DARIO ACEVEDO CARMONA, SALVAVIDAS PARA LAS NEGOCIACIONES DE PAZ, CASO COLOMBIA,

Las FARC reaccionaron indignadas cuando el Alto Comisionado de Paz del gobierno, Sergio Jaramillo, las tildó de cínicas. Les pareció un trato insultante que rompe protocolos acordados en la mesa de conversaciones de La Habana.

Pero, ellas no solo omiten condenar los graves atropellos a la población civil, a la infraestructura nacional y al medio ambiente, cometidos por sus frentes y milicias en los últimos días, sino que los justifican como consecuencia lógica a la negativa del presidente Santos de aceptar un cese bilateral del fuego.

Cabe preguntar si es o no cinismo quejarse en la Mesa de que los traten como una guerrilla derrotada o que los quieren humillar exigiéndoles el desarme o el cese unilateral, y a renglón seguido desatar una avalancha de acciones terroristas y campañas mediáticas de su periferia civil para que se acepte, por la fuerza, su exigencia. Al final de la semana anterior, declararon que “el tiempo de la solución militarista se agotó”, mientras sus frentes dejaban sin agua a Tumaco y los ríos y costas del Pacífico del país quedaban contaminados con el petróleo derramado por sus atentados antiecológicos y antisociales, agregando, con lágrimas de cocodrilo que: “desgraciadamente lo ocurrido en Tumaco ha tenido terribles y no deseadas consecuencias”.

Apelar al terror para presionar al gobierno nacional y luego salir a quejarse de la “guerra” y sacar bandera blanca, so pena de avanzar en la destrucción del país, solo puede ser una expresión de cinismo. Sectores de opinión sucumben a esa estratagema perversa sin caer en cuenta que avalar el cese bilateral es aceptar el chantaje del terror y la humillación de la sociedad y el Estado.

Por otra parte, tampoco advierten que el cese bilateral, así a secas, es un imposible logístico. La razón es muy sencilla y poderosa. Resulta que están activas poderosas organizaciones armadas ilegales guerrilleras y mafiosas que combaten a la Fuerza Pública, alteran el orden, la seguridad y los bienes de la ciudadanía y que, las FARC, a su vez, están diseminadas en múltiples estructuras.

Incidentes en gran cantidad y casi rutinariamente se presentarían generando discordias, señalamientos y acusaciones de saboteo, causadas por la muy factible confusión que se presentaría en teatros de operación en los que la Fuerza Pública no tiene ni forma ni tiempo de averiguar a quién se está enfrentando. Recordemos el caso de la matanza de los soldados del Cauca que llevó a la suspensión de los bombardeos oficiales.

¿Cómo garantizaría la guerrilla el cumplimiento de su compromiso en un escenario en el que pululan células urbanas y rurales, estructuras móviles, infiltrados en instituciones estatales y privadas? ¿Cesarían sus actividades de narcotráfico, la compra de armas, el reclutamiento de menores, la instalación de minas antipersonal?

Es tan complejo como negociar la paz, entendida esta como el cese definitivo de toda acción bélica entre los bandos enfrentados. Sin embargo, existe una salida al embrollo. Esa salida ya fue ensayada con éxito en anteriores negociaciones de paz. Por supuesto, estuvo precedida por la expresión sincera del deseo de los armados ilegales de cesar en el uso de las armas en el marco de una negociación que no significó una humillación. Dichos casos fueron los del M19, Corriente de Renovación Socialista, Quintín Lame, PRT, grupos paramilitares y milicias y “combos” urbanos.

La concentración de las FARC, en los términos en que la propone el expresidente y senador Alvaro Uribe y el Centro Democrático (Fuerza política que debe ser escuchada para garantizar el buen final del proceso), en una o pocas zonas bajo protección internacional, sin entrega de armas y contando el tiempo de permanencia en ella como parte de las penas alternativas que deban pagar los responsables de crímenes graves, no tiene un ápice de espíritu humillante.

Esta propuesta brinda más garantías a unos y a otros que la santista de negociar en medio del conflicto. La del gobierno otorga una especie de aval a los ataques de la guerrilla contra la Fuerza Pública, y además, desarma al Estado legítimo de su razón moral y crea una falsa atmósfera de confianza  de las fuerzas militares ante un enemigo que no juega limpio (recuérdese la reciente masacre de soldados en el Cauca).

De otro lado, la propuesta de concentración con vigilancia internacional, además de ser más garantista, es más realista que las expresiones voluntaristas a favor del cese el horror y las fariseas lamentaciones de las FARC por “las desagradables consecuencias” de sus acciones.

La respuesta del presidente Santos a los atentados al sostener que luchará por la paz “por las buenas o por las malas” subyace en un grave equívoco: desconoce que la Fuerza Pública, en principio y por mandato, procede en defensa de la Constitución. De manera que, defender la Constitución y combatir bajo su manto y bandera, usando las armas legítimas de la república, no es una acción “a las malas”. Santos olvida o no sabe que, “a las malas” proceden los ilegales.

Las conversaciones de paz han llegado a un punto ciego que solo se puede desatar si las FARC aceptan concentrarse bajo vigilancia internacional. Ese gesto tendría el efecto positivo de alentar la recuperación de la confianza de la población en dicho proceso.

Ruben Dario Acevedo Carmona

rdaceved@unal.edu.co

@darioacevedoc

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NESTOR SOLANO, PRESIDENTE SANTOS SU DESEMPEÑO ES UNA VERGÜENZA, CASO COLOMBIA

La oposición colombiana tiene un terreno fértil por delante en su objetivo de convertir en votos el enorme descontento popular que señalan todos los estudios de opinión, y podrán sentar este mismo año las bases para un cambio político en el País, porque la nación entera requiere de un hombre que sepa gobernar y sepa representar dignamente la majestad presidencial para la que es electo, y no uno como el actual que lleva al país al borde del abismo y si no han caído, es porque el pueblo tiene mucha dignidad y no le van a permitir que los arrastre.

A los Colombianos les sobran razones para sacarlo del palacio de Nariño y les voy a decir por qué: Su gestión es sinónimo de estafa, de fraude, de timo, de engaño, de escamoteo, de uso ilegal de los bienes públicos y todo eso lo demuestran algunos integrantes del grupo de adulantes a los que les ha entregado cargos para ocupar posiciones en el poder judicial, en el Congreso de la República y en funciones de gobierno, y son utilizados solo para perseguir y atropellar al presidente Álvaro Uribe y a los dirigentes del Centro Democrático y mienten a placer cada vez que abren la boca y callan cuando se les denuncian por estar involucrados en negocios turbios.

Será en los departamentos y municipios donde el 25 de octubre se decida con el voto a quien eligen, entre el binomio Farc-Santos o la seguridad democrática Uribista, es la oportunidad de escoger entre el terrorismo o la democracia para evitar que continúe el desastre que ha significado este quinquenio, tenemos que decirle con nuestro voto no más al engaño si a la verdad, no a la división si a la unidad, no a la arbitrariedad si a la legalidad, no a la corrupción si a la honestidad, no al narco-terrorismo si a la democracia, no a la legitimación de la violencia, no a la entrega delpaísa los terroristas de las Farc, no a los traficantes de drogas, no al derecho para los terroristas de gobernar a Colombia, no a lacomplicidad del fiscal con los violentos, no a los negocios turbios y a los contratos fraudulentos del gobierno, no al montaje de expedientes contra dirigentes del Centro Democrático, si a la reivindicación de las víctimas del terrorismo, si al Centro Democrático, si al estadista y gran colombiano Álvaro Uribe.

Es incomprensible, ilógico, confuso y absurdo, el tiempo y las ventajas concedidas por el presidente a los terroristas de las Farc, para que ahora lo manejen como a un paciente agravado por problemas mentales, o como a un enfermo de poder en estado avanzado, para el que todas las soluciones a los problemas nacionales pasan por el acuerdo del proceso de paz, supeditado a lo que determinen Timochenko, Márquez y Catatumbo, lo que les ha permitido a los terroristas recuperación política, sostenibilidad y fortalecimiento a su estructura armamentista. Pero a usted también le llegó la hora Dr. Juan Manuel Santos, porque conceder privilegios a narco – terroristas, permitirles el asesinato de civiles y militares y sentarse a negociar con ellos haciéndoles ofertas en perjuicio del pueblo colombiano, es una canallada que no tiene perdón de Dios y oportunamente el pueblo sabrá cobrar.

Nestor Solano

solano.nestorep@gmail.com

@SolanoNestorep

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DARIO ACEVEDO CARMONA, DIGNIDAD CONTRA INSOLENCIA, CASO COLOMBIA

DARIO ACEVEDO CARMONA, DIGNIDAD CONTRA INSOLENCIA, CASO COLOMBIA

     

PRESIDENTE SANTOS, FISCAL MONTEALEGRE, FARC, JUSTICIA, ASAMBLEA CONSTITUYENTE, ENCUESTAS, DIGNIDAD.

Habitualmente el presidente Santos, el fiscal Montealegre y los miembros del Secretariado de las Farc nos sorprenden negativamente con sus posiciones sobre la paz.

Montealegre, por ejemplo, una vez más, se pone del lado enemigo al proponer, en unión de las altas cortes, la convocatoria de una asamblea constituyente para la reforma de la Justicia y el equilibrio de poderes, con el añadido de que en ella tengan representación los desmovilizados de las guerrillas.

Hay que tener en cuenta que para las FARC esa es una de sus banderas que con carácter de exigencia han planteado en las conversaciones habaneras. No es una cuestión ordinaria pues se trata nada menos que del mecanismo que ellas consideran apropiado para sentar las bases de la “refundación del Estado” y la “nueva Sociedad” en la que exigirán, al menos, la mitad de sus bancas. Este funcionario desdeña que ese es el peldaño con el que las Farc piensan acceder al poder. Menos mal, la Corte Suprema en pleno dio marcha atrás sobre este asunto y ojalá así lo hagan las demás.

Apoyado en su filosofía de exculpación de los crímenes de las guerrillas, Montealegre abrió un amplio boquete a la impunidad para los delitos de lesa humanidad y como si fuese el ministro de Relaciones Exteriores viajó por varios países para hacer loby ante organismos internacionales como la CPI a cuya presidente, Fatou Bensouda, desautorizó y a cuyo estatuto le dobló su columna vertebral con rebuscadas interpretaciones.

Todavía resuena su tesis favorable a la ampliación del alcance del delito político, según la cual, toda conducta criminal relacionada con el accionar político, es conexa al mismo y por tanto, debe ser tratada con la misma indulgencia dada a los delitos políticos de asonada y rebelión. Entiéndase que el secuestro, el reclutamiento de menores, el asesinato fuera de combate, los ataques a la población civil, el narcotráfico, etc., según su rebuscada hermenéutica jurídica, deben ser considerados conexos con el delito político por haber sido cometidos en función de un supuesto ideal altruista.

Con sus maniobras clientelistas para ubicar a sus incondicionales en las cortes y el loby en el Congreso de la república, entre otras cosas, para defender su “derecho al almuerzo”, o sea, litigar después de dejar el cargo, el Fiscal abusa del poder atacando a quienes osan cuestionarlo. La excontralora Morelli y el Procurador Ordoñez figuran en la lista de perseguidos.

Al mejor estilo de Beria, el tenebroso secretario de Stalin, desde esa dependencia se movieron los hilos de la infiltración del hacker en la campaña de Óscar Iván Zuluaga, para favorecer, días antes de la segunda vuelta, la reelección presidencial de Juan Manuel Santos y mantener amenazados al candidato del Centro Democrático y a su hijo. Se dice que en los calabozos de la Fiscalía se urde la manera de hundir al expresidente Uribe con chantajes a la exdirectora del DAS y a Bernardo Moreno, tal como hicieron con el hacker Sepúlveda, ofreciendo ventajas jurídicas si declaran contra el expresidente Uribe, a sabiendas que la ley no lo permite habiendo sentencias en firme.

Los jefes de las FARC no se quedan atrás en demostraciones de cinismo. Semana tras semana, somos sorprendidos por la insolencia de Timochenko, Márquez, Catatumbo o Santrich. A su extensa lista de exigencias y acusaciones, ahora sostienen que el Estado, o sea nosotros, nos declaremos culpables del “conflicto armado” y sus consecuencias y de reparar a todas las víctimas, como si ellos no fueran los que desataron la violencia en nombre del ideal comunista.

Cero días de cárcel, desconocimiento de sus víctimas, convocatoria de asamblea constituyente con asientos numerosos para ellos, Fuerzas Armadas reducidas y a cuidar fronteras, Zonas de Reserva Campesina, no devolución de bienes, eliminación de aspersiones de la coca con glifosato, comisión de verdad histórica que confirme la justeza de su levantamiento en armas, creación de sistema de alerta antiparamilitar y la más reciente, negativa a entregar los niños reclutados a la fuerza.

Como quien dice, eso de que la paz no se obtiene con la fórmula “casa, taxi y beca”, a la que se refirió irónicamente el Comisionado de Paz Sergio Jaramillo para sustentar que había que hacer muchas reformas políticas y sociales, ha sido bien explotada por quienes hablan y actúan como si hubieran ganado el “conflicto armado”.

Para cerrar el capítulo del actual ciclo, el presidente Santos echó a rodar la bola del referéndum para otorgarle plenos poderes en las negociaciones de paz, al estilo de las leyes habilitantes de los déspotas Chávez y Maduro.

Resulta pues, que en nombre de la paz los comensales de la Habana se pasan por la faja las leyes, deterioran la institucionalidad y mancillan la dignidad de los colombianos. No es de extrañar, por tanto, que  hayan hecho valer su indignación en las encuestas.

Ruben Dario Acevedo Carmona

rdaceved@unal.edu.co

@darioacevedoc

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DARIO ACEVEDO CARMONA, DEMASIADO LEJOS, PRESIDENTE SANTOS, ¡DEMASIADO!, DESDE COLOMBIA,

El presidente Santos, abusando de las formalidades de la diplomacia, ha llegado al extremo de pedirle a gobiernos extranjeros que intercedan ante las Naciones Unidas para que la CPI no interfiera la paz de Colombia y, a ofrecer sus servicios para gestionar ante el gobierno americano la suspensión de la extradición de líderes de las FARC comprometidos con el narcotráfico.

Cuando el presidente declara “No creo que ningún guerrillero vaya a entregar las armas para ir a morir a una cárcel norteamericana”, se convierte en emisario de las exigencias de las FARC degradando la dignidad de su cargo.

Para entender el abismo inmoral en el que ha caído el Gobierno Santos habría que reseñar la cadena de ominosas claudicaciones en las que ha incurrido a lo largo de un proceso que de meses es ahora de años. Bástenos en este artículo con apelar al ejercicio de la memoria para recordar con quiénes estamos negociando.

Hay que reiterarles a los colombianos y a los amigos del exterior que no estamos discutiendo si se debe o no negociar con terroristas. Que no abogamos por llevar a la cárcel a todos los guerrilleros ni esperamos una paz perfecta ni una justicia total. Claro que se puede y se debe negociar con organizaciones terroristas. Hay suficientes experiencias al respecto, no seríamos los primeros ni seremos los últimos.

La clave en nuestro caso radica en entender que el Estado colombiano está negociando con una organización calificada de terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá entre otras naciones y que se negocia con el fin humanitario de evitar más sufrimiento y más muertes. Dicha caracterización daría para no concederles estatus de contraparte ni reconocerles un poder superior al que tienen o una representación que no poseen.

Pero Santos se comporta como si estuviera negociando con unos rebeldes con causa. Lo hace con un fastidioso estilo consistente en tirar globos, desinflarlos para volverlos a lanzar. Con el Fiscal Montealegre y el expresidente Gaviria quiere llevar el país a firmar un acuerdo sin respetar los “mínimos de justicia” que exige la comunidad de naciones y la Corte Penal Internacional a la que Colombia pertenece.

Ha ido tan lejos, que solicita a algunos gobiernos hacerse los de la vista gorda respecto de la impunidad a la que le faltan solo detalles. Y que se hagan los de la oreja mocha ante los reclamos de la ONU, la CPI y la ONG Human Rigths Watch. El embajador en España, Fernando Carrillo, explicó a Blu Radio que el canciller español propondrá “en el Consejo de Seguridad de la ONU que se proteja mediante una resolución, un eventual acuerdo de paz… ante la CPI”.

No sabemos ni entendemos porqué Mariano Rajoy cedió tan fácil a tal desatino, allá que lidian con un grupo terrorista del que demandan rendición total, al que no le reconocen estatus para negociar no obstante haber decretado el fin de la lucha armada, algo que las FARC ni siquiera prometen. A Rajoy alguien debe hacerle entender que oficiará no por nuestra paz sino por la impunidad de criminales de guerra y terroristas peores que los etarras.

Al presidente Obama, lo deberían actualizar sobre los hechos de terror que han sufrido sus ciudadanos y empresas y sobre las miles de toneladas de cocaína que han traficado hacia su país. Estados Unidos es el país más amenazado del mundo por fuerzas terroristas, entre las que se encuentran las FARC, cuyos jefes son un resabio de la “guerra fría” que defienden un proyecto narco-comunista basado en el odio de clases.

La idea no es pedirles que se opongan a la negociación o a la rebaja de penas, sino, que le demanden al gobierno colombiano exigir la entrega de armas, imponer penas de cárcel y negar elegibilidad política para jefes guerrilleros condenados por delitos como: el secuestro sistemático de civiles, el reclutamiento de miles de menores, el arrasamiento con armas artesanales y letales de decenas de poblaciones, la voladura de un club social repleto de civiles y de una iglesia con más de cien fieles que huían de un combate, la siembra indiscriminada de minas antipersonal que han dejado miles de muertos y mutilados, el asesinato a sangre fría de los diputados del Valle del Cauca, los concejales de Rivera, del exministro de Defensa y el gobernador de Antioquia. No son, pues, luchadores justicieros ni excelsos demócratas ni perseguidos políticos.

Esos delitos no son, hoy en día, merecedores de indulto o amnistía ni excarcelables, como si fuesen conexos con la rebelión, otro de los adefesios penales y morales que pretende validar el gobierno. La comunidad de naciones, después de agotadoras negociaciones, alcanzó un consenso al crear la CPI, organismo que por fortuna insiste en la obligatoriedad de castigar con prisión a los culpables de delitos atroces, calificar ese logro como un capricho o decir que es una obsesión respetar su estatuto es ofender al mundo civilizado.

Los gobiernos inglés, francés y sueco –este último tolera en su territorio a ANNCOL, portal de las FARC- están obligados a ser consecuentes y coherentes con el deber moral y ético de luchar contra todo tipo de terrorismo y en exigir que toda negociación con esas fuerzas debe estar precedida por la renuncia a la violencia y la intención de someterse a la Justicia Transicional.

Ruben Dario Acevedo Carmona

rdaceved@unal.edu.co

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RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA, DEFORMACIÓN TROPICAL DEL DELITO POLÍTICO, DESDE COLOMBIA

RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA,

En entrevista concedida a CNN el 28 de septiembre de 2012, el presidente Santos manifestó que "no se les puede pedir a las Farc que se arrodillen, se rindan y entreguen las armas. No lo harán. Debe existir una salida, y esta salida debe permitirles participar en la arena política".

Dos años largos después, en medio de una grave crisis del proceso de conversaciones de La Habana, Santos retoma su apreciación de forma más concreta al convocar a la redefinición del delito político de tal forma que se admita la conexidad del narcotráfico y el secuestro. Así, abre la puerta a una solución interna, propia, sin ataduras internacionales, para que los guerrilleros incursos en delitos horrendos, puedan participar en política.

Un cambio de esa envergadura dejaría el derecho penal prácticamente sin objeto ya que una porción muy grande de los delitos penales en el país están relacionados con el secuestro, la extorsión y el narcotráfico (este último toma cuerpo en numerosos hechos de sangre). Emocionada, la presidente del Polo Democrático Clara López, propuso que todos los delitos penales sean vistos como conexos con el delito político.

Esa maniobra impúdica, de salir avante, convertiría a Colombia en un país paria en materia de aplicación del derecho internacional y de observancia de los derechos humanos. Significaría entrar en rebeldía contra la Corte y el Estatuto Penal Internacional e internamente, consolidaría la profunda división en la que, de hecho, estamos sumidos como consecuencia de unas conversaciones adelantadas dentro de la mayor confusión.

Lo que se pone de presente en esta coyuntura, es la existencia de condicionamientos insalvables, de parte y parte, que no fueron precisados en el temario de la agenda acordada al inicio.

Los jefes de la guerrilla han procedido con total astucia durante el proceso. Han logrado tomar la manija hasta el punto de sacar partido del secuestro del general Rubén Darío Alzate, al que presentan como prisionero fruto de acción legítima de guerra. Se asumen contraparte del conflicto.

Han sido y siguen siendo coherentes en sus pretensiones, como cuando al comienzo del diálogo uno de sus jefes dijo que entre sus objetivos figuraba: “acallar a las armas, pero también y, sobre todo, refundar nuestro país, que es el cuarto más desigual del mundo… Todos los temas son importantes y necesitan ser tratados tranquilamente y negociados escrupulosamente. Tienen que ver con la soberanía alimentaria, la salud, la educación, el derecho al trabajo, la seguridad social. Debemos reinventar Colombia, que es un país muy injusto” (www.RadioSantafé.com, Bogotá, octubre 8 de 2012)

Casi todos los nudos de la negociación conducen, pues, al problema de la participación política, puesto que las Farc pretenden o aspiran a hacer política de una manera que supondría el desbarajuste de la Constitución ya que la concepción clásica del delito político y sus conexos así como los compromisos internacionales, forman parte del Bloque de Constitucionalidad. La iniciativa presidencial facilitaría a las guerrillas hacer política sin entregar las armas, sin admitir culpabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad y, por tanto, sin penas privativas de la libertad.

Que se trata del almendrón de la negociación y de una exigencia perentoria lo podemos constatar en la respuesta que Alberto Pinzón Sánchez, ideólogo asiduo del portal ANNCOL de las Farc, que, como bien sabemos, es donde ella expone su línea de pensamiento, da a la periodista Cecilia Orozco cuando le pregunta si los jefes de las Farc aceptarían ir a la cárcel para cumplir convenios internacionales firmados por el Estado colombiano: “Las Farc no han luchado contra la justicia internacional sino contra el Estado… (éste) debe encontrar, en una discusión amplia con la insurgencia, la solución política en cuanto a cómo va a funcionar la nueva legalidad… una negociación realista debería basarse en las reformas estructurales que demanda el país y que hay que garantizar en un texto constitucional… tendrían que ser validadas en una constituyente” (elespectador.com, noviembre 23 de 2014).

Los jefes guerrilleros saben que si son condenados, aún en el Marco Jurídico de la Paz y en el modelo de Justicia Transicional, quedan inhabilitados, de por vida, para ocupar cargos públicos y de representación popular. El Gobierno Santos, en su estrategia negociadora, concedió, sin haberse sentado en la mesa, que habría cambios para facilitarlos, tal como dijo en 2012 y nos recuerda hoy de nuevo. Para despejar dudas, releamos la tesis del Alto Comisionado de Paz que abre la puerta al estropicio que nos proponen, dijo él que, durante el periodo de “transición de 10 años” tenemos que: “echar mano de todo tipo de medidas y mecanismos de excepción: medidas jurídicas, recursos extraordinarios, instituciones nuevas…” (Conferencia de Sergio Jaramillo en Universidad Externado, mayo 9 de 2013).

Por ello es que ahora, para evitar el fracaso y sin ningún pudor, el Gobierno propone la “medida de excepción” de redefinir el delito político y sus conexidades.

De manera que cuando Humberto de la Calle, el mismo Presidente y el Alto Comisionado le dicen a la opinión pública que no habrá cambios en la Constitución ni se negociará la institucionalidad, simple y llanamente mienten.

Ruben Dario Acevedo Carmona

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FERNANDO OCHOA ANTICH, EL RETO DEL PRESIDENTE SANTOS, CASO COLOBIA

El discurso de Juan Manuel Santos, en el acto de juramentación ante el congreso colombiano, fue, a mi criterio, exageradamente optimista. Llamar a la unidad de los colombianos  “con el fin de trazarse una meta en la que todos nos podamos comprometer: ser en el 2025 un país en paz total, un país con equidad y el más educado de América Latina”, pareciera ser posible, ya que Colombia muestra unas cifras macroeconómicas realmente positivas; pero, lo que me pareció totalmente fuera de la realidad  fue plantear, que ”llegó la hora  no sólo de avanzar en las metas inmediatas sino de que pensemos y nos repensemos como nación, de repensar el contrato social que hemos heredado y las instituciones y políticas que nos han regido”, sin considerar la  complejas circunstancias políticas que debe enfrentar su gobierno.

La grave situación política que vive Colombia se pudo percibir claramente durante el acto de juramentación. Un número importante de senadores y de representantes no aplaudieron las palabras del presidente Santos en muestra de rechazo a su gestión. El asunto tomó mayor importancia al conocerse que el ex presidente Álvaro Uribe y la bancada de su partido Centro Democrático se había retirado del acto “como una muestra simbólica, en consecuencia con la posición crítica del uribismo al gobierno de Santos, y no en desprecio a la democracia ni a la constitucionalidad”, ratificó el senador Alfredo Rangel. Por su parte el santismo planteó, a través del senador Roy Barreras, lo siguiente: “desprecio ofrecieron, desprecio tendrán en las plenarias de aquí en adelante”. Definitivamente, un enfrentamiento de graves consecuencias.

Además, durante la intervención del presidente Santos, resaltó las delicadas complicaciones que enfrentan las negociaciones de paz: “aquí quiero hacer una advertencia: los hechos de violencia  de las últimas semanas son una contradicción inaceptable, y ponen en riesgo el mismo proceso… Y mucho menos se entiende que sigan causando víctimas civiles, incluyendo niños, como ocurrió en Miranda. La paciencia de los colombianos y de la comunidad internacional no es infinita. Señores de la FARC: ¡están advertidos¡” Hay otro elemento a considerar: las recientes declaraciones de Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, quien afirmó: “tras un acuerdo de paz, Colombia no seguirá siendo la misma” en medio de fuertes críticas al gobierno estadounidense, a los militares, a los medios de comunicación y a la clase política.

El presidente Santos tiene ante sí un complejo reto que le exigirá una importante habilidad política: primero, deberá fortalecer la contradictoria alianza que le permitió el triunfo electoral; segundo, tendrá que construir, de alguna manera,  un real acercamiento con el urubismo; tercero, deberá entender que el enemigo ideológico a vencer son los sectores de izquierda radical que, de manera natural, se fortalecerán con el éxito de las negociaciones de paz.  Me angustia observar el creciente incremento de las tensiones entre los presidentes Uribe Y Santos. De continuar por ese camino, Colombia pondrá en riesgo la estabilidad de su sistema político. Recuerden, lo que ocurrió en Venezuela. El enfrentamiento surgido entre los presidentes Pérez y Lusinchi debilitó las bases de nuestro sistema democrático, facilitando el triunfo electoral de Hugo Chávez… 

Fernando Ochoa Antich

fochoaantich@gmail.com

@FOchoaAntich

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DARÍO ACEVEDO CARMONA, EL PRESIDENTE NOS DIVIDE CON SU PAZ

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, decidió, en mala hora, dividir a los colombianos en amigos y enemigos de la paz.

Sin duda, se trata de un recurso de su improductiva campaña por la reelección con el que busca recuperar la imagen perdida. De esa forma, Santos compromete todo su capital político en una jugada desesperada (como en las partidas de póker), apostando al cañazo más difícil: que en La Habana, las Farc le den una ayudita con la firma de algún texto útil para vender la idea de que la paz está al alcance de la mano.

Varios y muy delicados son los problemas que se desprenden de este tipo de movidas. Por ejemplo, se pone en la mesa el destino de la sociedad colombiana y no el bolsillo o billetera del presidente cuando éste deposita una confianza total e incondicional en la supuesta buena voluntad de unas guerrillas que no han dado una señal certera y creíble sobre sus intenciones de ponerle fin al conflicto.

Esa experiencia la sufrimos trágicamente en la campaña electoral de 1998 cuando las Farc ayudaron al triunfo de Andrés Pastrana y luego cobraron, bien duro, ese apoyo para abrir un proceso de conversaciones que terminó en fracaso. La lección es contundente y clarísima. Un presidente o candidato al cargo no puede hipotecar su continuidad o su triunfo con fuerzas que se encuentran en la ilegalidad y que han causado tanto daño a la sociedad y al país. Significaría dar un paso más en la dirección de humillar el Estado.

También es sumamente grave, y por lo mismo irresponsable, que el jefe del Estado se rebaje al nivel de los politiqueros ordinarios que apelan a métodos engañosos para ganar el favor del elector. Santos está en la obligación ética y moral de explicar, más allá de cuñas simplonas y de mensajes románticos e ilusos sobre la paz, quiénes son amigos y quiénes enemigos de la paz.

Santos considera que es el líder del bando de amigos e incluye en él a la guerrilla fariana sin que ésta de muestras reales de estar de su lado. De manera que, sin mediar acuerdos ni compromisos de paz ni cese de fuego, las Farc obtienen el estatus de amigos de la paz mientras continúan matando soldados y destruyendo la infraestructura nacional. Los enemigos de la paz vienen siendo todos aquellos que critican los términos de una política de conversaciones de paz diseñados por un filósofo que no conoce el país. En conclusión, fuerzas políticas a las que perteneció Santos y políticas como la Seguridad Democrática, que él hizo suya cuando fue ministro de Defensa y respecto de la cual se comprometió a darle continuidad en la campaña del 2010, políticos, intelectuales, empresarios, líderes gremiales, víctimas de las guerrillas, son los enemigos de la paz.

No solo es grave que el presidente de todos los colombianos, en su afán por ganar la reelección y en su desespero por la caída en las encuestas, en vez de prestarse para el debate programático, de cara a la nación, de frente a los colombianos, opte por una maniquea división que no tiene lógica, que no es demostrable, que carece de asidero y de las más elementales pruebas que la lucha política requiere para hacer inteligible, argumental y sustentable una decisión.

No creo que la ciudadanía dispuesta a votar se deje impactar por ese tipo de argucias, pues no se precisa de pensamiento complejo ni de teorías o especulaciones filosóficas para entender que los enemigos de la paz no somos los críticos del entreguismo sino aquellos que se encuentran en La Habana impartiendo órdenes a sus frentes para cometer actos de terror. Cuando diversos matices de la institucionalidad afloran, con justas razones, es muy peligroso sembrar cizaña con ese tipo de dislocaciones.

Uno entiende que la lucha política tiende a la polaridad y a la simplificación de los bandos, pero, no se debe olvidar que en democracia, llevar a ese plan las bases de la institucionalidad, la Constitución y demás ideales y valores de la sociedad, puede conducir al camino de la disolución o del triunfo de quienes sí deben ser calificados como enemigos de ellos, como quiera que insisten en la violencia contra los que estamos del lado de la resolución pacífica de los conflictos.

CODA: En nombre del decoro, el diario El Tiempo, silenció la pluma de Fernando Londoño Hoyos, un opositor enhiesto, franco y claro. Londoño no es un indecoroso sino un ideólogo, un pensador, un crítico del Régimen que debe ser respetado porque cumple las condiciones del debate en términos democráticos. ¿Será que continúa la barrida de los “enemigos de la paz”? porque si de decoro hablamos, al que deberían expulsar de las líneas editoriales de ese diario es a Gabriel Silva Luján dedicado a insultar, ultrajar e injuriar al expresidente Uribe, al que sirvió como ministro y embajador. Y si asumimos el decoro como norma general, más de un columnista no debería tenerse por tal. Los hay difamadores de oficio, integrantes del pelotón de fusilamiento moral, personajes como Ramiro Bejarano, Juan Gabriel Vázquez, Esteban Carlos Mejía, Juan Pablo Calvás, León Valencia, Óscar Collazos, Daniel Samper Ospina y caricaturistas que, a diferencia del mejor de todos, Osuna, han caricaturizado el oficio haciéndolo panfletario y militante. En El Tiempo no es nuevo censurar; criticables decisiones tomó en tiempos pasados contra Klim, Osuna, José Obdulio, en fin, es como si nos estuvieran recordando que ellos son los “dueños del país”.

Ruben Dario Acevedo Carmona

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DARÍO ACEVEDO CARMONA, REFERENDO SIN PAZ, CASO COLOMBIA,

El presidente Santos continúa ensillando sin traer las bestias. Su mayoría parlamentaria acaba de aprobar la convocatoria de un referendo que tendría por objeto someter a consideración de la ciudadanía los probables acuerdos de paz que se firmen en La Habana.

El Marco Jurídico para la Paz fue expedido para ser aplicado a las guerrillas en un eventual acuerdo de paz. Quiere decir esto que el Estado colombiano se atiene a legislar ante una probabilidad, un albur, que, cada día que pasa, se hace más inviable.

A las Farc nada de lo que ha hecho y concedido este gobierno les ha llamado la atención. No le hacen buena atmósfera a leyes que contemplen algún castigo penal o una consulta a la población. Piensan que en una negociación de iguales, el otro igual, el Estado, no puede imponerles penas. Y de votos, ¡ni locos que estuvieran! pues saben que llevan las de perder. Tampoco las llena la actitud regalona e incondicional consagrada en la política de paz que echó a caminar el presidente y su Comisionado de Paz Sergio Jaramillo.

¿Qué es lo que quieren, entonces? “Refundar el Estado” es lo que han dicho sus voceros en diversas ocasiones. Eso implica la convocatoria de una asamblea constituyente con delegados a partes iguales.

El presidente Santos ha perdido, hace buen rato, todo margen de maniobra y negociación en tanto se agota el tiempo para definir si va o no por la reelección. Sabe que para salvar la partida necesita que las Farc le firmen un acuerdo presentable y ellas conocedoras de sus afanes lo tienen maniatado, a su merced y le cobrarán duro, muy duro, satisfacer su demanda.

El desespero del gobierno se puede apreciar en las declaraciones del jefe de la delegación oficial, Humberto de la Calle, quien reafirmó antes de salir rumbo a una nueva ronda que las negociaciones en principio no son sobre la paz sino que buscan acordar un conjunto de reformas a ser acometidas en una fase de transición de 10 años. 

Lo que suena muy curioso es que haya invitado a la nación a apoyar las conversaciones de paz si lo que se está discutiendo no es la paz. Y epígonos angustiados hacen circular el falaz argumento de que los tiempos de las Farc son rurales por tanto lentos, mientras los del gobierno son urbanos, con el que intentan justificar la falta de acuerdos a la vez que dan por sentado que las guerrillas representan el campesinado y no un anacrónico proyecto comunista. La angustia oficial lleva al Fiscal Montenegro a atacar groseramente a la Fiscal de la Corte Penal Internacional acusándola de rígida y dogmática en la defensa del derecho internacional humanitario.

No sabemos si, entre las muchas estrategias ensayadas por Santos para enmendar la plana, hayan apelado a meterle miedo a Márquez, Timochenko y compañía con el creciente apoyo popular a las tesis del uribismo y la posibilidad de un triunfo electoral del Centro Democrático, que significaría la cancelación de la mesa y el reinicio de una gran ofensiva militar. A lo mejor, puede creer que pintar a Uribe y a sus candidatos a la presidencia y al congreso como sedientos de sangre y partidarios del exterminio de las guerrillas, melle la actitud diletante que hasta ahora han mantenido.

Que en el discurso de Santos, de Montenegro y de la Calle, de congresistas enmermelados y en la publicidad oficial  se presenten como enemigos de la paz no a las guerrillas que exigen 99 condiciones en el segundo punto para seguir en la tertulia, no a las guerrillas que arrecian en sus ataques terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil, como en Tumaco, sino a quienes con argumentos políticos demuestran la insinceridad de las Farc, su doble juego, su aprovechamiento de la ocasión  para fortalecerse, es, claramente, una argucia miserable, un golpe bajo, una imperdonable mezquindad, porque ese es el primer paso para pasar a usar al uribismo y a los críticos del proceso como carta de amenaza.

Las Farc, pues, tienen la manija de las conversaciones. Entienden que el presidente sería capaz de moverse de su posición de aparente inflexibilidad en mantener el Marco Jurídico para la Paz y el Referendo y es lo que van a  forzar y si no lo pueden lograr, les queda la opción de continuar los diálogos más allá de fines de noviembre, sin ningún compromiso de firmar un acuerdo y buscando ser protagonistas de la próxima coyuntura electoral. Al fin de cuentas ya el presidente dio a entender que la negociación se tomará más de lo previsto. Y, como en la política de paz se estipula que en función de la misma se justifica tomar medidas extraordinarias, pues nada raro que nos veamos en un escenario impensado. Para eso tiene de ministro de Justicia a uno de los más hábiles alfiles del samperismo, fuerza política que soporta este impresentable experimento.

¿Y qué pasará con el referendo? La Corte Constitucional dará cuenta de ese esperpento, el presidente es consciente de ello. Así que no vale la pena analizar su contenido, es que no hay ni habrá nada para refrendar.

CODA: con la elección de Óscar Iván Zuluaga  como candidato del Uribismo a la presidencia se evita el duelo familiar Santos versus Santos.

Darío Acevedo Carmona, Medellín, 

Dario Acevedo 

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DARÍO ACEVEDO CARMONA, EL PRESIDENTE SANTOS PIERDE LOS CONTROLES, CASO COLOMBIA

Es francamente desconcertante la pasividad del gobierno ante la fuerte ofensiva que en todos los planos adelantan las Farc. En La Habana lo que el país nacional ha visto es una delegación oficial que peca por su silencio y su falta de valor para defender las instituciones y la democracia colombiana.

Siempre han estado a la defensiva, tratando de frenar, inútilmente, el desbordamiento verbal y propositivo de los delegados de la guerrilla que exhiben total iniciativa en todos los temas tratados.

Humberto de la Calle y compañía dan la impresión de ser incapaces de tomar las riendas del proceso y explicar ante el mundo y la nación el por qué las guerrillas deben ceñirse al libreto acordado, respetar las reglas del juego, dar muestras de respeto a sus víctimas y de su compromiso para abandonar el camino de las armas. En torno a esos asuntos es mucho lo que se puede argumentar y, además, insistir ante la opinión internacional en el anacronismo de una guerrilla contra una democracia y del peligro de validar el terrorismo como método de lucha.

Desconcierta también el gobierno de Juan Manuel Santos por su actitud temerosa y equívoca frente a las protestas sociales que se presentan en varias partes del territorio. Se ha dejado tomar la manija de los conflictos porque los líderes sociales y los infiltrados de las guerrillas saben que el gobierno cede ante la presión y ante el uso de las vías de hecho. Se oyen voces contradictorias de ministros que no se sabe si son verdes, rojos o amarillos, como el caso de los Garzón, voces desacompasadas que desnudan la falta de liderazgo presidencial y que se reflejan en ausencia de homogeneidad de parte del Ejecutivo.

Por otra parte, la guerrilla ha sabido aprovechar con creces las ventajas inexplicablemente cedidas por este gobierno y ha tomado nota de sus debilidades. La iniciativa que asumida por sus delegados desde La Habana les ha abierto numerosas puertas afuera y adentro. Sus cuadros políticos en la periferia civil han seguido al pie de la letra el llamado de Iván Márquez en Oslo cuando invitó a estimular y promover la protesta y la movilización popular para acompañar el proceso de paz y presionar la obtención de sus propuestas.

El fortalecimiento político de la guerrilla fariana se aprecia no sólo en el tono exigente de sus declaraciones, cual ejército victorioso, sino también en la amplificación ad infinitum de los temas y el calado de sus propuestas, como por ejemplo, su idea de una reestructuración total del estado a través de una constituyente de corte fascista, elegida por estamentos y a dedo. Hasta Timochenko se toma la molestia de escribir cartas de tono pastoral dirigidas al presidente, en las que se ensaña contra la democracia colombiana, se envuelve, sin inmutarse, en la bandera de la paz y acusa de la violencia a la fuerza pública como si ellos estuviesen limpios de sangre. Cartas que por falta de respuesta pasan por documentos programáticos loables ante el mundo. Hasta el ELN, una guerrilla prácticamente derrotada hasta hace año y medio, se envalentona y se empina aún más exigente que las Farc al no admitir condiciones para iniciar diálogos.

Se me ocurre pensar que las carencias del presidente, de su gobierno y de su comisión de negociación tiene muchas explicaciones: Falta de claridad en los objetivos y en el discurso que debería sustentar la generosidad con una guerrilla que estaba aislada y debilitada. En la capital campea entre ciertas elites una especie de sentimiento de culpa ante las recriminaciones de las guerrillas por las grandes desigualdades sociales, como si con su violencia no fuesen responsables en gran medida del atraso agrario. El gobierno carece de estrategia mientras da a entender que le interesa la paz a cualquier precio. Las Farc, en cambio, se guían por una rigurosa hoja de ruta, calcada de anteriores experiencias y mejorada en concordancia con orientaciones de Alfonso Cano. Han ganado todo lo que intentaron infructuosamente con los secuestrados.

La obsesión por firmar la paz se traduce en una política llena de equívocos y de enredos en el manejo de los conflictos sociales. En particular frente a la clara infiltración de agentes de las guerrillas en las protestas para manipularlas. Hay que ser muy despistado para pensar que las guerrillas no tienen en sus planes la infiltración y utilización de los movimientos y protestas sociales. Eso es parte del abc de las tesis leninista, maoista y guevarista: “moverse entre el pueblo como el pez en el agua” consigna de vieja data que no debería sorprender a nadie. Los militantes clandestinos, como también los simpatizantes, amigos y aliados se están destapando por doquier aplicando la consigna de Iván Márquez. Ya veremos cómo se expande la oleada de protestas por todos los rincones y sectores con aureola de legitimidad y de justicia.

Entretanto, el barco gubernamental, empezando por su capitán, anda a la deriva, sin rumbo, sin bitácora. No hay ideas claras, ni certidumbre ni confianza. El gobierno todo es una gran confusión. Además, se deje arrebatar las banderas de la justicia agraria.

El plan guerrillero se asemeja a la vieja táctica leninista que en la Rusia de 1917 orientó a la disciplinada militancia bolchevique a agudizar la luchas de clases, debilitar el gobierno, hacerle la vida imposible a las “clases dominantes”, crear una situación de caos, descontrol y vacío de poder para asumir la dirección del país en compañía de despistadas personalidades y fuerzas democráticas tipo Kerenski y de clubes progresistas. El leninismo era y fue claro en que la toma del poder  no era un asunto de mayorías sino de minorías muy bien organizadas y con claridad en su meta.

Medellín, 14 de julio de 2013

rdaceved@gmail.com

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