DARIO ACEVEDO CARMONA, EL GOLPE DE ESTADO Y LA TRANSICIÓN, DESDE COLOMBIA

Para entender lo que está sucediendo y lo que puede llegar a suceder en los próximos meses y años es indispensable echarle una mirada a la conferencia pronunciada por el Alto Comisionado de Paz, el filósofo Sergio Jaramillo, pronunciada en mayo de 2013 en la Universidad Externado.

Desde su propio título “La transición en Colombia”, que resume la concepción, el método y los pasos a dar durante las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC y el “posconflicto”, queda abierto el espacio a la incertidumbre y a la duda.

Según el Alto Comisionado, se dieron cinco pasos para aclimatar la negociación: 1. Reconocimiento  de la existencia de “un conflicto armado interno”. 2. Expedición de la Ley de Víctimas, que ubicó el centro de la reparación de millones de víctimas en el Estado. 3. Creación de “un entorno internacional favorable” desde el que se justificó la presencia de Venezuela como garante y a Cuba como sede de los diálogos. 4. Creación de un espacio legal para la aplicación de la Justicia Transicional y 5. “Armar un proceso metódico para llegar a la paz” pues la terminación del conflicto dará lugar a “a una fase de construcción de paz, es decir a una fase de transición.” Ya que “Una cosa es firmar un acuerdo que formalmente ponga fin al conflicto, y otra es la fase posterior de construcción de la paz”.

Desde el comienzo, pues, la filosofía gubernamental para la negociación entregó, sin ni siquiera un cese unilateral del fuego como contrapartida, una serie de posiciones de gran trascendencia: estatus de igualdad, reconocimiento de un conflicto armado, países amigos de las guerrillas, una ley marco previa a acuerdos que les permitió, sin discusión, saber hasta dónde podría ser laxo el gobierno, y, la adopción de la idea determinista y mecanicista, pregonada por las guerrillas, que explica “el alzamiento armado” como consecuencia de injusticias sociales y de la exclusión política, que deben ser enmendadas a través de reformas profundas (hay que “refundar el Estado” dijo Timochenko). Y como esas reformas se toman su tiempo, la paz, solo podrá ser tal, cuando hayan tenido resultados positivos. Eso es factible en un marco temporal al que nuestro generoso filósofo, denominó “la transición”.

Todos los acuerdos firmados hasta ahora y los que han quedado pendientes para ser abordados por el “congresito” o “comisión legislativa”, se corresponden con la Agenda de cinco puntos que se firmó con las FARC. El gobierno pretendió, inútilmente, convencernos de que en ese temario no cabrían asuntos de la Agenda Nacional ni cambios a la Constitución Nacional. Los hechos son tozudos y nos demuestran que mientras el Presidente y sus negociadores  se desgañitan aclarando que nada extraordinario ni anómalo se va a firmar, lo cierto del caso es que sí se está procediendo desde una lógica peligrosa que va en contra de la institucionalidad y de la sistemática expresión mayoritaria de los colombianos.

De manera que, la filosofía de la negociación se desveló como una filosofía de la concesión, del entreguismo y de la complacencia con las guerrillas, a partir del hecho discursivo más trascendental y arriesgado de todo el proceso: igualarnos con una guerrilla a punto de ser derrotada que no representa los intereses de ningún sector de la sociedad, y, otorgarle legitimidad, razón moral y validez al discurso guerrillero de las “causas objetivas” y por ende a que el Estado “pague la deuda social” con el agro , como si las guerrillas fuesen la voz del campesinado.

El pueblo colombiano, pues, según Jaramillo, está pagando una culpa, nos merecemos la suerte que corremos y hay que estar dispuestos a hacer sacrificios inenarrables para darles gusto a las guerrillas y poder convivir en paz. Es lo que se desprende de considerar que su lucha armada, con sus crímenes atroces, ha tenido y tiene razón de ser.

La noción de transición, se refiere a un periodo de tiempo -“10 años”- cedido, regalado, es decir, una década bajo el ojo escrutador de los jefes de las guerrillas ocupando puestos en el Congreso, movilizando las masas, estimulando las protestas sociales y exigiéndole a la “oligarquía” el cumplimiento de los acuerdos y que la transición se extienda otros 10 años.

Pero, el aspecto más inquietante de esta filosofía es el espíritu golpista que subyace en la idea de la “excepcionalidad”. Según esta perturbadora noción “Los efectos de 50 años de conflicto no se pueden reversar funcionando en la normalidad”. Y, ¡OJO!: “Tenemos que redoblar esfuerzos y echar mano de todo tipo de medidas y mecanismos de excepción: medidas jurídicas, recursos extraordinarios, instituciones nuevas… que trabajen intensamente en el terreno para lograr las metas de la transición”. Aquí está pues, el núcleo de una filosofía golpista que hace trizas nuestro ordenamiento legal, que arrasa con la convivencia alcanzada por las más importantes fuerzas políticas y sociales del país y que ofrece la Constitución como postre.

Abran sus ojos señores empresarios, tomen nota dirigentes de los partidos que aún sienten algo de estima por lo que nos rige y recapacite el alto clero que traga sapos sin vomitarlos. No es cosa nimia decir que no se puede “reversar el conflicto funcionando en la normalidad”. ¿Acaso no es clara la relación directa y estrecha entre este esperpento inconstitucional y el proyecto de ley que otorgaría poderes excepcionales al presidente Santos?

Diez años funcionando en la “excepcionalidad”, con “instituciones nuevas” y “recursos extraordinarios” y “medidas jurídicas” ¿no es la manera taimada de esconder que la Constitución de Colombia va a ser sustituida? ¿No es el “Congresito” o “Comisión Legislativa” una institución “nueva” que suplanta al lento y dudoso Congreso de la República que “trabajará intensamente” sin trabas ni tropiezos, con mayoría simple en pro de hacer reales los acuerdos de La Habana?

¿No giran los acuerdos de La Habana sobre temas de orden constitucional que dejan bajo la esfera presidencial asuntos cruciales como por ejemplo: cárcel para responsables de delitos atroces, la entrega de armas, reformas a la propiedad agraria, amnistía e indulto a comandantes, reparación a las víctimas de sus crímenes, creación de las mil y una comisiones que enredarán el país en una maraña burocrática, participación y elegibilidad política de los autores de crímenes atroces y otorgamiento de curules en el congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales?

A la sombra de esos parámetros es que el Fiscal desliza sus exabruptos jurídicos, los congresistas enmermelados justifican el golpe de estado y el nuevo minDefensa nos asusta con silencios que huelen a cobardía.

Inspirado en la filosofía de la “transición” el proyecto de “poderes especiales” para el Presidente se asemeja a tener un cuchillo en la yugular. Ese poderosísimo instrumento, en manos de un presidente que deshonra la promesa de someter los acuerdos a refrendación popular al afirmar que eso “sería un suicidio”, es una auténtica amenaza contra la democracia.

Si quieren imaginar la situación que nos espera si no hacemos algo por evitar que se produzca este Golpe de Estado en ciernes, no hay que hacer mayor esfuerzo, miremos la caótica y deplorable situación de Venezuela.

Ruben Dario Acevedo Carmona

rdaceved@unal.edu.co

@darioacevedoc

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DARIO ACEVEDO CARMONA, SALVAVIDAS PARA LAS NEGOCIACIONES DE PAZ, CASO COLOMBIA,

Las FARC reaccionaron indignadas cuando el Alto Comisionado de Paz del gobierno, Sergio Jaramillo, las tildó de cínicas. Les pareció un trato insultante que rompe protocolos acordados en la mesa de conversaciones de La Habana.

Pero, ellas no solo omiten condenar los graves atropellos a la población civil, a la infraestructura nacional y al medio ambiente, cometidos por sus frentes y milicias en los últimos días, sino que los justifican como consecuencia lógica a la negativa del presidente Santos de aceptar un cese bilateral del fuego.

Cabe preguntar si es o no cinismo quejarse en la Mesa de que los traten como una guerrilla derrotada o que los quieren humillar exigiéndoles el desarme o el cese unilateral, y a renglón seguido desatar una avalancha de acciones terroristas y campañas mediáticas de su periferia civil para que se acepte, por la fuerza, su exigencia. Al final de la semana anterior, declararon que “el tiempo de la solución militarista se agotó”, mientras sus frentes dejaban sin agua a Tumaco y los ríos y costas del Pacífico del país quedaban contaminados con el petróleo derramado por sus atentados antiecológicos y antisociales, agregando, con lágrimas de cocodrilo que: “desgraciadamente lo ocurrido en Tumaco ha tenido terribles y no deseadas consecuencias”.

Apelar al terror para presionar al gobierno nacional y luego salir a quejarse de la “guerra” y sacar bandera blanca, so pena de avanzar en la destrucción del país, solo puede ser una expresión de cinismo. Sectores de opinión sucumben a esa estratagema perversa sin caer en cuenta que avalar el cese bilateral es aceptar el chantaje del terror y la humillación de la sociedad y el Estado.

Por otra parte, tampoco advierten que el cese bilateral, así a secas, es un imposible logístico. La razón es muy sencilla y poderosa. Resulta que están activas poderosas organizaciones armadas ilegales guerrilleras y mafiosas que combaten a la Fuerza Pública, alteran el orden, la seguridad y los bienes de la ciudadanía y que, las FARC, a su vez, están diseminadas en múltiples estructuras.

Incidentes en gran cantidad y casi rutinariamente se presentarían generando discordias, señalamientos y acusaciones de saboteo, causadas por la muy factible confusión que se presentaría en teatros de operación en los que la Fuerza Pública no tiene ni forma ni tiempo de averiguar a quién se está enfrentando. Recordemos el caso de la matanza de los soldados del Cauca que llevó a la suspensión de los bombardeos oficiales.

¿Cómo garantizaría la guerrilla el cumplimiento de su compromiso en un escenario en el que pululan células urbanas y rurales, estructuras móviles, infiltrados en instituciones estatales y privadas? ¿Cesarían sus actividades de narcotráfico, la compra de armas, el reclutamiento de menores, la instalación de minas antipersonal?

Es tan complejo como negociar la paz, entendida esta como el cese definitivo de toda acción bélica entre los bandos enfrentados. Sin embargo, existe una salida al embrollo. Esa salida ya fue ensayada con éxito en anteriores negociaciones de paz. Por supuesto, estuvo precedida por la expresión sincera del deseo de los armados ilegales de cesar en el uso de las armas en el marco de una negociación que no significó una humillación. Dichos casos fueron los del M19, Corriente de Renovación Socialista, Quintín Lame, PRT, grupos paramilitares y milicias y “combos” urbanos.

La concentración de las FARC, en los términos en que la propone el expresidente y senador Alvaro Uribe y el Centro Democrático (Fuerza política que debe ser escuchada para garantizar el buen final del proceso), en una o pocas zonas bajo protección internacional, sin entrega de armas y contando el tiempo de permanencia en ella como parte de las penas alternativas que deban pagar los responsables de crímenes graves, no tiene un ápice de espíritu humillante.

Esta propuesta brinda más garantías a unos y a otros que la santista de negociar en medio del conflicto. La del gobierno otorga una especie de aval a los ataques de la guerrilla contra la Fuerza Pública, y además, desarma al Estado legítimo de su razón moral y crea una falsa atmósfera de confianza  de las fuerzas militares ante un enemigo que no juega limpio (recuérdese la reciente masacre de soldados en el Cauca).

De otro lado, la propuesta de concentración con vigilancia internacional, además de ser más garantista, es más realista que las expresiones voluntaristas a favor del cese el horror y las fariseas lamentaciones de las FARC por “las desagradables consecuencias” de sus acciones.

La respuesta del presidente Santos a los atentados al sostener que luchará por la paz “por las buenas o por las malas” subyace en un grave equívoco: desconoce que la Fuerza Pública, en principio y por mandato, procede en defensa de la Constitución. De manera que, defender la Constitución y combatir bajo su manto y bandera, usando las armas legítimas de la república, no es una acción “a las malas”. Santos olvida o no sabe que, “a las malas” proceden los ilegales.

Las conversaciones de paz han llegado a un punto ciego que solo se puede desatar si las FARC aceptan concentrarse bajo vigilancia internacional. Ese gesto tendría el efecto positivo de alentar la recuperación de la confianza de la población en dicho proceso.

Ruben Dario Acevedo Carmona

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DARIO ACEVEDO CARMONA, COMENTARIOS AL ACUERDO DE COMISIÓN DE LA VERDAD, CASO COLOMBIA,

El Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC acordaron crear una “Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición” que será “un mecanismo independiente e imparcial de carácter extra-judicial” que se pondría en marcha “una vez firmado el Acuerdo Final”.

Comentario: Estamos ante un serie de equívocos y confusiones. La verdad en sentido histórico no es una, porque ella supone interpretaciones fruto de un trabajo académico que se puede realizar desde diferentes enfoques, teorías y métodos cuyos resultados están sometidos a la crítica. En materia jurídica sí se puede hablar de verdad en plural porque se individualiza el hecho. Ahí funcionan otras reglas y presupuestos en materia de derecho penal. Lo de imparcial e independiente bien difícil en un asunto que despierta tanta polarización y tanta controversia.

El carácter extrajudicial de una comisión que va a esclarecer verdades conduce de hecho a la impunidad a una expiación indolora de los delitos graves. La verdad así es inútil pues no contribuye a la reparación de las víctimas. De esa forma, los responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra no comparecerán ante un juez. Si no hay valor jurídico, como lo hubo en el caso de los paramilitares, entonces, cómo y quién va a reparar a las víctimas? Las Farc ya lo dijeron, “el Estado es el máximo responsable” del conflicto.

Acuerdo: “La Comisión” debe buscar la verdad y la complejidad del conflicto poniendo “en marcha un proceso de participación amplia, pluralista y equilibrada en el que se oirán las diferentes voces y visiones” y aplicando “enfoque territorial” y “de género”. La temporalidad a investigar cubre el tiempo de duración del conflicto pero, tiene la libertad de extenderse hacia el pasado y explicar el “contexto histórico, los orígenes y múltiples causas del conflicto, teniendo como insumo los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, entre otros”.

Comentario: Desde antes del inicio de las conversaciones, la guerrilla y el Gobierno a través de su Alto Comisionado de Paz acordaron hablar la misma retórica sobre las causas objetivas del conflicto, el contexto histórico. Este apartado, además, satisface la idea de las Farc de movilizar las masas para presionar la paz a cambio de reformas estructurales. Se trasluce, igualmente, la aplicación de la metodología de la “acción participativa” preconizada por el sociólogo Fals Borda según la cual la historia se “reconstruye” entrando en contacto con el pueblo. Los informes de la Comisión Histórica, en los que no hubo consensos, bien podrían evitar todo el aparataje de la nueva Comisión.

“La Comisión estará integrada por once miembros” para cuya “escogencia se pondrá en marcha un procedimiento de postulación y selección que ofrezca garantías de legitimidad, imparcialidad e independencia... El proceso de postulación de candidatos será amplio y pluralista, asegurando que todos los sectores de la sociedad… puedan postular candidatos. Los/as comisionados/as serán elegidos por un comité de escogencia… compuesto por 9 integrantes. El Gobierno y las FARC-EP, de común acuerdo, seleccionarán a través del mecanismo que acordemos 6 de los/as integrantes del comité de escogencia. Los/as 3 integrantes restantes serán los/as delegados/as de 3 personas u organizaciones que acordemos… Todos los integrantes del comité de escogencia deberán inspirar confianza en la ciudadanía… La selección de los/as comisionados/as deberá adoptarse por mayoría de 2/3 de los integrantes del comité de escogencia” (Es decir 6).

Comentario: Se dejaron en el tintero asuntos a medio camino que por su complejidad pueden llevarse meses o una espera hasta el final. Imaginemos la dificultad para hallar “el procedimiento” que garantice que los aspirantes a la Comisión sean nombrados en un proceso “amplio y pluralista” con garantías “ante la sociedad” (¿quién es la sociedad y cómo se expresaría?) de “legitimidad e imparcialidad”. Basta recordar la discriminación en la selección de las víctimas que comparecieron a La Habana. Luego un comité (otro) de escogencia integrado por nueve personas (tres por el gobierno, tres por la guerrilla y otros tres de común acuerdo) elegirán los once, cada uno de los cuales debe contar con la venia de al menos seis. ¡Tremendo enredajo!

Este párrafo “Todos los integrantes del comité de escogencia deberán inspirar confianza en la ciudadanía” es un auténtico golazo de las Farc. Cómo se va a precisar que la ciudadanía exprese confianza sobre los elegidos? Solo hay una forma: con la realización de una Constituyente cuyas decisiones soberanas no puedan ser controvertidas.

Acuerdo: “La Comisión” investigará “Prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)… Las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del Gobierno, y los demás poderes públicos, de las FARC-EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional que haya tenido alguna participación en el conflicto”.

Comentario: El Estado vuelve a dejarse igualar con la guerrilla como si no hubiese ya miles de investigaciones en curso y cientos de fallos contra agentes del Estado. La guerrilla acepta al finque debe poner la cara ante el DIH, aunque se quedó corta en cuanto que de la constatación de violaciones al mismo no se desprenderán penas.

Acuerdo: “La Comisión tendrá una duración de 3 años incluyendo la elaboración del informe final”.

Comentario: tres años de presiones de los movimientos sociales y de organizaciones de víctimas muchas de las cuales actúan con sesgo ideológico.

En síntesis, el Acuerdo sobre la Comisión de la Verdad traspapela la verdad jurídica -que implica el testimonio de los afectados, la investigación penal, el juicio, las penas a los responsables y la reparación de las víctimas- en una comisión de ética disfrazada de académica, independiente e imparcial. Deja en el aire demasiadas cosas como para hacerle fiesta al anuncio y deja asomar el mico de la constituyente.

De todas formas, no olvidemos que como “nada está acordado hasta que todo esté acordado” hay que esperar el amanecer para saludar el nuevo día.

Ruben Dario Acevedo Carmona

rdaceved@unal.edu.co

@darioacevedoc

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DARIO ACEVEDO CARMONA, EL SILENTE SILENCIO DE LA IZQUIERDA, CASO COLOMBIA

En ese archipiélago que es la izquierda colombiana reina un silencio, entre sórdido y cómplice, frente a la actuación y a la línea de acción de los jefes de las Farc en las negociaciones de paz y con los atropellos a la libertad y la democracia en Latinoamérica.

Algunos de ellos, igual que los comunistas que impulsaron el nacimiento de las Farc y de su famosa “combinación de todas las formas de lucha” cuyo principal atizador fue Manuel Cepeda, consideran que todos los problemas de este proceso son responsabilidad de la extrema derecha y la derecha y cuando menos del Gobierno.

La izquierda no marxista o no comunista, tampoco es que se desvele por manifestar alguna crítica a las Farc. No se sabe si es por la pena que sienten de coincidir con las derechas o el establecimiento.

En la academia y en la intelectualidad aunque se escucha o se lee una que otra voz crítica, prima también el silencio como si pensaran que cualquier cosa que demande la guerrilla debe ser concedida con tal de que se firme la paz, aun cuando eso signifique ponerse en contravía de ideas y principios de derechos humanos que han defendido en su carácter de universales.

Es una actitud similar a la de las izquierdas del continente frente a los atropellos a la libertad y a la democracia de los regímenes dictatoriales de Maduro y los Castro. Hago un esfuerzo por encontrar una explicación convincente sobre ese profundo silencio, sin encontrar una razón convincente.

Sé muy bien que este sector de la sociedad no es asimilable a un organismo o a un aparato sometido a los designios u orientaciones de un núcleo directivo. Pero, al margen de reconocer su condición heterogénea, hay rasgos que siempre les han sido característicos. Generalmente, por ejemplo, dan sustento ético a la lucha contra dictaduras y tiranías, si son de derecha. Hacen gala de actitudes irreverentes frente al poder y los poderosos. Hay un no sé qué en su forma de mirar y gesticular ante interlocutores adversos. Les parece que Fidel es un gran gobernante. El espíritu mordaz con las costumbres les acompaña. Denotan escepticismo frente a las ideas de felicidad, amor, patria, dios, autoridad, religión, orden, autoridad.

Los intelectuales de los años 60 y 70 fueron reverentes con la revolución cubana y con su caudillo, el tirano Fidel Castro, miran con sagrado respeto la miseria de la misma y se tragan el cuento de que sus limitaciones son la consecuencia del embargo del imperialismo yanqui.

Abrazaron con entusiasmo religioso el ideal revolucionario y muchos se hicieron militantes de piedra y de fusil, otros con la tiza y el tablero o desde la oficina o el cafetín.

El desengaño que debió haber producido el colapso estruendoso del experimento comunista no les ha pasado factura de cobro. Todavía hay intelectuales que siguen siendo comunistas a su manera, se adaptan, se camuflan, se solapan, y guardan la fe de que la versión correcta de Marx renacerá. Por ahora luchan contra la globalización y por la salvación del planeta. Han refinado su léxico pues ya no hablan de lucha de clases sino de conflictos interétnicos, en vez de oprimidos y explotados se refieren a sectores subalternos

Toleran en silencio, porque en eso sí son tolerantes, las barbaridades de Evo, Cristina, Correa, Lula y Daniel para mantener  viva la idea de la revolución socialista en versión del Foro de Sao Paulo.

No se escandalizan con las movidas nepótistas del tirano de Nicaragua que sin ruborizarse nombró canciller a su mujer, a los hijos asesores y estropeó la constitución para hacerse reelegir indefinidamente tal como lo hicieron o intentan sus pares de Ecuador, Bolivia y Brasil. La gran piñata venezolana que ha extendido sus jugosos regalos a casi todo el continente e incluso a los desengañados de Podemos en España, tampoco merece una línea crítica.

Nuestra izquierda variopinta y sus intelectuales tan incrédulos y materialistas, no expresaron asombro con el manejo sospechoso de la muerte del demagogo populista Hugo Chávez, con la truculenta transición del poder, con que Maduro le hable a su antecesor a través de un pajarito o a que afirme haber hablado con el muerto.

Calladitos están ante la persecución contra figuras de Oposición por parte del monigote de los Castro en Venezuela. Han sido impasibles con la eliminación real y por vías de hecho de la separación de poderes, con el cierre de periódicos, la censura de los pocos que son críticos y la judicialización de sus directores. Ni siquiera han manifestado solidaridad con Teodoro Petkof, un dirigente de izquierda ni han respaldado la gestión solidaria del exprimer ministro español  Felipe González con los presos políticos venezolanos.

En cambio le hacen eco a la pretensión de las guerrillas de imponer su visión del conflicto, justificando histórica y sociológicamente su existencia y legitimando el uso de la violencia “altruista” con el dogma de las causas objetivas del levantamiento armado y cerrando los ojos ante sus crímenes y su degradación moral.

Coda: La única forma de aceptar un cese del fuego unilateral es que sea verificable y que la guerrilla, con verificación y protección internacional, se concentre en un solo lugar.

Ruben Dario Acevedo Carmona

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DARIO ACEVEDO CARMONA, DIGNIDAD CONTRA INSOLENCIA, CASO COLOMBIA

DARIO ACEVEDO CARMONA, DIGNIDAD CONTRA INSOLENCIA, CASO COLOMBIA

     

PRESIDENTE SANTOS, FISCAL MONTEALEGRE, FARC, JUSTICIA, ASAMBLEA CONSTITUYENTE, ENCUESTAS, DIGNIDAD.

Habitualmente el presidente Santos, el fiscal Montealegre y los miembros del Secretariado de las Farc nos sorprenden negativamente con sus posiciones sobre la paz.

Montealegre, por ejemplo, una vez más, se pone del lado enemigo al proponer, en unión de las altas cortes, la convocatoria de una asamblea constituyente para la reforma de la Justicia y el equilibrio de poderes, con el añadido de que en ella tengan representación los desmovilizados de las guerrillas.

Hay que tener en cuenta que para las FARC esa es una de sus banderas que con carácter de exigencia han planteado en las conversaciones habaneras. No es una cuestión ordinaria pues se trata nada menos que del mecanismo que ellas consideran apropiado para sentar las bases de la “refundación del Estado” y la “nueva Sociedad” en la que exigirán, al menos, la mitad de sus bancas. Este funcionario desdeña que ese es el peldaño con el que las Farc piensan acceder al poder. Menos mal, la Corte Suprema en pleno dio marcha atrás sobre este asunto y ojalá así lo hagan las demás.

Apoyado en su filosofía de exculpación de los crímenes de las guerrillas, Montealegre abrió un amplio boquete a la impunidad para los delitos de lesa humanidad y como si fuese el ministro de Relaciones Exteriores viajó por varios países para hacer loby ante organismos internacionales como la CPI a cuya presidente, Fatou Bensouda, desautorizó y a cuyo estatuto le dobló su columna vertebral con rebuscadas interpretaciones.

Todavía resuena su tesis favorable a la ampliación del alcance del delito político, según la cual, toda conducta criminal relacionada con el accionar político, es conexa al mismo y por tanto, debe ser tratada con la misma indulgencia dada a los delitos políticos de asonada y rebelión. Entiéndase que el secuestro, el reclutamiento de menores, el asesinato fuera de combate, los ataques a la población civil, el narcotráfico, etc., según su rebuscada hermenéutica jurídica, deben ser considerados conexos con el delito político por haber sido cometidos en función de un supuesto ideal altruista.

Con sus maniobras clientelistas para ubicar a sus incondicionales en las cortes y el loby en el Congreso de la república, entre otras cosas, para defender su “derecho al almuerzo”, o sea, litigar después de dejar el cargo, el Fiscal abusa del poder atacando a quienes osan cuestionarlo. La excontralora Morelli y el Procurador Ordoñez figuran en la lista de perseguidos.

Al mejor estilo de Beria, el tenebroso secretario de Stalin, desde esa dependencia se movieron los hilos de la infiltración del hacker en la campaña de Óscar Iván Zuluaga, para favorecer, días antes de la segunda vuelta, la reelección presidencial de Juan Manuel Santos y mantener amenazados al candidato del Centro Democrático y a su hijo. Se dice que en los calabozos de la Fiscalía se urde la manera de hundir al expresidente Uribe con chantajes a la exdirectora del DAS y a Bernardo Moreno, tal como hicieron con el hacker Sepúlveda, ofreciendo ventajas jurídicas si declaran contra el expresidente Uribe, a sabiendas que la ley no lo permite habiendo sentencias en firme.

Los jefes de las FARC no se quedan atrás en demostraciones de cinismo. Semana tras semana, somos sorprendidos por la insolencia de Timochenko, Márquez, Catatumbo o Santrich. A su extensa lista de exigencias y acusaciones, ahora sostienen que el Estado, o sea nosotros, nos declaremos culpables del “conflicto armado” y sus consecuencias y de reparar a todas las víctimas, como si ellos no fueran los que desataron la violencia en nombre del ideal comunista.

Cero días de cárcel, desconocimiento de sus víctimas, convocatoria de asamblea constituyente con asientos numerosos para ellos, Fuerzas Armadas reducidas y a cuidar fronteras, Zonas de Reserva Campesina, no devolución de bienes, eliminación de aspersiones de la coca con glifosato, comisión de verdad histórica que confirme la justeza de su levantamiento en armas, creación de sistema de alerta antiparamilitar y la más reciente, negativa a entregar los niños reclutados a la fuerza.

Como quien dice, eso de que la paz no se obtiene con la fórmula “casa, taxi y beca”, a la que se refirió irónicamente el Comisionado de Paz Sergio Jaramillo para sustentar que había que hacer muchas reformas políticas y sociales, ha sido bien explotada por quienes hablan y actúan como si hubieran ganado el “conflicto armado”.

Para cerrar el capítulo del actual ciclo, el presidente Santos echó a rodar la bola del referéndum para otorgarle plenos poderes en las negociaciones de paz, al estilo de las leyes habilitantes de los déspotas Chávez y Maduro.

Resulta pues, que en nombre de la paz los comensales de la Habana se pasan por la faja las leyes, deterioran la institucionalidad y mancillan la dignidad de los colombianos. No es de extrañar, por tanto, que  hayan hecho valer su indignación en las encuestas.

Ruben Dario Acevedo Carmona

rdaceved@unal.edu.co

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DARIO ACEVEDO CARMONA, ¡JUSTICI, JUSTICIA!, DESDE COLOMBIA

El escándalo de corrupción que afecta a la Justicia colombiana y a los altos magistrados, ha llegado, aunque con retraso, a la que se consideraba la más impoluta de todas las cortes, la Constitucional.

La relación de hechos dolosos en que se han visto involucrados varios de los miembros de esta corporación deja un sabor demasiado amargo y desesperanzador en el ya decaído ánimo de los colombianos con el tercer poder.

Más de una cosa anda mal en las esferas de la Justicia. En términos generales las malas prácticas están relacionadas con su creciente intervención en política cuyo clímax se presentó en la disputa entre el gobierno Uribe y la Corte Suprema. La facultad nominadora de los magistrados en el nombramiento de altos dignatarios públicos ha generado una vasta red de intercambio de favores, clientelismo, nepotismo, carruseles, rotación de poderes. La permisibilidad con el nefasto lobismo agenciado por quienes después de cumplir su periodo aprovechan las relaciones establecidas para tramitar querellas.

Urge una profunda cirugía a todo el sistema judicial colombiano para volver a ponerle la venda en los ojos y la balanza y la espada en las manos, de tal forma que las cortes, los tribunales, los magistrados y los jueces se pronuncien a través de sentencias dejando de lado sus inclinaciones ideológicas y sus ambiciones de poder, dinero y figuración en los medios.

Una tarea de esta dimensión requiere análisis ponderado, sindéresis, experticia jurídica, equilibrio y sensatez política. En todo caso, nada que sea similar al bárbaro sistema del linchamiento mediático o medidas sacrificiales extremas como la propuesta de Ramiro Bejarano de revocar todas las cortes que nos precipitaría al vacío jurídico y le haría juego a la constituyente de las FARC. La lógica de Bejarano conduce a matar al paciente para curar la enfermedad.

Con el sistema judicial en general, con las cortes y sus miembros en particular, no se puede proceder a la ligera. Que investiguen y juzguen a Jorge Pretelt y a quien sea menester, Colombia entera reclama justicia al más alto nivel, sin esguinces, sin favorecimientos, para todos los implicados por igual, pero, sin violar el debido proceso.

Lo que puede distorsionar el proceder de la Justicia es el intento oportunista de algunos columnistas que utilizan el caso Pretelt para refirmar odios políticos y sesgos ideológicos sobre personas, instituciones y vínculos familiares, sin justificación. Cito por ejemplo escritos de Cecilia Orozco Tascón y Juan Esteban Lewin.  

Orozco Tascón, por ejemplo, se dejó llevar por su sentimiento antiuribista, al asociar, sin motivo, el magistrado Pretelt con el expresidente Uribe. Se refirió al departamento de Córdoba como tierra de paramilitares y deslizó un prejuicio comunista según el cual tener propiedades rurales es signo de atraso y violencia: “ese personaje oscuro (Pretelt) que logró penetrar la cumbre judicial de la mano de su amigo Álvaro Uribe, a quien desde entonces apoyaba en la Córdoba de territorios paramilitares en donde, por cierto, ambos poseen propiedades rurales…” (El Espectador 3/03/2015).

En idéntico sentido, en el portal La Silla Vacía, Lewin se despachó contra Pretelt escribiendo un perfil en el que también sin pertinencia, alude a su padre, dirigente de la línea alvarista del conservatismo y a su amistad con el expresidente Uribe. Refriega a sus lectores el extendido prejuicio de que ser propietario de tierras y ganadero es sinónimo de oprobio y despojo, e insinúa que haber sido postulado por Uribe a la Constitucional y haberlo posesionado es motivo de sospecha. Si aceptáramos un manto de duda sobre todos los nombramientos y homenajes realizados por el expresidente, habría que extenderlo a la nominación y apoyo a Carlos Gaviria cuando le rindió homenaje siendo gobernador o cuando siendo senador le dio  su voto para integrar la Corte Constitucional.

Lewin, extiende la insidia a su militancia en el partido conservador: “Jorge Ignacio Pretelt Chaljub llegó a magistrado de la Corte Constitucional en 2009 tras ser nominado por Álvaro Uribe… El ex congresista Pretelt Torres (El papá) siempre hizo política en el ala laureanista y luego alvarista del conservatismo… Además de político, el papá del magistrado fue ganadero y terrateniente. Esa faceta lo llevó a conocer a Álvaro Uribe hacia 1990, relación que se convirtió en una amistad… Pretelt se ha perfilado en la Corte como un magistrado que defiende posiciones conservadoras y uribista”.

Sin duda hay una intención malévola en ese estilo tendencioso de enredar a otras personas e instancias que no tienen relación directa con los hechos que se están denunciando.

Por venir de quien viene, me parece que haría mucho bien a quienes confunden el oficio de periodista con la militancia o con sus obsesiones, reflexionar sobre lo expresado por Carlos Gaviria en entrevista concedida a Orozco Tascón. Cuando ella le pregunta por el rol de los medios en el caso Pretelt y la Constitucional, respondió: “Los medios de comunicación son imprescindibles en su tarea crítica y de denuncia pero no pueden sustituir a los jueces en su función. Y es evidente que a menudo lo hacen, sin disponer de los elementos de juicio de que sí disponen los operadores de la justicia. Esa distorsión puede convertirse en un ingrediente de presión altamente dañino pues el temor a ser satanizado, puede hacer perder a los jueces y fiscales la ecuanimidad e independencia con que deben actuar.” (El Espectador 7/03/2015).

Ruben Dario Acevedo Carmona

rdaceved@unal.edu.co

@darioacevedoc

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DARIO ACEVEDO CARMONA, LA PROTESTA CAMPESINA DISTORSIONADA, BLANDURA EN LA HABANA Y DUREZA CON EL PARO AGRARIO, CASO COLOMBIA

La jornada  nacional  de  protesta  del pasado  29 se constituyó en  un rotundo mentís   para  el  presidente   Santos  por  su  desafortunada  y   provocadora declaración en la que se burlaba del “paro inexistente”. Como dice el cuento “le supo a cacho quemado”.

Colombia parecía al garete. En muchas entidades oficiales jefes acobardados ordenaron a los empleados públicos suspender labores. Gobernadores, alcaldes y rectores presas del pánico, abandonaron sus funciones y responsabilidades y descargaron el lío en la Fuerza Pública, pararrayos de todo lo malo que sucede en este tipo de movilizaciones. Así que esos dignatarios se convirtieron en  auspiciadores del paro y el caos por lo que podrían ser investigados por abandono del cargo.

Pocos ponen en entredicho la justeza  del movimiento agrario, las reivindicaciones planteadas por campesinos agobiados por la competencia desatada por los tratados de libre comercio y la ausencia de medidas de adaptación, debieron ser escuchadas y respondidas con seriedad, prontitud y sin esguinces. Era un imperativo al que se le dio un alargue innecesario. La magnitud alcanzada por esta movilización que apenas concluye tiene mucho que ver con la desidia y la imprevisión del gobierno nacional.

En cuanto a los enfrentamientos entre manifestantes y miembros del cuerpo antimotines, hemos presenciado desbordamiento de los uniformados. Si bien los policías por representar la autoridad y la legitimidad del estado están mayormente obligados a no exagerar el uso de la fuerza, no es razonable que los enemigos tradicionales y jurados de la Fuerza Pública aprovechen hechos desafortunados e indebidos para  presentarlos como los malos del paseo. Como seres humanos, sometidos a altas presiones, insultos, bombas molotov, piedras, papas-bomba y bastonazos de grupos de activistas muy violentos, reaccionan con dureza y pueden caer en la trampa de los milicianos que se aprovechan de la protesta para realizar entrenamientos propios de guerrilla urbana.

Es muy preocupante en toda esta situación que las justas protestas de los campesinos hayan sido distorsionadas por quienes quieren ir más allá del carácter reivindicativo del paro. No creo que las organizaciones de labriegos ni sus miembros tengan en mente anarquizar el país, tumbar el gobierno o hacerle la vida imposible al Presidente de la república. Lo que quieren y así lo han expresado, incluso mucho antes de lanzarse al cese, es atención y solución a sus demandas. Pero, a  la que en principio era una tenue infiltración de amigos de las guerrillas se han sumado las voces y acciones de grupos de extrema izquierda, de milicias bolivariano-chavistas y de encapuchados anarquistas de profesión que con su violencia inexcusable han mancillado y torcido el carácter gremial de la lucha campesina.

También desde las ciudades sindicalistas estatales, grupos estudiantiles y partidos de izquierda se sumaron a las marchas de tal suerte que resulta sospechoso el intento de hacer confluir todo en un mismo haz, hasta un punto tan delicado que ya los marxistas retóricos, de esos de escritorio, se frotan las manos aventurándose a calificar la coyuntura como revolucionaria y la Marcha Patriótica anuncia un paro cívico nacional para fines de septiembre.

El descontento con un gobierno inepto e incapaz, que no genera confianza, que no es claro en la manera de afrontar la crisis, da lugar a que los oportunistas traten de aprovecharse de la situación para aumentar el caos y la confusión con el fin de orientar la protesta hacia objetivos de más hondo calado. No hay duda que a las guerrillas y a sus agentes encubiertos y de civil en las urbes les conviene el debilitamiento del gobierno y por supuesto, que la protesta social adquiera connotaciones políticas, no necesariamente electorales, para presionar en La Habana por concesiones que en términos normales ni siquiera debían ser consideradas en la mesa de conversaciones. Los jefes farianos, por ejemplo, no se han dignado condenar o avalar las acciones violentas protagonizadas por grupos de encapuchados que esgrimen sus banderas y consignas en universidades públicas y en plazas y calles donde se entremezclan abusando de las personas que salen a marchar de manera pacífica.

Las fuerzas democráticas, incluidas las que hacen oposición con razones muy poderosas, deben exigirle al gobierno nacional que conmine a las guerrillas a cesar en su estímulo y apoyo taimado a la violencia y a que respete los movimientos sociales.

Hasta el momento es claro que las guerrillas no están negociando para firmar un tratado de paz y acoger las reglas de la democracia. Por lo que dicen sus comandantes y por las acciones de sus militantes y aliados en la periferia civil, podemos deducir que estamos en presencia de un cambio de estrategia, no de una renuncia a la revolución violenta. Todos los indicios apuntan a que en el marco de una declaración de cese del fuego, trasladen su foco de acción hacia las grandes urbes, insertarse en los movimientos sociales y en sus protestas para agudizar la “lucha de clases” y las contradicciones del régimen de forma que en un estado de agitación permanente emerjan como tabla de salvación.

Darío Acevedo Carmona. Medellín, 

rdaceved@gmail.com

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DARIO ACEVEDO, SIN PILOTO Y SIN BOMBERO.

Mientras los académicos, columnistas y gobernantes nos enredamos en un debate acerca del significado, la justeza y la manipulación de las protestas sociales en curso, los paros y bloqueos crecen en número, cobertura y radicalidad.

Empecemos por el tema de la justeza que anima no pocas de las movilizaciones sociales de los últimos tiempos. No hay duda que existen poderosas razones justicieras, en particular de los sectores agrarios. Temores ciertos sobre las consecuencias de la competencia que se abre con la firma de tratados de libre comercio sin que el gobierno tome las medidas preventivas para conjurar la ruina de unos y planear el recambio de actividades económicas de otros. Es claro también que allí donde existen grandes desigualdades y exceso de pobreza, habrá siempre condiciones sociales para que las gentes exijan reivindicaciones puntuales.

Ahora bien, no solo en Colombia sino en cualquier país con problemas similares, los paros y las huelgas no son asépticos. Quiero decir, no se mantienen en la esfera puramente reivindicativa, v, gr. salarios, salud, vivienda, servicios públicos, educación, infraestrructura, medio ambiente, etc. sino que entran en contacto con intereses y agentes políticos. Hasta este punto no hay motivo para mayores preocupaciones. El ministro del Interior olvida, adrede, que la democracia ha creado instrumentos, instituciones, mecanismos y tradiciones que permiten un manejo no explosivo ni crítico de la protesta social aunque  en ella intervengan intereses y agentes políticos.

En un marco como el señalado, los movimientos sociales y sus medios de manifestación aprenden a regularse, no se proponen objetivos radicales de difícil o imposible respuesta por parte del gobierno. La intervención de activistas políticos en dichos movimientos tampoco puede ser motivo de alarma siempre y cuando ellos entiendan y se acojan a esa regla de oro de no instigarlos hacia demandas inalcanzables o hacia el uso de la violencia.

Pero, y por eso la coyuntura colombiana no es comparable con la de Brasil por ejemplo, cuando las protestas sociales son aupadas, infiltradas y azuzadas por líderes y movimientos que no se ubican en la legalidad, por ejemplo por guerrillas como ocurre en muchas de esas protestas, la cuestión cambia de naturaleza. Primero y muy grave, la intención es crear una situación de fuerza llevada al extremo, en el Catatumbo llevamos más de 40 días y en vez de amainar se agudiza. Segundo, porque lo reivindicativo pasa a ser instrumentalizado en favor de otro propósito de carácter subversivo. El Movimiento Continental Bolivariano, el partido Comunista clandestino y células guerrilleras, siguen lineamientos que les ordenan intervenir y dirigir las protestas y acrecentar la lucha revolucionaria, pues lo que ellos buscan no es la solución de problemas puntuales sino acumular fuerzas, acrecentar el caos del régimen y despejar el camino de la toma del poder.

No es un invento que en los paros y bloqueos está la mano de la guerrilla y de la extrema izquierda, aunque no se puede desconocer que en ocasiones presentes y en tiempos de la guerra fría se apelaba al fantasma de la subversión para desestimar y descalificar movimientos reivindicativos justos. Hay también pruebas suficientes sobre la infiltración de esos movimientos y luchas por parte de grupos al margen de la ley. Fresco está el recuerdo de lo sucedido con el  movimiento de usuarios campesinos surgido durante el gobierno de Carlos Lleras en torno a la consigna de la tierra para el que la trabaja. Una amplia gama de grupos de izquierda y extrema izquierda y hasta guerrillas, se apoderaron de la dirección del mismo llevándolo al total fracaso. También sucedió en algunas huelgas obreras en las que para sectores ultradicales lo importante era la destrucción de las empresas más que la transacción y la negociación misma.

Un ejercicio de revisión crítica sobre el comportamiento de estos sectores en aquellos años está por realizarse, pero, tropieza con el desinterés de la academia y de una intelectualidad que se niega a mirar con ojos revisionistas esa experiencia. Aún se presentan tesis doctorales acerca del heroísmo obrero en huelgas que significaron un total fiasco y sacrificios innecesarios porque se les plantearon a los sindicalistas objetivos y misiones fuera de sus posibilidades.

De manera pues, que la presunción de que tras de las gentes rebotadas por problemas reales hay grupos con intereses que van más allá de lo soportable en democracia, tiene su razón de ser. Pero, reconozcamos también, que el manejo que les está dando el gobierno Santos es inadecuado, negligente y errático. Responde con ambigüedad, tardíamente, se deja presionar, promete y no cumple. La ineptitud de los ministros del Agro, del Interior y de Minas se revela con crudeza al ser reemplazados por el supernumerario Angelino, una opción ya desgastada.

El orden público hace agua, por los cuatros costados se incendia el país y la opinión se pregunta con toda razón ¿y dónde está el capitán? Y lo grave es que tampoco hay bombero porque la Policía no puede domeñar la situación con medidas extremas, y ojalá que no lo haga. Si el capitán entendiera que hay que tomar el timón con firmeza y dar un viraje como alejarse de las aguas bravas de La Habana, las cosas empezarían a cambiar. Pero, prefiere cerrar los ojos, como el avestruz, y declara estar jugado por la paz mientras los supuestos amigos de la paz matan a 21 soldados, en rotundo mentís a su discurso pacifista en el Congreso, en el que reiteró la infamia de calificar a sus críticos en la legitimidad como partidarios de la guerra.

Darío Acevedo Carmona, Medellín 21 de julio de 2013

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DARÍO ACEVEDO CARMONA, LA PAZ DE COLOMBIA ENTRE LA HABANA Y CARACAS

El mal momento de las negociaciones de paz que se adelantan en La Habana está relacionado con muchos factores. Una agenda más amplia de lo que se cree. Vamos para ocho meses de trajín y ni siquiera se ha podido evacuar el primer punto, si el tema agrario ha sido duro, qué decir del que trata de la participación política que muchos “gestores de paz” despachan como si el gobierno estuviera conversando con los integrantes del coro de niños cantores de Viena. 

Una actitud insolente de los delegados de la guerrilla que va desde su desafiante discurso de Oslo hasta la negación de víctimas a resarcir, y exigencias fuera de foco como la de convocar una constituyente, reducir el tamaño del ejército, abolición de los TLC y cambio del modelo económico.

Nada conmueve a los delegados de las Farc. Parece que la vieja consigna que señala como máximo objetivo la toma del poder por la vía armada sigue vivita y coleando. En el imaginario colectivo persisten, con toda razón, los malos recuerdos del Caguán. Ni siquiera la benevolencia del Fiscal General y de los jefes políticos de la U y del liberalismo, que les prometen cero prisión y amplias facilidades para la participación en política. Ninguna exigencia como si se tratara de un préstamo bancario para comprar carro.

Descontemos las anteriores circunstancias en el entendido de que se trata del lógico tejemaneje de un pulso entre dos desiguales que el presidente Santos igualó sin mayor reato. Entonces, ¿qué otras cosas están gravitando sobre esas conversaciones para que no avancen? La cara de aburrimiento del doctor De la Calle al final de esta ronda da cuenta no solo de un malestar, sino de “mamera” con lo que no camina al ritmo esperado. Pero, ¿por qué? si ni siquiera al “furibundo furibismo”, como le dicen, se le puede achacar la responsabilidad de resultado tan desconsolador.

En el vecindario podemos hallar alguna clave. La situación del chavismo ha adquirido niveles preocupantes. Ni Maduro ni Diosdado pueden mantener el control y asegurar la pervivencia del proyecto, mientras la oposición liderada por un crecido Capriles avanza en su tarea de demostrar la farsa de las elecciones. Maduro no da la talla, no sale de dos o tres frases de cajón, de repetir una consigna y abrumar con insultos a sus adversarios. Maduro, la cabeza de un gobierno ilegítimo e impostor, montado gracias al fraude y al apoyo truculento de la inteligencia cubana, trata a más del 50% de los venezolanos como enemigos, los amenaza con medidas de fuerza como las que ya utiliza el tenebroso Diosdado en la Asamblea Nacional venezolana: linchamiento físico y moral, al mejor estilo fascista.

Y es esa la fuerza política que se supone está ayudando a la paz de Colombia, mediando y presionando a las Farc para que firmen la paz. Si internamente en su suelo están propiciando la violencia, la intolerancia y el fusilamiento moral de más de la mitad de su pueblo, ¿cómo tener fe en su buena voluntad para ayudar a la paz de los colombianos? El insulto de Maduro al expresidente Uribe al acusarlo de estar al frente de un plan para asesinarlo, es una clara demostración del desespero en que se encuentran. Están tratando de crear una artificiosa situación de amenaza para justificar su arremetida contra la democracia y las libertades. La ordinariez y la temeridad de Maduro deberían dar lugar a una enérgica protesta de la Cancillería colombiana, pero dudamos que vayan a poner en riesgo su proceso habanero.

El chavismo, pues, vive su momento de mayor debilidad en sus catorce años de gobierno y ello debe tener pensativa a una guerrilla que en gran medida tiene allá refugio, apoyo y protección del régimen chavista. ¿Para que apresurarse a firmar tratados de paz en una situación de incertidumbre en su patio trasero?

En síntesis, las Farc muestran temor al futuro, es decir, a la paz, a lo que implica dejar las armas, de ahí la divagación y la incapacidad para concretar acuerdos. También miedo ante la fragilidad de Maduro y la incertidumbre que reina en Venezuela. Por último, aprovechamiento sagaz de la urgencia del gobierno por una firma lo más pronto posible. La torpeza oficial les ha servido en bandeja de plata el pretexto ideal para dilatar, verbo que conjugan a las mil maravillas, las conversaciones. Ocho meses un año, dos –como sugirió Piedad Córdoba y aceptó con poca fortuna el presidente- son insuficientes para concluir un conflicto de medio siglo, afirman sin sonrojarse. Como quien dice, siéntense a esperar el día del juicio final, porque además, habrá que esperar la resurrección de las almas y el advenimiento del paraíso para que cesen “las causas objetivas del levantamiento”.

rdaceved@gmail.com

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DARIO ACEVEDO CARMONA, DE SANTAFE DE RALITO A LA HABANA, DESDE COLOMBIA

Es cierto que las negociaciones de paz entre el estado colombiano y los grupos paramilitares no fueron perfectas, que hubo impunidad, que un porcentaje superior al diez por ciento de los desmovilizados han reincidido en la delincuencia. Pero, si de hacer memoria se trata, como lo planteó María Elvira Samper (El Espectador 6/04/2013) sería saludable que la hiciéramos a fondo, contemplando todas las aristas del problema y de la coyuntura en que tuvieron lugar esas conversaciones en vez de citar aisladamente lo que a ella conviene.

Veamos: en primer lugar, los diferentes grupos de autodefensa se habían confederado y tomado la decisión de dejar las armas y cesar sus acciones violentas. Sus jefes, como ahora los de las guerrillas, pensaron que podían aspirar a hacer política, a obtener el perdón total y a no ir a la cárcel. Esto último estuvo en la mesa de diálogo, unos acuerdos iniciales fueron debatidos ampliamente por todos los sectores de opinión. El Polo Democrático, por ejemplo, llegó a decir que esa era “una negociación de yo con yo”, afirmación que recoge sin objeciones la columnista Samper. Todos los poderes públicos participaron en la estructuración del estado del arte finalmente consignado en la ley de Justicia y Paz. Las Cortes, el Congreso, el gobierno Uribe y la Fuerza Pública hicieron valer sus opiniones.

Respecto de los hechos de violencia es constatable una reducción considerable desde que se inició el diálogo. El número de masacres año, uno de los delitos que más dolor causaba entre la gente pobre del campo bajó de tres a un dígito hasta desaparecer aquellas que tenían supuestas motivaciones políticas. La persecución y asesinato de líderes políticos también disminuyó considerablemente. Las fuerzas de izquierda y los líderes sociales pudieron adelantar su trabajo en condiciones más seguras. La izquierda democrática en 2006, con Carlos Gaviria, alcanzó la votación y la bancada más numerosa en su historia.

No creo que apelar a acciones aisladas de saboteo de los compromisos sea un buen argumento para desdecir de ese proceso. Los que estudian con seriedad esas experiencias saben que siempre hay un margen de violaciones. Aclaremos que ahí no reside el embrollo y la duda con la negociación que se realiza con las Farc en La Habana.

A pesar de que los jefes paramilitares pretendieron salir a hacer política no les fue permitido y es lo que se debe resaltar. De por medio estaba el honor y la dignidad de sus miles y miles de víctimas. No entendería el pueblo colombiano que hoy se insista en otorgarles a criminales de guerra y responsables de delitos de lesa humanidad elegibilidad o altos cargos públicos.

Traer a cuento la experiencia de perdones totales, amnistías e indultos, participación política y cuotas burocráticas que tuvo lugar a comienzos de los noventa con el M-19, el EPL, un sector grande del ELN y otras guerrillas y combos urbanos, carece de sentido por la sencilla razón de que el contexto jurídico y el estado del derecho internacional humanitario es bien diferente y ya no permite tales bondades a cambio de firmar la paz.

En cuanto al espinoso tema del castigo penal, uno de los que más ampolla levanta, es bueno anotar que lo que se está sugiriendo hoy en día desde la ley Marco para la Paz (aprobada antes de, la de Justicia y Paz fue aprobada al final) y en declaraciones de presidentes del Congreso, el Fiscal General y magistrados es bien diferente de lo que se logró en la negociación con los paramilitares. Las críticas al actual proceso no apuntan a la aplicación de justicia plena, se entiende que habrá impunidad, pero hay razones éticas y de contexto normativo que se deben respetar. Desde la tensión ética es inaceptable que los altos jefes guerrilleros responsables de graves crímenes resulten nombrados en altos cargos de elección popular bajo el claudicante argumento de que “es mejor Timochenko en el Congreso que echando bala”. Y, desde el punto de vista normativo, es preciso recordar que la salvedad solicitada por Colombia a la Corte Penal Internacional para juzgar a criminales de guerra en el país venció en noviembre de 2009. De ahí en adelante, y con mayor razón aquellos delitos de lesa humanidad, hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico y no pueden ser omitidos en ninguna negociación. La única opción que queda y que no es humillante es que en aras de la paz se aplique a los responsables de graves delitos penas alternativas admitidas por la justicia transicional. No olvidemos que los jefes paramilitares están aún en las cárceles, unos en Colombia y los más peligrosos en USA.

Una diferencia final es que enSantafe deRalito no se discutió ningún tema de la Agenda Nacional.

En conclusión, lo que muchos criticamos de este proceso no es que sea imperfecto o que se haya iniciado una negociación sino que se haya comenzado sin la voluntad expresa de dejación de armas y cese de acciones violentas por parte de las guerrillas. Se espera que haya algo de cárcel, que no se les dé elegibilidad política, que reconozcan a las víctimas, contribuyan a la verdad, reparen y pidan perdón. Lo mismo que se les aplicó a los grupos paramilitares y sin falta: dejación y entrega de armas.

No aporta nada al debate revivir viejas querellas acerca de la percepción de blandura que muchos columnistas atribuyen al expresidente Uribe con los paramilitares y dura con las guerrillas, que utiliza María Elvira para escribir con el hígado en vez de con la razón que la de Santafe de Ralito fue una negociación que “se hizo entre dos partes con los mismos objetivos políticos” –los fundamentalistas islámicos buscan el cielo con sus actos de terror, también buscan el cielo los pacíficos creyentes en Alá- tener el mismo fin no los hace iguales. Lo dicho por Samper  es una burda claudicación a una consigna extremista que iguala el Estado con grupos criminales, y a quienes piensan que las guerrillas tienen un mayor estatus ético y político que los paramilitares  de donde se desprende el clamor por mayor indulgencia en La Habana.

CODA: Mientras el Fiscal General se deslengua abogando por total impunidad para jefes guerrilleros, el exAlto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, que logró la desmovilización de miles de paramilitares, tiene a sus espaldas una infame orden internacional de captura. Es una lástima que gente que compartió responsabilidades con él guarden silencio. Con amigos así…

Darío Acevedo Carmona, Medellín, 25 de abril de 2013

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