LUIS DANIEL ÁLVAREZ V., PRESENTE Y FUTURO,

Llegarán gobiernos de transición que permitirán que en el país se institucionalice la libertad.

Se puede decir que hay dos fechas en la historia contemporánea de Perú que tienen enorme trascendencia: el 9 de julio de 1999 y el 22 de noviembre de 2000. Si bien la primera de ellas constituyó una jornada fatídica, fue uno de los puntos de partida para que la dictadura de Fujimori fuese desplazada por una era de esperanza y progreso, concretada en el segundo episodio con el retorno de Perú a la democracia.

El 9 de julio de 1999, la dictadura de Alberto Fujimori anunció su retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, agregando que su salida tenía efectos inmediatos. Aunque el órgano señaló que una medida así no era automática, el régimen mantuvo su posición arbitraria. Si bien llegó al gobierno a través del sufragio, Fujimori persiguió opositores, desconoció mandatos populares, destituyó jueces que no le eran cómodos, violó la Constitución para perpetuarse, manipuló las elecciones y lo más grave, creó una perversa red de corrupción junto a su asesor Vladimiro Montesinos. Meses después el gobierno colapsó y Fujimori renunció desde el exterior, aunque el Congreso terminó destituyéndolo.

Así llegamos al 22 de noviembre de 2000, momento en el que el Congreso peruano juramenta como Presidente encargado a don Valentín Paniagua, figura que logró devolver la institucionalidad, recuperó la democracia y desmontó el aberrante poder del miedo que Fujimori había sembrado. 

Cuando preguntan qué opinamos de los gobiernos que le dan la espalda a los entes multilaterales por el simple hecho de evitar críticas, manifestamos nuestra preocupación, pero sabemos que en el horizonte llegarán gobiernos de transición como el de Paniagua que permitirán que en el país se institucionalice la libertad y se respeten los derechos fundamentales.

luisdalvarezva@hotmail.com

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PACIANO JOSÉ PADRÓN VALLADARES / SALDREMOS DE LA "LISTA NEGRA"

Por séptimo año consecutivo el Informe Anual de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos incluye a nuestro país entre aquellos que “afectan seria y gravemente el disfrute de los derechos fundamentales”. Esta vergüenza la compartimos con Cuba, Estado con el que nos damos la mano entre los que menos favorecen el desarrollo pleno de los derechos del hombre. No obstante hay un camino, saldremos de la “lista negra”.

Se lee en el Informe que Venezuela no solo no adopta medidas efectivas para la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos, ante violaciones cometidas por agentes del mismo Estado, sino que tampoco existe la prevención efectiva y las sanciones correctivas a los actos de violencia que puedan suscitarse, y se suscitan, entre particulares. Caso demostrativo de esta situación -así es destacado en el Informe- son los más de cien mil homicidios impunes perpetrados en los últimos diez años.

La CIDH analiza lo que denomina problemas estructurales que atentan contra los Derechos Humanos de los venezolanos, como la promulgación de leyes restrictivas de derechos, haciendo notar que muchas de esas leyes emanan del Ejecutivo como Decreto con Rango y Fuerza de Ley (añado yo, como efecto nocivo de una indebida e inconstitucional Ley Habilitante). Se anota como particularmente significativo el hostigamiento de personas y organizaciones que adoptan posición crítica ante el gobierno, como lo son igualmente “los ataques a medios de comunicación social y a periodistas”.

También destacan, entre los problemas estructurales, la falta de independencia entre los poderes y la sumisión de estos a la voluntad del Presidente de la República. Resulta particularmente grave el sometimiento del Poder Judicial, que es sin duda el más importante de los poderes públicos al corresponderle la misión de sancionar las desviaciones en la aplicación de la ley. A propósito de esto, la Comisión Interamericana recomienda al Poder Judicial “Abstenerse de ejercer represalias haciendo uso indebido del poder punitivo del Estado para sancionar la opinión política adversa”; también sugiere “Corregir el retardo procesal”. Una reciente perla que manifiesta la degradación del Poder Judicial venezolano -lo añado yo ahora- es el caso del Magistrado del TSJ y Presidente de la Sala Penal, Eladio Aponte Aponte, hoy en el saco del narcotráfico.

         Entre las recomendaciones resaltan “Hacer efectiva la separación e independencia de los poderes públicos”; “Garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos a todas las personas, independientemente de su posición frente a las políticas del gobierno”; “Condenar, desde las altas esferas del Estado, los actos de violencia contra comunicadores sociales, sindicalistas y disidentes políticos”; “Favorecer la participación e intercambio de ideas”; “Proteger eficientemente la vida y la integridad de todas las personas”; “Garantizar la plena libertad de los defensores de Derechos Humanos en cumplimiento de su misión”, e “Intensificar la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales”.

El Progreso y tranquilidad de Venezuela es objetivo que mueve hoy a muchos de los nuestros. Que todos progresemos y vivamos tranquilos luce alcanzable, porque hay un camino, hay un próximo Presidente que apunta al futuro, hay un Programa de Gobierno comprometido con el avance y hay un pueblo dispuesto a conquistar su bienestar. Impedir el continuismo está en nuestras manos, no hay que ser brujo para adivinar que un triunfo de más de lo mismo nos afianzaría en la “lista negra”.

E-Mail: pacianopadron@gmail.com

Twitter: @pacianopadron

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VICTOR RODRIGUEZ CEDEÑO \ RECONCILIACIÓN SIN IMPUNIDAD

Las situaciones de violencia en el mundo, provocadas por irresponsables con pretensiones mesiánicas,  se traducen por lo general en crímenes internacionales y en violaciones de los derechos humanos,  hechos de extrema gravedad que ultrajan la consciencia de la humanidad y que imponen una actitud solidaria de la comunidad internacional en su conjunto.

Una vez superada la crisis surge la reconciliación nacional, un proceso en el que las partes enfrentadas abandonan la violencia y los odios, deponen las armas y acuerdan reconstruir el país en base a la comprensión mutua. En todos los casos, la sociedad afectada exige conocer la verdad de los hechos, para establecer responsabilidades, lo que no responde a simples sentimientos de venganza, sino a la necesidad de aplicar la justicia, para prevenir la realización  ulterior de actos criminales de esa naturaleza.

LA LEY ES DURA
PERO ES LA LEY

La reconciliación no significa olvido y perdón. Los crímenes y las violaciones cometidos desde posiciones de poder o de mando deben ser investigados, procesados y castigados conforme a derecho. La erradicación de la impunidad es una cuestión fundamental en la lucha contra estas atrocidades. La impunidad debe entenderse como “la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones de los derechos humanos…(…) porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y en caso de ser reconocidos  culpables, condenas a penas apropiadas, incluso la indeminzación del dano causado a la víctima.” (Principios adoptados por el Consejo de DDHH, en 2005).

La lucha contra la impunidad releva del Derecho Internacional. Los Estados estan obligados internacionalmente a respetar los derechos humanos y a adoptar medidas internas para garantizarlo (Art.1-1 y 2 de la Convención del Pacto de San José, de 1969). Esta obligación es reiterada en distintos instrumentos internacionales, entre los cuales, en los Preámbulos de la Convención Interamericana contra la corrupción y en el del Estatuto de Roma, en el que se señala, al referirse a los crímenes objeto de la competencia de la Corte Penal Internacional, que “para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo (esos crímenes) y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia (…) Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes…”

El pais vive, lamentablemente,  un estado de violencia sin precedentes. La violación de los derechos humanos y la realización de crímenes que para algunos, incluso,  pueden ser considerados de lesa humanidad, dado el carácter generalizado y sistemático de los ataques (no necesariamente en conflictos armados) es una constante en el acontecer diario en el país.  Se persigue, se discrimina,  se realizan juicios politizados, se condena y se encierra a inocentes, se ataca a los defensores de derechos humanos, todos víctimas de torturas y de tratos inhumanos y degradantes, algunos de ellos expatriados forzadamente.

El Estado es responsable de esas violaciones, pero tambien quienes realizan los actos, independientemente del rango y de las instrucciones que pudieren recibir. Son también responsables quienes no cumplen con sus funciones, quienes dejar de actuar para complacer al autócrata, haciéndose cómplices por omisión de tales crímenes.

Todos apostamos a la reconciliación nacional, a la paz y a la estabilidad, pero  ello no excluye el procesamiento y castigo de los responsables de estos crímenes, imprescriptibles por su propia naturaleza y en relación con los cuales el indulto y la aministía o aplicación del principio tabula rasa, en contradicción con las obligaciones internacionales del Estado, no son procedentes. La adopción de estos mecanismos, válidos sólo en ciertas circunstancias, contrarían el principio de la jurisdicción penal universal y la competencia de tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional.

En todo caso, por el bien común, no se pueden olvidar las acciones y omisiones de unos y otros apegados al régimen que han causado tanto daño a hombres y mujeres honestos, algunos de ellos abandonados en las cárceles, los Comisarios de la PM, la juez Afiuni y muchos otros, ejemplos de crímenes sobre los cuales tendrán que responder.

vitoco98@hotmail.com

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VICTOR RODRIGUEZ CEDENO: MEDIDAS A LA MEDIDA

Los regimenes arbitrarios, como el bolivariano, adoptan medidas de distinta índole parastablecer contra viento y marea el sistema político que se han propuesto, generalmente rechazado por la mayoria, con el exclusivo fin de perpetuarse en el poder, para lo cual usan herramientas criminales como el amedrentamiento, la persecución y la segregación o apartheid político. 

Estos regimenes suelen recurrir a la interpretación sesgada de las normas y de los procedimientos, especialmente en el ámbito de los derechos humanos, para minimizarlos, evadir los controles y allanar el camino para lograr el fin planteado.

Recientes decisiones judiciales dejan perplejo al jurista y al analista  político. En días pasados un juez del regimen desvirtúo con una decisión aberrante el concepto y la naturaleza del delito de difamación e injuria al manipular e interpretar de manera interesada, tergiversando el valor de sus elementos constitutivos, el significado y el valor procesal del insulto y la descalificación en forma reiterada y sistemática en perjuicio de una persona honorable, mas grave aun, ausente. Otro juez, igualmente dependiente, legaliza irresponsable y peligrosamente la invasión a la propiedad privada, contrariando las normas fundamentales que la protegen. La via judicial no es la única a la que recurre un ejecutivo avasallador para imponer tales medidas, sino también la legislativa que se expresa en base a una mayoría ilegitima que usurpa la iniciativa popular, a la que con tanto fervor se refieren los revolucionarios bolivarianos cuando intentan definir la "democracia participativa y protagonica." La promulgación de una ley que crea un poder judicial paralelo, como si el actual no fuere suficiente para atropellar a quienes ejercen su derecho a disentir, completa la decision de acabar con el sistema, a través de la ruptura del orden constitucional y legal.

Adentro, estos regimenes logran tener cierto éxito, pero no tan solidamente;  menos aun en forma indefinida. Afuera, estos regimenes intentan también modificar el orden de la cosas, interpretando a su manera  las normas y los mecanismos generalmente aceptados, especialmente, cuando se trata de ámbitos que, de respetarse, pondrían en peligro su propia existencia, como serian los derechos humanos. Para ello, estos regimenes se asocian, actúan en conjunto, promoviendo nuevas instituciones y esquemas que de actuar de acuerdo con sus intereses, generarían contradicciones y desorden.

Los países del ALBA, por ejemplo, intentan disminuir con sus posturas forajidas, el funcionamiento y la importancia de instituciones regionales como la OEA, para dar forma a conceptos y criterios absolutamente ideologizados, contrarios a la sana evolución de las normas.  La tentativa de crear instituciones regionales y subregionales, de concertación o de cooperación, como la reciente CELAC, solo persigue, para ellos, la creación de foros para desvirtuar y sustituir los conceptos existentes que forjados con el tiempo y aceptados por todos, responden a la evolución de la sociedad internacional. Afortunadamente, ese grupo marginal esta lejos de imponer tales criterios aunque algunos gobiernos democráticos se presten al juego avalando directa o indirectamente ciertas posturas que buscan el debilitamientola de esas instituciones que de funcionar adecuadamente fortalecrian las posiciones regionales.

Las normas relativas a los derechos humanos, recogidas en tratados internacionales y en las legislaciones internas de los Estados, son de aceptación general por la comunidad internacional.  Su interpretación no puede sino responder al sentido de sus términos, a la practica y a la jurisprudencia, en fin, al sentir de los ciudadanos. Si en el plano interno esos regimenes interpretan a su manera el derecho a la libre expresión, el derecho a ser informado y a informar, el derecho a elegir y a ser elegido, el derecho a pensar,  mediante decisiones judiciales de corte político, leyes y decretos anticonstitucionales, en el plano internacional no pueden lograr tal fin, pues el escenario  y los procesos de adopción de las decisiones son diferentes y además, hay un fuerte rechazo que neutraliza tal pretensión.

Intentar disminuir la importancia de los mecanismos de protección de los derechos humanos, como la CIDH o la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una aberración que solo puede tener un relativo y efímero impacto interno. Desconocer las sentencias de los tribunales internacionales y las recomendaciones de los órganos del sistema regional de protección  traduce la naturaleza totalitaria de un  régimen.

Diseñar medidas a su medida, en contra de la corriente, con el objetivo fundamental de perpetuarse en el poder, es una irresponsabilidad mayúscula que será castigada con el voto en el 2012; y, por la justicia, al aplicarse la ley y castigarse a los responsables.

vitoco98@hotmail.com

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ELIDES J. ROJAS L. : MÁS SOBRE CINISMO REVOLUCIONARIO (II) (LOS CUESTIONAMIENTOS DE GINEBRA)

Seguimos con la lista de violaciones de Derechos Humanos que recibió el gobierno chavista por el pecho en Ginebra, y completamos la relación que, bajo ningún respecto, el serio Ejecutivo revolucionario admitió. 

Lo que quiere decir que esos hechos no ocurren y, por tanto, todo seguirá igual. Y después se disgusta cuando le dicen dictador.

Recomendaciones no aceptadas por los inmaculados chavistas.

Israel. Abolir la practica de utilizar el sistema judicial para silenciar a los críticos del gobierno, reforzar la independencia del poder judicial mediante el aumento del apoyo institucional y material para el sistema de justicia y poner fin a la provisionalidad de los nombramientos judiciales.

EEUU. Investigar las denuncias de injerencia del poder ejecutivo en la toma de decisiones judiciales.

Bélgica. Reforma completa del sistema de prisión y en particular asegurar todo el respeto posible a las Reglas de Estándar Mínimo para el Tratamiento de Presos de las Naciones Unidas.

Canadá. Dar prioridad a las reformas de la ley y el sistema judicial en un esfuerzo para prevenir el delito, sancionar a los responsables y terminar con la cultura de la impunidad.

Israel. Poner fin a la cultura de impunidad que rodea los casos de represalias por disentir, los ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas, el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones pacíficas, el abuso de fuerza por actores no estatales, la ejecución de delincuentes y otras graves violaciones de derechos humanos.

Israel. Derogar las prácticas de amenaza a testigos y familiares de las victimas de violación de derechos humanos, y los ataques a los abogados que introducen recursos judiciales en respuesta a las violaciones de los derechos humanos.

Francia. Renovar el compromiso con la libertad de expresión y de opinión plural, garantizando la libertad de acceso a la información y medidas para combatir amenazas y ataques contra periodistas.

Alemania. Reevaluar la legislación de los medios de comunicación y las disposiciones que garantizan la libertad de expresión.

Indonesia. Intensificar sus esfuerzos por garantizar la libertad de expresión así como la seguridad de los periodistas en el país.

Canadá. Promover el ejercicio de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, en particular para los miembros de los partidos políticos, sindicatos, los medios y la sociedad civil, sin el riesgo de restricciones indebidas.

Eslovaquia. Proporcionar pluralidad y diversidad de los medios de comunicación como un componente fundamental del derecho a la información y asegurar que los periodistas puedan desempeñar sus funciones sin procesos injustificados.

Australia. Garantizar acceso oportuno y efectivo a la información gubernamental.

República Checa. Apoyar el trabajo independiente de las ONG`s y crear una estrategia para defender a los activistas de derechos humanos de acuerdo a los intereses de un desarrollo sostenible y saludable del Estado.

Francia. Reiterar públicamente su apoyo a defensores de derechos humanos, generar el ambiente en el que puedan trabajar libremente y tomar medidas para luchar contra la impunidad de los autores de agresiones y amenazas.

Eslovaquia. Asegurar que los defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil sean protegidos efectivamente contra cualquier forma de intimidación y acoso, y articularse constructivamente con ellos en la identificación de soluciones a los desafíos de los derechos humanos en Venezuela.

Canadá. Permitir el acceso al financiamiento internacional de los defensores de derechos humanos para que puedan continuar realizando su trabajo legítimo.

Canadá. Garantizar un proceso participativo e inclusivo con la sociedad civil incluyendo ONG`s que puedan ser críticas de los esfuerzos del gobierno, de acuerdo a las recomendaciones del EPU.

EEUU. No permitir comentarios antisemitas de funcionarios y condenar tales declaraciones.

Ya se sabe la respuesta del dictador. No se metan, metiches. Este es un país soberano y aquí se hace lo que me salga del paltó. Y punto.

erojas@eluniversal.com 

Twitter: @ejrl

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ELIDES ROJAS: EL CINISMO REVOLUCIONARIO (I)

Todos a Ginebra. Allá fue la cosa. Como en los carnavales del siglo pasado en el hotel Avila. Fue Maduro y un bojote de gente y hablaron. 

El mismo megalote cubanoide de siempre. A defender a un régimen violador de Derechos Humanos del cual forman parte en la ONU, aunque reniegan de la organización. Días de fiesta, aviones y dólares sin Cadivi. Días de no escuchar y negar. Las negaciones de lo evidente son demasiadas. Irán en dos partes, pues.

Recomendaciones no aceptadas por el Estado venezolano.

Eslovenia. Cumplir las obligaciones internacionales en justicia y libertad de expresión, e implementar las recomendaciones, resoluciones y decisiones del sistema regional e internacional de protección de derechos humanos

República Checa. Revisar la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones en cumplimiento del artículo 162 de la Constitución.

Eslovaquia. Armonizar el marco jurídico respecto a la libertad de expresión con las obligaciones internacionales de los estados.

Canadá. Modificar la legislación actual respecto a los medios de comunicación para eliminar la criminalización por desacato, difamación o calumnia en la línea de los estándares de los derechos humanos.

Noruega. Modificar el Código Penal y el Código Orgánico Militar, eliminando los crímenes por desacato y vilipendio.

EEUU. Instar a la Asamblea Nacional para que adopte el proyecto de ley sobre tráfico de personas.

Suiza. Tomar las medidas necesarias para implementar el Programa de UN sobre Control de Armas Pequeñas y Armas Ligeras y revisar la legislación nacional en esta materia para reducir la tasa de homicidios.

Suiza. Actuar para que el derecho a la vida y la integridad física sean efectivamente garantizados y todas las instancias del Estado respeten y protejan el derecho de toda persona a la libertad de expresión.

Bélgica. Cumplir con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos según lo establecido en el artículo 23 de la Constitución.

República Checa. Participar activamente en la lucha contra el abuso de poder de fuerzas de seguridad.

Eslovenia. Tomar todas las medidas necesarias para eliminar la violencia contra la mujer, asegurando que los autores de esa violencia sean enjuiciados y castigados, así como la abolición de las actitudes estereotipadas y modelos de comportamiento patriarcales que socavan los derechos de las mujeres.

Eslovenia. Tomar todas las medidas legales y policiales para prevenir que niños y adolescentes sean sujetos de explotación laboral y de las peores formas de trabajo infantil como servidumbre, esclavitud, prostitución y tráfico.

EEUU. Respetar la independencia del poder judicial.

Canadá. Trabajar para asegurar la independencia del poder judicial.

Suiza. Garantizar la independencia judicial y tomar todas las medidas necesarias para combatir la impunidad.

Reino Unido. Garantizar procedimientos independientes, de selección abierta y transparente, basada en el mérito para los jueces y fiscales.

Australia. Tomar las medidas necesarias para garantizar la transparencia e independencia en los nombramientos de los fiscales y funcionarios judiciales.

Alemania. Reforzar la independencia del poder judicial mediante un mayor apoyo institucional y material del sistema judicial y poner fin a la provisionalidad de los nombramientos judiciales.

Francia. Garantizar plenamente la independencia judicial, en particular mediante la adopción de medidas concretas para que los jueces puedan ejercer su profesión con imparcialidad.

Eslovaquia. Reforzar la independencia del poder judicial y poner fin a la provisionalidad de los nombramientos judiciales, y derogar las disposiciones de la Ley del Tribunal Supremo que socavan la independencia judicial.

Según los cínicos, nada de esto está pasando en Venezuela.

Twitter: @ejrl

Elides J. Rojas L.

erojas@eluniversal.com

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LA COMUNICACIÓN VIOLADA, ANTONIO PASQUALI

De sus ya incontables violaciones, con ensañamiento y priapismo, de la carta magna, los tratados internacionales y los poderes nacidos autónomos, ninguna tan unánimemente execrada como la profanadora irrupción diaria de la voz y la faz del propio Chávez en la radio y la TV de nuestros hogares, por motivos baladíes y muy larga duración (su récord, el 23-09-2007, fue de ocho horas con ocho minutos).

Ensañamiento y priapismo parecieran términos desmesurados, pero no lo son cuando se aplican a un presidente fuera de norma que ya acumuló 3.600 horas y más de 2.000 cadenas sermoneando al país por radio y televisión a un promedio de 56 minutos diarios los 365 días del año: una barrabasada que pulveriza las marcas de grandes habladores como Mao o Fidel, y que puede asumir tintes medievales y animistas como el pasado 16 de julio cuando nos perifoneó su enésima y macabra violación, la del sarcófago de Bolívar, con toques delirantes y algo nigrománticos.

La pulsión de este predicador metodista que tenemos de presidente a ser la voz del amo, no es de hoy: arranca con el artículo 192 de la Ley de Telecomunicaciones de junio de 2000; continúa con la providencia 407 de marzo de 2004 que confluye en el artículo 10 de la Ley Resorte y empata el mismo año con la reforma de los artículos 286, 297-A y 444 del Código Penal; prosigue con el decreto 4433 de abril de 2006 que crea el Sistema Integral de Comunicación de la Administració n Pública; un proyecto de ley de inteligencia (o "ley sapo") de 2008, abortado; un proyecto de ley de delitos mediáticos de 2009, igualmente abortado; el lanzamiento de una "guerrilla comunicacional", para concluir, por ahora, con el decreto 7454 de creación del Cesna, de junio de 2010, que le permite embargar "cualesquiera información" de su desagrado. Como refuerzo: sus exitosas blitzkrieg para silenciar, a veces con violencia y hurto (caso RCTV), emisoras y líderes de opinión disidentes.

Plataforma estratégica de su plan de invasión del entero espacio audiovisual, que pisa con bota militar el pluralismo consagrado en los artículos 2, 6 y 58 de la Constitución, lo constituyen las emisoras "públicas" que fungen de cabeza de cadena y que el régimen ha degradado aún más, de gubernamentales que siempre fueron, a presidenciales.

Chávez ha impuesto a estas estaciones humillantes tareas: intoxicar a la población con dosis masivas de ideología, practicar el culto a su personalidad y acondicionarle sus alocuciones. Con ello infringe cinco preceptos constitucionales y legislativos; si en Venezuela tuviésemos jueces y democracia, ya se le habría obligado a callarse y devolverle al servicio público su independencia y pluralismo.

Veamos:

1) Viola, confiscándolo, un derecho consagrado por el artículo 108 de la Constitución: "El Estado garantizará servicios públicos de radio y televisión..." (todo servicio público democrático es, por definición, no-gubernamental y plural).

2) Puede ser enjuiciado por la Defensoría del Pueblo, la cual debe "velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos... y proteger... contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de los mismos..." (artículo 281).

3) Viola el artículo 145: "Los funcionarios públicos... están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna" (y esta violación la comete el primer servidor público...).

4) Viola los artículos 54 y 68 de la Ley contra la Corrupción que imponen prisión al funcionario público que "abusando de sus funciones utilice el cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo o partido".

5) Viola los artículos 286, 297-A y 444 del Código Penal que condenan a seis años de cárcel a quienes "inciten al odio entre venezolanos" o expongan sus compatriotas "al desprecio u odio público" (sus gravísimos insultos y amenazas a la "burguesía apátrida" no tienen atenuantes).

Elizabeth Safar, Óscar Lucien y quien suscribe hemos denunciado en la Defensoría el abuso de posición dominante del Presidente con las emisoras del dominio público. En 20 días, se nos dijo, habrá una respuesta.

apasquali66@ yahoo.com

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SIN RECONCILIACIÓN POSIBLE, FERNANDO OCHOA ANTICH.

Esta irresponsable frase, pronunciada por Hugo Chávez en una de sus inaceptables cadenas, debería ser el primer punto de reflexión de mis compañeros de armas. Ella define, de una manera perfecta, el régimen político que desea imponer la camarilla que, sin ningún tipo de escrúpulos, saquea a Venezuela.

Además, deja en claro las diferencias filosóficas existentes entre su visión y la establecida en la Constitución Nacional de 1999. Yo fui uno de los tantos venezolanos que nos opusimos a su ratificación por el pueblo, durante el referendo aprobatorio de ese año, por considerar que significaba un importante retroceso en comparación con la Constitución de 1961. De todas maneras, hay que reconocer que su orientación general es democrática y no atenta contra la vocación libertaria de los venezolanos. Lamentablemente, el régimen chavista ha traicionado esta orientación al tratar de imponer de manera progresiva un régimen marxista leninista.

El régimen político establecido en dicha constitución se define: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. De esta declaración de principios surge un conjunto de derechos inalienables que tiene nuestro pueblo y que es obligación de la Fuerza Armada defender en toda circunstancia: “el Estado tiene como fines esenciales la defensa, el desarrollo de la persona y el respeto de su dignidad; el ejercicio democrático de la voluntad popular; la construcción de una sociedad justa y amante de la paz; la promoción de la prosperidad y bienestar de nuestro pueblo; y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en esta Constitución”.

En la reflexión personal que cada uno de ustedes debe hacer no será difícil determinar la permanente violación por el presidente Chávez de estos principios constitucionales. Dedicaré varios artículos a señalar algunas de estas violaciones con el objeto de demostrar que el actual gobierno ha dejado de ser un régimen constitucional y que por esta razón los venezolanos tenemos el derecho de cuestionar su legitimidad y legalidad. La frase de Hugo Chávez, con la cual titulo este artículo, es un buen primer ejemplo: uno de los fines del Estado, según nuestra Constitución, es “la construcción de una sociedad justa y amante de la paz”. ¿No han pensado ustedes que la violencia social que todos los fines de semana ensangrienta a Venezuela surge de la siembra de odios que realiza el propio presidente de la República? ¿No creen ustedes que es injusto que una sola persona pueda ordenar, sin cumplir las normas legales, la expropiación de bienes obtenidos honestamente?

Nuestra constitución establece: “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”. ¿No consideran ustedes que se irrespeta flagrantemente nuestra constitución al mantener públicamente el jefe del Estado que orienta sus acciones a establecer en Venezuela un régimen socialista? ¿No se han dado cuenta ustedes que el propio Hugo Chávez en sus intervenciones ha reconocido que el socialismo del siglo XXI tiene como base filosófica al marxismo leninismo? Estoy seguro que ustedes conocen que esta filosofía contradice los anteriores principios. De esta realidad no deben tener duda. Si alguno de ustedes la tiene, les recomiendo estudiar sus expresiones históricas: los regímenes de Fidel Castro, José Stalin, Mao Tse Tung y Kim IL Sung. Más claro no canta un gallo.

fochoaantich@hotmail.com.

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*JORGE CASTAÑEDA ESCRIBIÓ: ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA

*JORGE CASTAÑEDA ESCRIBIÓ: ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA
JORGE CASTAÑEDA

19/09/2008

El informe negativo de Human Rights Watch es una nueva derrota de Chávez

La resistencia de la sociedad civil ha impedido que Venezuela sea Cuba

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Estado/derechos/humanos/Venezuela/elppgl/20080919elpepiopi_4/Tes

Como si Hugo Chávez no contara ya con suficientes problemas -la caída del precio del petróleo, la expulsión del embajador de Estados Unidos en Venezuela, y la del venezolano en Washington, el registro de su país por cuarto año seguido en la lista negra norteamericana de cómplices del narcotráfico, el estallido inflacionario local, y las dudas sobre la suerte de su partido en las próximas elecciones- recibe un nuevo golpe.

El 18 de septiembre, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW, de cuya Junta Directiva me confieso orgullosamente miembro) hizo público en Caracas un informe demoledor sobre Una década de Chávez. Describe, analiza y condena las repetidas amenazas, restricciones y violaciones a los derechos humanos en Venezuela desde el triunfo chavista en las elecciones presidenciales de diciembre de 1998. El subtítulo del informe lo dice todo:

"Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela". Por fin una organización seria, independiente y acreditada en el mundo, se aboca a este tema en Venezuela, y emite una opinión fundamentada y desprovista de estridencias o exageraciones.

El informe de HRW, dado a la luz en la capital venezolana por José Miguel Vivanco (a quien nadie puede acusar de chavofobia; se ha convertido en un némesis de Álvaro Uribe por su oposición al Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos), se centra en cinco grandes capítulos del estado que guardan la democracia, la justicia y la libertad en la cuna del libertador.

Aunque no alcanzó a incorporar los últimos atropellos de Chávez al inhabilitar a centenares de candidatos de oposición, incluyendo a Leopoldo López, el alcalde de Chacao y probable triunfador en los comicios por la Alcaldía Mayor de Caracas de haber podido contender, HRW enumera el conjunto de episodios de "discriminación política" cometidos por el Gobierno desde 1998.

Proporciona ejemplos concretos, contrasta estos hechos tanto con los derechos inscritos en la Constitución venezolana de 1999 (ya redactada por el propio Chávez) como con los tratados internacionales firmados por el país desde tiempo atrás. La discriminación política consiste, ante todo, en la aplicación de criterios políticos (es decir, de filochavismo) a la contratación, despidos, otorgamiento de créditos en las empresas o actividades del Estado, y sobre todo, al funcionamiento de la empresa petrolera PDVSA.

El segundo capítulo se refiere a la situación del poder judicial, y cómo, paulatinamente, Chávez ha ido subordinando al poder político a los jueces y tribunales venezolanos, en franca violación de la Constitución y de los instrumentos internacionales y regionales (como la Convención Americana de Derechos Humanos y la CartaDemocrática Interamericana, firmada por el Gobierno de Chávez). La reciente ratificación por el Tribunal Supremo de la inhabilitación de los candidatos opositores constituye un nuevo y grave ejemplo de esta subordinación.

Como lo ha sido la actuación de los tribunales en los conflictos relativos a los medios de comunicación, el tercer capítulo del informe de Human Rights Watch. Para la ONG, la polarización de los medios, el endurecimiento de los delitos que penalizan expresiones determinadas, la regulación de los contenidos de los medios, el control sobre la difusión de radio y televisión, y la falta de protección judicial a la libertad de expresión, representan manifestaciones del carácter cada vez más antidemocrático del régimen chavista, en un ámbito decisivo.

El informe de HRW muestra no sólo las cortapisas impuestas a la libertad de expresión en Venezuela, sino también la forma en que se han ido legalizando las restricciones, al avalarlas el poder judicial.

La estructura del siguiente apartado, a saber, aquel dedicado a la libertad sindical y al desempeño de los sindicatos, es la misma. En primer término, HRW expone las obligaciones contraídas al respecto por el Estado venezolano ante la comunidad internacional: tratados y principalmente convenios de la OIT; inmediatamente después, explica las disposiciones legales internas, para luego denunciar cómo durante de "la década de Chávez" se han ido mermando los derechos sindicales. Tanto en lo referente a la libertad de asociación, como de huelga y de negociación colectiva, así como a las represalias ejercidas contra los trabajadores de PDVSA que se fueron al paro en 2003, el informe documenta los abusos, las intenciones y la "falta de protección judicial de la libertad sindical". En un país con una tradición sindical -corporativista, en ocasiones corrupta y burocrática, sin duda, pero combativa y democrática también- se trata de un retroceso mayúsculo.

Por último, Human Rights Watch aborda el tema de la sociedad civil, con la misma óptica: las normas internacionales y venezolanas vigentes, los atropellos contra defensores de derechos humanos, ONG, los ejemplos de abuso judicial y, de nuevo, las limitaciones a la protección judicial. Este capítulo resulta tal vez el más importante, porque conduce a las conclusiones que se desprenden de esta labor excepcional.

Ya lo han dicho otros colaboradores en estas páginas. La sociedad civil venezolana, de tiempo atrás una de las más dinámicas y vigorosas de América Latina, ha resistido hasta ahora con éxito a la embestida autoritaria de Hugo Chávez. Venezuela hoy no es una dictadura; no es Cuba, no es Chile bajo Pinochet, no es Arabia Saudí. Pero esto no se debe a las buenas intenciones de su presidente, sino más bien al contrario: a la fuerza y firmeza de una oposición desunida en lo político y electoral (hasta hace poco), pero feroz en la defensa de sus conquistas civiles de antaño. No sólo esa sociedad rechazó las pretensiones autoritarias de Chávez en el referéndum de diciembre; no sólo echó abajo la refundación del aparato de inteligencia y seguridad; no sólo protestó contra el cierre de RCTV y logró que en Internet cuente con un público superior a otras televisoras; sobre todo ha sabido mantener, a pesar de todo, la vigencia de las libertades.

Pero, como lo demuestra de manera palmaria Human Rights Watch, nada está escrito. La tentación, la deriva, la ambición, están todas presentes.

La segunda conclusión reside en la importancia de la normatividad jurídica internacional. HRW insiste una y otra vez en que a través de los abusos descritos, el Gobierno de Chávez viola compromisos internacionales contraídos libremente por su país. En todo caso por ello, aún si aceptáramos la tesis castro-chavista-priísta de que la soberanía nacional se sitúa por encima de valores universales como los derechos humanos, la firma de dichos instrumentos por Venezuela hace que lo que en ese país suceda no sea únicamente asunto de los venezolanos.

Incumbe a todos los Gobiernos y ciudadanos de los países que también suscribieron esos tratados, y que se acogen a ellos cuando han agotado instancias jurídicas internas sin lograr defender sus derechos fundamentales.

Cuando Chávez viola repetidamente el derecho a la protección judicial consagrado en un sinnúmero de convenciones, arremete no sólo contra los venezolanos, sino contra todos aquellos que en algún momento necesitarán, o requirieron de, dichas convenciones.

Como alguien que, hace unas semanas, logró que, por primera vez en la historia, el Estado mexicano fuera condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar, justamente, su derecho a la protección judicial inscrito en el artículo 25 del llamado Pacto de San José, hablo con conocimiento de causa.

Jorge Castañeda, ex secretario de Relaciones Exteriores de México, es profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York.

*RODRÍGUEZ CHACÍN: LEY DE INTELIGENCIA NO ESTÁ DEROGADA

*RODRÍGUEZ CHACÍN: LEY DE INTELIGENCIA NO ESTÁ DEROGADA


"COMO DIJO CHÁVEZ, SOLO HAY QUE HACERLE UNA REVISIÓN PORQUE PRESENTA UNOS ERRORES", ASEGURÓ EL MINISTRO. AÑADIÓ QUE LUEGO DE LA DECISIÓN NO DEBE QUEDAR DUDA DEL "SENTIDO DEMOCRÁTICO" DEL PRESIDENTE. LEA: LA LEY PARTICIPE: ENCUESTA REVISE: GOBIERNO RECONOCE QUE DETENIDO EN COLOMBIA ES UN SARGENTO DEL EJÉRCITO


09 DE JUNIO, 2008 03:27 PM - MILENA MILLÁN SÁNCHEZ TOMADO DEL NACIONAL.


*RAMÓN RODRÍGUEZ CHACÍN, MINISTRO DEL INTERIOR EN RUEDA DE PRENSA EFE

Ramón Rodríguez Chacín, ministro de Interior y Justicia, aseguró en rueda de prensa este lunes que la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia no está anulada, solo pasará a un proceso de revisión en el gabinete habilitante.

"Como dijo el presidente Chávez, solo hay que hacerle una revisión porque presenta unos errores (...) no está derogada solo va a revisión" dijo el ministro.

Asimismo informó que mientras esta ley se encuentre en corrección se le harán una serie de ajustes y arreglos que luego tendrá que aprobar el presidente Chávez y el proceso de ejecución del reglamento queda temporalmente suspendido.

"Que no quede en duda el profundo sentido democrático de nuestro presidente Chávez, su sentido humano, su capacidad de rectificación, su capacidad de escuchar", exclamó Rodríguez Chacín.

Al ser interrogado acerca del asesinato del vicepresidente del diario Reporte, Pierre Gerges, el ministro no quiso dar mayores declaraciones, pero informó que ya "hay hipótesis muy avanzadas".

"Es muy posible que se haya acabado con la vida de la persona equivocada, está casi comprobado que se trató de sicariato pero es un caso muy delicado y no quiero decir más porque no me gustaría interferir en las averiguaciones" declaró el alto funcionario.

*SAPO VETE DE AQUÍ, SAPO PONTE PA LLÁ

*SAPO VETE DE AQUÍ, SAPO PONTE PA LLÁ

PUBLICADO EN: 'DERECHOS HUMANOS' MARTES, JUNIO 3, 2008

Esa canción del sapo de Serenata Guayanesa, la tomaremos como el himno contra la Ley Sapo, muy grave…

Con la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia ("Ley Sapo") todos estamos obligados a suministrar información confidencial al gobierno nacional. No es una exageración. Por ejemplo, un mesonero tiene el deber, si así lo requiere el gobierno nacional, de fungir como agente de inteligencia y suministrar la información que así le exijan.

Así puede suceder, igualmente, con el taxista, el médico, la enfermera, la aeromoza, el abogado, el juez, el zapatero, el cajero del banco, etc. Todos ellos tienen el deber de suministrar información de "inteligencia" al gobierno nacional, sobre cualquier persona, si así le es requerido.

Sólo lean ustedes mismos el artículo 16 de la ley, ya vigente:

"Son Órganos de Apoyo a las actividades de inteligencia y contrainteligencia, las personas naturales y jurídicas, de derecho público y privado, nacionales o extranjeras, así como los órganos y entes de la administración pública nacional, estadal, municipal, las redes sociales, organizaciones de participación popular y comunidades organizadas, cuando les sea solicitada su cooperación para la obtención de información o el apoyo técnico, por parte de los órganos con competencia especial.

Las personas que incumplan con las obligaciones establecidas en el presente artículo son responsables de conformidad con la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y demás actos de rango legal y sublegal aplicables a la materia, en virtud de que dicha conducta atenta contra la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación".

Este domingo en el Boulevard de El Cafetal, 10.00 a.m. manifestaremos con nuestras camisas moradas contra la Ley Sapo que afecta a todos. Lleven sus sapos.

NO A LA LEY GESTSAPO

*DANIEL SANTOLO: “EL GOBIERNO (DE VENEZUELA) VIOLA A DIARIO NUESTROS DERECHOS FUNDAMENTALES”

*DANIEL SANTOLO: “EL GOBIERNO (DE VENEZUELA) VIOLA A DIARIO NUESTROS DERECHOS FUNDAMENTALES”

Caracas 21/05/08. (PS).- Daniel Santolo, Secretario General de la Causa R, hizo un llamado de alerta a la población a no dejarse engañar ante lo que consideró una nueva trampa por parte del gobierno nacional, al asumir la defensa de soberanía como una cortina de humo frente al desgobierno que reina en el país, y que en los últimos años ha traído como consecuencia directa una terrible escasez de productos indispensables en la dieta del venezolano.

Santolo, quien ofreció declaraciones en rueda de prensa este martes, calificó de abusiva la manera como el gobierno nacional toma como bandera la defensa de la soberanía con la finalidad de distraer a la población, de los verdaderos problemas que le aquejan. “El gobierno habla de la soberanía y nosotros estamos de acuerdo con ella, pero el llamado real es a defender la soberanía alimentaria y la seguridad, puntos en los cuales se violan a diario nuestros derechos fundamentales”.

En relación a las declaraciones hechas por el Ministro Rodríguez Chapín, hace más de mes y medio en donde anunció que los barrios estaban siendo penetrados por paramilitares dedicados de lleno al tráfico de drogas y el asesinato de venezolanos, Santolo se preguntó “¿Dónde están esas detenciones? ¿Dónde está la acción del gobierno en esa verdadera violación de la soberanía?”.

El Secretario General de la Causa R definió como absurdo el armamentismo desmedido que lleva adelante el gobierno con la compra de barcos, helicópteros y aviones que para nada resuelven los problemas del país. “¡Claro que necesitamos un cañón! Pero uno que dispare harina de maíz, huevos y pollos hacia la población más necesitada”.

Enfatizó que el llamado al gobierno es para que atienda los problemas básicos del venezolano, señalando que ante la renuncia en masa de los médicos a trabajar en los hospitales públicos por no contar con los insumos básicos para atender a los pacientes, la pregunta es si la única opción que le queda a la población es llamar a la Cruz Roja internacional para que se ocupe de nuestros enfermos.
Con respecto al gravísimo problema de inseguridad que acosa a los ciudadanos de todas las regiones del país, Santolo se preguntó “¿Tendremos que llamar a los cascos azules para que vengan, tomen los sectores populares y nos protejan de la cantidad de delincuentes que nos tienen sitiados?”.

Fue categórico al señalar que “Este gobierno tiene diez años violando la soberanía interna del país al no resolver los problemas elementales de los venezolanos”.

Daniel Santolo finalizó convocando a la marcha por la defensa de la libertad de expresión el próximo sábado 25, al cumplirse un año del cierre de RCTV. “Debemos salir y marchar frente a un gobierno que viene presionando a los medios de comunicación, que por demás usa el inmenso poder comunicacional del Estado para promover día y noche un supuesto partido socialista”.

Juan José Ojeda Díaz.-