iluminista en el siglo XVIII.

Al comienzo se refirieron a los derechos individuales, derecho a la vida, honor, libertad de pensamiento, etc., y posteriormente fueron ampliándose en el aspecto social, pues se reconoce el derecho a una existencia digna, a la salud, educación, etc. Nadie puede exigir derechos sin cumplir obligaciones, pues al igual que la moneda que tiene sello y cara, el derecho solo subsiste cuando se cumple con el deber.

Es por tanto, actuar ajustado a derecho, obrar de acuerdo con la Ley y la ética. En un régimen de derecho estos principios son insoslayables. Cuando estos principios son violados enerva el  espíritu de los ciudadanos que no tienen otra alternativa que recurrir a la llamada teoría de Rawls, que se circunscribe la aplicación de la llamada desobediencia civil, según su autor, pag. 404, “ en una sociedad casi justa, una sociedad bien ordenada en su mayor parte, pero en la que, no obstante, ocurren violaciones graves de justicia”.

No debemos olvidar que la sociedad ha sido establecida como un sistema de cooperación entre personas iguales, en la que los principios de justicia se han institucionalizado en su posición original como principios de cooperación voluntaria entre personas iguales. (Doctrina Contractual). Se ha aceptado el deber de obedecer una Constitución justa y el procedimiento básico de la regla de las mayorías.

John Rawls

Rawls sostiene que un estado próximo a la justicia requiere un régimen democrático ya que su teoría se refiere al papel que desempeña y a la justificación de la desobediencia civil ante las autoridades democráticas legítimamente establecidas. De tal manera que su autor define la desobediencia civil de la siguiente manera: “Es un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno”. Cita a título de ejemplo a Howard Zimn quien al referirse a la desobediencia civil señala: “Es la violación discriminada y deliberada de la ley con un propósito social de vital importancia”.

Para Rawls la desobediencia civil es un deber más que un derecho; se actúa porque se considera violado un principio, como es el caso de Venezuela, en el que se ha infringido gravemente el primer principio de la justicia y por tanto es un recurso estabilizador del sistema constitucional – aún cuando voceros del oficialismo lo tildan de acciones conspirativas, fascistas y golpistas – que ayudan a mantener y reforzar instituciones justas.

Concluye el autor señalando que “aunque la desobediencia civil amenaza la concordia ciudadana, la responsabilidad no recae en  aquellos que protestan, sino en aquellos cuyo abuso de poder y de autoridad justifica tal acción; porque emplear el aparato represivo del Estado para mantener instituciones manifiestamente injustas, es una forma de fuerza ilegítima a la que los hombres tienen derecho a resistirse”.

Jürgen Habermas

También Jürgen Habermas acepta la definición de desobediencia civil de John Rawls, y al respecto comenta: “Son irrebatibles las determinaciones fundamentales que se derivan del objetivo de la apelación a la capacidad de raciocinio y sentido de justicia de una mayoría de ciudadanos. La desobediencia civil es una protesta moralmente fundamentada en cuyo origen no tienen por qué encontrarse tan sólo convicciones sobre creencias privadas o intereses propios; se trata de un acto público que, por regla general, es enunciado de antemano y cuya ejecución es conocida y calculada por la policía; incluye propósito de violación de normas jurídicas concretas, sin poner en cuestión la obediencia frente al ordenamiento, jurídico en su conjunto; requiere la disposición de admitir las consecuencias que acarrea la violación de la norma jurídica, manifestación de la desobediencia civil que tiene exclusivamente un carácter simbólico: aquí es donde reside el límite de los medios no violentos de protesta.”

Habermas considera que “la desobediencia civil, por sus características esenciales, se desenvuelve dentro del marco constitucional del Estado democrático, en la medida en que busca configurar de una manera no convencional la voluntad política colectiva, para lo cual los desobedientes deben fundamentar su posición en argumentos que puedan ser objeto de un consenso y no en convicciones privadas, a pesar de que ambos aspectos pueden coincidir”.

Entonces, la desobediencia civil busca identificarse precisamente con los principios políticos comúnmente compartidos que sirven de fundamento a los Estados democráticos. Habermas manifiesta que “esta forma de conducta cívica, a diferencia de otros actos políticamente motivados, no busca la ruptura o reorganización del orden constitucional; los actos de desobediencia civil utilizan la violación de las leyes, en forma simbólica y calculada, para comprometer la conciencia moral de toda la comunidad, forzándola a revisar una cuestión a la luz de sus fundamentos de legitimidad”.

Por ello, según este autor, “la desobediencia civil desempeña un importante papel innovador y correctivo en un sistema democrático y la respuesta que el Estado le dé y su capacidad de incorporarla al proceso institucional constituye la prueba de fuego de la madurez democrática que ha alcanzado”

Miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas  (CNP-122)

careduagui@yahoo.com // @_toquedediana

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CARLOS E. AGUILERA A., ANTE LA INJUSTICIA: DESOBEDIENCIA CIVIL

José Vasconcelos Calderón, filósofo, educador, ensayista y político mexicano, quien mantenía firma su ideal “del hombre nuevo y una nueva generación”,  extrae la mejor definición de justicia del pensamiento de Benito Juárez: “La Justicia es el respeto al derecho ajeno”, pues existirá el clima jurídico necesario para que puedan desenvolverse armónicamente, los derechos sociales e individuales generando la equidad”.

Y nada mas cierto, pues en en un clima de irrespeto a la ley nace la intranquilidad, y con ella el menoscabo del orden jurídico. El respeto a todos los derechos ajenos debe ser total; no nos podemos contentar con amparar algunos y despreciar a otros, quizás llevados por la irreflexiva idea que entre los derechos existen diferencias, gradaciones, causa por la cual a veces se tutelan unos y se desprotegen otros.

De tal manera que la necesidad de la justicia, como lo sostenía el jurista Celso, es reconocer a cada quien lo que le pertenece; lo que no es muy fácil de lograr, por las ambiciones, apetitos y ansias de dominación, que lamentablemente subyacen en el género humano.

Poco a poco lentamente, y a veces en medio de tantos sufrimientos, la humanidad ha ido reconociendo que los hombres, por el mero hecho de serlo, tienen derechos inalienables que ninguna autoridad puede desconocer. Estos derechos fueron ampliamente difundidos por el movimiento Iluminista en el siglo XVIII.

Al comienzo se refirieron a los derechos individuales, derecho a la vida, honor, libertad de pensamiento, etc., y posteriormente fueron ampliándose en el aspecto social, pues se reconoce el derecho a una existencia digna, a la salud, educación, etc. Nadie puede exigir derechos sin cumplir obligaciones, pues al igual que la moneda que tiene sello y cara, el derecho solo subsiste cuando se cumple con el deber.

Es por tanto, actuar ajustado a derecho, obrar de acuerdo con la Ley y la ética. En un régimen de derecho estos principios son insoslayables. Cuando estos principios son violados enerva el  espíritu de los ciudadanos que no tienen otra alternativa que recurrir a la llamada teoría de Rawls, que se circunscribe la aplicación de la llamada desobediencia civil, según su autor, pag. 404, “en una sociedad casi justa, una sociedad bien ordenada en su mayor parte, pero en la que, no obstante, ocurren violaciones graves de justicia”.

No debemos olvidar que la sociedad ha sido establecida como un sistema de cooperación entre personas iguales, en la que los principios de justicia se han institucionalizado en su posición original como principios de cooperación voluntaria entre personas iguales. Se ha aceptado el deber de obedecer una Constitución justa y el procedimiento básico de la regla de las mayorías.

Rawls sostiene que un estado próximo a la justicia requiere un régimen democrático ya que su teoría se refiere al papel que desempeña y a la justificación de la desobediencia civil ante las autoridades democráticas legítimamente establecidas. De tal manera que su autor define la desobediencia civil de la siguiente manera: “Es un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno”. Cita a título de ejemplo a Howard Zimn quien al referirse a la desobediencia civil señala: “Es la violación discriminada y deliberada de la ley con un propósito social de vital importancia”.

Para Rawls la desobediencia civil es un deber más que un derecho; se actúa porque se considera violado un principio, como es el caso de Venezuela, en el que se ha infringido gravemente el primer principio de la justicia y por tanto es un recurso estabilizador del sistema constitucional – aún cuando voceros del oficialismo lo tildan de acciones conspirativas, fascistas y golpistas – que ayudan a mantener y reforzar instituciones justas.

Concluye el autor señalando que “aunque la desobediencia civil amenaza la concordia ciudadana, la responsabilidad no recae en  aquellos que protestan, sino en aquellos cuyo abuso de poder y de autoridad justifica tal acción; porque emplear el aparato represivo del Estado para mantener instituciones manifiestamente injustas, es una forma de fuerza ilegítima a la que los hombres tienen derecho a resistirse”.

Miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas (CNP-122)

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NELSON MAICA C., DESOBEDIENCIA 6

Nota 6. Desobediencia civil, continuamos con el tema. Múltiples puntos de vista. En lo jurídico, moral, político. ¿Una patología del estado liberal? ¿Cambiar o transformar la sociedad? ¿Fieles a los ideales de la Ilustración? Etc. Veamos.

01.      Para algunos pensadores afloran dudas sobre los diversos caminos que ha tomado el pensamiento ilustrado. Sostienen que en vez de contribuir a la liberación del hombre, el pensamiento ilustrado ha venido convirtiéndose, también, en una especie de mito insustancial e irracional, cuando justamente los mitos y lo irracional fueron una de las “barbaridades” contra las que se rebelaron los Ilustrados. Lograr una positiva independencia del hombre gracias a la instauración de la racionalidad en el mundo social, es lo que algunos pensadores han pretendido. La desobediencia civil toma, entonces, importancia, sobre todo para los teóricos y, en especial, para los teóricos críticos. La desobediencia civil vendría a ser el medio propicio, sobre todo en las presentes circunstancias, en Venezuela, para satisfacer la creciente demanda y necesidad de cambio, político, económico, social, etc.; intentar una mejor sociedad, mas equilibrada, en donde la confrontación, por confrontación, practicada durante 13 años por este jurasico y nefasto régimen, de paso, gracias a esa acción de desobediencia civil, al dialogo participativo, constructivo, de todos y entre todos, propio de un sistema democrático, inclusivo, plural, liberal. ¿Se recuerdan de la nueva izquierda? ¿Herbert Marcuse? ¿Las manifestaciones antibelicistas norteamericanas de la década de los 60? ¿La polémica entre quienes apoyan y niegan la violencia? ¿Las protestas pacificas? Todo aquel “tinglado” fue manipulado de una u otra forma por el credo marxista, socialista, comunista, que apoya la violencia. La dialéctica. La confrontación. La lucha de clases. Etc. Para acabar con todo y no construir ni dejar nada, al final.

02.     El análisis de Habermas (Jurgen Habermas, alemán). “La desobediencia civil en un Estado de Derecho”. Habermas analiza el problema de la desobediencia civil principalmente en dos artículos publicados en los años ochenta en la República Federal de Alemania. El motivo no es otro que la decisión del Gobierno de instalar una plataforma de lanzamiento de cohetes. Se multiplicaron las manifestaciones y las protestas de carácter pacífico en las calles alemanas. Este análisis se puede aplicar, y así lo hace el propio Habermas, a una serie de movimientos heterogéneos que, desde los años ochenta hasta la actualidad, se han propagado por los países democráticos. Dentro de ellos se englobarían los pacifistas, ecologistas, antimilitaristas, nacionalistas y, por qué no hoy, los promotores de la anti globalización. A juicio de Habermas, estos movimientos sociales son la expresión de un conflicto latente en las Sociedades modernas, conflicto que él ha resumido bajo las categorías de “Mundo de la vida” y “Sistema”.

03.    Planteamiento general: Habermas, a la hora de reflexionar acerca de estos movimientos y más en concreto sobre la desobediencia civil, adopta un planteamiento que calificaremos de tradicional. Tradicional porque es el debate o enfrentamiento que, desde siglos, predomina en la Filosofía del Derecho. Se trata de la disputa entre legalidad y legitimidad (o, en términos más clásicos, entre ley y moral) o la dinámica del binomio seguridad jurídica vs. Justicia. También, por agotar todas las posibilidades que se ofrecen, entre dos concepciones antagónicas de examinar la realidad jurídico-social: el iusnaturalismo contra el iuspositivismo.

04.     Además, el tratamiento de Habermas se circunscribe a la infracción de normas jurídicas en un Estado democrático de Derecho: “No se trata hoy de la resistencia a un Estado injusto, sino de la desobediencia en el Estado de Derecho”. Con ello se quiere distinguir el concepto de desobediencia civil de otras figuras afines, como podría ser el derecho de resistencia, derecho que por otra parte está previsto en el propio ordenamiento alemán (véase el artículo 20.4 de la Ley Fundamental de Bonn; también está previsto en normas internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU).

05.    Habermas entiende que el Estado de Derecho no puede ser considerado como resultado de un proceso ya concluido: “El Estado de Derecho aparece en su conjunto no como una construcción acabada, sino como una empresa accidentada, irritante, encaminada a establecer o conservar, a renovar o ampliar un ordenamiento jurídico legítimo en circunstancias cambiantes” (p. 60).

06.    La modernización, los avances científicos y técnicos, los cambios políticos y cantidad de etcéteras plantean cada día al Estado problemas de adaptación (piénsese hoy en el debate acerca de la bioética) frente a los cuales éste debe ofrecer una respuesta lo más correcta posible.

07.     La justicia aparece, con algo de reminiscencia platónica, como una meta, una idea a la que el Estado tiende pero que nunca logra alcanzar, sometido a progresos y retrocesos; en definitiva, encadenado a una dialéctica que evidencia esa tensa relación que existe entre “la garantía de seguridad jurídica de un Estado que ejerce el monopolio de la violencia y la aspiración legitimadora del ordenamiento del Estado democrático de derecho” (p. 78).

08.    En otro lugar, Habermas ha insistido sobre la crisis del Estado de bienestar, a la que aludiremos más adelante. Con ello quiere significar que el Estado está siempre necesitado de mejoras y retoques.

09.    La desobediencia civil aparece en Habermas como el instrumento necesario y útil que facilita esas correcciones. Se trata de una válvula de escape, de una táctica o una forma más de presión política. En palabras del propio autor: “La desobediencia civil se encuentra justificada siempre que se propugne una idea de Estado de Derecho orientado hacia su propia realización y no se tome como único criterio el Derecho positivo”.

10.      Recurrir a la protesta, a las manifestaciones y a la desobediencia civil, demuestra que la Sociedad posee una cultura cívica madura y que los ciudadanos no se adhieren de forma acrítica a un modelo de Estado como algo conseguido -y acabado-, sino que, a través de la crítica, son conscientes de que todo sistema puede ser mejorado. Como se observa, se mantienen unos postulados constructivistas. (Como pone de manifiesto en la obra M. J. FALCÓN Y TELLA, la desobediencia civil eficaz sólo puede darse en un Estado de derecho; en uno totalitario carecería de la publicidad y utilidad necesarias, pues sería rápidamente sofocada por el poder despótico. FALCÓN Y TELLA, M. J.; op. cit., p. 53.). Seguiremos.

Tips:

·        Ojo. Sugerencias para la resistencia y para la oposición: Evidenciar todas y cada una, cada vez, las mentiras del vocero y su clan; por ejemplo, tiene catorce años de perorata casi diaria y cerca de siete años llamando al socialismo comunismo y entrega a los castro; pero no ha logrado convencer, en ese tiempo, al 45% de los electores, aun con ilegalidades. Ni podrá. Es desplante, su algarabía, su jactancia,

·        No vivimos en democracia sino bajo un totalitarismo destructor y así quedo evidenciado, una vez más, en el reciente proceso electoral al coaccionar públicamente al votante rojito; debe ser reconocido así por la resistencia y la oposición MUD, ese es el problema y hasta tanto no sea reconocido así no se podrá resolver.

·        ¿Quién y/o quienes, en estos momentos, son los indicados de la resistencia y de la oposición para infundirle valor, dignidad, y autoestima a los casi siete millones de compatriotas que votaron por la oposición y se sienten defraudados?

·        ¿Quién y/o quienes son los indicados para despertar del trance hipnótico a los ocho y pico de millones de compatriotas que votaron por los castro, esperanzados por la fantasía disque socialista, revolucionaria, el sueño, la ilusión, de recibir una dadiva tal como una casa, una pensión, una beca, una “misión” (dadiva), ser mantenidos sin trabajar, mientras se les estimula la adoración al vocero, y se les lleva mansa y sumisamente a la esclavitud, a la oscuridad, al comunismo?

·        ¿Acaso nuestros compatriotas no se sintieron humillados, esclavos, cuando los fueron a buscar, mediante listas, presión, montados en vehículos, llevados a votar, vigilados, obligados? ¿Y, eso no es delito? ¿Eso no es igual a vivir en una prisión, en un gulag, laogai, en un refugio, etc.? ¿No es delito coaccionar al elector?

·        ¿A quién y/o a quienes les toca la denuncia y orientación conveniente para desmontar, mediante la cruda verdad, con la cual no se ofende ni se teme, esa “malévola” “operación galope” (copia fiel del pasado- ¿recuerdan quienes la practicaban?) toda una coacción esclavizante, sobre todo disponiendo de información privilegiada, ventajista, ilegal, sobre electores y votación nacional? ¿Es legal que las FA se comporten como un partido político a favor de un candidato? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Porque es una práctica común? ¿Eso no es suficiente para anular una elección?

·        ¿Hasta cuando la oposición le hace propaganda gratuita todos los días al comisario, no bastan todos los medios que usurpa y trece años de totalitarismo? ¿Acaso su permanente, casi cotidiano, violento y divisionista discurso no ha sido suficiente para estimular la división en el pueblo, la violencia y la inseguridad? ¿O alguien cree que no hay una relación entre ese discurso y el aumento de la inseguridad y violencia, la represión, terror y crimen?

·        ¿Se ha puesto en práctica alguna modalidad para hacerle frente y salir de la mediocridad y degradación en que hemos caído en estos últimos trece años?

·        ¿Por qué no admitimos, todos, la resistencia y la oposición MUD, de una buena vez, públicamente que no existe, que no tenemos, que no vivimos en un estado de derecho, que no existe ningún juego democrático y que el gobierno no acepta, no admite, no reconoce ni respeta los espacios y atributos a la oposición ni a sus líderes ni sus derechos? ¿Cómo ejercer y hacer democracia dentro de un régimen totalitario? Va siendo hora y tiempo de dejar las ilusiones a un lado. Recordemos la conseja popular: “quien vive de ilusiones se muere de desengaños”.- ¿Seis años para repetir el mismo error no bastan?

·        Lección al mundo: observen, miren, vean como se abusa del poder en unas elecciones cuando la población y su dirigencia esta domesticada.-

 “La ayuda externa es un excelente método para transferir dinero de los pobres de los países ricos a los ricos de los países pobres”, Lord Bauer (Peter Thomas Bauer, Baron Bauer, 1915-2002, nació en Budapest y murió en Londres, economista dedicado al tema del desarrollo).

nelsonmaica@gmail.com

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EDDIE A. RAMÍREZ S: RESPONSABLES DEL PARO CÍVICO

El régimen intenta cambiar la historia apoyado en la mala memoria  de muchos y en la posición acomodaticia de algunos, por lo que  un nuevo aniversario del paro cívico del 2 de diciembre del 2002 es  propicio para refrescar lo hechos. Recordemos que a pesar de la crisis política, el oficialismo consideró como de simple diálogo la Mesa de Negociación y Acuerdos, al frente de la cual estaba el Secretario General de la OEA. 

Entre las opciones se consideró la realización de un referendo consultivo no vinculante, preguntando al electorado si deseaba la continuación de Chávez en la presidencia; reforma constitucional para adelantar la elección presidencial y renuncia voluntaria del presidente. La oposición recogió las firmas requeridas para el referendo consultivo, pero el mismo fue saboteado por el oficialismo

A la solicitud democrática, el teniente coronel respondió con más represión, la toma de la Policía Metropolitana, la militarización de Caracas y la negativa a establecer una Comisión de la Verdad para investigar la masacre del 11 de abril. Para presionar por una solución pacífica consultada a los ciudadanos en un referendo,  todos los partidos políticos integrantes de la Coordinadora Democrática, la CTV, Fedecámaras y ONG tales como Queremos Elegir, Ciudadanía Activa  y Movimiento 1011 apoyaron la convocatoria a un paro cívico, solo después de comprobar que el régimen no aceptaría una salida electoral. Los petroleros no lo convocamos, pero individualmente nos sumamos después que se desencadenó.

Los atropellos del régimen a la Constitución, especialmente a los derechos de propiedad y a los derechos humanos, acaloraron los ánimos de los ciudadanos. En Pdvsa, desde los sucesos del abril la situación era muy tensa  por los intentos de los rojos de tomar la empresa. Quien esto escribe había entregado su cargo en octubre por tener aprobada la jubilación (la cual después me fue negada), pero me consta que tanto Juan Fernández,  como Horacio Medina se reunieron con Alí Rodríguez para intentar parar los abusos de los chavistas en Pdvsa, pero fue en vano. Alí, tal y como lo declaró recientemente el de Sabaneta, tenía órdenes de “tomar esa colina”, es decir Pdvsa.

El paro  no fue general como se esperaba ya que el régimen había movido sus fichas. Inicialmente los petroleros solo detuvieron las labores administrativas; las   represalias en Chuao, la creación de un Plan de Contingencia paralelo, la militarización de las instalaciones, la presencia de círculos violentos  y el despido de los gerentes operacionales desencadenaron la gradual paralización de la industria. Los talibanes impidieron el regreso de algunos trabajadores e iniciaron los despidos masivos, incluyendo a personal que estaba de vacaciones o de reposo médico.

Entre los demócratas hubo posiciones  a favor del paro y otros advirtieron de los peligros del mismo. Algunos de los que después lo criticaron o que tratan de marcar distancia del mismo, inicialmente lo apoyaron o guardaron silencio. Los petroleros teníamos excelentes condiciones socio-económicas y estabilidad laboral, pero en defensa de principios y valores nos sumamos al paro cívico. El teniente coronel y Alí Rodríguez son los responsables del mismo. El lenguatón exacerbó la paciencia de los ciudadanos en general y el guerrillero  la de los ciudadanos petroleros.

Como en botica: El régimen apoya a sus violentos en la UCV ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

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DESOBEDIENCIA 5. POR NELSON MAICA C. POLÍTICA

Ahora otra opinión respetable: “La desobediencia civil en la democracia constitucional”. Autor: Beatriz Magaloni

“Hugo Adam Bedau propone una definición "estricta" de desobediencia civil que ha sido ampliamente aceptada. Dicho autor, intentando clarificar lo que la desobediencia civil es realmente, con independencia de su justificación ética o política, sostiene que:
“Alguien comete un acto de desobediencia civil, si y sólo si, sus actos son ilegales, públicos, no violentos, conscientes, realizados con la intención de frustrar leyes -al menos una-, programas o decisiones de gobiernos”.

Esta definición ha sido seguida por un gran número de autores. Así, el filósofo moral estadounidense John Rawls en su obra Teoría de la justicia sostiene siguiendo a Bedau, que la desobediencia civil es:

…”un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno. Actuando de este modo apelamos al sentido de justicia de la mayoría de la comunidad, y declaramos que, según nuestra opinión, los principios de la cooperación social entre personas libres e iguales, no están siendo respetados”…

Así, para Rawls, la desobediencia civil busca inducir a un cambio en normas jurídicas o políticas gubernamentales que se consideran ilegítimas a la luz de los principios que rigen la vida social, es decir, ésta pretende identificarse con los fundamentos constitucionales del Estado democrático: asimismo, dicho cambio se logra porque a través de la protesta se apela al sentido de justicia de la mayoría, esto es, a ciertos valores que son comúnmente compartidos por los ciudadanos.

Este autor acepta, como la mayoría de los autores de la así llamada tendencia liberal, la desobediencia civil directa e indirecta.

La primera (directa) consiste en la violación de una norma jurídica que en sí misma es considerada injusta; la segunda (indirecta), desobedecer leyes en sí mismas válidas, como por ejemplo las de tránsito, con el fin de protestar y plantear el propio caso cuando no hay medio de violar los programas de gobierno objetados directamente.

Según este autor, la desobediencia civil es el eje central para la adecuada comprensión de los fundamentos morales de la democracia porque implica la cuestión de la naturaleza y límite de la regla de las mayorías con base en la cual se adoptan decisiones públicas obligatorias en un sistema democrático.

También Jürgen Habermas acepta la misma línea de definición de desobediencia civil. Él, al referirse a la desobediencia civil, cita la definición de John Rawls y al respecto comenta:

“Son irrebatibles las determinaciones fundamentales que se derivan del objetivo de la apelación a la capacidad de raciocinio y sentido de justicia de una mayoría de ciudadanos. La desobediencia civil es una protesta moralmente fundamentada en cuyo origen no tienen por qué encontrarse tan sólo convicciones sobre creencias privadas o intereses propios; se trata de un acto público que, por regla general, es enunciado de antemano y cuya ejecución es conocida y calculada por la policía; incluye propósito de violación de normas jurídicas concretas, sin poner en cuestión la obediencia frente al ordenamiento, jurídico en su conjunto; requiere la disposición de admitir las consecuencias que acarrea la violación de la norma jurídica; la violación de la norma, que es la manifestación de la desobediencia civil tiene exclusivamente un carácter simbólico: aquí es donde reside el límite de los medios no violentos de protesta”.

Habermas considera que la desobediencia civil, por sus características esenciales, se desenvuelve dentro del marco constitucional del Estado democrático, en la medida en que busca configurar de una manera no convencional la voluntad política colectiva, para lo cual los desobedientes deben fundamentar su posición en argumentos que puedan ser objeto de un consenso y no en convicciones privadas del mundo, a pesar de que ambos aspectos pueden coincidir.

Entonces, la desobediencia civil busca identificarse precisamente con los principios políticos comúnmente compartidos que sirven de fundamento a los Estados democráticos.

Habermas muestra que esta forma de conducta cívica, a diferencia de otros actos políticamente motivados, no busca la ruptura o reorganización del orden constitucional; los actos de desobediencia civil utilizan la violación de las leyes, en forma simbólica y calculada, para comprometer la conciencia moral de toda la comunidad, forzándola a revisar una cuestión a la luz de sus fundamentos de legitimidad.

Por ello, según este autor, la desobediencia civil desempeña un importante papel innovador y correctivo en un sistema democrático y la respuesta que el Gobierno le dé y su capacidad de incorporarla al proceso institucional constituye la prueba de fuego de la madurez democrática que ha alcanzado.

En un sentido similar, Paul F. Power sostiene que la desobediencia civil:

“Es una violación de las leyes de un sistema determinado, deliberada, pública y en forma articulada, que busca cambiar las leyes o políticas del régimen, no dañina a la integridad de la persona, que respeta los derechos de otros y que se lleva a cabo dentro de la jurisdicción del Estado para expandir y aplicar la ética democrática”.

Así, Power entiende por desobediencia civil un método especial de oposición, que por sus características esenciales, es decir, al ser un acto público, no violento y que busca un cambio político, debe ser situado dentro de los regímenes democráticos.

Más aún, la desobediencia civil, al llevarse a cabo dentro de la jurisdicción del Estado, lo que se manifiesta, en última instancia, por el sometimiento voluntario a las consecuencias legales del acto de desobediencia, para Power desempeña el papel de realizar los más altos valores de la democracia.

De esta forma, muestra que la desobediencia civil, en la medida en que se coloca dentro de la jurisdicción del Estado para producir un cambio en una ley o política, no busca derrocar al gobierno o transformar la estructura social básica.

Asimismo, el que la desobediencia civil deba cometerse en público y satisfacer la obligación de la no violencia, en efecto, la sitúa dentro de los valores políticos fundamentales de la democracia: al cometerse en público, se busca incitar una discusión crítica de aspectos vitales para la existencia de la comunidad, y al ser no violenta, manifiesta que…"las personas desobedientes respetan los derechos humanos como valores morales y el cambio pacífico como esencial al proceso democrático"…

“La violencia es el miedo a los ideales de los demás”
Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio.
Caracas, Venezuela, 07/07/2010.

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*DESDE BOLIVIA: “NO ACEPTO UNA CONSTITUCIÓN PARIDA ENTRE ILEGALIDAD, REPRESIÓN Y FUSILES”

*SE PREPARA BOLIVIA ANTE POSIBLE DESOBEDIENCIA CIVIL

RUBEN COSTAS, GOBERNADOR DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, PUEDE SER ENJUICIADO POR EL GOBIERNO DE EVO MORALES.



Así lo advirtió el ministro boliviano de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien en entrevista reiteró que el presidente Evo Morales rechazará los resultados del referendo que las autoridades de Santa Cruz





Notimex El Universal Santa Cruz Sábado 03 de mayo de 2008 11:44





El gobierno de Bolivia se prepara para enfrentar posibles actos de desobediencia civil de los partidarios de la autonomía de Santa Cruz, pues "ese parece ser el camino por el que optarán los autonomistas radicales" de ese departamento.





Así lo advirtió el ministro boliviano de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien en entrevista reiteró que el presidente Evo Morales rechazará los resultados del referendo que las autoridades de Santa Cruz llevarán a cabo mañana domingo. Sin embargo, el funcionario confió en que no se produzca un escenario de violencia luego del 5 de mayo cuando Morales declare ilegal el resultado de la consulta, en la que es inminente la aprobación de la autonomía regional. "Es tiempo de estar a favor de la racionalidad, de la recuperación de la tranquilidad, de la sensatez", dijo Quintana tras recordar que Bolivia ha enfrentado, en otros momentos históricos, problemas mucho más complejos que este.





Admitió que el país sudamericano ha estado "al filo de la navaja" y "al borde del despeñadero", pero siempre ha tenido una inteligencia colectiva para retroceder y dar un salto cualitativo, como prevé que ocurra en esta ocasión. El ministro boliviano aclaró que "pensar que el país está al filo del precipicio no es muy correcto, es más bien una interpretación catastrofista".





En opinión de Quintana, en lugar de caer en la confrontación con quienes buscan la autonomía de Santa Cruz, el gobierno de Morales debe relanzar un referendo para la aprobación de una nueva Constitución Política del país. De esa forma, dijo, habrá una nueva perspectiva del gobierno que permita introducir en la consulta popular otros temas que todavía son objeto de discrepancias entre la oposición y el oficialismo. "Tenemos tiempo y la posibilidad de consulta al pueblo sobre temas que están en disputa y esperemos que el mejor antídoto contra este aparente momento catrastófico sea retornar a las urnas, en lugar de que algunos por sustentaciones facistas vuelvan a las armas".





El ministro de la Presidencia dijo que el gobierno boliviano admite que existe un conflicto entre el Estado central y las regiones, pues "no queremos desconocer el problema étnico cultural y tampoco podríamos desconocer el problema regional". Para Quintana, esos problemas se generan precisamente por las "fallas estructurales de este Estado, las asimetrías regionales, la falta de ciudadanía y por supuesto una deformación de la gestión pública a través de esta concentración centralista".





En la entrevista, el funcionario insistió en lo que ha declarado durante la última semana: que el resultado del referendo en Santa Cruz será declarado ilegal y no obligará a nada al gobierno de Morales, pese a que se prevé que participen 936 mil bolivianos. Por el contrario, reiteró que quienes han promovido la consulta tendrán que rendir cuentas, pues ya se iniciaron procesos judiciales por el delito de desacato contra funcionarios de Santa Cruz, quienes también podrían ser acusados de sedición, motín y asonada. "Vamos, a través de la ley, a hacer una promoción de la cultura del orden constitucional", señaló al indicar que las autoridades regionales incurren en delitos al desconocer la decisión de la Corte Nacional Electoral que declaró inválida la consulta popular.





El desconocimiento de la Corte Departamental Electoral (CDE) a la autoridad que es la


Corte Nacional Electoral y el hecho de malgastar lo recursos públicos en la Prefectura (gobernación) es un delito, recordó. Quintana señaló que en Santa Cruz las autoridades son "juez y parte", ya que la CDE va a realizar el conteo, al tiempo que manejará el sistema y "por tanto no tiene ni siquiera un árbitro interno y entonces aquí hay un montaje de un fraude descomunal". Adelantó que por esa y otras irregularidades serán procesados, en su debido momento, el Prefecto de Santa Cruz (gobernador) Rubén Costas, el presidente de la CDE, Mario Orlando Parada Velasco y el presidente del Comité Cívico, Branko Marinkovich. jigh http://www.eluniversal.com.mx/notas/503860.html





*DESDE BOLIVIA: “NO ACEPTO UNA CONSTITUCIÓN PARIDA ENTRE ILEGALIDAD, REPRESIÓN Y FUSILES”



Ya estuvo bueno que dejemos que la Constitución y las leyes de Bolivia se ignoren cada vez que no le agraden al MAS y a sus marchistas pagados. Ya estuvo bueno de que no defendamos las cosas que garantizan nuestros derechos básicos.

El 28 de febrero de 2008, un grupo de diputados y senadores traidores, en su mayoría del MAS, aprobaron dos leyes de convocatoria a referendos para dar vigencia a un texto que promueve el racismo en Bolivia y este texto es fruto de que la Asamblea y el legislativo actuaron de forma ILEGAL.

- Se sesionó en la Glorieta, parte de un recinto militar, en vez de en el Teatro Gran Mariscal de Sucre. Esto viola la ley No. 3728, que indica que en caso de no poder sesionar en el hemiciclo, se deben suspender las sesiones hasta que existan las condiciones adecuadas para hacerlo.



- También es ilegal la decisión de aprobar la nueva Constitución por 2/3 de los asambleístas PRESENTES, en vez de 2/3 de TODOS los asambleístas, como lo establece la Ley de Convocatoria.



- El día 29 de noviembre de 2007 el “honorable” Congreso Nacional sesionó cercado por grupos afines al MAS, los cuales no permitían el acceso a miembros de la oposición, en particular a los senadores. De esta manera se consiguió aprobar la modificación del artículo 6 de la ley 3364 para que la Asamblea pueda sesionar en cualquier lugar, no solamente Sucre.



- En la madrugada del 8 de noviembre de 2007 la directiva de la Asamblea Constituyente convocó a los asambleístas para que se instale la plenaria a las 18:00 del mismo día en el Centro de Convenciones de la Universidad Técnica de Oruro. La convocatoria para la sesión viola el reglamento de debates porque no fue convocada con 24 horas de anticipación y sólo hubo un espacio de 17 horas, entre la decisión de la directiva y el inicio de la plenaria. Además, por ley, la Asamblea tiene que sesionar en Sucre ya que la sesión de Congreso donde se pretendió cambiar esta estipulación se condujo de manera ilegal.



- Y para cerrar con broche de oro el vergonzoso proceso Constituyente, el 28 de febrero de 2008, en solo media hora y rodeado por mercenarios del MAS, el Congreso Nacional aprobó la convocatoria para llevar a referéndum el panfleto de constitución del MAS. Los mercenarios agredieron a los legisladores opositores que querían entrar al Congreso. Además, entre la convocatoria a un proceso electoral y la fecha de votación, la Ley Electoral establece que tienen que haber transcurrido por lo menos 90 días, los cuales no existen entre el 28 de febrero y el 4 de mayo.

Queda clarísimo entonces que la Asamblea avanzó por caminos ilegales, violando las estipulaciones por las cuales votó el pueblo Boliviano.

No importa si uno está en Bolivia, si a uno le interesa la política, o el partido que uno elija, lo que importa ahora es NO ACTUAR CON INDIFERENCIA hacia estos actos ilegales que nos restan derechos, libertades y democracia.


-----------------------------TODOS-----------------------------
1) Tenemos que estar conscientes de las ilegalidades que dieron a luz a la Constitución del MAS y debemos mantenernos al tanto de lo que sucede con relación a ella (así como sabemos quiénes son las reinas de la leche, el arroz, el carnaval, etc.).
2) Tenemos que apoyar a nuestros líderes regionales y asistir a las marchas, concentraciones y cabildos.
3) Tenemos que hablar de esto con las personas que conocemos y las que no conocemos (por ejemplo, invitando a personas a unirse a este grupo).
4) Y finalmente, lo más importante, tenemos que decirle NO al panfleto de Constitución del MAS porque Bolivia no aceptara jamás la ilegalidad.

Como dicen nuestras monedas, La Unión es la Fuerza. Si cada uno da estos cuatro pequeños pasos, seguro que entre muchos avanzamos miles.