ANTONIO JOSÉ MONAGAS, UN GOBIERNO QUE ODIA LAS IDEAS, PIDO LA PALABRA, VENTANA DE PAPEL,

UN GOBIERNO QUE ODIA LAS IDEAS

Luego de haberse convertido los Estados modernos en productores de bienes y prestadores de servicios públicos, fungen también como articuladores entre los espacios en los cuales se hace posible inducir estabilidad y aquellos de los cuales emerge la confianza política necesaria para tomar decisiones que motoricen el clima de razonamiento que requiere la movilización de los recursos que demanda el devenir de la sociedad en sus más exigentes manifestaciones. Pero para que estas realidades apunten hacia propósitos concretos, deben atenderse reglas de juego y de confianza política que permitan la interacción con los demás actores y sin lo cual la gobernabilidad se reduce a una mera administración de lo que ya existe.

Cuando un gobierno no reconoce este modo de operar situaciones que la dinámica política determina, cae en graves contradicciones que terminan oscureciendo el ámbito en el que un país se mueve. Más, cuando ejerce un estilo de gestión que desatiende la construcción de un entorno que considere las consternaciones que a su alrededor ocurren. Al no hacerlo, ese mismo gobierno posterga su liderazgo en materia sensible al desarrollo del país. Es ahí cuando incurre en la equivocación de actuar a merced de peligrosas improvisaciones inducidas por falta de visión y de proyectos. Pero sobre todo, por la carencia de ideas que repercutan en el acoplamiento de vías de desarrollo que favorezcan propuestas políticas de avanzada en lo social y en lo económico.

En el marco de estos reveses, el gobierno sufre la pérdida de su capacidad para actuar con la legitimidad que, como actor político, debe mantener para impulsar sus decisiones. Igualmente, para conciliar proposiciones que se dan de cara a los cambios que ocurren en el ámbito político. Pero esta situación no sólo confunde la propia gestión gubernamental. También entorpece la labor de partidos políticos en su intención de participar en la intermediación de intereses sociales ante la resolución de problemas de toda consideración.

En el fragor de dichas realidades, el gobierno naturalmente plantea recuperarse. No obstante, ya su desgaste ha causado hondas secuelas en la trama sobre la cual se articula el ordenamiento jurídico que configura el Estado-Nación. Se ofusca a tal extremo, que el discurso del gobernante y sus acciones chocan con postulados que en un momento utilizó a manera de captación de votos. No consigue la estabilidad que demanda la gobernabilidad como objetivo político. Es entonces cuando el desorden que la administración gubernamental padece, lleva a que el gobernante haga uso y abuso de consideraciones que forman parte del discurso político cotidiano. Todo con el fin de reivindicarse ante el electorado. Sin embargo, he ahí el error. Craso traspié. ¿Pero por qué tan desproporcionada aberración?

La respuesta se explica en que para ese momento, ya el gobierno no tiene el respaldo necesario que la dinámica política plantea en virtud de la crisis que para entonces ha comenzado a armarse con base en argumentos que develan las contradicciones en que el gobernante ha incurrido como producto de la confusión que vive. Por tanto, busca responder a ello con explicaciones que rayan en argucias y que sólo tienden a perjudicarlo sin comprender el alcance de su insensatez. Apela a un catálogo de fracasadas ideas por no contar con ideas claras. Tampoco convincentes. La tasa de inverosimilitudes y mentiras, aumenta en la medida que las cosas se complican. Su discurso luce tan extraviado que no contempla ideas que dejen ver un pensamiento suficientemente hilvanado. Ni una idea nueva que se precie de un mínimo esfuerzo. Pareciera que escondiera una nostalgia que lo lleva a calzar su precariedad en un acomodadizo pasado. Da la impresión que odia a quien piensa pues le resulta imposible medirse en términos de propuestas soportadas sobre realidades concisas y elaboradas con la debida metodología. Tanto, que exhibe un antiintelectualismo propio del más férreo oscurantismo. Sin sentido de la historia. Por esa razón emplea la fuerza en primera y última instancia. Su ineptitud para adelantar ideas constructivas, hace que demuestre su vocación para deshacer, separar, desarticular y hasta para disolver todo lo que la institucionalidad y las libertades forjaron. Aunque no sería del todo una simple casualidad que Venezuela se vea en el espejo de un gobierno que odia las ideas.

VENTANA DE PAPEL

AUTONOMÍA PARA OBEDECER

Desde que el régimen populista que gobierna en Venezuela radicalizó su pretendida revolución con ínfulas militaristas, la crisis política y económica se adueñó de tal manera del país que hizo que la resignación adquiriera forma sacramental del denominado socialismo del siglo XXI. Nada quedó a salvo de las atrocidades de un gobierno que repudió siempre las ideas. Particularmente, si estas proceden del discurrir académico universitario.

Ahora, todo intención de exhortar la intelectualidad es vista como un gesto propio de la más antipatriótica expresión. Más aún, cuando tan magnánima necesidad busca florecer en tierras donde se sembró la desesperanza de la cual se vale el régimen para imponer sus mentiras que inspiran a ilusos,  corruptos y a mediocres. En medio de ese anacronismo, las instituciones comenzaron a deponer su indignación al punto que el país ha venido hundiéndose a pesar de sus gritos de “socorro”. En medio de tan desalentador ambiente, las verdades sociales y políticas circulan de manera fragmentada como consecuencia del descalabro sembrado por la fuerza de crueles amenazas y encarnizados atropellos.

Hoy, la Universidad autónoma ha caído “herida de muerte” por la acción impúdica y violenta de un gobierno que no tiene sentido del respeto, de la decencia ni de la benevolencia. Es un terreno en el que el régimen no se lleva bien con las ideas, pues éstas saben ir tras la búsqueda de la verdad y del afianzamiento de los valores trascendentales del hombre. Por tanto, la táctica asumida es de infundir miedo. Sin importarle si ese miedo es capaz de revertir su causa y transformarse en la audacia necesaria para provocar su defenestración. O en la confianza necesaria para ganar el espacio mínimo que requiere el andamiaje de la democracia anhelada.

El autoritarismo comenzó por dificultarle los procesos autonómicos a la Universidad nacional. Y en efecto lo logró al momento de endurecer el presupuesto universitario mediante abusivos dictámenes que inhibieron el desarrollo de la razón de ser de la academia. El libreto encauzado siguió con absurdas intervenciones gubernamentales que obligaron a las universidades a subordinarse ante instancias de poder político y administrativo. Ahora, al régimen le dio por regular el ingreso estudiantil de acuerdo a criterios populistas. Para conseguirlo, ha intentado manipular la brecha de la economía de los sueldos universitarios. Ello, a pesar de lo que tal situación ha provocado respecto de criterios encontrados para definir la proporcionalidad salarial en el escalafón universitario. En consecuencia, ha habido cruentas disimilitudes que han tendido a confrontar actitudes individuales y posiciones gremiales con la institucionalidad de universidades que viven a conciencia el valor de “vencer las sombras”.

Todo eso ha tenido un único propósito: demoler la autonomía para que de sus ruinas pueda levantarse algún armatoste donde imperen la precariedad y la mediocridad. Donde la verticalidad militar sirva para convertir a Venezuela en un pastizal que brinde frutos insípidos que emboten el pensamiento y contraigan la dignidad. Es decir, que se tenga una autonomía para obedecer.

“Un gobierno sin ideas es como un barco sin brújula. O sin carta de navegación. Su rumbo es incierto y a riesgo de perderse en la inmensidad de la vida nacional”

Antonio José Monagas

antoniomonagas@gmail.com

@ajmonagas

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GOLFREDO DÁVILA, AUTONOMÍA (PARTE I Y II)

La intromisión hegemónica del actual régimen y su obsesión por el control total, son agobiantes y al mismo tiempo búmeran. La propaganda avasallante, tratar a los seres humanos como objetos y no sujetos de derecho y justicia, el irrespeto, el insulto y castigar a quienes se oponen al amaestramiento que imponen, son conductas propias de la barbarie que fenecerán.

La sociedad desde la antigüedad se ha organizado y creó el Estado como el instrumento que regula las relaciones entre sus componentes. El Estado por su parte ha evolucionado en el transcurrir de los tiempos, pero sigue siendo un aparato que domina a la sociedad. Ésta afortunadamente ha creado sus contrapesos, siendo el más importante su autonomía organizacional y política.

Autonomía viene del griego auto, "uno mismo", y nomos, "norma", procede de la filosofía y la psicología y expresa la capacidad para darse reglas a uno mismo o tomar decisiones sin intervención ni influencia externa. Es también la capacidad que tiene el individuo, comunidad o pueblo de autogobernarse, o de ciertos entes territoriales para regirse con órganos y normas propias en el marco constitucional. Es un término vinculado a los conceptos de democracia y libertad.

Desde diversos ámbitos del poder, siempre se ha mirado con recelo las ideas autonomistas y desde allí se esgrime, por ejemplo; que la autonomía de estados y municipios, desdibuja y hace débil a la nación, muy a pesar que la Constitución Nacional dice que somos una República federal y descentralizada. Alegan que la descentralización y la desconcentración del poder, inducen a la fractura, dispersión e incoherencia del país, que se requiere una fuerte y única voz ante cualquier poder imperial; algunos no delegan y frenan procesos democratizadores aduciendo que generan anarquía e ingobernabilidad y están los que subestiman y/o desconfían de las capacidades del otro, sea este, un individuo, un colectivo, un municipio o un estado. Detrás de ello se esconde su apego por el poder absoluto.

En nuestro país la autonomía fue echada al olvido, el régimen la suprimió del discurso, de sus textos y leyes, le huyen, le tienen temor. Lo cual es coherente con su naturaleza autoritaria y con el concepto fascista de que la sociedad forma parte del cuerpo y el espíritu del Estado. Pues a la sociedad no le queda una pizca de autonomía, a excepción de algunas universidades y parte del sector privado, que todavía acarician ciertos vestigios de ella. Pero lo más triste, paradójico y complejo de nuestra realidad, es que mientras el Estado controla y atosiga con tanta ferocidad a la sociedad decente y busca su rendición, el pillaje, el malandrismo y el narcotráfico andan a sus anchas y con suficiente autonomía, al punto que las instituciones formales le rinden pleitesía a las mafias.

La realidad impone un diálogo al interior de la sociedad, sobre tres aspectos esenciales; el Estado que necesitamos, las formas de lucha y organización ante la crisis y un proyecto de cambio.

AUTONOMÍA (II)

Abordar un tema como el de la autonomía en tiempos de caos, seguramente puede resultar inocuo para algunos lectores. Pero es clave que entendamos que la carencia de una sociedad autónoma forma parte de las causas y no de las consecuencias de la crisis del país. Además, la gravedad de los problemas objetivos, por si sola, no genera conciencia política, así como tampoco la conciencia y la razón por si solas generan cambios.

Cabe destacar que el individuo es autónomo respecto del colectivo, que la sociedad lo es frente al Estado-nación y este lo es en relación con el resto de las naciones. La autonomía debe llegar a formar parte de nuestra cultura de vida y ella comienza por la capacidad de análisis crítico, es lo opuesto al ordeno y mando, a la sumisión y el culto a la personalidad. En la sociedad, va de la mano con la capacidad de organización y lucha, por tanto los Consejos Comunales, sindicatos, gremios estudiantiles y profesionales, ONGs entre otras, no deben ser apéndices del Estado y están llamados a definir en forma soberana el modelo de democracia que aspiran.

Un paso en esa dirección es el diálogo y convertir el pensamiento y la organización en  acción, así como construir un Estado-nación que rompa las ataduras con poderes imperiales o foráneos. Causa asombro la inmoralidad con la que el régimen alardea de la soberanía, sólo la manosean para distraer a la opinión pública, porque lo que pulula es la economía de puertos, mayor endeudamiento externo y turbios negocios con otros países, en detrimento de los intereses nacionales. Los 15 años de fracaso del régimen chavista nos han hecho más dependientes que nunca. Ahí se observa la mentira y lo contradictorio de su conducta, despotismo militar a lo interno del país, pero sumisión absoluta al imperio chino y a los designios de los castro de Cuba.

Estos asuntos claves han sido debatidos por la dirigencia opositora, pero el pueblo carece de dichos insumos, alimentando con ello un accionar voluntarista, parcelado y disperso. Del lado del chavismo se vienen generando desarrollos autonómicos y tendenciales, producto de la crisis y las luchas sociales, aun cuando no cuentan con un soporte alterno que les dé luz propia. Es un proceso de marchas y contramarchas, pero hay logros y avances en la conciencia política, que pueden ser potenciados con la articulación de las fuerzas.

El quid del asunto es como construir un nuevo poder donde haya respeto por la gente. Lo descrito nos señala un camino; acompañar al pueblo en sus reclamos, romper la polarización que nos afecta a todos, articular y unir a las fuerzas sociales y políticas en torno a una visión de Estado y un proyecto global de cambio. Un Estado que resuelva problemas, que se dedique a atender prioridades en educación, salud, seguridad y servicios públicos y una sociedad autónoma que coadyuve en la construcción de un desarrollo independiente y soberano de nuestra nación. 

Golfredo Davila

golfredodavila@yahoo.es

@golfredodavila

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JUAN CARLOS DELGADO BARRIOS, RÉGIMEN DESTRUYE LA AUTONOMÍA INSTITUCIONAL Y CIUDADANA

Los sistemas totalitarios que pretende imponer una relación “esclava” de las personas con el Estado van destruyendo progresivamente cualquier espacio público o privado autónomo de activismo social y político, desmontado, en consecuencia, la cultura de derechos que identifica a la sociedad democrática que es el sustento de la ciudadanía y su organización autonómica,  para imponer una legalidad y una cultura  de acción social difusa que conduce hacia el colectivismo y la dependencia estatal donde se reprime y restringe la iniciativa individual y la organización  social independiente.

En ese proceso de destrucción de las instituciones autónomas mediante leyes antidemocráticas, inconstitucionales, intervienen a la familia, a la escuela, a las universidades, a las ONG, sobre todo, a las instituciones fundamentales de la sociedad civil que hasta el momento han desarrollado una organización sustentada en la iniciativa privada o particular en actividades  como  la política, la economía,  la  educación, la salud, la cultura y la vida comunitaria, actividades  que son en una democracia espacios donde los ciudadanos pueden libremente alternar con el Estado sin perder su singularidad.    

En estos 15 años del régimen, autollamado revolucionario, hemos visto que el Estado ha intervenido la sociedad civil despojándola de derechos y competencias propias de los ciudadanos organizados. En la política se han venido cercando a los partidos políticos,  limitando su participación en la Asamblea Nacional, en el CNE,  eliminando el financiamiento publico, al mismo tiempo, que restringe y penaliza el apoyo privado para el desarrollo de sus actividades, criminalizando y persiguiendo sus acciones, destruyendo mediante propaganda oficial sin ética  la dignidad de sus lideres al colocarlos al escarnio y al odio publico, así como inhabilitarlos o despojarlos de la libertad utilizando expedientes amañados. Hoy en Venezuela hay todo un plan para destruir la actividad política disidente al Estado Socialista., o sea a la libertad para la asociación partidista. .    

En la actividad económica, el régimen en la búsqueda de imponer el paradigma de la economía socialista; - el control de los medios de producción -, han ido desmontando gradualmente la empresa privada  mediante leyes que restringen las libertades económicas, irrespeto al derecho a la propiedad y, con medidas compulsivas, como control exagerado del mercado de las divisas, regulaciones fiscales persecutorias, expropiaciones y confiscaciones.  Se ha impuesto la estatización de la economía y, las pocas empresas privadas que existen están sobreviviendo. Prueba de ello, es que importamos el 87% de lo que consumimos, que han cerrado miles de empresas, que se ha alejado la inversión extrajera, que sufrimos escasez y desabastecimiento y, sobre todo, la presencia de una inflación incontrolada que esta llevando a los venezolanos a la crisis más grave de la historia contemporánea. Pero lo grave es que no hay intenciones de rectificar. 

En la educación, el centralismo y el autoritarismo educativo propio de los sistemas totalitarios se desarrollan en Venezuela. El proceso de ideologización en las escuelas y universidades  ha sido el signo de estos 15 años, se han introducido cambios en los pensa de estudios que tratan de imponer una nueva historia, un nuevo procerato, una nueva visión del mundo y la sociedad que busca la construcción del “hombre nuevo” para la sociedad socialista, una visión unidimensional del mundo, contradictorio a la educación para la libertad y la democracia establecida en la Constitución Nacional.  Se ha perdido la autonomía de la institución educativa, ha caído la calidad y la pertinencia para dar paso a una educación para el aseguramiento de la permanencia del régimen en el poder mediante las  generaciones futuras  que deben ser fieles a su doctrina. La educación se ha convertido en un instrumento de fortalecimiento futuro del poder estatal y no de promoción del desarrollo intelectual y de valores democráticos  del  individuo  y de la sociedad.

En lo cultural, el Socialismo del Siglo XXI niega toda expresión cultural que contradiga los postulados reduccionistas del socialismo totalitario, en este sentido, con el grito de guerra: “muerte a la cultura burguesa” han intervenido instituciones con más de 60 años de actividad cultural autónomas  como son los ateneos, museos, escuelas de arte  y casas de la cultura que eran regentadas por la sociedad civil, estatizando la cultura, definiendo una cultura oficial cuyo eje es la “la nueva cultura”,  la cultura revolucionaria.  En si, es el fin de la autonomía en la organización y participación ciudadana.  

Juan Carlos Delgado  

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CARLOS E. AGUILERA A., LA AUTONOMÍA EN UNA DEMOCRACIA

Cuando diariamente observamos todas las tropelías, abusos y delitos de toda índole que ocurren en los estamentos del estado, comprendemos que quienes detentan el poder Ejecutivo, Legislativo y demás,  violan sistemáticamente la Constitución de la República. Y son precisamente los propios actores del oficialismo que representan al soberano en la Asamblea Nacional, quienes hacen caso omiso de los principios fundamentales que contempla el Título I  de la carta Magna, en su exposición de motivos.

Dicho capítulo refiere entre otras cosas que el patrimonio moral y los valores de libertad, justicia, igualdad y paz internacional están fundamentados en el ideario de Simón Bolívar, el Libertador.

Preguntamos: ¿De cual patrimonio moral podemos sentirnos satisfechos si constantemente se producen hechos reñidos con este principio. 

La corrupción copa todos los ámbitos y latitudes de los poderes públicos y hasta el militar? 

Y si hablamos de libertad, preguntamos: 

¿Existe realmente una libertad en un país en el que se cierran canales de TV, se cancelan concesiones radioeléctricas, y se sanciona  a los medios de comunicación impresos por titulares en sus primeras páginas?

Y si hablamos de justicia tendríamos inexorablemente que preguntarles a quienes se enseñorean con el poder: ¿ De que justicia hablan o predican, cuando hombres y mujeres (Simonovis y Afiuni) por solo mencionar a dos, pues más de un centenar de venezolan@s que adversan al régimen, se encuentran detenidos.?. Son presos políticos simplemente y no políticos presos como sarcásticamente definen los socialistas, marxistas y bolivarianos de nuevo cuño. 

Y ni hablar de la paz internacional, pues a menudo Maduro, Cabello y sus conmilitones desafían al “imperio yanqui” y a quienes no comulgan con su doctrina del socialismo del siglo XXI, cuyo autor Dieterich por cierto anuncia va de capa caída.

Y tienen el tupé de afirmar que en el país existe una autonomía de poderes. Cosa incierta, pues  es manifiesta la descarada adhesión al gobierno de quienes están al frente del TSJ, CNE y otras instituciones, pues tan pronto Maduro hace un señalamiento en particular contra determinadas personas, para que inmediatamente las señoras que están al frente de dichos cargos emitan sus opiniones, obviamente sesgadas y en favor del gobierno, como ya el anunciado enjuiciamiento de Leopoldo López y también el de Henrique Capriles. Cínicamente Diosdado Cabello ya le advirtió al líder de la oposición con no disimulada mueca en su rostro: ¡Estas en la mira y no te sorprendas que en cualquier momento te encuentres detrás de la rejas!

La Real Academia de la Lengua Española define a la autonomía como la potestad que dentro de un Estado tienen ciertas entidades para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios. Justamente es dicha potestad, de "manejo independiente", la que con el debido control denominado contrapeso, sostiene la democracia y la blinda contra los excesos del poder.

La simulación o carencia de autonomía, genera el denominado abuso del poder, que se evidencia al echar la mano  a las distintas entidades y funciones del Estado, rompiendo el equilibrio. El control en el poder de decisión en la justicia, organismos electorales, de control ciudadano etc., es la demostración clara del desbalance que produce la carencia del equilibrio y la inexistencia de la autonomía real.

El exceso de poder sumado a la prolongación de su ejercicio produce desgaste e inconformidad en el consciente ciudadano y genera en el que detenta el poder, la sensación de conspiración, tratando de justificar el descontento popular, en lugar de reconocer errores.

Para que reine una verdadera democracia, no solo es necesario que el pueblo asista a depositar su voto en las urnas, sino que exista equilibrio en las instituciones, para que se puedan fiscalizar y controlar todas las acciones de los otros poderes del Estado. Si un gobernante llega al poder por el voto, y acapara las demás funciones, ese sistema deja de ser democrático y se convierte en autocrático.

Y nada más dañino, pues el poder absoluto por largo tiempo, le hace creer al gobernante que ha sido elegido por el destino para regir la vida, conducta y pensamiento de su pueblo, y que su voluntad está por encima del bien y el mal. Estas características son propias de los líderes fascistas como Mussolini, Hitler, Mao, Castro y Chávez, entre otros. En los regímenes en los cuales la institucionalidad desapareció, la democracia es un concepto referencial manipulado y maleable, de acuerdo con la conveniencia del gobernante, porque tiene el  poder absoluto en sus manos, como es el caso venezolano.

Preguntamos: ¿Cómo definen los boliburgueses y comunalburgueses la organización jurídico-política que adoptó la Nación – según la Constitución – como un estado democrático y social de Derecho y de Justicia, para procurar el bienestar de los venezolanos creando las condiciones necesarias para su desarrollo social y espiritual y procurando la igualdad de oportunidades para que todos los ciudadanos puedan desarrollar libremente su personalidad, dirigir su destino, disfrutar de los derechos humanos y buscar su felicidad?

He allí los hierros que desnudan la realidad que hoy en día vive y padece el pueblo venezolano,  que hace 15 años confió sus destinos en manos de quienes están llevando a la nación al borde un profundo barranco, por el que corren pútridas aguas.

careduagui@yahoo.com  // @_toquedediana

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OSWALDO ÁLVAREZ PAZ, ENTENDER LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, DESDE EL PUENTE

El tema de las universidades ocupa buena parte del debate público. Las movilizaciones de profesores, estudiantes y empleados han contado con el apoyo activo de las autoridades de las distintas casas de estudios superiores. Me refiero a las consideradas como autónomas, a las experimentales e incluso a las privadas que no se han entregado en manos del régimen.

Lo malo es que la lucha pareciera centrada casi exclusivamente en lo económico y financiero. No es poca cosa, pero quizás sea la parte menos importante del problema universitario. Lamentablemente este aspecto es utilizado como instrumento de agitación por una parte, y por la otra, como mecanismo de chantaje para doblegar el espíritu universitario y someter su independencia.

Hay una desviación fundamental. Las universidades públicas dependen exclusivamente del presupuesto que el estado-gobierno les tiene asignado. La mayor parte de sus luchas se agota en protestar por lo insuficiente de las asignaciones y en solicitar aumentos indispensables para funcionar con mediana eficiencia a los costos operacionales de hoy. 

Se trata de un círculo vicioso perverso que mantiene viva la conflictividad permanente en escenarios que deberían ser ejemplo y guía para la nación.

La Autonomía Universitaria debe abarcar todos los aspectos. Es imposible concebirla sin autonomía económica y financiera. Para ello las propias universidades deben buscar fuentes propias de financiamiento, mecanismos de estudio e investigación, prestar servicios diversos tanto al sector público como al privado, dentro de sus objetivos y actividades académicas. Esto es perfectamente posible y necesario para hacer indisoluble el vínculo con las comunidades donde existan. Esto no significa el final de los aportes del sector público, pero dejarían de ser determinantes.

El estado tiene la obligación de garantizar a los ciudadanos el acceso a todos los niveles de educación, especialmente a quienes tienen menos recursos. Es el mejor instrumento para la igualación social y el aprovechamiento de las oportunidades. Pero, quienes están en posibilidad de aportar para recibir educación, están en la obligación de hacerlo. No hay educación gratuita. Todo cuesta. El problema está en quien paga. Hay muchas formas de estimular y financiar el estudio más allá de esperarlo todo del gobierno.

oalvarezpaz@gmail.com  

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OLGA RAMOS, ¿AUTONOMÍA + PARTICIPACIÓN = RESOLUCIÓN 058?, OBSERVATORIO EDUCATIVO DE VENEZUELA

El pasado miércoles 2 de enero de 2013, Gustavo Méndez, periodista que cubre la fuente de educación de El Universal, hizo una reseña sobre el estatus del debate que, a través de los medios de comunicación, se sostiene sobre la Resolución 58 publicada en Gaceta Oficial el 16 de octubre de 2012.

En su reseña se pueden encontrar las ideas que, desde diversas posiciones se han expuesto a favor y en contra del contenido de la resolución. (Para quiénes no tuvieron la oportunidad de leerlo, aquí pueden encontrar el artículo de Méndez).

Como todos sabemos, a esta altura, la resolución tiene problemas para su instrumentación, dados los vacíos y omisiones que han sido identificados y reportados por casi todos actores que han hecho declaraciones al respecto, desde los más críticos a la resolución, hasta los que están más de acuerdo y resaltan sus virtudes. A modo de ejemplo, citamos, además de la reseña de Méndez, un artículo de opinión, publicado también en El Universal, en el que Pablo Fernández explica lo que considera son las virtudes de dicha resolución, iniciando por reconocer que “la resolución es perfectible y que hay algunas lagunas procedimentales en ella que se deberán corregir“. (El artículo completo pueden verlo aquí).

Por nuestra parte, el 25 de octubre, en este mismo espacio, hicimos unas primeras observaciones sobre el contenido de la Resolución 58 y su relación con la garantía del derecho a la educación. No obstante, aprovechando algunos de los elementos reseñados por Méndez en su artículo, creemos necesario promover que se replantee la discusión de fondo con respecto a la pertinencia y alcances de este instrumento normativo. La discusión de fondo es la que puede ayudar al país a tomar una posición consensuada sobre los términos en los que debe reformarse esta resolución.

DEMOCRATIZAR LA EDUCACIÓN

De acuerdo a las fuentes oficiales, el propósito de la Resolución 58 es la democratización de la educación.

Cuando este término, “democratizar la educación“, comenzó a utilizarse, estaba referido a la necesidad de ampliar el acceso al sistema educativo para lograr la participación de la mayor cantidad de personas posibles, especialmente el sistema formal y de carácter obligatorio. Democratizar la educación, entonces, se refería a universalizar, a ofrecer educación para todos y en ese sentido era sinónimo de inclusión y en Venezuela estuvo asociado, en sus inicios a la política de masificación de la educación. Por cierto, en ese momento se hablaba de una educación igual para todos y por ende, una educación oficial y preferiblemente brindada por el Estado.

Si embargo, cuando hablamos hoy de “democratizar la educación” hacemos referencia a un proceso más complejo porque, en estos tiempos, entendemos varias cosas de forma diferente.

Entendemos, en primer lugar, que no existe real inclusión sin que se garantice éxito en el proceso educativo, es decir, ya la inclusión no se mide en función de la cantidad de cupos que se ofrecen con respecto a la población en edad de cursar cada uno de los niveles educativos formales, sino que se toma en cuenta también la capacidad del sistema para garantizar que los estudiantes se mantengan en el sistema, que se garantice su prosecución y el logro de los aprendizajes y competencias que se presume deben ser desarrollados en cada nivel y etapa del proceso educativo.

En segundo lugar, entendemos que el conocimiento no se transmite sino que se construye, por lo que las relaciones y los roles en los espacios de enseñanza, deben sufrir modificaciones importantes con relación a las existentes en las últimas décadas.

Y en tercer lugar, por mencionar algunos de los supuestos que han variado desde entonces, entendemos que las personas aprenden de forma diferente y para contextos distintos, por lo que lo que sucede diariamente en cada escuela y en cada aula, puede o debe variar de acuerdo al contexto socio-cultural en el que se localice la escuela, de acuerdo a las necesidades y expectativas de los estudiantes y sus entornos familiares y de acuerdo a las características de aprendizaje que tenga cada grupo de estudiantes.

Partiendo de, al menos y por el momento, estos supuestos, es obvio que lo que debemos entender por “democratizar la educación“, es algo muy diferente a ampliar el acceso al sistema.

Democratizar la educación significaría, entre otras cosas, lograr una educación de calidad para todos y para cada una de las personas que participen en el sistema educativo -una educación de calidad entendiendo que el que sea de calidad es sinónimo de una educación eficaz, es decir que logre los objetivos que se propone, entre los que uno de los más importantes es el éxito de todos los que en el sistema participan.

Democratizar la educación también significaría, un cambio en las reglas de juego en los procesos de enseñanza con énfasis en el protagonismo de los estudiantes en su proceso de aprendizaje.

Y democratizar implicaría a su vez, un cambio en la distribución del poder de decisión, en cuanto al diseño curricular y su instrumentación, poniendo énfasis en la construcción de procesos de enseñanza a la medida de las escuelas y los estudiantes. Esta re-distribución del poder de toma de decisiones se daría sobre los contenidos y programas, en diversos niveles y de distintas formas, dependiendo del modelo y los niveles de autonomía que se quieran adoptar y permitiría la adecuación del proceso de enseñanza al contexto en el que se desarrolle y a las características de los estudiantes y sus familias.

Desde este punto de vista, si la Resolución 58 tiene como propósito democratizar la educación, requiere antes de instrumentarse, aclarar algunos elementos del contexto normativo en el que se inscribe, para poder afinar la estructura y procedimientos de la organización que plantea para las escuelas, y que, como es evidente, con base a las que se deberá modificar el texto vigente.

Y aunque no parezca evidente y existan instrumentos normativos de reciente data, como la Constitución y la Ley Orgánica de Educación que debería establecer claramente este contexto, hay aspectos no resueltos que no permiten establecer con claridad las características del contexto que determinarían el contenido específico de la resolución y otros que se plantean como contradicciones entre varios de los instrumentos normativos que deben determinar las características de este contexto. Adicionalmente, estos aspectos no resueltos y las contradicciones entre instrumentos, son producto, a la vez que reflejan, visiones encontradas sobre la educación y su función en la sociedad, que se encuentran presentes en Venezuela actualmente.

Como desarrollarlos todos, sería muy extenso en este espacio, mencionaremos un par de ellos, un par de importancia capital para la definición del contexto.

1. EDUCAR ¿PARA QUÉ?

De acuerdo a las declaraciones de la Ministro de Educación, los Consejos Escolares  mediante la Resolución 58, buscan “la formación para la nueva ciudadanía, para la participación protagónica y la democracia profunda“. Sin embargo, este es uno de los primeros puntos en los que se observa tanto un desacuerdo a nivel social, como discrepancias entre los instrumentos normativos y de política pública que determinan el contexto para la aplicación de dicha resolución.

En este caso, es importante que se defina, por ejemplo, qué es lo que se entiende como nueva ciudadanía, si se trata de una ciudadanía como la dibuja la Constitución vigente, o si se perfila como se dibuja en el Plan Nacional Simón Bolívar, porque de acuerdo a la Constitución, Venezuela es un país políticamente pluralista y su educación, tal como reza su artículo 102, debe respetar todas las corrientes de pensamiento, mientras que el Plan Nacional Simón Bolívar, al que se refieren tanto la LOE como la Resolución 58 a la hora de plantear el desarrollo de algunos de sus aspectos, habla de una sociedad “socialista”, lo que se traduce en una elección por un marco ideológico específico que, en última instancia, eliminaría tanto el pluralismo político como rasgo de la sociedad, como el respeto a todas las corrientes del pensamiento, en el proceso educativo.

Pero también es menester que se defina lo que se entiende como una “democracia profunda” porque de ello dependerá el tipo de decisiones que se tomarían en cada una de las instancias de la organización escolar, así como los participantes y los mecanismos de decisión que se establezcan. Y más allá de la dimensión política de la educación, el propósito de la misma, en términos de las características del ciudadano que se quiere formar en todas las dimensiones del ser y del conocimiento, van a determinar quién decide qué y cómo se decide, en cuanto al currículo, los programas de estudio, los proyectos, las estrategias de enseñanza y los contenidos.

De hecho, responder de forma socialmente concertada a la pregunta “educación ¿para qué?” determina, por una parte, la amplitud y el contenido de la educación obligatoria para una sociedad, así como, la naturaleza y dimensiones que tendrá la autonomía de las organizaciones y de los educadores para la definición de los diversos niveles de desarrollo del currículo vigente.

2. PARTICIPACIÓN Y AUTONOMÍA

Por otra parte y de forma complementaria, dado que ahora entendemos que la educación debe responder al contexto en el que se desarrolla y a las características de los estudiantes y sus familias, pero además, dadas las nuevas reglas del juego que implica asumir el protagonismo de los estudiantes en la construcción de conocimientos y en su proceso de aprendizaje, se hace evidente que se requieren nuevos mecanismos para garantizar la participación de los estudiantes y sus familiares, así como de los miembros de la comunidad educativa de las escuelas, en la toma de decisiones sobre algunos aspectos de la gestión escolar que antes estaban reservados al Ministerio de Educación, a los entes de administración del sistema educativo descentralizados y a los directivos de los planteles.

Para algunos de estos aspectos, ya existen antecedentes en el texto de la derogada Resolución 751, pero otros no han sido desarrollados previamente en ningún instrumento normativo, incluyendo los marcos curriculares vigentes.

Sin embargo, para tener real claridad a la hora de desarrollar dichos mecanismos, es importante revisar el contexto en el que los mismos deben desarrollarse, ya que, algunos elementos de la Resolución 58 parecieran querer apuntar a su instrumentación en escuelas que gozan de cierto grado de autonomía para la toma de decisiones y en el que los maestros y profesores tienen también un grado de autonomía suficiente para responder a las peculiaridades del grupo de estudiantes con el que le corresponda trabajar, pero dicha autonomía no está claramente establecida en la LOE, ni cuenta con la asignación de recursos necesarios para que pueda instrumentarse de forma óptima en cada una de las escuelas.

En este tema, también, las diversas posiciones expuestas hasta el momento, ante la opinión pública, reflejan puntos de vista encontrados que deben ser debatidos para poder construir un consenso que haga factible determinar, por una parte, los niveles y características de la autonomía de las escuelas y los maestros, tanto para la gestión pedagógica, como para la gestión escolar en general, y por la otra los niveles de  participación y ámbitos de incidencia de los diversos actores en la toma de decisiones para estas dos dimensiones de gestión.

Como se desprende de la discusión que se ha reflejado en la opinión pública, a través de los medios de comunicación, no existen consensos sociales en aspectos básicos y centrales que determinan el contexto de aplicación de la Resolución 58 y, por tanto, se hace necesario apuntar a su debate y construcción para poder dar un marco institucional más claro, que tendrá como obvia consecuencia una nueva redacción de esta resolución.

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