Si algo afecta de manera significativa el
proceso de diálogo político en Venezuela y estimula su inviabilidad y, en
consecuencia, la irresolución de la profunda crisis que vivimos, es que se siga
aplicando un modelo político de intolerancia y agresión contrario al sistema
democrático previsto en la Constitución y en virtud del cual se desconocen de
hecho sus principios, sus reglas y sus procedimientos.
De la misma manera
resulta indispensable asumir con carácter prioritario la recuperación del
institucionalismo en el país; el reconocimiento pleno de los derechos
ciudadanos; la corrección sustancial de actos, políticas, decisiones y
conductas antidemocráticas; asegurar el cumplimiento de los objetivos del
Estado y desarrollar justas y equilibradas relaciones políticas entre el
gobierno y el resto del país, entendido siempre a aquel como órgano subordinado
y dependiente de la sociedad y al servicio integral de la Nación.
No cumplir el deber de dialogar en
condiciones adecuadas y no corregir la apreciación sesgada se observa,
exhibiendo un indebido dogmatismo ajeno al carácter de nuestro sistema
político, sería perder la oportunidad de asumir el sentido cabal de la
democracia tal y como lo ordena la Constitución.
Tan grave es la situación venezolana que el
diálogo que en esencia representa el eje de la democracia para que se materialice el deber del gobierno
de dirigir y el derecho de la oposición de controlar y vigilar la gestión del
Estado, roles necesarios que se complementan y son parte de los derechos
políticos, no existe en el país y debe ser influido por otros.
Venezuela no es un Estado socialista y menos
aún un Estado comunista, si nos acogemos
al expreso mandato de la Constitución. Venezuela es y debe ser un Estado Democrático (artículo
2 de la CRBV) lo cual demanda un comportamiento político conforme a lo que esto
representa como mecanismo de ejercicio del poder, en medio de la diversidad y
la pluralidad, para establecer equilibrio de intereses y reconocimiento de
derechos propios y ajenos.
Aquella inicial declaración del comunismo del
año 1920 y siguientes, en virtud de la cual se proclamaba como una ideología
destinada a la: "destrucción radical del régimen capitalista" y a la:
"toma de posesión de todos los medios de producción e intercambio",
evidenciaba un radical e irreconciliable antagonismo con la concepción liberal
de la democracia y del Estado, tal y como se estableció en las Repúblicas
durante el siglo XIX y ha subsistido hasta el presente. Además, proclamaba
acabar con el: "régimen parlamentario y la democracia burguesa", con
sus representantes, entre ellos: "los partidos socialistas que han hecho
causa común", señalando la necesidad de establecer la dictadura del
proletariado y la propiedad comunista que era: "el fundamento único de la
libertad individual". Igualmente, la forma de reconocer la soberanía
popular era otorgando: "todo el poder a los soviet", uniformando la
actuación política, planificando y concentrando la economía, acabando la
iniciativa privada y desapareciendo cualquier otra ideología, agrupación,
comportamiento político y social opuesto a sus ideas.
Esa doctrina demostró su inviabilidad al
pretender sustituir a la sociedad libre y democrática, que requiere el debate y la crítica, privilegia
la diversidad, el parlamentarismo, la libertad de consciencia, de opinión, de
expresión y de manifestación, la
división de los poderes y garantiza la alternabilidad política como forma de
renovación social, prerrogativa y derecho incuestionable del pueblo.
Cualquier ideología que limite o destruya
como lo hizo el comunismo, el fascismo, el totalitarismo y hasta algunas
supuestas democracias, el desenvolvimiento libre de la sociedad, pierde en el
mundo actual su capacidad de representación y dirección.
Si el diálogo político no interpreta la aspiración
social de cambio, la naturaleza del régimen político, la necesidad de
rectificaciones esenciales, el fortalecimiento de las instituciones
democráticas y del Estado de Derecho, el acatamiento de la voluntad mayoritaria
de la nación, se acentuará la desconfianza, la división y el enfrentamiento que
ha gestado la incapacidad del liderazgo, la incomprensión de las realidades
nacionales y el incumplimiento de los fines superiores del país, entre ellos:
"el ejercicio democrático de la voluntad general", que supone convivencia, equilibrio, reconocimiento, para
admitir el derecho y la razón de otro y cumplir el imperativo de alcanzar la
prosperidad y el bienestar del pueblo, tal y como lo ordena sin excepciones la Constitución.
Jose Felix Diaz Bermudez
jfd599@gmail.com
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