“La única verdad es la realidad”. Aristóteles (384 a. C. – 322 a. C.), filósofo de la Antigua Grecia.
El motín en la cárcel de El Rodeo cesó después de 27 días en que Venezuela entera se mantuvo en vilo observando cómo años de negligencia y corrupción en el sector penitenciario explotó violentamente, produciendo esta toma en la cual 3.500 guardias nacionales se enfrentaron a 1.800 presos alzados. El saldo oficial al final de estos sucesos fue de 23 muertos y un número no contabilizado de heridos; se decomisaron siete fusiles de asalto, cinco escopetas, 20 pistolas, ocho granadas y 53 kilogramos de cocaína, además de teléfonos celulares, municiones y marihuana.
En El Rodeo se inició esta terrible situación el 17 de junio de 2011, cuando comenzó una requisa a la cual los presos se resistieron. El viceministro de seguridad ciudadana General Néstor Reverol, reconoció que en El Rodeo había 4.700 detenidos. Las instalaciones tienen capacidad para sólo 700 presos. Desde el primer día de la toma, se sucedieron escenas violentas en las cuales los guardias nacionales, 400 efectivos del Ejército y grupos de paracaidistas trataron de acabar con la toma realizando ataques sistemáticos que provocaron el pánico de los familiares de los reclusos, que en las afueras del penal, tragaban gases lacrimógenos y pedían la intervención presidencial para, según sus cartelones y declaraciones a los medios que también se encontraban en las afueras ( y bien alejados) del penal, se detuviera “la masacre”. Porque el único medio que tuvo acceso al interior del recinto fue Venezolana de Televisión, señal que era tomada por los demás canales.
El silencio del Presidente era notorio. Estaba en Cuba y todavía nadie sabía que se le había diagnosticado un tumor cancerígeno. Así que el vicepresidente Jaua y el ministro Tareck El Aissami eran los voceros gubernamentales. Con Cilia Flores y el Ministro de la Defensa haciendo la comparsa, todos afirmaban que la oposición se aprovechaba de la situación. Pero ninguno ofrecía un diagnóstico claro de por qué sucedía esa toma violenta, porque eso simplemente sería el reconocimiento de la fallida gestión penitenciaria de un gobierno que tiene más de 12 años en el poder.
Cuando a finales de julio se solventó la situación, los presos afirmaron que se rendían por hambre y no porque hubiesen depuesto su rebelión por las condiciones infrahumanas de hacinamiento y por los retardos procesales. En Venezolana de Televisión apareció el pran “El Yoifre” diciendo: “Nosotros perdimos pero el gobierno también”. En la entrega final, se fugaron 29 presos y cientos más fueron trasladados a otras cárceles del país, supuestamente por pocos días, mientras se reacomodaban las condiciones de El Rodeo.
Esta es la noticia, sin adornos ni interpretaciones. Esos fueron los hechos, reseñados por la prensa nacional e internacional. Todo lo que apareció en las pantallas de televisión estaba sucediendo, filmado en tiempo real. Todos los hechos resultan irrefutables ante las pruebas fílmicas y fotográficas recogidas por los periodistas. Pero una vez más, al igual que ha sucedido en otros casos, el gobierno monta en cólera por el espejo de su inepta realidad reflejada en medios de comunicación independientes, que ellos llaman “golpistas” porque osan, pese a todas las amenazas, a contar el aterrorizante panorama del país.
¿Quién se atreve a negar que el año pasado hubo casi 500 muertos en los penales venezolanos? ¿Quién pone sus manos en el fuego por la gestión de un gobierno que por acciones u omisiones ha fomentado la violencia, el odio, la lucha de clases y el delito con la excusa de la desigualdad? Después de lo que ocurrió en El Rodeo, que fue la expresión descarnada de la ineptitud gubernamental, en cualquier país decente hubieran sido destituidos o tal vez tendrían la decencia de renunciar todos los funcionarios del área, comenzando por el Ministro. En cualquier ordenamiento legal que se respete, se hubiera iniciado una investigación seria acerca de cómo y quiénes introducen armas en las cárceles (la respuesta la sabe todo el mundo, menos el Comandante de la Guardia Nacional); en una república donde impere la ley, el gobierno asumiría su responsabilidad aplicando de inmediato las medidas que sean necesarias para controlar rápidamente una situación de peligrosa anarquía como ésa.
Venezuela reportó 124 muertes en las cárceles durante el primer trimestre del año, lo que representa un aumento de 22% respecto a la cifra del año pasado. Algo como para mover todos los resortes y accionar eficazmente para detener tal situación. Después de los sucesos de El Rodeo, el gobierno ha hecho dos movimientos: nombrar a una camorrera como Iris Varela, carente de toda experiencia en la materia, Ministra de Asuntos Penitenciarios y abrir un expediente sancionatorio a Globovisión mediante su brazo armado contra los medios audiovisuales, Conatel.
La Ministra, tres meses y medio después de su nombramiento, todavía no ha adivinado qué debe hacer para contener la violencia en las cárceles, sólo se le ha ocurrido aliviar el hacinamiento soltando los presos. Pero Conatel sí supo qué hacer con Globovisión: bajo acusaciones de haber transmitido las informaciones desde las afueras de El Rodeo para sembrar la zozobra pública, hacer apología del delito, mal poner a los distinguidos miembros de la Guardia Nacional y crear una matriz de opinión desestabilizadora, castigó a la planta con una astronómica multa de 9.300 millones de bolívares. Los medios internacionales así lo reseñaron: ¡una multa de más de dos millones de dólares!
Por qué contra Globovisión, un canal relativamente pequeño, que transmite en señal abierta en sólo dos ciudades, ya que hace años sus microondas les fueron incautadas y los permisos de transmisión cancelados. Su fuerza es a través del cable. Sin embargo, según las encuestas, Globovisión tiene un rating de 12%, por lo que un gobierno que a estas alturas controla casi el 80% del espectro radioeléctrico del país, no debería preocuparse. Pero considerando que la suma de sintonía de todas las estaciones televisivas oficiales nacionales no llega ni al 7% , considerando también que Globovisión es el puente informativo a canales de todo el mundo, considerando que Globovisión tiene una medida de protección de la Corte Internacional de Derechos Humanos, el remedio está clarísimo: poner una multa impagable a Globovisión con el avieso fin de que la planta cierre por quiebra.
El gobierno trata de cerrar un canal porque no le gustó que sus micrófonos estuvieran día y noche al servicio de los familiares de los presos que suplicaban por la vida y los derechos de ellos. No le gustó que la noticia, sin el maquillaje de la mentira oficial, trascendiera al conocimiento de Venezuela y el mundo, patentando no sólo a un gobierno nulo sino a un gobierno violador de los derechos humanos de sus ciudadanos. Conatel es el verdugo pero los jueces son otros, son los incapaces que desde los más altos cargos eluden su responsabilidad en el caos que vive Venezuela y siempre encuentran un chivo expiatorio que le sirva para exculparse y para hacer lo que más gusta a los incapaces: ondear un trapo rojo para distraer las miradas de su canalla faz.
La orden es sacar a Globovisión del aire y a ellos les gusta la vía disfrazada de ley, la misma que ellos hicieron y utilizaron para cerrar a Radio Caracas Televisión, planta decana de la televisión venezolana. Ya a nadie extraña estos tan drásticos como trágicamente evidentes movimientos del régimen para anular voceros y canales de la oposición democrática. Entramos en el año electoral que determinará definitivamente el futuro de este país. Los venezolanos elegirán entre comunismo y democracia, entre libertad y opresión. Y quienes están comiendo a sus anchas desde los puestos claves, quieren conservar el condumio, aún a costa de arriesgarse a ser juzgados en un futuro por delitos de lesa patria y contra los derechos humanos, cuya sanción no prescribe. Quienes los cometen no pueden alegar que cumplían órdenes ni que actuaban según la ley. Ninguna ley los protegerá.
Otra vez el Presidente está en Cuba, otra vez guarda silencio en temas dramáticos como éste, otra vez se hará el loco diciendo “yo no fui”. Pero qué bien le sentaría que Globovisión no estuviera al aire. Sin duda, el factor campaña está privando en esta medida que atenta contra todos los principios de libertad de expresión y de libre ejercicio del periodismo.
Lo bueno de esto es que una vez más se confirma que el régimen comunista que gobierna Venezuela está dispuesto a todo para eliminar la disidencia. Pero a estas alturas del período constitucional, en puertas de una campaña, con un candidato gravemente enfermo, con un país crucificado a problemas de sobrevivencia, con una población lanzada a la protesta y hastiada de la pésima calidad de su vida, lo de Globovisión ha sentado como un disparo en la noche. La condena al gobierno chavista ha sido unánime por parte de organismos internacionales que defienden las libertades democráticas.
Todos estos son síntomas de la percepción cierta que tienen tanto el oficialismo como la oposición de que estamos llegando al final de los tiempos dizque revolucionarios. Las ratas ya han comenzado a abandonar el barco. Pregunten cuántos de ellos mantienen aún a sus familias en el país. Los más acomodados y previsivos tienen su pista de aterrizaje en el exterior preparada. Porque saben que esto va en bajada. Y tienen “Globoterror”. Dentro de poco, no habrá albañales disponibles para tanta rata.
En la larga disputa disputa con los medios, el gobierno no renovó en 2007 la concesión de la señal y le ocupó los edificios de transmisión a Radio Caracas Televisión, que era el canal por aire más antiguo y popular del país. Un año después perdieron también sus permisos temporales 32 estaciones privadas de radiodifusión. La multa a Globovisión, que equivale a 7,5 por ciento de los ingresos brutos de 2010, 'es impagable', aseguró a IPS su vicepresidenta ejecutiva, María Fernanda Flores.
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