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miércoles, 29 de julio de 2015

EGILDO LUJAN NAVAS, GANAR EN BS.Y COMPRAR EN $= RUINA

En Venezuela, el término "bachaqueo" ya dejó de ser una expresión jocosa, para convertirse en una práctica comercial. Muchos, inclusive, van más allá. La califican de degradación económica nacida al amparo de un proceso político venezolano que sus mentores denominaron revolución.

Lo cierto es que aquí “bachaquear” consiste en adquirir productos cuyos precios se comercializan bajo un régimen de controles, mientras que el Estado asume el diferencial que existe entre el costo de producción o de importación y al que se vende, de acuerdo a un subsidio que autoriza la Asamblea Nacional, sin que nadie demuestre cuál es la verdadera y transparente relación (costo-precio-subsidio).

En las instancias públicas, se afirma que el “bachaqueo” es producto de una “guerra económica”, en la que la renta y la usura se dan la mano, para expoliar al Estado, estafar al pueblo y desestabilizar la Democracia. Pero en esas mismas posiciones de mando, por ejemplo, nadie explica a qué se debe que la vocación gubernamental relacionada con el abastecimiento  coincida siempre con la importancia de importar, antes que con la de estimular, promover y hasta de garantizarle resguardo jurídico al que produce, a los que procesan y a los que comercializan.

El “bachaqueo”, entonces, no es cualquier cosa extraña o ajena a la vida de los venezolanos. Tampoco a los gobernantes de hoy, quienes insisten en atacarlo como consecuencia de “algo”, pero que se resisten a identificar su composición, su origen. Sobre todo, se abstienen de golpearlo en sus raíces; mucho menos de identificar a los responsables. ¿Quiénes son realmente los responsables?.

Definitivamente, en este caso la responsabilidad está asociada a lo que ya no se puede ocultar ni convertir en expresión burlona. Nació, se desarrolló y se ha posicionado en un país petrolero que despilfarró una fortuna gigantesca en nombre de una ideología reaccionaria y destructiva, capaz de  minar el tejido productivo  agropecuario e industrial de la nación en sólo tres lustros, hasta poner al país al borde de una quiebra económica.

Dicen los especialistas que ese eventual colapso económico, lo imposibilitan los cuantiosos ingresos diarios que Venezuela sigue percibiendo por la venta de petróleo, aun a menos de 60 dólares el barril. Pero admiten la realidad y gravedad del problema, mientras lo relacionan con el hecho de que sea un país dependiente de una economía de puertos, seriamente comprometida con su vocación inductora del "consume lo importado", mientras reniega de la necesidad del  "compra lo venezolano", del “consume lo hecho en Venezuela”. Quizás, posiblemente, a lo mejor -como lo estiman por su parte los analistas del proceso político nacional- porque la sobrefacturación lo justifica todo. Inclusive, un ideólogo económico al servicio del Gobierno llamado Jorge Giordani, tiene una visión mucho más amplia del asunto. El lo asocia con lo que denomina “empresas de maletín”, y que no es más que ese enjambre de falsos emprendimientos nacidos al amparo del desorden reinante en la administración pública, precisamente para sacarle provecho a la abundancia de dinero, como a la fragilidad moral de los que conducen al país.

Tan peculiarmente bien descrita por los hechos ha terminado manifestándose dicha situación que, actualmente, el emblemático plato típico nacional conocido como "pabellón criollo”, ha terminado siendo un emblema de la dependencia alimentaria venezolana. Se tiene que preparar a base de ingredientes importados, porque los arruinados productores del campo venezolano no pueden competir con los productos importados subsidiados con Dólares a Bs.6,30. Por supuesto, para esos productores no es estimulante la obligación de tener que vender sus cosechas  a precios por debajo de los costos de producción, mientras que la vigente política económica del país les obliga a comprar insumos a precios dolarizados.

El petróleo sigue siendo el único producto venezolano de exportación. Su venta sigue proveyéndole a la nación el 97% del ingreso de divisas. Con respecto al año pasado, el precio de dicha materia prima energética se redujo a un 50%, aproximadamente. Por lo pronto, ya no hay vacas gordas. Por lo que de lo que deberían ocuparse los que gobiernan, es de administrar con un celo escrupuloso de la disponibilidad y de la capacidad de gastar, como de invertir. La deuda, externa e interna, es cuantiosa, exigente y comprometedora. No es un juego, como tampoco puede convertirse en un juego político la decisión de pagar fuera de las fronteras y condenar a los ciudadanos, al igual que a los empresarios venezolanos, a pasar hambre, a cerrar las puertas de sus negocios. A vivir todos  en la miseria.

Ya no es necesario que el Banco Central de Venezuela cumpla con la Ley, informándole a los venezolanos y a los mercados qué es lo que está sucediendo realmente en y con la economía nacional. Por supuesto, tiene que hacerlo, aunque el Ejecutivo se lo impida. Sin embargo, los ruidos que provocan la imposibilidad de auditar ninguna dependencia gubernamental y el feo rostro de la inocultable verdad de lo que se continúa haciendo, se proyecta como un señalamiento acusador: Venezuela está en manos de un Gobierno que insiste en practicar tiro al blanco con una diana invisible. Se mueve entre “no pegar una” y “correr la arruga”. Además, cree que ocultando la indisponibilidad de dólares para importar, imprimir dinero inorgánico para aplacar presiones laborales, y querer “baypasearse” el cáncer metastásico en que se ha convertido la inflación, acusando a quien se le ocurre de responsabilidades que sólo son atribuibles al propio  Ejecutivo, hasta el “Dólar Today” va a dejar de demostrar en dónde está el motivo de todo.

En el medio de esta realidad, el ciudadano de a pie -porque sufre a diario el efecto de toda esa falsa creencia- es el gran golpeado y el condenado a tener que idearse soluciones de ingresos para no condenar a su familia a vivir en la miseria extrema. Ha entrado en el “bachaqueo”. Y lo ha hecho consciente de que eso, por supuesto, no influye para nada en la posibilidad de debilitar la reciedumbre de cuatro tipos de cambio. De esos dólares que son inexistentes legalmente para quienes están fuera del Gobierno -porque él monopoliza el ingreso y la venta- pero que, en cambio, sí son lo suficientemente influyentes en el comportamiento del incontrolable valor del dólar, como en la conversión del Bolívar en papel basura, y en los precios de los bienes y servicios, que están totalmente dolarizados.

Ese individuo de a pie, con justicia, es el mismo que también califica de “ridícula” la convicción técnica de que sí es posible depender de un salario mínimo. Eso apenas equivale a $ 12 al mes, y cae en el campo referencial de salario de pobreza. Es un ingreso que no alcanza para pagar la matrícula mensual de un alumno en cualquier colegio privado. Mucho menos para adquirir la llamada lista de “útiles escolares”, ni qué decir de la importancia de garantizarle al muchacho su derecho a una alimentación equilibrada.

¿Se desplaza Venezuela hacia una paralización de su economía, mientras el Gobierno, sencillamente, hace caso omiso de la importancia de prestarle atención a cada uno de los “campanazos” de disgusto que, con su conducta, transmite a diario la sociedad venezolana? Es de ingenuos creer que la campana está a punto de desprenderse, y que eso anula toda posibilidad de ruido social. Por el contrario, hay que tomar medidas urgentes. No basta el “enroque” de Ministros; del “quita el tuyo para poner el mío”; del nepotismo como alternativa para garantizar solidaridades incondicionales, sin tomar en cuenta su preparación o capacidad.

Es hora de pensar en el país, que clama por un cambio. El ejercicio del poder envenena y embriaga. Pero a quienes corresponde hacerlo, de decidir antes de que sea tarde, tienen que vencer esa restricción en el urgente aprovechamiento de actitudes más comprometidas con la Venezuela de hoy y la del futuro. Se trata de salvar a Venezuela. Urgen decisiones estudiadas y profesionalmente bien dirigidas. Y, si es posible, liberar a dichas decisiones del secuestro ideológico, de la extorsión que promueven aquellos que medran en las diversas instancias gubernamentales, que son a quienes realmente les conviene la vigencia y perdurabilidad de este estado de cosas. Al respecto, es oportuno recordar que, recientemente, el Papa Francisco, con sapiencia y bondad, representando a Dios, nuestro Creador, dijo que las ideologías no conducen a las soluciones que necesitan las sociedades. Sabias palabras.

No se puede seguir ganando en bolívares y comprando en dólares. Las autoridades saben perfectamente que dicho desequilibrio cambiario está arruinando a todos los venezolanos; que está descapitalizando a las debilitadas empresas que todavía se mantienen operativas, y que, además de peores situaciones de abastecimiento, se pudieran provocar cesantías laborales en masa. La dolarización no es un capricho; es una alternativa que está al alcance del país y de sus gobernantes, quienes no pueden continuar ausentes de lo peor que está sucediendo: la destrucción del salario y del activo productivo nacional. Hay que dignificar los ingresos de los trabajadores y salvar la economía en general. Producir es el reto. Sólo produciendo es posible superar el impulso negativo en el que se encuentra actualmente la economía nacional.

Venezuela ya está cansada de pleitos y de odios. Y eso no es un asunto exclusivo del Partido Socialista Unido  o de la Mesa de la Unidad Democrática. Es de todos los ciudadanos de bien que reclaman y con el derecho que les asiste, por su interés en vivir en un ambiente de bienestar, y no de rencillas interminables que agitan la destrucción de la convivencia.

Egildo Lujan Navas
egildolujan@gmail.com
@egildolujan

Enviado a nuestros correo por
Edecio Brito Escobar
ebritoe@gmail.com
CNP 314

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martes, 30 de junio de 2015

EGILDO LUJAN NAVAS, DEDOCRACIA CON TARJETA ÚNICA NO PEGA

No pega. Es verdad. Y es lo que se escucha, analiza y cuestiona, después del sacrificio y protesta que promovió casi un centenar de venezolanos al declararse en huelga de hambre, con roles sociales diversos, pero conscientes de los riesgos e implicaciones que ello representaba para su vida de hoy, para la esperanza de vida de mañana.

Los protagonistas fueron especialmente estudiantes, y quienes en abierta solidaridad con sus compañeros injustamente encarcelados por causas que permite la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero calificados de delitos, reclamaron su derecho –también constitucional-  a disentir, a protestar y, desde luego, a reclamar libertad.

De ellos, hay que mencionar a los dirigentes políticos Daniel Ceballos y Leopoldo López. Líderes políticos encarcelados junto a otros tantos y por la misma causa; inculpados sin pruebas y mucho menos a ser enjuiciados con base en un justo proceso legal ajustado a derecho. Sus derechos humanos, también como el de muchos otros, sencillamente, no contaron ni cuentan. Lo que sí se manifiesta con plena autonomía en dicho entorno, es la impune y  flagrante violación de esos mismos derechos, tal y como se entienden y aprecian universalmente.

En un ambiente como ese, era inevitable que, después de aceptar finalmente la verdad de los hechos, y por la presión social y política nacional e internacional que semejante situación ha provocado, el Gobierno venezolano se hubiera visto forzado a dejar en libertad a algunos muchachos.  La esperanza general es la de que  liberen a todos los que siguen en los calabozos de diversas cárceles venezolanas. Asimismo, que aquellos que tampoco están ya en huelga de hambre, como es el caso de  López y de Ceballos, tengan posibilidades de ejercer el derecho constitucional a salir en libertad o, al menos, que se les enjuicie de acuerdo a la transparencia de los procedimientos jurídicos, para que sepan a qué atenerse.

El Gobierno, obviamente, aún no acepta que la democrática y civilizada protesta se tradujo en el logro de la necesaria respuesta, relacionada con la fijación de la fecha de las elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre del 2015. Asimismo, que dicha actitud fue acompañada desde la Mesa de la Unidad Democrática por un exhorto partidista mayoritario, a favor de la protesta de participar en dichos comicios con la identificación de una tarjeta única de la alternativa del pluralismo partidista.

Sin embargo, a la alternativa democrática le corresponde ahora validar, con trabajo organizativo y perseverancia institucional, la alternativa victoriosa que le ofrece una sociedad decepcionada de la gestión gubernamental; también, por supuesto, convencer a los escépticos de la importancia de vivir en Democracia, y que el llamado al socialismo no pasó de ser un fraude más convertido en ruina, pobreza y miseria.

La alternativa democrática no le debe temer a los eventuales efectos positivos en los que se pudiera traducir su iniciativa de presentar un frente único contra el régimen, para rescatar la Democracia como forma de vida  en Venezuela. Políticamente, es una acción acertada. Pero a esa misma expresión multipartidista también le corresponde deslindarse de sus desafortunados y costosos vicios procedimentales, como son, entre otros, la recurrencia sistemática al uso de mordazas o de chaquetas de fuerza, para que  el resto de las organizaciones partidistas no representadas en la Mesa de la Unidad Democrática, sencillamente, terminen arrinconadas, excluidas y desechadas, aun siendo expresiones organizadas con potencialidad expansiva.

De cara a la calle, en donde la población se manifiesta mayoritariamente en contra de una gestión administrativa fracasada, y  considera que el uso del castigo lo representa la alternativa opositora, el mensaje unitario pone sobre el tapete la utilidad de convertir al pragmatismo electoral en una justificación para  que unos pocos decidan por la mayoría.

No obstante, eso no borra lo que la hegemonía grupal ha hecho sentir con su fuerza y su capricho: en donde se utilizó la “dedocracia” para escoger a la mayoría de los candidatos que competirán en las próximas elecciones parlamentarias, hoy nadie puede negar que la selección entre números de antiguos votantes, presunto arraigo grupal y la imposición de los grupos conductores de los partidos, también se tradujo en algo peligrosamente indeseable. Y eso no es otra cosa que  la voluntaria, consciente y costosa apelación a desechar candidatos con máximas calificaciones regionales, de comprobado arraigo y posibilidades de triunfo, para imponer personas sin chance electoralmente, o que no pasan de ser verdaderos fantasmas políticos en esos sitios, al no ser siquiera oriundos de la región.

Para ganar las elecciones, limpia y democráticamente y en momentos cuando la mayoría -según todas las encuestas profesionales- penalizan al Gobierno por su mala y equivocada gestión, la Mesa de la Unidad Democrática  debe llamar a un verdadero consenso nacional de todos los partidos opositores, para reacomodar el tablero electoral. Y hacerlo estableciendo el cumplimiento de condiciones mínimas para ser candidatos, como son: nacidos en la región, comprobada previa gestión ética en el desempeño de responsabilidades partidistas y administrativas; formación administrativa; verdadera popularidad; certificación pública de trabajo productivo a nivel parlamentario, en el caso de los llamados a reelecciones,  entre otras.

El venezolano que piensa y vota, ya no quiere seguir viviendo entre componendas, amiguismos, y solidaridades automáticas a nivel político. Lo que él quiere, es: honestidad, eficiencia, imparcialidad y, sobre todo, tener la posibilidad de comprobar, a partir de una verdadera presentación de cuentas de parte de los que viven del oficio de la política, de la cierta identidad afectiva del burócrata con el país. Y eso, definitivamente, tiene que ser una máxima para todos y cada uno de los candidatos que opten por cualquier puesto público.

Hay que darle punto final al “camburismo” rentista, para impedir que Venezuela -como lo es para muchos- siga siendo un botín, y no el país que necesita, exige y clama por servidores acordes con una población ansiosa de vivir en un ambiente de bienestar social. Cuando eso suceda, sin duda alguna, se evitaría la aparición de esa capciosa andanada de candidatos por su cuenta, de paso, debilitando las posibilidades ganadoras de la verdadera oposición democrática.

Para que eso suceda, bastaría con leer e internalizar lo que destaca el  Artículo 67 de la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezolana, la cual dice: "Todos los ciudadanos ( as ) tienen el derecho de asociarse con los fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. SUS ORGANISMOS DE DIRECCIÓN Y SUS CANDIDATOS(as) A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR SERÁN SELECCIONADOS (as) EN ELECCIONES INTERNAS CON LA PARTICIPACIÓN DE SUS INTEGRANTES". Se trata de una clara descripción principista  que no deja lugar a dudas, sobre  cómo es que deben seleccionarse los candidatos. Y, desde luego, por qué puede ser problemático y controversial no tomar dicho contenido en consideración.

Todavía hay tiempo para la corrección, y de construir una verdadera alianza perfecta;  sin ventajismos, ni derechos arbitrariamente adquiridos. Hay que seleccionar a quienes gozan realmente de la calificación de “mejores”. ¡Basta de torneos de ambiciones personales¡. Y eso incluye, desde luego, la escogencia y participación de los testigos de Mesas y Coordinadores Partidistas por centros de votación. Si de lo que se trata es de obtener una victoria contundente e inobjetable, entonces, de la ya cuestionable “dedocracia”, hay que pasar a la sincera apertura de vías para la participación de aquellos que sí pueden garantizar un triunfo seguro.

Egildo Lujan Navas
egildolujan@gmail.com
@egildolujan

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sábado, 14 de septiembre de 2013

EGILDO LUJAN NAVA, DE LA OSCURIDAD AL “APAGÓN”,FORMATO DE FUTURO

Realmente, todo parece indicar que esta semana no hubo -como dijeron los habitantes de dieciocho estados venezolanos y de algunas partes de la Gran Caracas- una falla en el Sistema Eléctrico Nacional que, en ciertos lugares, se llegó a extender hasta el día siguiente en siete de esos mismos dieciocho estados.

Lo que sucedió, fue que la oscuridad predominante en la concepción gubernamental de la digna heredera de la que le precedió por catorce años, se hizo patente, perceptible, innegablemente real y demostró cuál es el espíritu de su verdadera conformación operativa, con la que para insatisfacción de millones de venezolanos, se ha propuesto seguir avanzando, por lo menos, hasta finales de la actual década.

Porque, de no ser así, ¿qué otra causa pudiera haber provocado semejante acontecimiento capaz, inclusive, de exigir que se le hermanara con lo que sucedió hace ya doce meses en el Centro Refinador Paraguaná?. ¿Un sabotaje? ¿De quién?. ¿Cómo?. ¿Por qué?. ¿Para qué?.

Hablar de sabotaje ante lo que fue calificado en todo el país como “apagón”, definitivamente, no se corresponde con los postulados de ese espíritu gobernante, empeñado en demostrar que sólo en socialismo es posible disfrutar de las bondades de una vida de calidad.

Si hay -o hubiera habido- un sabotaje en el Sistema Eléctrico Nacional que alguna vez fue modelo excepcional en su tipo para Latinoamérica y el resto del mundo, por ser el único en disponer de una línea de transmisión de alta tensión de 800 KW que cruza a la nación entera, en lo que eso se traduciría es que los obligados a resguardarlo, a protegerlo, incurrieron en el peor de los descuidos: no ocuparse de que fuera el cerebro funcional, eficiente y domador de miedos humanos a la oscuridad que, según el enfoque de todo autocalificado revolucionario, provoca el feo capitalismo.

A diario, millones de venezolanos están obligados a dedicarle horas de su vida útil a hacer “colas” entre las sombras de la madrugada, bajo el sol y agitados por la silenciosa carga de humillación que significa no poder escapar de esa obligación, para poder comprar dos kilogramos de harina precocida de maíz, ocho rollos de papel sanitario, si acaso un litro de aceite comestible y dos envases de margarina.

Es el costo adicional, el plus que debe pagar una sociedad  a la que le dicen a diario que la suya, es la supuesta forma de vida de calidad, y a la que se puede optar con el uso de menguados y destruidos bolívares por la subyacente inflación que se oculta entre las sombras de las Estadísticas del Banco Central de Venezuela y las subjetivísimas interpretaciones que realizan los intérpretes de las encuestas del Instituto Nacional de Estadísticas y de connotadas empresas privadas dedicadas a detectar qué impresión positiva se tiene de quienes están convencidos de que su forma de gobernar, es, por lo menos, un accionar gerencial fuera de serie.

El “apagón”, lamentablemente, anuló las repercusiones positivas que generó en la opinión pública el anuncio de que volverá la misión permuta; sí, esa misma que fue sepultada hace menos de cincuenta meses, después del velorio de las Casas de Bolsa, como de emprendedores que terminaron siendo acusados de aprovechadores ilegales de un delito que nunca existió. Y quizás esa anulación fue lo mejor que sucedió.

Tanto porque a los que hacen colas para adquirir alimentos a precios subsidiados y comprados también entre las tinieblas de la opacidad administrativa, poco les interesa saber qué diferencias existen entre Cadivi, permuta, Sicad y el Sitme. Como para los mismos empresarios que ya  no saben cómo mantener sus negocios activos, ante la indisponibilidad de divisas y unas subastas enfríadas por las repercusiones del veredicto del Ciadi contra Pdvsa y a favor de Conoco Phillips, y de haberle escuchado decir al Ministro de Finanzas, Nelson Merentes, que cambiar leyes rectoras del control de cambio no implicaba sepultar el modelo rector responsable de que los venezolanos vivan en el ambiente económico y social del presente.

En otras palabras, si la oscuridad predominante en la concepción gubernamental sigue siendo esa especie de santuario de cuyo sahumerio se nutren los que determinan qué hacer ante la tragedia de Amuay, con la falla del Sistema Eléctrico Nacional y la administración de divisas restringidas para la ciudadanía -más no para la élite rectora del megaestado empresarial venezolano- no hay razones para dudar que los apagones en el sistema de vida de los venezolanos, seguirán siendo el pan de cada, sin necesidad de usar trigo importado para confeccionarlo, mucho menos de maíz blanco producido eternamente en condiciones deficitarias.

Lo cierto es que decir ser venezolano, ante el resto del mundo equivale a exhibir la etiqueta de hijos de una Nación que se ufana de disponer de las reservas petroleras más grandes del planeta, y de contar con una enorme capacidad de producción de energía hídrica. Pero también de que apenas hace quince años gozaba de  la mayor capacidad de producción de electricidad de Latinoamérica, con niveles excedentarios para atender cierta demanda de Colombia y Brasil, y que en 2013 esté obligada a importar gas, gasolina y electricidad, además de alimentos y medicinas.

Los discursos destemplados de cierta burocracia, los encadenamientos forzosos de medios de comunicación masivos privados y el avasallamiento de las redes sociales, puertas adentro de los ostentosos despachos de quienes dicen gobernar, pudieran, ciertamente, aplacar las angustias burocráticas. Pero ante los ojos y forma de vida de casi treinta millones de sus compatriotas, eso no resulta suficiente cuando el juicio colectivo es contra el descuido y la incapacidad de los llamados a evitar que eso suceda y siga sucediendo.

La escasez y el desabastecimiento de los bienes esenciales de consumo masivo, los apagones en gran parte del territorio nacional, los racionamientos de todo tipo y típicos de economía de guerra a que se somete a los habitantes de Táchira, Zulia, Apure y Amazonas, definitivamente, no es el producto de sabotajes. Pero sí de una severa crisis de irresponsabilidad en las diferentes instancias de los gobiernos nacional, estadal y municipal. Asimismo, por supuesto, tampoco son ejemplos de sabotaje la indiferencia con la que se consideran las consecuencias que la escasez y el desabastecimiento provocan en el seno de las familias venezolanas.

¿Qué decirle a los venezolanos que, por el “apagón”, pudieran haber perdido a un familiar en alguna instalación médica pública o privada?. ¿Qué explicación se le ofrece a las industrias, comercios y demás empresas que se vieron afectadas por la carencia de servicio eléctrico, y cuyos costos adicionales son luego imputables al sostenimiento de dichas unidades productivas y al precios de los bienes y servicios que ofrecen a los consumidores?.

Ante los venezolanos, lo obvio es que la responsabilidad de lo sucedido no corre por cuenta de las iguanas, de las mallas que caen sobre tendidos eléctricos y demás justificaciones. Hay responsables, responsabilidades y, desde luego, la obligación de evitar que la falla en el Sistema Eléctrico Nacional, al igual que la escasez y el desabastecimiento de otros bienes y servicios, no termine por convertirse también en componente invariable del sistema de vida de todos los habitantes de Venezuela.

Salvo, por supuesto, que, como insisten en creer algunos pensadores ajenos a los vericuetos propios de quienes viven entre el poder, de su ejercicio y determinación inquebrantable de no dejar de controlarlo por las vías que sean, la peligrosa realidad económica, social, política y moral  que hoy agita la paciencia colectiva, les induzca a dar el paso que les corresponde para que ese cuadro desaparezca progresivamente. Es decir, gobernar para todos, gobernar con todos y procurar resultados satisfactorios para el reencuentro entre todos. Apoyándose, definitivamente, en un cambio profundo en el sistema de amarras que hoy funciona para que a esos que gobiernan, día a día, se le agote de manera acelerada su posibilidad de apelar a maniobras  que serenen, inclusive, a quienes perciben como sus súbditos por identidad ideológica.

Si no se produjera esa decisión que conecte a los amantes de la oscuridad con la potencialidad productiva y de progreso de un país que ya está agitado en sus entrañas por su negación silenciosa a aceptar seguir viviendo en un ambiente de peor calidad cada día,  definitivamente, serán pocas y de larga subsistencia las condiciones que garanticen un ambiente de no conflictividad en constante expansión.

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