Ciertamente, lo que ha estado ocurriendo en nuestro país en los últimos meses merece una mirada muy Atenta, incisiva y cauta de parte de todos. Sobre todo, después de ver las recientes actuaciones del presidente de la República.
A raíz del resultado exitoso del 26S, producto de la estrategia acertada de las fuerzas democráticas, los efectos positivos de toda índole no se hicieron esperar, incluso más allá de las fronteras.
Si aquellos los midiéramos por la reacción gubernamental, bastaría con observar la aceleración desesperada que pusieron los diputados salientes en la aprobación de decisiones y leyes cuyo fin no era el beneficio de la colectividad, sino asegurarse, por un lado, la permanencia en el poder, y por otro, sentar las bases de un estado totalitario al que se ha opuesto mayoritariamente el país; todo a sabiendas de que una vez tomara posesión el nuevo parlamento, no les sería tan fácil tal propósito, a pesar de contar con un número superior de diputados.
Esta conducta inmoral y antidemocrática ya evidenciaba la preocupación que los consumía. Habían encajado mal el golpe contundente que les propinó el país, cuando éste entregó la mayoría a la oposición democrática.
El derrumbe del afecto popular hacia el gobierno, que se venía asomando persistentemente en algunas encuestas, ya tomaba un camino alarmante para los chavistas. El 26S fue la prueba irrebatible del cambio que se venía gestando en el ánimo de los venezolanos. Su proyecto político demencial comenzaba a hacer aguas.
Son más que sabidos los exabruptos “legales” que perpetraron hasta finales del mes de Diciembre pasado. Entre gallos y medianoche aprobaron leyes, además de inconstitucionales, disparatadas e impracticables. Sin consultar a los interesados, mucho menos a los que saben de las materias reguladas. Adelantaron el nombramiento de magistrados del TSJ, cuyos antecedentes profesionales son, en general, deleznables, y las credenciales determinantes para la decisión fueron las del sometimiento a la línea político-ideológica del gobierno.
A pesar de estas arbitrariedades y otros desaguisados, y creyendo el gobierno que no habría ninguna movilización opositora, tomó el camino de la radicalización, incrementando los atropellos y violaciones a los derechos humanos, entre ellos, la propiedad privada, y subiendo el tono de su discurso agresivo, amenazador e insultante hacia las fuerzas que los habían derrotado en el campo electoral.
Terminado el año, y en vísperas de la asunción de la nueva Asamblea, y viendo que las fiestas navideñas no impidieron que las fuerzas democráticas se movilizaran, protestaran y denunciaran los desafueros recientes, el gobierno empieza a sentir otro golpe de la población: El del amplio rechazo a la conducta radicalizada y de abuso asumida post elecciones 26S.
La radicalización y la arbitrariedad de la Asamblea aumentaron el repudio popular, a lo que se sumó el deterioro de las condiciones de vida de la población, golpeada por la inflación, el hampa desatada y el desastre de gran parte de los servicios públicos.
Por otro lado, la denuncia de estos nuevos hechos, después de todas las que durante una década se formularon ante una comunidad internacional que se mostraba apática o escéptica, en esta oportunidad tuvieron un efecto muy importante. A tal punto, que un alto funcionario de la OEA, su Secretario General, expresó formalmente su inquietud acerca de uno de los desaguisados de una Asamblea Nacional venezolana ilegitimada: la Ley que habilita al presidente para legislar durante 18 meses en un conjunto de materias, resignando así, en la práctica, su poder legislativo constitucional.
De esta forma, el señor Insulza se pregunta si tal ley no sería contraria a los principios contenidos en la Carta Democrática Interamericana, y para la consideración de tal asunto, habría hecho consultas y un llamado a una reunión del Consejo Permanente de la OEA. Recibe, igualmente, una delegación de diputados venezolanos de oposición que fueron a presentar un conjunto de denuncias sobre los temas que hemos referido más arriba.
Además de la OEA, en otros ámbitos internacionales, se ha estado ventilando el “caso Venezuela”, sin dejar de mencionar las declaraciones de personalidades y funcionarios de otros países del hemisferio, que han manifestado su preocupación por lo que está ocurriendo en nuestro país.
He señalado en otra oportunidad que la lupa mayor que se está poniendo desde fuera al caso Venezuela no es nada casual. Es el reconocimiento formal y de hecho de una fuerza política cuya legitimidad y vocación democráticas no puede ser negada. Los partidos políticos y demás organizaciones venezolanas ya no siguen siendo vistos por la mayoría de los gobiernos e instituciones internacionales como una suerte de insoportables, fastidiosos y, para rematar, golpistas, que se la pasaban aquí y allá denunciando a un gobierno autoritario y a los que muy pocos atendían.
Lo que venía ocurriendo en ese sentido hasta hace poco cambió. La fuerza política demostrada, nos guste o no, es lo que cuenta en esos espacios en donde los intereses materiales y/o políticos van de primeros.
Ahora nos oyen y nos reciben más porque tenemos fuerza, así de sencillo. “Mapurite sabe a quien perfuma”, dice, más o menos, la sabiduría del campo venezolano, y cuando vemos esas volteretas no sólo en el exterior sino también el país, debe recordarse esa “máxima”.
Y el presidente de Venezuela no sólo la conoce muy bien, también la practica. No hace falta recordar las múltiples veces que se echa para atrás cuando ve que las condiciones les son adversas. En tales momentos, blande crucifijos, se arrodilla, pide la bendición a curas, se muestra cargando muchachitos, se arrepiente, pide perdón, dice que no es comunista, en fin, se trasmuta en manso corderito, en niño que no ha quebrado un plato. Eso es “pura muela”, como dicen los jóvenes ahora.
Sin embargo, todos sabemos que apenas pasan pocos días de tales actos de arrepentimiento, cuando vuelve a las andadas, a los insultos, a las humillaciones, al discurso incendiario, al incentivo del odio y a la división de los venezolanos.
El presidente tiene un PHD en retiradas tácticas. La experiencia ha demostrado que retrocede para coger impulso cuando las circunstancias lo favorezcan. Devolver la Ley habilitante (para reducir su tiempo de vigencia) y la Ley de universidades a la Asamblea, y mantener las otras leyes, igual o más letales que aquellas, las que atentan contra principios constitucionales como la descentralización, la proporcionalidad electoral, el derecho de propiedad y las que afectan a las fuerzas armadas, entre otras, no significa ningún propósito de enmienda real y creíble.
No podemos albergar esperanza alguna de tales maromas, que sólo buscan ganar tiempo y recuperar el afecto de los que oscilan de un lado a otro del espectro político que hoy divide a Venezuela. Hay mucha gente ingenua que de buena fe cree en estos actos de contrición. El gobierno lo sabe y trata de manipularla con estos arranques de caperucita roja arrepentida.
A la oposición no le resta otra que perseverar en la estrategia trazada, perfeccionarla, afinarla, ahondando la unidad de acción, ampliando el mensaje de cambio, haciendo propuestas viables que apunten a la solución de los grandes problemas que acogotan a la nación. El debate debe proyectarse a todos los sectores, trascendiendo la Asamblea, pero dando en ésta las peleas que deban darse presionando para que las condiciones adversas de ese espacio se modifiquen. Pero lo que no debe perderse de vista nunca son los propósitos detrás de estas marchas y contramarchas, señuelos y movimientos distraccionistas del gobierno. Adelantarnos o salir al paso de ellos, así como actuar en consecuencia, es nuestro primer deber.
Sin duda, vamos bien.
EMILIO NOUEL V.
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