GABRIEL BORAGINA, EL INGENIO SEMÁNTICO POLÍTICO

Los gobernantes suelen tener la habilidad de la retórica y la semántica para disfrazar "recetas" que han fracasado recurrentemente en el pasado y volver –a pesar de ello- a tratar de ponerlas en práctica una y otra vez en el presente. En el caso del gobierno argentino a cargo del FpV (Frente para la Victoria) de los Kirchner y su "grupo", a los tristemente célebres controles de precios o precios contralados, los han rebautizado con el aparentemente "inofensivo" y "cariñoso" mote de "precios cuidados" o "acuerdos de precios". 

El "inocente" cambio de etiquetas no puede disimular –no obstante- que se tratan, lisa y llanamente, de los tan estudiados por la ciencia económica bajo el rótulo de precios políticos, los que -a su turno- se dividen en precios máximos y mínimos, ambos en franca y abierta oposición a los precios de mercado, los que de no existir los precios políticos sería del todo redundante aludir como "de mercado" y deberíamos llamarlos simplemente "precios" y punto. Pero dado que impera un sistema intervencionista por doquier se mire, no queda más remedio que hacer las distinciones señaladas al exponer sobre este tema.

¿Qué lleva a los gobiernos a establecer precios políticos? Hay muchas causas, pero sólo tendremos tiempo para señalar someramente algunas de ellas.

El "argumento" favorito de los gobernantes, es que los precios máximos expanden la demanda del bien sujeto al precio político (lo que es cierto) y permiten a más gente acceder al producto en cuestión (lo que es manifiestamente falso), por lo que el blanco predilecto de la fijación de estos precios se concentra en los llamados productos de "primera necesidad", "básicos" o "esenciales", cuyos precios de mercado -los gobiernos continúan diciendo- tornarían la situación de quienes no puedan pagarlos en dramática. Pero, como explica el Profesor Alberto Benegas Lynch (h):

"…cuanto más dramática sea la situación mayor necesidad de que los precios reflejen la realidad y peores serán las consecuencias de alterar estos indicadores vitales. Podrá maldecirse todo lo que se quiera sobre lo “perverso” de la naturaleza de las cosas y que no haya de todo para todos pero las cosas son así y no de otro modo. El consejo de extender los precios políticos a otros rubros como los alquileres de viviendas no hace más que extender los efectos dañinos a este campo, con lo que habrá más gente que no encontrará donde alquilar debido a la expansión de pedidos, al tiempo que tendrá lugar una contracción de las ofertas correspondientes. La gran ventaja de los precios de mercado en una sociedad abierta es que, cada vez que se adoptan, muestran al mundo cuales son las prioridades y cualquiera puede irrumpir si piensa que puede hacer algo mejor. En otros términos, dada la estructura de capital vigente, se saca la mayor partida posible que las circunstancias permiten en el planeta."[1]

Entonces, los precios "congelados", "acordados" o "cuidados" perjudican la competencia, contraen la oferta, exacerban la escasez y expanden la pobreza.

Desde otro ángulo, no menos significativo, F. A. von Hayek alude, por ejemplo, a los grupos de presión, como causa remota de los precios congelados, entre los cuales indica como los más importantes a los sindicatos:

"Al conferírsele, por razones supuestamente "sociales", privilegios únicos a los sindicatos de los que difícilmente disfruta el mismo gobierno, las organizaciones de trabajadores han sido capaces de explotar a otros trabajadores privándolos totalmente de la oportunidad de un buen empleo. Si bien este hecho es todavía convencionalmente ignorado, en la actualidad los principales poderes de los sindicatos descansan completamente en el permiso que tienen para usar el poder de evitar que otros trabajadores hagan el trabajo que desearían hacer."[2]

F. A. von Hayek se refiere aquí a la legislación que otorga a los sindicatos privilegios especiales, la que según los diferentes países suele denominarse legislación social, sindical o laboral indistintamente, y que en el plano económico opera como una suerte de precio mínimo, que al elevar los costos laborales por encima de los del mercado genera -como consecuencia inmediata- la desocupación (lo que en España, por ejemplo, se lo llama paro).

"Pero al margen de que, por el ejercicio de este poder, los sindicatos pueden alcanzar solamente una mejora relativa en los salarios de sus miembros, al costo de reducir la productividad general del trabajo y así el nivel general de salarios reales, combinado con el hecho que pueden poner a un gobierno que controla la cantidad de dinero en la necesidad de emitir, este sistema está destruyendo rápidamente el orden económico. Los sindicatos pueden ahora colocar al gobierno en una posición en la cual la única elección que tiene es emitir o ser censurado por el desempleo, el que es provocado por la política salarial de los sindicatos (especialmente por su política de mantener las relaciones entre los salarios de distintos sindicatos constantes). Esta posición necesariamente destruirá dentro de poco el ordenamiento de mercado completo, probablemente a causa de los controles de precios que impondrá el gobierno, forzado por la inflación acelerada"[3]

En este caso explicado por Hayek, la emisión gubernamental será debida a la "necesidad" de "compensar" la caída del salario real con un aumento del salario nominal como artilugio para "evitar" el desempleo ocasionado por la suba constante del salario nominal gracias a los poderes que la legislación sindical otorga a estas organizaciones. Sin embargo, como es sabido, dicha emisión se traducirá en inflación, lo que -a su turno- llevará al gobierno a decretar controles de precios y, como dice el Premio Nobel en Economía, ello "necesariamente destruirá dentro de poco el ordenamiento de mercado completo". En una palabra, en esto desembocan los precios controlados, "acordados" o "cuidados" (como les gusta llamarlos el gobierno argentino): más inflación, más desempleo, menor salario, más escasez, etc.

[1]Las oligarquías reinantes. Discurso sobre el doble discurso. Editorial Atlántida. Pág. 114-116

[2]Friedrich A. von Hayek. "La contención del poder y el derrocamiento de la política", Estudios Públicos. pág. 65-66

[3] Friedrich A. von Hayek. “La contención del poder....” pág. 65-66

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LA RED "CONTROL DE PRECIOS Y ADQUISICIÓN DE DIVISAS"

LA RED POR LA DEFENSA AL TRABAJO, LA PROPIEDAD Y LA CONSTITUCIÓN

CONTROL DE PRECIOS Y ADQUISICIÓN DE DIVISAS

La Red por la Defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución, está muy preocupada por el efecto que tiene el control de precios sobre el derecho al trabajo, ya que las empresas no pueden, en la mayoría de los casos, operar a pérdida, lo que repercute en la estabilidad del empleo y en la creación de nuevos empleos, cuyo efecto inmediato es el aumento del desempleo o economía informal, donde, como todos sabemos, el trabajador informal no goza de los beneficios sociales, tales como prestaciones sociales, aguinaldo, cesta ticket, vacaciones, seguro de hospitalización cirugía y maternidad, entre otros.

Aun cuando, nosotros entendemos que el gobierno tiene la obligación de defender a los más débiles a través  de controles, también estamos contestes que se deben revisar algunas medidas que afectan enormemente el desempeño de las empresas en cuanto a su planificación, operación, finanzas, etc.; y por ende el trabajo  que es un derecho constitucional.

Ahora bien, uno de esos elementos que debe revisarse es el SICAD, que se ha convertido en una caja negra, por lo que consideramos que una opción podría ser ir a un sistema de cambio múltiple, en el cual el precio de la divisa esa lo más equitativa posible, por ejemplo: para  la adquisición de alimentos de la cesta básica, medicinas y equipos médicos  un cambio preferencial; para la compra de artículos de lujo o suntuarios un cambio no preferencial. Ello se lograría estableciendo reglas claras, y que todos, sin excepción,  podamos acceder a las divisas pagándolas a los precios establecidos, haciendo nuestras solicitudes en los bancos en los cuales tenemos nuestras cuentas bancarias y así, de esta manera, ir paulatinamente estabilizando y unificando el tipo de cambio, por derecho al trabajo y el bien del país.

Gregorio Rojas

Director

Raul Amiel

raulamiel@gmail.com

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ANGEL ALAYÓN, LA DEVALUACIÓN

El ruido debe ser separado de la señal para poder aumentar la posibilidad de acertar una predicción, sugiere Nate Silver. En este caso, había ruido y mucho: menos de una semana antes del anuncio de la devaluación, el primer vicepresidente del Banco Central de Venezuela había declarado que no existían condiciones para devaluar la moneda. 

Días antes, el Presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional aseguraba que no había necesidad de una devaluación. Lo único bueno es que se sabe que este tipo de declaraciones son ruido: nadie anuncia una devaluación. Las señales, sin embargo, estaban allí para quien quisiera leerlas.

El gobierno incrementó el gasto público en el 2012 a niveles sin precedentes en la historia económica venezolana. El tamaño del gobierno superó la mitad del valor de todos los bienes y servicios de la economía (PIB). Durante el año anterior a las elecciones del siete de octubre, el gasto público aumentó un cuarenta por ciento, en términos reales. Las importaciones alcanzaron cincuenta y cinco mil millones de dólares para acompañar el incremento del consumo. Nada como una elección para que se dispare el gasto en busca de votos. Y nada como el gasto público para ganar elecciones. Pero alguien debe pagar por ese gasto. Y es verdad que no hay almuerzo gratis, pero no siempre pagan los comensales.

El déficit fiscal del gobierno central se estima en 7 puntos del PIB para el Gobierno Central y al menos 16 para el sector público consolidado. Es un déficit elevado: uno de los más altos del mundo si quieren alguna referencia (y no es que las cuentas en el mundo anden muy bien).  El incremento del costo del dólar de 4,30 bs. a 6,30 es un alivio para las cuentas fiscales. Ahora el gobierno recibirá más bolívares por cada dólar petrolero. Tan conscientes del efecto fiscal de la devaluación están que el Ministro de Comunicaciones escribió en su cuenta de twitter: “Cifras oficiales: el déficit del gobierno central baja de 5,5% a 3,3%”. Sí, el déficit bajará, pero no por arte de magia, al menos que haya un conjuro que desconozcamos. El déficit sigue allí, como el dinosaurio, y quizá no hayamos despertado.

Los intentos por desvirtuar el carácter fiscalista de la medida han generado declaraciones curiosas. El Canciller de la República declaró que el “ajuste cambiario” forma parte “de las políticas para fortalecer la producción nacional y estimular la exportación”. Si esto es cierto, deberíamos esperar que en los próximos días el gobierno comience a entregar certificados de demanda nacional satisfecha, requisito indispensable para poder exportar alimentos desde Venezuela, y levantar la prohibición de exportación vigente.

Sí, en Venezuela existe una prohibición de exportar alimentos.

Pretender que la devaluación se llevó a cabo por razones competitivas, una medida vilipendiada como parte del Consenso de Washington, es por lo menos una paradoja. También llama la atención que ningún país haya manifestado su preocupación por la inminente inundación de sus mercados por productos venezolanos, una reacción típica ante devaluaciones que tienen efectos competitivos reales. La única preocupación que hasta hora se ha manifestado se refiere a la posibilidad del incremento del contrabando en una frontera en la que el control de precios y el de cambio distorsionan los términos de intercambio.

El cambio en el sistema cambiario venezolano eliminó el SITME y dejó varias preguntas en el aire: ¿habrá algún mecanismo distinto a CADIVI para la compra de divisas en Venezuela? ¿El gobierno pretende que CADIVI atienda toda la demanda de divisas en Venezuela? Algunos piensan que vienen nuevos anuncios, otros argumentan que aunque durante el anuncio de la devaluación se nombró al innombrable, el gobierno no intervendrá en ese mercado. ¿Se limitará CADIVI a entregar divisas a los bienes “esenciales y necesarios” que determine el novísimo “Órgano para la optimización cambiaria? ¿Cuáles serán los criterios para determinar lo “necesario”? ¿Es este “Órgano” un paso más hacia un modelo de estricta planificación centralizada? Estas preguntas tendrán respuestas pronto. La realidad siempre dice más que cualquier discurso, aunque algunos no quieran escucharla.

Aquel-que-no-puede-ser-nombrado tiene un efecto directo en los precios de la economía. Los precios se forman tomando en consideración no solo cuál es el valor actual del dólar, sino cuál será (cuál se cree que será) el precio del dólar en el futuro. Limitar la entrega de dólares a CADIVI ejercerá presión sobre los precios de la economía por la vía de las expectativas, pero también de los costos actuales, mientras haya agentes que sigan importando al innombrable. Esta situación hace pensar que todavía no está dicha la última palabra sobre el sistema cambiario en Venezuela, pues buena parte de los precios en Venezuela están ligados a la evolución del tipo de cambio. Y ya los precios, como sabemos, encendieron los motores. No necesitan de empujoncitos adicionales. Dejar de nombrar algo no lo hace desaparecer.

Mientras tanto, un fantasma recorre los anaqueles: la escasez. El BCV ubicó la escasez en 20,4% en enero –el nivel de escasez que se considera normal es 5%-. El nivel más alto desde el año 2008. Y ya sabemos que la escasez es dinamita política. El control de precios cumplió diez años mostrando señales inequívocas de agotamiento. Los precios de los alimentos han crecido casi el doble que el resto de los precios de la economía y la gente anda saltando de establecimiento en establecimiento para conseguir sus alimentos. ¿Hace falta algo más para entender que el control de precios es una política fallida? En los países que tienen seguridad alimentaria, los alimentos no son tema de conversación. Aquí parece ser nuestro tópico favorito y no por razones del arte culinario.

La escasez en Venezuela es consecuencia del control de precios, pero también del control de cambio. Parte de los insumos y materias primas de la industria de alimentos son importados y requieren divisas. La insuficiencia de divisas o la entrega inoportuna de los dólares afecta la estructura de costos de producción, lo que complica la producción en el marco de un control de precios en el que hay productos que llevan hasta dos años sin ajustes de precios.

El tema de discusión no es solo cambiario, ni estamos hablando de un problema económico de corto plazo. Es una hora de definiciones en materia de modelos económicos (y políticos). Las arrugas se pueden correr, pero siempre se corre el riesgo de romper la tela. Ante políticas y mecanismos agotados, esperemos nuevas medidas. Frente al abismo, siempre hay al menos dos opciones. Mientras tanto, la economía no espera: desespera.

@angelalayon

http://prodavinci.com/blogs/la-devaluacion-por-angel-alayon/

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ALBERTO MEDINA, UNA EMBOSCADA PARA OCULTAR LA CAUSA.DESDE ARGENTINA

Los controles de precios y cada intento de intervención a la economía no son un fenómeno nada novedoso. En todo caso se podría afirmar, sin temor a equivocarse, que abundan ejemplos de este tipo en la historia mundial y muchos de ellos datan de varios siglos atrás.

No menos cierto es, que por estas latitudes también disponemos de antecedentes en el pasado, algunos de ellos inclusive de unas cuantas décadas atrás.

Pero lo cierto es, que en el presente ya convivimos con ellos desde hace años, tal vez en estrategias más específicas y enfocadas, pero no por ello menos vigentes.

Muchos mecanismos se implementan para intervenir la economía y manipularla para supuestos fines loables.

A estas alturas de los acontecimientos suponer que los que lo imponen desconocen sus efectos sería demasiada ingenuidad.

En todo caso aspiran a que los efectos negativos puedan ser demorados, postergados o bien solo minimizados, y afloren los supuestos beneficios de corto plazo de la intervención directa con más vigor que sus consecuencias.

Subsidios otorgados con arbitrariedad, amenazas oportunas en las diferentes etapas de los procesos de producción, distribución y comercialización, compensaciones que intentan disimular ciertos efectos, ventajas impositivas asignadas con discrecionalidad, todos ellos mecanismos enredados, que elevan el poder de negociación de los gobiernos cuando pretenden convertirse en los dioses de la economía.

En ese contexto, y luego de negarlo hasta el cansancio, los gobernantes parecen estar dispuestos a asumir que la inflación, o algo que se le parece mucho a su definición, existe como tal, ya no porque ellos la perciban de ese modo, sino porque en las encuestas de opinión aparece como una innegable preocupación, cada vez mayor, de la sociedad toda.

Esos sondeos muestran como la gente relaciona el aumento de precios generalizado, pero fundamentalmente lo hace cuando se trata de los productos de primera necesidad, esos que obtienen a través de las cadenas de supermercados.

Por eso, esta vez, el anunciado “acuerdo” implica una acción que busca concentrarse en este punto, con pretensiones de atacar la sensación, más que el problema de fondo. Y es por ello que se puede afirmar que la estrategia esta vez no es tan inocentemente infantil.

Se podría suponer que apunta a lo que la gente percibe, pero en realidad se trata de un mero ardid algo más elaborado, que pretende por un lado intentar disminuir el impacto real del incremento de precios en el corto plazo, inclusive tal vez con algún efecto positivo esperable por el cual el consumo pueda ser alentando por una aparente estabilidad transitoria de precios, pero en el fondo se trama algo más perverso que no aparece a simple vista.

Si la estrategia de corto plazo resulta aceptablemente efectiva, traerá consigo interesantes réditos electorales, mostrará un alivio y al mismo tiempo cierta confirmación de donde está el poder, que el gobierno siempre prefiere hacer evidente porque refuerza una imagen que le seduce.

Pero el moderno populismo contemporáneo, no da puntadas sin hilos, es decir que no se metería en algo cuyo fracaso no les permitiera al menos una salida elegante y tácticamente valida.

Ellos, definitivamente, se preparan para lo irremediablemente evidente, es decir para el esperable fracaso de estas políticas, que matemáticamente solo traen siempre desabastecimiento y la proliferación de mercados informales en desarrollo, que son más abundantes aun, en tanto la política de control es más restrictiva y dura.

Pero no son nada originales a la hora de buscar enemigos. Nuevamente intentarán que “malos de la película” sean los empresarios, en este caso, más específicamente, los supermercadistas, intermediarios, distribuidores y hasta productores de alimentos.

Ya han decidido que si la economía no les hace caso como caprichosamente quieren, pues pagarán los platos rotos los empresarios, y pondrán en el centro de la escena a los “formadores de precios”. Ese repetido argumento siempre funciona a la hora de seducir a los más desprevenidos y desinformados.  Después de todo, parece verosímil que existan los villanos, y en este caso los gobernantes, desean ponerle nuevamente ese sombrero a ese sector de la economía que no les simpatiza y que casi nunca los apoya electoralmente.

Sigue siendo difícil imaginar que realmente desconocen el problema, mucho más aun que no saben acerca de su verdadera causa, pero no menos cierto es que necesitan seguir utilizando la causa real como factor de poder.

El populismo demagógico sin emisión monetaria, se las vería en problemas. Eso lo obligaría a administrar con responsabilidad los recursos del Estado, y de eso realmente no saben demasiado, en todo caso prefieren emitir sin límite alguno y lidiar con la consecuencia más nefasta y perversa que se deriva de la herramienta elegida, es decir la inflación.

No están dispuestos a hacer lo correcto, a atacar las causas profundas de la inflación, dejando de emitir sin respaldo. Sin esos recursos no podrían hacer demagogia electoral, ni distribuir artificialmente dinero, con dádivas subsidios y fondos para amedrentar a todos, aunque cada vez tenga menos valor la moneda.

En definitiva, ellos ya decidieron dar su próximo paso y lo están ejecutando al pie de la letra. Y también saben que, o bien consiguen su objetivo de disminuir el aumento de precios, o ya tienen preparada la trampa para que la gente señale a los culpables que ellos precisan. En fin, solo una emboscada para ocultar la causa.

albertomedinamendez@gmail.com

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