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| LEONARDO MORALES P |
Siempre se ha dicho y es muy común en boca de
economistas, que la inflación es el peor impuesto que se le puede cargar a los
sectores menos favorecidos de una sociedad. Pero también podríamos juzgar a la
corrupción como el mayor de los impuestos con los que se pecha el desarrollo y
porvenir de una nación.
En el mundo hay serios escándalos de
corrupción que están siendo enfrentados por la administración de justicia de
cada país: en Panamá quien dirigió el Programa de Ayuda Nacional durante el
gobierno de Mantinelli fue denunciado por un presunto peculado y corrupción en
la compra de millares de quintales de arroz con un sobrecosto por alrededor de
1.7 millones de dólares; el exprimer ministro socialista portugués, muy afín a
Chávez, José Sócrates, está en prisión acusado por fraude fiscal, blanqueo de
dinero y corrupción. En Brasil los fiscales federales procesan a 11 ejecutivos
de seis firmas de construcción, por el pago miles de millones de dólares en
sobornos que se suponen fueron a parar a vinculados con el partido de Lula y la
presidente Rousseff.
En Venezuela es muy común adjudicar
equivocadamente estos actos a nuestra reciente democracia. Acto injusto ya que
por allá en el siglo XVIII, la conocida Compañía Guipuzcoana terminó siendo un
foco de corrupción que fue puesto en evidencia por el canario Juan Francisco de
León. España tomó medidas enviando a las
provincias de Venezuela a José de Ábalos para poner orden.
Así las cosas, los estados toman acciones
para evitar que la administración pública se convierta en una cueva de
ladrones, matraqueros y choros. De allí la importancia de poderes autónomos para sancionar el
delito.
Lamentablemente, en Venezuela tenemos dos
problemas: el primero, es que la sociedad no le asigna a la corrupción un
rechazo significativo según muestran los sondeos de opinión pública. El
segundo, corresponde a un Ejecutivo que concentra en sus manos la voluntad de
los demás poderes.
La hipocresía es el signo de la política
socialista: ley anticorrupción, ley de contrataciones públicas y otras cuya
observancia quedará a discreción de los burócratas. Mientras ministros salgan
de paseo con sus niñeras en los aviones de PDVSA, una joven de la nueva y alta
sociedad roja aparezca supuestamente involucrada en negocios arroceros y, un
presunto timador de cantinas sea investido a un cargo más alto, además de un
largo etcétera, sin que se produzca una investigación pública, las leyes no
serán sino letra muerta.
Por lo pronto, a la Kirchner le preparan la
posibilidad de ser diputada al parlamento de Mercosur para no ser investigada
por corrupción y aquí la justicia sigue al ritmo de Shakira, bruta, ciega,
sordo y muda.
Leonardo
Morales P.
leonardomorale@gmail.com
@leomoralesP
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