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miércoles, 22 de enero de 2014

ASDRÚBAL AGUIAR, MADURO SOMETE A CABELLO, ARIAS Y RODRÍGUEZ

Cede en Venezuela el poder civil y toma sus espacios  el poder militar
 
Al boleo, quizás sorprendido por la inesperada intervención de Ramón Rodríguez Chacín en un acto retransmitido por radio y Tv, donde el ocupante de Miraflores recibe el saludo de navidad que le presentan los distintos Comandantes de las Regiones Militares de Defensa Integral (REDI), éste anuncia la reincorporación a la Fuerza Armada del citado oficial retirado, quien es gobernador del estado Guárico. A la vez lo asciende a contralmirante y lo mismo hace con el gobernador del estado Zulia, el ahora coronel Francisco Arias Cárdenas, y con Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, quien vuelve a su condición de oficial subalterno ascendido al rango de capitán.

De modo que, a menos que se trate de una pesadez en vísperas del Día de los Inocentes, la decisión presidencial de marras, que corre de inmediato por las redes y llega a las redacciones de los periódicos, resulta tan ilegítima e inconstitucional como quien la dicta, Nicolás Maduro.

Así, no más, mostrándole al país que nuestros verdaderos gobernantes son quienes ocupan los comandos de las distintas REDI, bajo las cuales se despliegan de modo celular hasta cubrir la totalidad de nuestra geografía las llamadas Zonas de Defensa Integral (ZODI), con jurisdicción dentro de cada estado de la República, y así mismo, como partes de éstas las ARI o Áreas de Defensa Integral, sucesivamente Maduro castra o acaso destituye, en la práctica, a las autoridades civiles mencionadas.

Lo primero, la activación a nivel nacional de las ZODI, que podría resultar irrelevante si se trata de la mera puesta en funcionamiento de una novedosa forma de organización interna de la milicia, no lo es en la medida en que cada ZODI es la prolongación -hacia abajo- de unas Regiones Militares cuya competencia se extiende desde la planificación hasta la conducción y ejecución de operaciones de defensa integral entendidas como cualquier actividad orientada a "garantizar la independencia, la soberanía, la seguridad, la integridad del espacio geográfico y el desarrollo nacional". En pocas palabras, éstas se sobreponen a los gobiernos de dos o más estados y a la par las zonas integrantes de cada región se solapan con los Poderes Ejecutivos de cada estado, provocando sus vaciamientos. Cede en Venezuela, por ende, el poder civil y toma sus espacios el poder militar. Y Maduro, lo hemos visto antes, es su mascarón de proa, así vista de paisano.

Lo segundo, a saber, la vuelta a la actividad militar de las autoridades regionales y parlamentaria mencionadas, más que representar un crimen contra el orden constitucional es una estupidez; a menos que, por mampuesto, Maduro, así como se burla de nosotros, los venezolanos, destituye sin fórmula de juicio a Rodríguez, Arias y Cabello.

El artículo 330 constitucional es preciso al disponer que "los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad -la que readquieren los exgolpistas ahora representantes de la soberanía popular- tienen derecho al sufragio... " sin que les esté permitido "optar a -y de suyo ejercer- cargo de elección popular".

Se trata, en fin, de dos pasos que da el ilegítimo gobernante y revelan su debilidad. Al ampliar, como lo hace, la ocupación militar de todo territorio y no solo de las áreas propiamente castrenses, desplaza el mando real de la República a manos del Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada. Éste es, por ley, competente para ejercer la dirección y el control de las REDI. Y al devolver a la actividad militar -para ascenderlos- tanto a Arias como a Rodríguez, gobernadores electos por el pueblo, como a Cabello, diputado y cabeza de un Parlamento civil que representa a la soberanía popular, los subordina y les enajena el mandato y la representación constitucional que les han confiado los venezolanos mediante el voto.

La confesión del Maduro en el acto donde cristalizan sus últimos desaguisados y torpezas, no puede ser más reveladora y el anuncio del negro porvenir que nos espera a los venezolanos a partir de 2014: "Venezuela primero fue Ejército y luego República", ha dicho. En consecuencia, según él, los ciudadanos de hoy todo lo debemos a las armas y de ellas dependerán los espacios de libertad que se nos otorguen en lo adelante, como privilegios, por parte de los gendarmes quienes las detentan. Ocurre una vuelta forzada a los tiempos del poder arbitrario de los hermanos Monagas, militares orientales como Cabello, quienes caminan en línea contraria a la que fija nuestro primer presidente a partir de 1830, el general José Antonio Páez, empeñado en "someter a sus propios conmilitones y acostumbrarlos a un orden civil", según nos lo recuerda Mariano Picón Salas.

 correoaustral@gmail.com.

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sábado, 4 de abril de 2009

*FORO PENAL VENEZOLANO Y VIVE SOBRE LA CONDENA DE LOS COMISARIOS VIVAS, FORERO Y SIMONOVIS Y LA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PM RODRÍGUEZ, BOLÍVAR,......

*FORO PENAL VENEZOLANO Y VIVE SOBRE LA CONDENA DE LOS COMISARIOS VIVAS, FORERO Y SIMONOVIS Y LA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PM RODRÍGUEZ, BOLÍVAR, HURTADO, ROVAÍN, MOLINA y ARUBE

Gonzalo Himiob Santomé, Alfredo Romero Mendoza y Antonio Rosich Saccani, representantes de las ONG's VIVE y Foro Penal Venezolano cuestionaron la sentencia dictada por la Juez Marjorie Calderón del Estado Aragua, contra los comisarios HENRY VIVAS, LÁZARO FORERO e IVÁN SIMONOVIS y los funcionarios de la Policía Metropolitana JULIO RODRÍGUEZ, ERASMO BOLÍVAR, MARCOS HURTADO, HÉCTOR ROVAÍN, LUIS ENRIQUE MOLINA y JOSÉ ARUBE SALAZAR.
Gonzalo Himiob Santomé expresó: "El FPV y VIVE hicieron un seguimiento detallado del desarrollo de todo el proceso desde sus inicios. Por eso podemos afirmar, sin lugar a duda alguna, que en este caso ha prevalecido el interés político por encima de la justicia. La Juez ha demostrado estar sometida a las directrices del poder, que no a la Constitución y a la ley. La juez se ha hecho la herramienta para la consumación de un crimen de Lesa Humanidad. Se trata de un nuevo caso en Venezuela del uso del Sistema Judicial para la desarticulación y persecución de la disidencia, de la oposición política". Señaló además el abogado que la sentencia confirma la existencia de mecanismos de persecución sistemática e institucionalizada en Venezuela, como los que fueron utilizados y se siguen utilizando contra Francisco Usón, Mónica Fernández, los ex petroleros, Otto Gebauer, Eligio Cedeño, Angel Vivas y otros muchos perseguidos políticos.

Antonio Rosich, por su parte, destacó: "La culminación del juicio penal más largo de la historia y la condena a varios de los señalados a la máxima pena que prevé nuestra Constitución, en el contexto actual, donde la persecución judicial contra líderes políticos y ciudadanos que disienten del gobierno es la regla, constituye a nuestro criterio la evidencia irrefutable de que nos encontramos ya en la última fase del proceso de consolidación de un totalitarismo violador de los DDHH. Lo único que resta es que se inicie formalmente la persecución contra los abogados y defensores de los DDHH a través de medios legales y judiciales tal y como ocurrió en Chile, Perú y Argentina en tiempos de dictaduras y autoritarismos. Eso es lo que parece desprenderse del proyecto de Ley del Sistema de Justicia que está en discusión en la AN y la ciudadanía debe mantenerse alerta".

Alfredo Romero expresó: "El sistema de justicia venezolano se ha llenado, lamentablemente, de Jueces del Horror cuyo único trabajo es el de perseguir políticamente a la disidencia a través de procesos ilegítimos. Desde hace 7 años, como abogados de 8 asesinados y de varios heridos del 11A, venimos presentando ante la justicia nacional e internacional múltiples testimonios, fotos y videos que evidencian claramente como más de 50 personas, oficialistas, y algunos de ellos funcionarios del gobierno nacional, disparaban contra la manifestación opositora y que sí habían manifestantes en la Av. Baralt al alcance de los disparos de oficialistas. Se ha probado también que la GN disparaba contra los manifestantes. Esa sí es la verdad. Observamos con esta macabra sentencia, que sólo se refiere a 4 de las 19 víctimas del 11A, se olvida a los otros 15 asesinados y a los demás lesionados. Hoy día no existe ni siquiera una investigación llevándose a cabo en relación con éstos. Evidentemente, esta sentencia pretende convertirse en bandera política del oficialismo para engañar al pueblo diciendo que se hizo justicia por lo ocurrido el 11A, pero pregunten a los familiares de esos quince asesinados para que oigan de ellos su verdad".

Indicaron los abogados que darán una rueda de prensa el sábado 4 de abril a los efectos de mostrar nuevamente algunas fotos que evidencian la verdad de lo ocurrido el 11 de abril y la falsedad en que se basa la sentencia cuestionada.

Caracas 03 de Abril de 2009.-