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martes, 7 de enero de 2014

CARLOS E. AGUILERA A., ANTE LA INJUSTICIA: DESOBEDIENCIA CIVIL

Amílcar Vasconcellos

El maestro Vasconsello para quien la mejor definición de justicia la extrae del pensamiento de Benito Juárez: “La Justicia es el respeto al derecho ajeno”, pues existirá el clima jurídico necesario para que puedan desenvolverse armónicamente los derechos sociales e individuales generando la equidad”.




Benito Juarez
En un clima de irrespeto a la ley nace la intranquilidad, y con ella el menoscabo del orden jurídico. El respeto a todos los derechos ajenos debe ser total; no nos podemos contentar con amparar algunos y despreciar a otros, quizás llevados por la irreflexiva idea que entre los derechos existen diferencias, gradaciones, causa por la cual a veces se tutelan unos y se desprotegen otros.

No hay motivo lógico para ser tal diferenciación ya que el respeto al derecho ajeno lo podemos imaginar como un muro compuesto de muchos ladrillos, ya que si de esos ladrillos cohesionados que forman el muro, sacamos algunos, el muro se desploma.

De tal manera que la necesidad de la justicia, como lo sostenía el jurista Celso, es reconocer a cada quien lo que le pertenece; lo que no es muy fácil de lograr, por las ambiciones, apetitos y ansias de dominación, que lamentablemente subyacen en el género humano.

Poco a poco lentamente, y a veces en medio de tantos sufrimientos, la humanidad ha ido reconociendo que los hombres, por el mero hecho de serlo, tienen derechos inalienables que ninguna autoridad puede desconocer

Estos derechos fueron ampliamente difundidos por el movimiento Iluminista en el siglo XVIII.

Al comienzo se refirieron a los derechos individuales, derecho a la vida, honor, libertad de pensamiento, etc., y posteriormente fueron ampliándose en el aspecto social, pues se reconoce el derecho a una existencia digna, a la salud, educación, etc. Nadie puede exigir derechos sin cumplir obligaciones, pues al igual que la moneda que tiene sello y cara, el derecho solo subsiste cuando se cumple con el deber.

Es por tanto, actuar ajustado a derecho, obrar de acuerdo con la Ley y la ética. En un régimen de derecho estos principios son insoslayables. Cuando estos principios son violados enerva el  espíritu de los ciudadanos que no tienen otra alternativa que recurrir a la llamada teoría de Rawls, que se circunscribe la aplicación de la llamada desobediencia civil, según su autor, pag. 404, “ en una sociedad casi justa, una sociedad bien ordenada en su mayor parte, pero en la que, no obstante, ocurren violaciones graves de justicia”.

No debemos olvidar que la sociedad ha sido establecida como un sistema de cooperación entre personas iguales, en la que los principios de justicia se han institucionalizado en su posición original como principios de cooperación voluntaria entre personas iguales. (Doctrina Contractual). Se ha aceptado el deber de obedecer una Constitución justa y el procedimiento básico de la regla de las mayorías.

John Rawls
Rawls sostiene que un estado próximo a la justicia requiere un régimen democrático ya que su teoría se refiere al papel que desempeña y a la justificación de la desobediencia civil ante las autoridades democráticas legítimamente establecidas. De tal manera que su autor define la desobediencia civil de la siguiente manera: “Es un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno”. Cita a título de ejemplo a Howard Zimn quien al referirse a la desobediencia civil señala: “Es la violación discriminada y deliberada de la ley con un propósito social de vital importancia”.

Para Rawls la desobediencia civil es un deber más que un derecho; se actúa porque se considera violado un principio, como es el caso de Venezuela, en el que se ha infringido gravemente el primer principio de la justicia y por tanto es un recurso estabilizador del sistema constitucional – aún cuando voceros del oficialismo lo tildan de acciones conspirativas, fascistas y golpistas – que ayudan a mantener y reforzar instituciones justas.

Concluye el autor señalando que “aunque la desobediencia civil amenaza la concordia ciudadana, la responsabilidad no recae en  aquellos que protestan, sino en aquellos cuyo abuso de poder y de autoridad justifica tal acción; porque emplear el aparato represivo del Estado para mantener instituciones manifiestamente injustas, es una forma de fuerza ilegítima a la que los hombres tienen derecho a resistirse”.

Jürgen Habermas
También Jürgen Habermas acepta la definición de desobediencia civil de John Rawls, y al respecto comenta: “Son irrebatibles las determinaciones fundamentales que se derivan del objetivo de la apelación a la capacidad de raciocinio y sentido de justicia de una mayoría de ciudadanos. La desobediencia civil es una protesta moralmente fundamentada en cuyo origen no tienen por qué encontrarse tan sólo convicciones sobre creencias privadas o intereses propios; se trata de un acto público que, por regla general, es enunciado de antemano y cuya ejecución es conocida y calculada por la policía; incluye propósito de violación de normas jurídicas concretas, sin poner en cuestión la obediencia frente al ordenamiento, jurídico en su conjunto; requiere la disposición de admitir las consecuencias que acarrea la violación de la norma jurídica, manifestación de la desobediencia civil que tiene exclusivamente un carácter simbólico: aquí es donde reside el límite de los medios no violentos de protesta.”

Habermas considera que “la desobediencia civil, por sus características esenciales, se desenvuelve dentro del marco constitucional del Estado democrático, en la medida en que busca configurar de una manera no convencional la voluntad política colectiva, para lo cual los desobedientes deben fundamentar su posición en argumentos que puedan ser objeto de un consenso y no en convicciones privadas, a pesar de que ambos aspectos pueden coincidir”.

Entonces, la desobediencia civil busca identificarse precisamente con los principios políticos comúnmente compartidos que sirven de fundamento a los Estados democráticos. Habermas manifiesta que “esta forma de conducta cívica, a diferencia de otros actos políticamente motivados, no busca la ruptura o reorganización del orden constitucional; los actos de desobediencia civil utilizan la violación de las leyes, en forma simbólica y calculada, para comprometer la conciencia moral de toda la comunidad, forzándola a revisar una cuestión a la luz de sus fundamentos de legitimidad”.

Por ello, según este autor, “la desobediencia civil desempeña un importante papel innovador y correctivo en un sistema democrático y la respuesta que el Estado le dé y su capacidad de incorporarla al proceso institucional constituye la prueba de fuego de la madurez democrática que ha alcanzado”

Miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas  (CNP-122)
careduagui@yahoo.com // @_toquedediana

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domingo, 13 de octubre de 2013

SOLEDAD MORILLO BELLOSO, LA INUTILIDAD DE LA CULPA, LOS MEXICANOS HAN REFLEXIONADO Y AHORA ENTIENDEN QUÉ LES PASÓ Y POR QUÉ LES PASÓ LO QUE LES PASÓ, CASO MEXICO

Me devoro Chapultepec, una novela histórica que se desarrolla en el México de Maximiliano y Carlota. El autor nos pasea con lujo de detalles mundanos y sin pacaterías por los pensamientos y sentimientos de las gentes de esa época en un país en el que confluían buenos y malos quehaceres, intrigas y sinceridades y sentires intermedios. Es una narrativa basada en culpas repartidas.

Hallo similitud entre esa narración y la época nacional y personal que me toca vivir. Mi existencia transcurre entre mi rabia hostil y la convicción del arraigo que es como el imperdible que uno se coloca en una camisa cuando se ha perdido un botón y no se tiene a la mano hilo y aguja. Soy pasional. No tengo tiempo ni ganas para culpas y golpes de pecho. Prefiero arriesgarme a transitar caminos desconocidos que quedarme estancada en un pozo de comodidades.

Casi todo el s.XX, en México privó la diatriba sobre cuánto se le debía a los pueblos originarios por la matanza y vejamen de los que fueron objeto. El asunto era tan espeso que el 12 de octubre la conmemoración que ocurría era un acto casi ceremonial de "aventarle jitomates" a la estatua de Colón en el Paseo de la Reforma en la imponente Ciudad de México. En 1992, con ocasión de la feria mundial de Sevilla, ilustres intelectuales hispanoamericanos se dieron a la tarea de repensar los hechos. De allí surgió una reconsideración más inteligente en el concepto. Se dejó al fin de hablar del "descubrimiento de América" para nominar el asunto como lo que realmente fue: el "encuentro de dos mundos".

El ejercicio de los intelectuales fue mucho más allá de los sucesos de la conquista y se sumergieron en los siglos posteriores. Zambullidos en lo hondo y descartado el fango de los estereotipos, les pareció imprescindible sumar visiones distintas a las propias de herederos e invitaron a académicos no hispanoamericanos a integrarse a la notable reflexión. El resultado fue asombroso. Los que creían ser dueños de la razón al inculpar entendían qué había conducido a ciertas acciones. Los que habían cargado con pesadas culpas se percataron que el hombre es él y sus circunstancias, como bien esgrimía Ortega y Gasset. Concluyeron que no se puede cambiar lo pasado, pero sí aprender de la historia.

Estoy en contra de haber bautizado al 12 de octubre como Día de la Resistencia Indígena. Es una memez, un gesto populista masajeador de las emociones que no agrega a la compresión y nada aporta al aprendizaje y el progreso.

Maximiliano y Carlota no pudieron intuir en su infancia que la vida les deparaba la corona de México. Tras los hechos que los colocaron en tan extraña circunstancia subyacía la ambición de Napoleón III, su ansia de expandir su imperio con espacios en la ya emancipada América.

Tres potencias

Benito Juárez era un liberal, un ser reposado y profundo. En su carácter de presidente, había declarado nula la deuda externa. Como cabe imaginar, ello irritó a las tres potencias acreedoras: Inglaterra, Francia y España. Los tres países se unieron para firmar el "pacto de Londres", según el cual un ejército plurinacional convencería a México de cancelar la deuda. España e Inglaterra habían concertado obtener el control de las lucrativas aduanas mexicanas para hacerse de su dinero. Napoleón III vio la oportunidad para crecer. Así, fue Francia la que inicio las actividades bélicas.

Allende el océano, en Europa, poderosos mexicanos conservadores consideraban que la vuelta a un sistema monárquico resultaría bueno para México. Se dieron entonces a la tarea de buscar un príncipe. Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, promovió a Maximiliano, archiduque de Austria y hermano del emperador Francisco José.

Prendado

Maximiliano era un hombre apacible, bien educado, culto, de pensamiento liberal. Nacido noble en Schönbrunn el 6 de julio de 1832, para la fecha de su designación para posta en México contaba 31 años. Marino de carrera, había viajado por toda Europa y el norte de África. Y había navegado hasta Brasil y quedó prendado del nuevo mundo. Como embajador en Francia, había adquirido conocimientos en el arte de la diplomacia. En un viaje a Bruselas, conoció a Carlota, hija de Leopoldo I y Luisa de Orleáns. Ella tenía apenas 17 años. Eso no lo detuvo para solicitar su mano.

Para 1857 Maximiliano era gobernador de Lombardo Veneto. Si bien ansiaba reinar, Carlota lo persuadió de aceptar la corona que se le ofrecía. Maximiliano aceptó bajo una condición: que la petición fuere expresa y por escrito. A cambio, renunció a aspirar a la corona de Austria y suscribió el tratado de Miramar con Napoleón III, en el cual éste se comprometía en proveerle un ejército apertrechado de unos 20 mil hombres. Maximiliano se obligaba a cancelar la deuda que México había contraído con Francia y que había sido desconocida. Debía además cubrir los expendios vinculados a la guerra en los que había incurrido Francia.

Maximiliano y Carlota arribaron a México en plena primavera, el 28 de mayo de 1864. Los conservadores dominaban buena parte del territorio y el interinato estaba a cargo de una junta regente. De inmediato fue coronado. Designó en posiciones clave en su gobierno a liberales moderados. Eso le costó caro. La reprimenda de los jerarcas de la Iglesia y de las cúpulas conservadores no se hizo esperar. Maximiliano los ignoró y allí comenzó a gestarse un soterrado desavenimiento. Los problemas no acabaron allí. El intrigante Bazaine, en comando de las tropas francesas, lo tildó de pésimo manejador de las finanzas públicas. El archiduque se percató que el comandante nada hacía para aplacar los aires de rebelión.

Conciliar

Maximiliano pensó sinceramente que Juárez estaba vencido y que lo mejor era conciliar. Pero Bazaine dictaminó que quienes no se rindieran incondicionalmente serían aprehendidos y condenados a muerte. Tamaña ofensa imposibilitó las conversaciones y a Juárez le resultó cuesta arriba concertar la paz. En diciembre de 1866, un Maximiliano angustiado vio cómo las tropas francesas embarcaban rumbo a Europa. Quedó solo y el pacto de Miramar se volvió papel mojado.

Entonces Juárez recuperó vigor y comenzó a avanzar. Maximiliano quiso renunciar al trono. Pero Carlota se opuso y viajó a Francia para procurar de Napoleón un nuevo apoyo. Cuando éste se negó, Carlota quiso obtener la buena pro del Papa pero, usando subterfugios, los franceses la habían declarado legalmente loca. Con semejante dictamen, fue enclaustrada en el castillo de Bouchot, sin contacto alguno con el mundo exterior.

Con los pocos apoyos que le restaban, Maximiliano organizó un ejército. Pero Mariano Escobedo mandaba en el norte, Porfirio Díaz estaba sólido en el sur y Ramón Corona controlaba las zonas del oeste. Maximiliano se fue a Querétaro. Escobedo sitió la ciudad y lo capturó. Un consejo de guerra lo condenó a muerte y su vida acabó el 19 de junio de 1867 frente a un pelotón de fusilamiento en el Cerro de las Campanas. Dos meses más tarde, sus restos fueron llevados a Austria y enterrados en el panteón de los Capuchinos. Juárez nunca se reunió con él. Juárez, prominente baluarte de la historia mexicana, fue visto por años como un fracasado.

La historia mexicana abunda en culpas y malos entendidos. Los mexicanos han reflexionado y ahora entienden qué les pasó y por qué les pasó lo que les pasó. Mucha sangre y sufrimiento les costó entender que la razón nunca está de un solo lado.


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miércoles, 18 de septiembre de 2013

CARLOS E. AGUILERA A., ANTE LA INJUSTICIA: DESOBEDIENCIA CIVIL

José Vasconcelos Calderón, filósofo, educador, ensayista y político mexicano, quien mantenía firma su ideal “del hombre nuevo y una nueva generación”,  extrae la mejor definición de justicia del pensamiento de Benito Juárez: “La Justicia es el respeto al derecho ajeno”, pues existirá el clima jurídico necesario para que puedan desenvolverse armónicamente, los derechos sociales e individuales generando la equidad”.

Y nada mas cierto, pues en en un clima de irrespeto a la ley nace la intranquilidad, y con ella el menoscabo del orden jurídico. El respeto a todos los derechos ajenos debe ser total; no nos podemos contentar con amparar algunos y despreciar a otros, quizás llevados por la irreflexiva idea que entre los derechos existen diferencias, gradaciones, causa por la cual a veces se tutelan unos y se desprotegen otros.
De tal manera que la necesidad de la justicia, como lo sostenía el jurista Celso, es reconocer a cada quien lo que le pertenece; lo que no es muy fácil de lograr, por las ambiciones, apetitos y ansias de dominación, que lamentablemente subyacen en el género humano.
Poco a poco lentamente, y a veces en medio de tantos sufrimientos, la humanidad ha ido reconociendo que los hombres, por el mero hecho de serlo, tienen derechos inalienables que ninguna autoridad puede desconocer. Estos derechos fueron ampliamente difundidos por el movimiento Iluminista en el siglo XVIII.
Al comienzo se refirieron a los derechos individuales, derecho a la vida, honor, libertad de pensamiento, etc., y posteriormente fueron ampliándose en el aspecto social, pues se reconoce el derecho a una existencia digna, a la salud, educación, etc. Nadie puede exigir derechos sin cumplir obligaciones, pues al igual que la moneda que tiene sello y cara, el derecho solo subsiste cuando se cumple con el deber.
Es por tanto, actuar ajustado a derecho, obrar de acuerdo con la Ley y la ética. En un régimen de derecho estos principios son insoslayables. Cuando estos principios son violados enerva el  espíritu de los ciudadanos que no tienen otra alternativa que recurrir a la llamada teoría de Rawls, que se circunscribe la aplicación de la llamada desobediencia civil, según su autor, pag. 404, “en una sociedad casi justa, una sociedad bien ordenada en su mayor parte, pero en la que, no obstante, ocurren violaciones graves de justicia”.
No debemos olvidar que la sociedad ha sido establecida como un sistema de cooperación entre personas iguales, en la que los principios de justicia se han institucionalizado en su posición original como principios de cooperación voluntaria entre personas iguales. Se ha aceptado el deber de obedecer una Constitución justa y el procedimiento básico de la regla de las mayorías.
Rawls sostiene que un estado próximo a la justicia requiere un régimen democrático ya que su teoría se refiere al papel que desempeña y a la justificación de la desobediencia civil ante las autoridades democráticas legítimamente establecidas. De tal manera que su autor define la desobediencia civil de la siguiente manera: “Es un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno”. Cita a título de ejemplo a Howard Zimn quien al referirse a la desobediencia civil señala: “Es la violación discriminada y deliberada de la ley con un propósito social de vital importancia”.
Para Rawls la desobediencia civil es un deber más que un derecho; se actúa porque se considera violado un principio, como es el caso de Venezuela, en el que se ha infringido gravemente el primer principio de la justicia y por tanto es un recurso estabilizador del sistema constitucional – aún cuando voceros del oficialismo lo tildan de acciones conspirativas, fascistas y golpistas – que ayudan a mantener y reforzar instituciones justas.
Concluye el autor señalando que “aunque la desobediencia civil amenaza la concordia ciudadana, la responsabilidad no recae en  aquellos que protestan, sino en aquellos cuyo abuso de poder y de autoridad justifica tal acción; porque emplear el aparato represivo del Estado para mantener instituciones manifiestamente injustas, es una forma de fuerza ilegítima a la que los hombres tienen derecho a resistirse”.

Miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas (CNP-122)
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