EGILDO LUJAN NAVA, LA BELLEZA TEÑIDA DE SANGRE, FORMATO DEL FUTURO…

El tema de la semana -y el  que  comenzó hace ya 15 años- es el de la inseguridad. En cada uno de los últimos años, a los venezolanos se les han anunciado no menos de dos planes de seguridad cada 12 meses para combatir el delito. Y ya remonta la increíble cantidad de más de veinte. No obstante, el delito, la delincuencia y la impunidad siguen campeando descaradamente.

Se ha jugado con las cifras. El “balance” de cada Plan anunciando generalmente entre serpentinas y muchos medios de comunicación social, a decir de los voceros gubernamentales, es que “estamos reduciendo las cifras delictivas”. Pero al final de cada año, la población que vive y siente la fuerza de la violencia y del delito, deduce lo contrario: el número de asesinatos se incrementa en forma alarmante. De hecho, el 2013 cerró con más de veinticuatro mil personas asesinadas. No obstante, las autoridades aseguran que el año pasado hubo un descenso en la criminalidad.

Venezuela es ya, de hecho, uno de los países más peligrosos del mundo. Y hoy lo rubrica el doloroso e indignante crimen cometido en contra de la muy querida  Reina de Belleza y ciudadana ejemplar Mónica Spear y su esposo Thomas Berry. Es un hecho que se convirtió en noticia más allá de las fronteras nacionales. Fue reseñado con asombro a nivel mundial.

¿Por cuánto tiempo más tiene que vivir Venezuela signada por esta situación?.Ya es hora  -e indispensable- que se haga un drástico detente, un reenfoque en la manera como se que querido atacar el cuadro delictivo criollo, y plantear nuevas acciones dirigidas a hacerle frente a este grave problema social que está destruyendo vidas, desintegrando familias e imponiendo cambios en los hábitos de vida de los venezolanos, a todos los niveles. Vivir en Venezuela es hacerlo obligado bajo un toque de queda, en pánico permanente y acariciando la posibilidad de abandonar el país, cuando se pueda. Y emigrar, lamentablemente, está más asociado al miedo a perder la vida, antes, inclusive -a pesar de la también gravedad que registra la Nación en ese campo-  que lo económico.

Es una vergüenza que Venezuela sea conocida por su violencia e impunidad, pero también por ser el país con las mayores reservas probadas de hidrocarburos a nivel mundial, y, además, a decir de informes internacionales especializados en el tema, por estar  penetrado por el narcotráfico, y funcionar como un campo franco en el lavado de dinero. Adicionalmente, se exhibe ante los países vecinos del Continente  con la inflación más alta de la región, uno de los peores niveles de corrupción, una deuda interna y externa enorme y de dimensiones inimaginables, no obstante haber recibido durante la última década  ingresos superiores al billón de dólares, gracias a la venta de su petróleo a valores superiores a 100 (cien) dólares el barril.

Adicionalmente, hoy se le cita en el ámbito de los negocios globales por estarse ocupando de enfrentar el 2014 haciendo maromas operativas para poder importar casi todo lo que consume su población, ya que tampoco dispone de la cantidad suficiente de dólares para adquirir los insumos, las materias primas y ciertos bienes de capital imprescindibles para que las empresas primarias y manufactureras privadas puedan satisfacer parte de la demanda nacional. Esas empresas, es la verdad, son las que cuentan, porque las públicas no pasan de ser símbolos de la ineficiencia gerencial gubernamental, como de la osadía destructora de quienes insisten en que el Estado lo puede y debe hacer todo.

De esa misma osadía que ha hecho que sea un lujo poder adquirir papel sanitario, medicinas y cualquier alimento básico, lo cual ahora sólo es posible a partir de la obligada dedicación de horas y horas a hacer colas, prolongados recorridos entre farmacias y, en ciertos casos, someterse a las exigencias en cuanto a precios promovidos por la  “competencia” que ya han creado los administradores de las mafias dominantes del mercado negro.

      

Por esas múltiples y complejas razones, es por lo que se considera que ha llegado la hora de hacer un llamado a nivel nacional para que, haciéndose abstracción de compromisos o fidelidades ideológicas y políticas, se construya un entendimiento progresivo que concluya en la búsqueda de soluciones. Ya no se trata de chavistas o de opositores, de revolucionarios o de contrarrevolucionarios, sino de venezolanos dispuestos a impedir que la marcha nacional hacia un destino desconocido, pudiera convertirse en una causa mayor  para que emerjan soluciones al margen de la racionalidad civilizada.

¿Qué más se puede pretender para llegar a soluciones coyunturales y estructurales de largo plazo?. ¿Un combate cuerpo a cuerpo?. ¿Una guerra civil?. Luce exagerado, es verdad, pero, progresivamente, se ha ido imponiendo la convicción en la ciudadanía de que Venezuela está en el último umbral para tomar una sola y única determinación: la unidad para salvar al país del  colapso.

Sólo unidos, los venezolanos pueden reconstruir la Patria. Sólo unidos, pueden  recuperar el tiempo perdido. Sólo unidos pueden identificar y ubicar objetivamente que cuentan con todos los elementos necesarios para reconstruir el tejido social, de salud, educativo y productivo que ha sido arrasado por torpeza, egoísmo, intereses creados y la ignorancia -o minimización- del costo de los arrebatos en funciones de liderazgos mal entendidos y ejercidos.

Los venezolanos  hoy conforman un pueblo obstinado por  la violencia, el eterno avivamiento del odio, de los insultos y, sin duda alguna, dispuestos a unir esfuerzos a favor del desarrollo y del  trabajo por el bien de todos y para todos. Es la expresión y sentimiento de una sociedad  que sobrepasa la capacidad visionaria de su liderazgo, y se resiste a jugar a soluciones promovidas por tendencias interesadas no necesariamente en lo que ella requiere.

Es el momento de construir credibilidad para que esas posibilidades no sean arrastradas por la incomprensión del instante histórico. Y una manera de hacerlo pudiera ser a partir de la aceptación de una amnistía, por lo demás,  ya propuesta por casi todas las instituciones venezolanas más reconocidas; de la liberación de los presos políticos, como de la apertura de las puertas del país para que puedan regresar los compatriotas que optaron por el exilio.

Es el momento de llamar a trabajar a los mejores; de democratizar la Asamblea Nacional; de la autonomía de los poderes públicos. Pero también de iniciar una verdadera lucha contra las causas de la violencia, del  delito en todas sus variables, y  de despartidizar el Poder Judicial.

Hacerlo, sin duda alguna, haría renacer la determinación de alzar la voz a favor de un ¡Viva Venezuela¡, por encima, inclusive, de quienes hoy, desde sus diversas trincheras, prefieren medrar en el medio de los sinsabores mayoritarios, apostar por la caotización incontrolable de las realidades, y jugar a las superadas salidas históricas del Siglo XIX.

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EGILDO LUJAN NAVA, LA EMPRESA PRIVADA NO ES UNA SOMBRA, FORMATO DEL FUTURO…

En Venezuela, la empresa privada no es cuento ni es una sombra.

Una parte importante del contingente estructural de la producción primaria, industrial, comercial y financiera que no ha podido ser destruida durante la avanzada que emprendió en contra suya la actual administración hace poco más de diez años, ha podido sobrevivir.

Y, para reconcomio gubernamental, hoy no sólo da la cara para atender, aun con fuerzas menguadas y hasta deficiencias tecnológicas, parte importante de cierta demanda permanentemente creciente de los consumidores. Sino que, además, a partir de una sofisticación gerencial que se mueve entre controles, restricciones, persecuciones, acosos, agresiones, inspecciones, multas y decomisos, entre otros, es capaz de hacer posible que la productividad – en parte- compense la imposibilidad de alcanzar una rentabilidad lícita, honrosa, legítima para evitar cierres, reducciones productivas. 0, además, la necesaria migración hacia países donde la renta, precisamente, no es sinónimo de antipopular pillaje organizado.

Esa sobreviviente empresa privada venezolana, desde luego, es la misma que, por sobre  desmedidas campañas propagandísticas y el efecto de leyes concebidas para debilitarlas paulatinamente, y golpear moralmente a propietarios y gerentes, todavía genera poco más del 70% de las fuentes formales de trabajo en el país;  aporta esfuerzo y riqueza productiva relevante en la estructuración del Producto Interno Bruto. Pero, además, es aquella que, con la participación decidida de los trabajadores que no han aceptado ser convertidos en apéndice sumiso y obediente del objetivo primigenio de la misma fuerza ideológica empeñada en hacer del Estado centro motor del país y esencia nodriza del venezolano, ocupa los primeros lugares de toda encuesta que pregunte en dónde cree usted que está la solución a sus problemas de abastecimiento y  empleo.

A la empresa privada, la sociedad no le atribuye responsabilidad predominante en las causas de la inflación, de la escasez, del desabastecimiento, de la inseguridad, de la violencia, de las deficiencias en los servicios de: electricidad, agua potable, salud y educación pública, comunicaciones básicas. Tampoco en la anarquía reinante en el comportamiento de parte importante de la población que, al amparo del padrinazgo de quienes dicen hacerlo todo en nombre del pueblo y para el pueblo, permiten, justifican, respaldan desde las sombras, toleran, amparan y premian con permisividad e impunidad.

Es verdad, hay una importante expresión individualizada –y también organizada- de un llamado “empresariado patriota” que ha sido convertido, poco a poco, en la vitrina del supuesto avance de la nueva economía venezolana; es decir, de aquella que ha podido construir capital, fortalecer capital, disfrutar de exoneraciones y compensaciones por sus “servicios a la Patria”. Pero, curiosamente, también es sobreviviente a su manera, de entre todos los intentos que se iniciaron –con abundante capital por delante- para desarrollar desde cultivos organopónicos, siembras sobre terrazas de inmuebles urbanos, gallineros verticales, cooperativas, empresas de propiedad de cualquier tipo que no guarde parentesco capitalista, hasta promotoras empresariales en países distintos y liderados por gobiernos “amigos”.

Las otras, las de las expropiaciones, las de las tierras “rescatadas” y convertidas en propiedad gubernamental por motivos de “utilidad social” o “utilidad pública”, las invadidas por la fuerza “popular” o ministerial con “pistola al cinto”, esas, no son precisamente modelo de aquello que, por años, se estuvo mercadeado como un  modelo de lo ideal en el medio de un “socialismo revolucionario”. Ellas, de acuerdo a la opinión de quienes -siendo aún nuevos administradores- insisten en la prédica del porqué ya no son propiedad de sus legítimos propietarios -que, por lo demás, tampoco han recibido el pago que les corresponde por ley- hoy están siendo sujeto y objeto de “intervenciones”; bien porque dejaron de producir en el medio de un festín de millones de bolívares que no resultaron suficientes para semejante proeza, o porque  su propios trabajadores se han percatado que, para ellos, el sueño se convirtió en pesadilla y en un motivo cómodo, fácil, sabroso para el enriquecimiento ilícito de muchos de los ungidos para llevar a cabo la nueva obra, desde posiciones gerenciales enemistadas con la meritocracia.

Focalizadas en el nombre y la  identidad pública de algunas de las organizaciones gremiales de mayor trayectoria y prestigio en el país, como es el caso de Fedecámaras, Consecomercio y de Venamcham,  a las empresas y a los empresarios privados hoy se les responsabiliza de ser los financistas, activistas y, por supuesto, agentes dedicados a tiempo completo a liderar una supuesta “guerra económica”, entre cuyos componentes más sobresalientes se identifica a un conjunto de supuestos sabotajes, que incluyen acaparamiento y especulación de bienes de consumo masivo, principalmente alimentos, artículos de limpieza y de higiene personal; curiosamente, de todos los que no pueden producirse, distribuirse y venderse sin el consentimiento estricto  y vigilante del propio Gobierno, ya que desde hace diez años, unos, dos años otros, dependen de un ya obsoleto e infuncional control de precios y de un sistema de “alcabalización” burocratizada.

Pero si curioso es que tales presuntos hechos propios de la llamada “guerra económica” sea dirigida inteligentemente por fabricantes y comercializadores, mucho más lo es que a tales activistas, se les insista en llamar a sumarse a los esfuerzos que el país desea emprender para dejar de ser lo que determina el comportamiento del precio por barril al que se vende el petróleo fuera de la frontera nacional. Porque, a juicio de los que arengan a los interesados –reales o potenciales- hay que salir a la conquista de los mercados internacionales. ¿Cómo?. ¿Cuándo?. Algún día, pero si es pronto, mucho mejor. Es decir, te acuso porque me interesa acusarte; te llamo, porque necesito que me ayudes con lo que no soy capaz de convertir en un bien final competitivo.

En Venezuela, hay vocación por y para el emprendimiento. Lo dicen expertos venezolanos y foráneos. Pero en el país, definitivamente, no hay una cultura gubernamental dirigida a estimular la conversión del sueño emprendedor en una empresa como bien acabado, llamado a ser perfeccionado y exitoso. Tan cierta es esa limitante, que cualquier pretensión emprendedora, amén de la importancia de la participación del capital semilla, como lo destaca el informe Doing Busines del Banco Mundial, debe someterse a un promedio de 144 días de trámites, contra 36 que se dedican en el resto del Continente y apenas 11 en países desarrollados.

Por supuesto, no se puede aspirar a que en Venezuela la tramitología se asemeje a la de un país desarrollado, porque Venezuela no es un país desarrollado. Aunque lo extraño es que sus gobernantes insistan en destruir aquello que fue un sueño de emprendedores en décadas lejanas, y en impedir que nuevos sueños sean la respuesta productiva a la demanda del futuro. ¿Porque es más importante importar?. ¿Porque no conviene que la eficiencia privada continúe desnudando la inoperancia, incompetencia e ineficiencia del llamado Estado empresario?.

Importar no es malo per se. Lo malo es cuando se convierte en un capricho, se acomete como un propósito ideológico, y se le presenta como un acto glorioso, emblema de cierto tipo de soberanía que no entienden propios y extraños.

La presencia y funcionalidad de la empresa privada en el país, sin duda alguna, legitima políticamente a una forma de gobernar que se autodenomina  democrática, que dice creer y respetar el ejercicio del derecho de propiedad.  Es decir, siempre será necesario que, políticamente hablando, existan vestigios de empresa privada, de propiedad particular, de Democracia. Y eso, que es causa permanente de diálogos, debates y hasta de habladurías genéricas entre venezolanos, sin embargo, otros más pragmáticos -¿o románticos?- lo consideran la base sustentadora de una eventual alianza entre las fuerzas productivas del Estado y del sector privado. ¿Ingenuidad en el mar del paroxismo?. Quizás.

En todo caso, lo cierto es que en la Venezuela de finales del 2013, escasa de divisas y huérfana de un entorno jurídico y político confiable, así de como de un basamento definido sobre los objetivos económicos que guarden identidad con los caminos que transitan los países que insisten en prosperar y conquistar espacios en el ámbito de la globalidad, la empresa privada no es cuento ni es una sombra.

Y tan real e inobjetable es dicho reconocimiento y aseveración, que saber que Empresas Polar y Nestlé Venezuela -expresiones de riesgos financieros criollo e internacional- deciden acometer nuevas inversiones y apostar por el futuro de la economía nacional, aviva nuevos sueños de aquellos emprendores que perseveran en sus propuestas de estar dispuestos a actuar. Pero no para resistir y sobrevivir, sino en obediencia a esa convicción de la economía de avanzada en pleno Siglo XXI: los países sólo prosperan, cuando se plantean alcanzarlo a partir del desarrollo de una empresa privada afianzada en principios de libertad, como en su propia capacidad de acometer riesgos financieros, gerenciales y tecnológicos para competir y cumplir con su rol social de satisfacer necesidades de la población consumidora

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EGILDO LUJAN NAVA, LOS PERTURBADORES DEL 2013, FORMATO DEL FUTURO…

Un desencajado, compungido y hasta frío Nelson Merentes compareció esta semana por ante la Asamblea Nacional para, como Ministro de Finanzas y en representación del Poder Ejecutivo, presentar a consideración de los parlamentarios el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la nación para el  2014.

A no ser porque su recurrencia a cifras, porcentajes, proyecciones y similares obligaba a recordar lo que su Despacho dijo el año pasado que sucedería durante el que aún está en curso, y que no hay un solo resultado que haga suponer que en aquella ocasión no se mintió, Merentes habría pasado imperceptible, ausente, irrelevante. Porque para congresistas y ciudadanía, es verdad, esa presentación en Venezuela no supera la calificación de simple formalidad.

Y es así, debido a que desde hace casi diez años, los Ministros de Finanzas no se acogen a la obligación Constitucional de presentar una relación de ingresos y egresos supeditada la condicionalidad de lo serio. Ni tampoco hay un conglomerado ministerial y un Jefe de Estado que rindan cuentas ciertas de cómo es que se conduce la hacienda pública, muchos menos un Congreso y una institución Contralora que eviten la supervivencia del prolongado reinado de la desestimación de tener presente lo obvio: nadie allí administra dinero propio; nadie allí puede actuar considerándose con autonomía para hacer y deshacer, sin que semejante proceder no entre a colidir con las normas contra la malversación de fondos públicos, el enriquecimiento ilícito, la corrupción y hasta el fraude a la confianza ciudadana.

Nelson Merentes, en fin, el mismo que hace apenas poco más de doscientos días sembró en el espíritu de propios y extraños al Gobierno del que forma parte, la sensación de que, convertido en Jefe del Gabinete Económico, haría posible el milagro del entendimiento entre el equipo comandado por Nicolás Maduro Moros y los que se dedican a producir bienes y servicios en el país, o a importarlos cuando no se puedan producir, se hizo presente en el Hemiciclo para tratar de hacer lo mismo que lideró en abril pasado.

Pero no lo logró. Y no solamente por la comunicación corporal que arropó su verbo, cuando anunció que el gasto previsto para el venidero año estará por el orden de los 552 millardos de bolívares y que el endeudamiento estimado será de otros 141 millardos, sino también porque esa disparidad comunicacional sólo sirvió para aromatizar el ambiente, aún más, al verse obligado a comunicar aquello que, quizás, él hubiera preferido no citar. Y es que los ingresos de la petrolera Venezuela, no serán tan abundantes como para atender eficientemente la erogación programada, por lo que la diferencia tendrá que ser sacada del bolsillo de los casi 30 millones de personas que plenan el suelo venezolano, y que en el 2013, se han visto obligados a financiar una inflación cercana al 60%, cuota de empobrecimiento forzoso que, por cierto, se radicó en el país hace ya tres décadas, sin que durante ese período haya habido un solo gobierno interesado en evitar que eso ocurra.

Por supuesto, ante esa inobjetable realidad, lo más grave, es que tampoco hoy abunden las propuestas políticas que hagan suponer que, ante la eventualidad de un cambio en la actual conducción del Gobierno, no se seguirá dependiendo de la misma norma rectora hoy cuestionada.

Pero si para Merentes no debe haber sido cómodo estar allí, sabiéndose obligado a no referirse a esa respuesta que todos los días demandan millones de venezolanos, cuando indagan en soledad “¿en dónde están los dólares que ingresaron al país desde hace catorce años, en el mayor volumen de toda la historia republicana?”, peor tiene que haberse sentido en sus adentros al no admitir que con un Banco Central convertido en otro despacho ministerial, no es posible evitar la impresión de dinero inorgánico para financiar el gasto desenfrenado promovido por un Gobierno huérfano de visión de futuro. Y más si tal impresión en esas condiciones comenzó a tomar cuerpo cuando él, Merentes, presidía al ente emisor.

En todo caso, en el medio de malestares, decepciones, frustraciones, equívocos, estadísticas de feo rostro y curiosa conformación técnica, la impresión relacionada con los denodados esfuerzos que hacen las autoridades para que del proyecto presupuestario, se pase a la credibilidad parlamentaria y de la propia sociedad, emergen dos serias inquietudes que superan las suspicacias bien fundadas sobre la insinceridad de lo presentado en la ociosa Asamblea Nacional.

Y se refieren a si, hasta que esa institución apruebe el proyecto, es decir, antes de que se produzca la culminación de sesiones en diciembre próximo, y se conozcan los resultados electorales municipales del 8 de diciembre, finalmente, el Gobierno dará el gran paso de impedir que la economía continúe su rumbo desenfrenado hacia la hiperinflación, como lo han demostrado, con cifras y las evidencias extraídas de los cálculos, economistas como Alexander Guerrero.

Porque, definitivamente, el problema de la economía venezolana no se circunscribe a las “perturbaciones” que describió el Ministro Merentes: inflación, escasez y sistema cambiario. Sino a la concepción ideológica que los padres de dichas perturbaciones insisten en seguir empleando para continuar conduciendo la economía, animados y convencidos de que en el medio de barrotes, restricciones, controles y amenazas contra quienes reclaman libertad para financiar, producir, comercializar y disponer de una renta lícita, habrá suprema felicidad social.

Tales perturbadores, desde luego, engendraron las causas exacerbadas de los “enemigos” de la economía que identificó el representante del Poder Ejecutivo cuando quiso justificar lo injustificable en la Asamblea.

Tales perturbadores son dueños políticos y poderosos de voz y voto entre cuatro décadas de ministros que también alzan la voz para avalar, respaldar y fortalecer la creencia de que, gracias a los pasos dados  en materia económica desde hace ya casi quince años, el 9 de diciembre, con resultados políticos satisfactorios –o no- en el bolsillo, será posible dictar más y más radicales decisiones que consagren la conquista de la gran meta en el 2019.

Y no importa que eso sea en el medio de apagones, mala vialidad, disfuncionalidad del sistema de salud pública, carencias de inmuebles y de maestros y profesores en el de educación, inseguridad, desempleo y desabastecimiento de alimentos y otros bienes. Porque, después de todo, para tales perturbadores, también esa constituye una variable consagradora de  victoria política: la del ciudadano dependiente  de un Estado (Gobierno) que ya lidera el 52% de la conformación del Producto Interno Bruto nacional, sin que, por el momento, haya capacidad sustitutiva de parte de la ciudadanía emprendedora nacional y la fuerza corporativa internacional.

Si no se cree que eso es así, bastaría con evaluar los resultados de la última encuesta de la empresa Ivad, cuyo elemento más sobresaliente es que los amantes seguidores del bien mercadeado proyecto “revolucionario”, en casi un 50% está convencido de que la economía venezolana no da tumbos entre improvisaciones y equívocos, tampoco entre 5 y diez protestas sociales diarias en todo el país. Sino que, por el contrario, es un producto final apropiado para que, finalmente, el actual Ministro de Planificación, Jorge Giordani, no siga siendo calificado el peor ministro en su  tipo en todo el Continente, amén de padre formal del modelo por el que se rige la economía venezolana. Es que si las cosas son así, el “Monje” hasta pudiera terminar alzándose alguna vez con un Premio Nóbel de economía. ¿Por qué no?.

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EGILDO LUJAN NAVA, LA REBELIÓN DE LOS “BACHAQUEROS”, FORMATO DEL FUTURO…

Pocas veces es ya esgrimida públicamente la cara y el cuerpo de la publicación que registra el contenido de “la mejor Constitución del mundo”.

Si acaso es liberada momentáneamente de la humedad que provoca el sudor de quien la lleva en el bolsillo de alguna indumentaria para la ocasión, para ser empleada como instrumento referencial de lo que debe acatar y cumplir el ciudadano.

Inclusive, para ser agitada en el medio del momento útil, mientras se dice en alta voz que se procede y se actúa con base en su espíritu y articulado, aunque luego publicación y normas vuelvan al sitio de donde fueron extraídas, para pasar otra vez al reposo de siempre, a la ignorancia de todos los días, al incumplimiento que se maquilla de cumplimiento verbal.

Nadie como quienes juraron cumplirla y hacerla cumplir, para que describan con amplitud de detalles porqué no honran su juramento; en dónde es que realmente termina el alcance de esa obligación, y en dónde comienza la subjetiva interpretación que permite desconocerla, para que luego pase a ser el útil soporte de otra concepción de la que emergen fundamentos jurídicos que no son tales, pensamientos que son imperceptibles y bases ilegales que sólo existen la mente interesada del violador de la norma.

Así ha nacido una fundamentación política conocida como socialismo y que fue engendrada entre las sombras, mientras se le atribuyó una paternidad revolucionaria casada con la concepción de la magnificencia del Estado, para sepultar esencia, principios y valores, a cambio de una vida de iguales entre iguales, aunque ocultando que los iguales serían luego los menos.

La habilitación del ejercicio administrativo y de la armazón de disposiciones de orden legal, desde luego, ha servido para escamotear derechos ciudadanos. Pero, además, para cultivar utopías al amparo de la posibilidad de ignorar protagonismos  participativos, y de apartar la valoración cierta de la ética en funciones de conducción, para que sea el proceso punitivo el que determine hasta la somera viabilidad de discrepar.

Venezuela está llena de conductas individuales, grupales y hasta colectivas que ignoran la importancia de acatar y cumplir con las leyes. Sin duda alguna, ha habido un aprendizaje bien cimentado de la ventaja de actuar al margen de la norma, menospreciando la ley. Tanto ha avanzado el país en dicho proceso, que desconocer el principio y espíritu de la norma, es ya lo rutinario; es la nueva costumbre que se expande sin impedimentos, libremente; que, inclusive, se le inyecta vigencia y tolerancia,  en un juego macabro cuyo desenlace no garantiza paz ni justicia.

Las leyes, en el devenir de la convivencia, son inspiración de un legalismo influido por el empuje del llamado pragmatismo político, más interesado en disponer de un recurso “legalmente apropiado” para el accionar circunstancial, que para que las instituciones propias del Estado hagan sentir autoridad, gobernabilidad, civilización, disciplina, respeto. En fin, vencimiento del tribalismo, erradicación del salvajismo propio de las sociedades que insisten en defender derechos  y vivir entre cavernas.

Hoy el Estado de la magnificencia no pasa de ser una caricatura montada en el pedestal de un preocupante deslave gubernamental. La “colectivización”, ese llamado componente imprescindible para que la revolución no fracase, a decir de algún connotado titular de la cuarentena de ministerios, es voz y mando. Y su actuación es un derecho por servicios que se prestan, en el medio del rugir de motores, del libre aprovechamiento del espacio público, sin reparo a lo que es indebido, a lo que no es legal.

La “colectivización”, en fin, es la misma fuerza que le impone a modestos ciudadanos a sentirse obligados a despojarse de vestimentas para llamar la atención de quien no quiere atenderle dentro de los espacios de un ente público. 0 también, es la voz de quien, libremente, sin reparo alguno, y desde cualquier posición gubernamental, descalifica, acusa, señala y destruye moralmente a quien no merece ser destruido. Y  ya, como el colmo del menosprecio por la norma, pero con  el mismo espíritu “colectivista”, se conduce al Parlamento desde la égida  de un dedo inquisidor que, además, castiga, anula el debate y lo reemplaza por la unilateral administración del silencio de representantes populares; todo, en presencia del resto de aquellos que también fueron electos precisamente para cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, pero que optan por desentenderse del compromiso moral, mientras incorporan a su verbalización extramuros un acartonado concepto de nueva ética política.

Inquieta, sí, que esa situación en indetenible expansión que ignora participación,  protagonismo ciudadano, consulta en justo reconocimiento al derecho de ser legítimo dueño de la condición de ser venezolano, esté induciendo a una respuesta distinta. A una conducta que, más allá del rechazo frontal y decidida respuesta ante  el atropello, alimenta situaciones  y escenarios que no deberían ser tales, si se admitiera que las diferencias  son superables, cuando la voluntad del y por el entendimiento son ciertas, indistintamente del peso influyente que avivan noche y día los que necesitan seguir medrando  entre la violencia y  la anarquía.

Los trabajadores de la Siderúrgica del 0rinoco en el estado Bolívar, los habitantes de Cariaco en el estado Sucre, y los llamados “Bachaqueros” en el estado Zulia, definitivamente, han alzado su voz  para reclamar derechos laborales, exigir consultas ciudadanas  y dialogar decisiones. Y ningún individuo en ejercicio de sus responsabilidades en cargo público, indistintamente de su importancia y relevancia, puede hoy sentirse plenamente convencido y seguro que llegó para permanecer eternamente en la posición que detenta, mucho menos para presumir de su libertad para actuar al margen de la norma, creyéndose miembro infalible para desestimar los derechos de  quienes tiene ante sí, de los que espera obediencia y acatamiento.

Y tan válido es calibrar la importancia y trascendencia de quienes, en masa, exigen que se les respeten sus derechos. Como la de aquellos que, individualmente, insisten en demandar respuestas a los suyos, tengan o no relación con la solicitud de una divisa para no verse obligados a cerrar sus empresas, o con su reclamo de atención en un hospital público, y en donde para ser atendido se le exige no sólo llevar su problema de salud, sino también cada uno de los bienes o productos imprescindibles para ser salvado, si ese fuera el caso. 0 que en vista de que el abastecimiento de ciertos equipos, reactivos, medicinas y hasta especialistas han dejado de ser prioritarios, por la subvaloración que reciben de las autoridades, es preferible viajar al país vecino más cercano que dispone de toda esa infraestructura, para otra a una posible recuperación y eventual reencuentro con la vida misma.

Egildo Lujan Nava ,

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EGILDO LUJAN NAVA, TRABAJANDO POR EL ARMISTICIO, FORMATO DEL FUTURO…

Aquellos que viven en Venezuela hurgando entre los hechos del Siglo XIX para justificar los aciertos o fracasos que ellos lideran en pleno Siglo XXI, no pueden continuar recurriendo a las tergiversaciones interesadas sin tener que asumir el costo de semejante atropello a la verdad.

Tal osadía, ciertamente, ha servido para llenar el recipiente de las satisfacciones subjetivas y de la alimentación de un ego que carece de dimensiones definidas. No obstante, ofende a gran parte de la población que, por formación familiar o escolar, siempre entendió de qué se trató, por ejemplo, la lucha independentista. A la vez que trata de desvirtuar  las razones por las que ese mismo contingente de venezolanos hoy se resiste a cultivar una actitud pasiva e indiferente ante la pretensión de los que se empeñan en llenar cerebros infantiles de falsas concepciones de las relaciones interpersonales, como de construir una frágil conciencia sobre lo que significa ser realmente hijo de Venezuela.

En el nombre de los que idearon, pensaron, trabajaron y lucharon por darle forma y figura a esta  Nación que luego sería Patria verdadera, ha emergido una secta cuya mayor distinción histórica ha sido la de autodenominarse más venezolanos que el resto de sus hermanos; más patriotas que la otra parte que ha definido mental y espiritualmente su propia manera de amar a la Patria; más auténticos y sinceros en su lucha contra la fantasmagoría de las supuestas fuerzas indignas y malignas que nacen en las entrañas de un imperialismo, cuya autenticidad, sin embargo, no pasa de ser útil cartón piedra en los llamados “backing” de las arengas templeteras que alimentan el remozado populismo tropical en estos rincones del continente.

Barata social y políticamente hablando sería semejante conducta, si esa secta no hubiera trascendido sus bien recibidas pretensiones transformadoras iniciales, para convertirse después en esa especie de fuerza destructora de la base institucional pública de la Patria que dicen amar y defender. Porque la verdad es que si de alguna conquista ella puede hoy ufanarse dentro y fuera del territorio nacional, es de haber volteado al país con sus sueños de vanguardia, secuestrar sus esperanzas de constante transformación, y llenar el presente de trincheras individuales y familiares para diseñar y materializar sobrevivencia permanente, de largo aliento.

En el orden económico, como en el social y el moral, poca diferencia visual y espiritual existe entre las imágenes globales que reseñan el dolor del masacrado pueblo sirio, por su empeño en vivir en libertad, y el cementerio de motivaciones y entusiasmo que las expropiaciones, los despojos y llamados rescates de tierras incultas ha provocado un accionar inspirado en una presunta justa distribución de las tierras y necesaria lucha de clases.

Por temérsele a la libertad económica y al libre devenir de una sociedad con capacidad para disentir, no ha importado condenar a esa misma sociedad a entregarse a la obligación de vivir de colas en colas para adquirir los bienes que le permitan satisfacer sus necesidades básicas, recibir un servicio médico asistencial preventivo y curativo digno, una educación para el desarrollo motivacional y productivo, y  una enseñanza conductual acorde con lo que significa vivir rodeado de fundamentaciones éticas y morales.

Ante tal cultivo de inexplicables acciones de parte de quienes han convertido los símbolos patrios en el ícono referencial de su manera de construir “país-potencia”, los inevitables como lógicos resultados pasan a ser ahora, según la concepción sectaria de los que detectan la subyacencia del riesgo de alimentar impaciencia sin capacidad de apaciguarla a la brevedad, el rostro de una supuesta guerra económica que “obliga” a actuar contra sus responsables, los hacedores de sabotajes, los enemigos de la paz y de la concordia.

Venezuela, entonces, es campo abierto de la peor de las guerras que puede vivir país alguno: el de la posibilidad de tener que someterse a la violencia del hambre. La verdad es que no poder comprar un kilo de harina precocida, aceite comestible, leche fría y en polvo, margarina  o azúcar, es una batalla que pierde el consumidor.

No poder entender cómo es que si se exportan cada día por un precio superior de los  100$ los barriles de petróleo que quedan de la producción de 2.300.000 barriles diarios y el consumo interno de 800.000, no haya posibilidad de atender las necesidades mínimas de las fincas y empresas que producen y los comercios que distribuyen los bienes producidos. ¿Y esa es una batalla que gana quién o pierden quiénes?.

Asimismo, a diario se multiplican los exhortos y llamados a una importante lucha contra la corrupción. Pero los observadores de esa otra faceta de la guerra económica, los venezolanos, son suspicaces, se manifiestan escépticos ante la manera como se pretende erradicar esa plaga moral. ¿Acaso porque no califica como batalla, sino como una simple riña callejera?.

Pocos entienden en qué consiste y cuál es la base de esa llamada “guerra económica”. Aunque, comparativamente con el rebuscamiento de siempre de los vericuetos históricos para tratar de hacer entender que los fracasos de hoy no pasan de ser errores circunstanciales, es una tesis novedosa. Pero no convincente.

Porque aquello que los venezolanos esperan con extrema urgencia, si es que hubiera esa llamada “guerra económica”, es la inmediata aparición de alguna vaga propuesta dirigida a lograr que entre los ministros de la economía, el Banco Central de Venezuela y la presidencia de la República se suscriba un armisticio, cuyo único propósito sea el de diseñar un Plan de Gobierno en materia económica para disciplinar el gasto público, atacar las causas de la inflación, estimular el crecimiento sustentable de la economía y respetar el derecho de propiedad, única manera de reactivar las inversiones nacionales y extranjeras.

Mientras que la nación siga estando a merced de cada grupo en disputa por esa especie de botín en el que se ha convertido el ejercicio del poder en Venezuela, y que cada tendencia siga actuando de espalda a la de los otros, ese gran vocero que se “encadena” permanentemente  para desentenderse de dichas intrigas, jamás podrá convencer a seguidores y adversarios sobre la sinceridad y firmeza de sus llamados públicos.

Dicho armisticio, obviamente, sería el gran paso inicial  para que lo que comenzó a hacerse sentir en todo el país hace ya doscientos días, no siga siendo la peor referencia  sobre la  Venezuela del Siglo XXI, que se empeña en vivir de las deformaciones históricas del Siglo XIX: la escasez de papel sanitario. Y esa sí es una batalla que ganarían todos los venezolanos. ¿0 es que tampoco hay disposición o capacidad gubernamental para, dentro de esa supuesta  “guerra económica”, lograr que el pudor colectivo nacional se administre de manera íntima en las salas de baño de los hogares de los venezolanos, sin que tenga que ventilarse en las marquesinas de Wall Street en Nueva York?

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EGILDO LUJAN NAVA, DE LA OSCURIDAD AL “APAGÓN”,FORMATO DE FUTURO

Realmente, todo parece indicar que esta semana no hubo -como dijeron los habitantes de dieciocho estados venezolanos y de algunas partes de la Gran Caracas- una falla en el Sistema Eléctrico Nacional que, en ciertos lugares, se llegó a extender hasta el día siguiente en siete de esos mismos dieciocho estados.

Lo que sucedió, fue que la oscuridad predominante en la concepción gubernamental de la digna heredera de la que le precedió por catorce años, se hizo patente, perceptible, innegablemente real y demostró cuál es el espíritu de su verdadera conformación operativa, con la que para insatisfacción de millones de venezolanos, se ha propuesto seguir avanzando, por lo menos, hasta finales de la actual década.

Porque, de no ser así, ¿qué otra causa pudiera haber provocado semejante acontecimiento capaz, inclusive, de exigir que se le hermanara con lo que sucedió hace ya doce meses en el Centro Refinador Paraguaná?. ¿Un sabotaje? ¿De quién?. ¿Cómo?. ¿Por qué?. ¿Para qué?.

Hablar de sabotaje ante lo que fue calificado en todo el país como “apagón”, definitivamente, no se corresponde con los postulados de ese espíritu gobernante, empeñado en demostrar que sólo en socialismo es posible disfrutar de las bondades de una vida de calidad.

Si hay -o hubiera habido- un sabotaje en el Sistema Eléctrico Nacional que alguna vez fue modelo excepcional en su tipo para Latinoamérica y el resto del mundo, por ser el único en disponer de una línea de transmisión de alta tensión de 800 KW que cruza a la nación entera, en lo que eso se traduciría es que los obligados a resguardarlo, a protegerlo, incurrieron en el peor de los descuidos: no ocuparse de que fuera el cerebro funcional, eficiente y domador de miedos humanos a la oscuridad que, según el enfoque de todo autocalificado revolucionario, provoca el feo capitalismo.

A diario, millones de venezolanos están obligados a dedicarle horas de su vida útil a hacer “colas” entre las sombras de la madrugada, bajo el sol y agitados por la silenciosa carga de humillación que significa no poder escapar de esa obligación, para poder comprar dos kilogramos de harina precocida de maíz, ocho rollos de papel sanitario, si acaso un litro de aceite comestible y dos envases de margarina.

Es el costo adicional, el plus que debe pagar una sociedad  a la que le dicen a diario que la suya, es la supuesta forma de vida de calidad, y a la que se puede optar con el uso de menguados y destruidos bolívares por la subyacente inflación que se oculta entre las sombras de las Estadísticas del Banco Central de Venezuela y las subjetivísimas interpretaciones que realizan los intérpretes de las encuestas del Instituto Nacional de Estadísticas y de connotadas empresas privadas dedicadas a detectar qué impresión positiva se tiene de quienes están convencidos de que su forma de gobernar, es, por lo menos, un accionar gerencial fuera de serie.

El “apagón”, lamentablemente, anuló las repercusiones positivas que generó en la opinión pública el anuncio de que volverá la misión permuta; sí, esa misma que fue sepultada hace menos de cincuenta meses, después del velorio de las Casas de Bolsa, como de emprendedores que terminaron siendo acusados de aprovechadores ilegales de un delito que nunca existió. Y quizás esa anulación fue lo mejor que sucedió.

Tanto porque a los que hacen colas para adquirir alimentos a precios subsidiados y comprados también entre las tinieblas de la opacidad administrativa, poco les interesa saber qué diferencias existen entre Cadivi, permuta, Sicad y el Sitme. Como para los mismos empresarios que ya  no saben cómo mantener sus negocios activos, ante la indisponibilidad de divisas y unas subastas enfríadas por las repercusiones del veredicto del Ciadi contra Pdvsa y a favor de Conoco Phillips, y de haberle escuchado decir al Ministro de Finanzas, Nelson Merentes, que cambiar leyes rectoras del control de cambio no implicaba sepultar el modelo rector responsable de que los venezolanos vivan en el ambiente económico y social del presente.

En otras palabras, si la oscuridad predominante en la concepción gubernamental sigue siendo esa especie de santuario de cuyo sahumerio se nutren los que determinan qué hacer ante la tragedia de Amuay, con la falla del Sistema Eléctrico Nacional y la administración de divisas restringidas para la ciudadanía -más no para la élite rectora del megaestado empresarial venezolano- no hay razones para dudar que los apagones en el sistema de vida de los venezolanos, seguirán siendo el pan de cada, sin necesidad de usar trigo importado para confeccionarlo, mucho menos de maíz blanco producido eternamente en condiciones deficitarias.

Lo cierto es que decir ser venezolano, ante el resto del mundo equivale a exhibir la etiqueta de hijos de una Nación que se ufana de disponer de las reservas petroleras más grandes del planeta, y de contar con una enorme capacidad de producción de energía hídrica. Pero también de que apenas hace quince años gozaba de  la mayor capacidad de producción de electricidad de Latinoamérica, con niveles excedentarios para atender cierta demanda de Colombia y Brasil, y que en 2013 esté obligada a importar gas, gasolina y electricidad, además de alimentos y medicinas.

Los discursos destemplados de cierta burocracia, los encadenamientos forzosos de medios de comunicación masivos privados y el avasallamiento de las redes sociales, puertas adentro de los ostentosos despachos de quienes dicen gobernar, pudieran, ciertamente, aplacar las angustias burocráticas. Pero ante los ojos y forma de vida de casi treinta millones de sus compatriotas, eso no resulta suficiente cuando el juicio colectivo es contra el descuido y la incapacidad de los llamados a evitar que eso suceda y siga sucediendo.

La escasez y el desabastecimiento de los bienes esenciales de consumo masivo, los apagones en gran parte del territorio nacional, los racionamientos de todo tipo y típicos de economía de guerra a que se somete a los habitantes de Táchira, Zulia, Apure y Amazonas, definitivamente, no es el producto de sabotajes. Pero sí de una severa crisis de irresponsabilidad en las diferentes instancias de los gobiernos nacional, estadal y municipal. Asimismo, por supuesto, tampoco son ejemplos de sabotaje la indiferencia con la que se consideran las consecuencias que la escasez y el desabastecimiento provocan en el seno de las familias venezolanas.

¿Qué decirle a los venezolanos que, por el “apagón”, pudieran haber perdido a un familiar en alguna instalación médica pública o privada?. ¿Qué explicación se le ofrece a las industrias, comercios y demás empresas que se vieron afectadas por la carencia de servicio eléctrico, y cuyos costos adicionales son luego imputables al sostenimiento de dichas unidades productivas y al precios de los bienes y servicios que ofrecen a los consumidores?.

Ante los venezolanos, lo obvio es que la responsabilidad de lo sucedido no corre por cuenta de las iguanas, de las mallas que caen sobre tendidos eléctricos y demás justificaciones. Hay responsables, responsabilidades y, desde luego, la obligación de evitar que la falla en el Sistema Eléctrico Nacional, al igual que la escasez y el desabastecimiento de otros bienes y servicios, no termine por convertirse también en componente invariable del sistema de vida de todos los habitantes de Venezuela.

Salvo, por supuesto, que, como insisten en creer algunos pensadores ajenos a los vericuetos propios de quienes viven entre el poder, de su ejercicio y determinación inquebrantable de no dejar de controlarlo por las vías que sean, la peligrosa realidad económica, social, política y moral  que hoy agita la paciencia colectiva, les induzca a dar el paso que les corresponde para que ese cuadro desaparezca progresivamente. Es decir, gobernar para todos, gobernar con todos y procurar resultados satisfactorios para el reencuentro entre todos. Apoyándose, definitivamente, en un cambio profundo en el sistema de amarras que hoy funciona para que a esos que gobiernan, día a día, se le agote de manera acelerada su posibilidad de apelar a maniobras  que serenen, inclusive, a quienes perciben como sus súbditos por identidad ideológica.

Si no se produjera esa decisión que conecte a los amantes de la oscuridad con la potencialidad productiva y de progreso de un país que ya está agitado en sus entrañas por su negación silenciosa a aceptar seguir viviendo en un ambiente de peor calidad cada día,  definitivamente, serán pocas y de larga subsistencia las condiciones que garanticen un ambiente de no conflictividad en constante expansión.

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EGILDO LUJAN NAVA, NO ES SÓLO AMUAY, FORMATO DEL FUTURO…

Supuestamente, el 25 de agosto del 2012, a la 01:12 minutos de la medianoche, hubo una explosión en la refinería de Amuay, en el estado Falcón, considerada por expertos como el peor accidente en 100 años de historia petrolera en el país.

Supuestamente, a las 12:00 de la medianoche de ese mismo día, es decir, 01:12 minutos antes, se había registrado una fuga incontrolada de gas en el bloque 23, y las alarmas no se activaron. Tampoco hubo acciones preventivas conocidas dirigidas a desalojar las zonas adyacentes.

Supuestamente, la razón por la que no se pudieron implementar acciones preventivas de desalojo, no funcionaron las alarmas, ni se aceptó que el escape de gas pudiera llegar a convertirse en el epicentro de una explosión, es porque no hubo mantenimiento preventivo.

Supuestamente, la explosión se tradujo en la muerte de 42 venezolanos -aunque habitantes de Punto Fijo hablan de un mayor número de muertos y de la aparición de osamentas- generó la emisión de 500.000 toneladas de dióxido de carbono, equivalente a 3 semanas de contaminación automotor en Caracas, y el costo del accidente alcanzó a 1,8 millardos de dólares. Asimismo, que el 65,4% de esa cantidad, es decir, 1,2 millardos de dólares corresponde a la pérdida económica de Petróleos de Venezuela por la merma en la capacidad de procesamiento de la refinería.

Supuestamente, el daño por activos e inventarios que debió registrar PDVSA suma 344,7 millones de dólares, por los destrozos en viviendas y comercios 234,7 millones, por indemnización a las víctimas 35,2 millones de dólares, por el costo de la extinción del incendio 10,3 millones de dólares, y por los perjuicios por la emisión de gases 10 millones de dólares.

Supuestamente, a comienzos del 2013 la Fiscalía General de la República le iba a decir a los venezolanos en qué concluyeron sus investigaciones sobre lo que sucedió realmente en Amuay. Pero a un año del accidente, nadie sabe exactamente qué sucedió allí, más allá de lo que describen los supuestos, incluyendo el descubrimiento basado en no se sabe qué razones, de que todo se debió a un sabotaje. La Fiscalía ha dicho esta semana que todavía se está en el proceso de investigación, por lo que habrá que seguir esperando. De igual manera, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sigue sin pronunciarse sobre la solicitud de amparo a favor de los habitantes que fueron afectados por la explosión.

Lo que no es un supuesto, sin embargo, sería que, definitivamente, allí no hubo mantenimiento preventivo y que después del accidente, no se han tomado medidas para evitar un nuevo accidente y que ahora el riesgo es mayor. De hecho,  Amuay es hoy, además, una empresa a merced de ciertos fenómenos naturales, luego de que una de las chimeneas del Conjunto de Refinación registrara un incendio recientemente, después que cayó sobre ella un rayo en medio de una tormenta eléctrica.

Hace poco más de un año, desde Formato del Futuro… las reflexiones giraron alrededor de lo que se percibía que pudiera suceder con el caso Amuay, después de lo que pasó con el deslave de Vargas y las posteriores justificaciones sobre lo que se dejó de hacer en el sitio:

“Y desde Vargas a Amuay, ¿cuántos han sido los casos, eventos, hechos que han terminado siendo portaestandartes de la misma conducta gubernamental, para convertirse después en olvido interesado, si acaso en huella imperecedera exclusiva para dolientes y/o afectados?.

Muchos han sido los casos. Sin duda alguna. Pero cada uno, indistintamente de su fuerza o gravedad, de igual manera, ocupan el lugar debido y correspondiente en la agenda de una sociedad que, mayoritariamente, ha comenzado a derrotar sus miedos, convencida como está de que hay que evitar la reedición del olvido de Vargas o la hoy pretendida minimización de lo que realmente ha sucedido en Amuay. Sobre todo, por la manera como se le ha estado usando desde un enfoque netamente propagandístico, a partir de la difusión de la especie de que allí no hubo nunca negligencia, indolencia o incompetencia. No. Todo se debió a la acción del viento paragüanero, que se  empeñó en imposibilitar la eficiente actuación de la gerencia petrolera en contra de las causas de lo que, una hora más tarde del momento cuando se les identificó, sin embargo, luego se convirtió en la generadora de la peor tragedia mundial que se ha registrado en un centro refinador de petróleo durante los últimos 25 años”.

Ante el caso de Vargas, en vista de que Corpovargas no pasó de ser otro de esos canales de trasvase de recursos que se generan en los momentos de tragedia, sin que luego se perciba en qué se usaron y a quiénes realmente beneficiaron,  hasta se llegó a insinuar la posibilidad de que ese estado, sencillamente, debía cerrar sus puertas y convertirse en un apéndice referencial caraqueño, de una zona destruida por un fenómeno natural. Pero los varguenses reaccionaron en contra de semejante posibilidad, y el resto de los venezolanos hizo causa común con ellos.

Desde luego, más allá de lo que hacen los medios, del dolor de quienes todo lo perdieron en el sitio  y del recuerdo imperecedero entre los sobrevivientes que hoy prefieren trabajar en Colombia, antes que exponer su vida a la eventual repetición de la tragedia, hay una interrogante que mueve el espíritu de muchos que se niegan a olvidar  lo sucedido: ¿qué hacer ante el caso Amuay?.

La subsiguiente abundancia de eventos que se han suscitado en la industria petrolera desde hace ya un año, a decir de sus propios trabajadores, es verdad, ha tenido la suficiente fuerza e importancia como para reducir a un simple recuerdo el caso Amuay. Pero a la propia industria y al país, mucho menos a los habitantes de la zona de Alí Primera en el estado Falcón, les interesa y conviene que semejante tragedia sólo sea, como Vargas, un caso referencial en los textos relacionados con similares casos petroleros del mundo.

Se podrán desentender del cumplimiento de sus responsabilidades, en cuanto a decir qué sucedió, cómo sucedió y quiénes son los responsables de que haya sucedido, aquellos funcionarios interesados en validar lo que supuestamente no aconteció, atendiendo a su desempeño de obediencia a la importancia de silenciar lo que ha sido un ruido mundial.

Sin embargo, alrededor del evento, sin duda alguna, no hay supuestos con tal fuerza autonómica, como para anular ese ruido citado. Mucho menos, para borrar de la mente de los miles de venezolanos que siguen viviendo en espacios aledaños a las múltiples instalaciones petroleras del país, que lo que se produjo el 25 de agosto del 2012 a la 01:12 minutos de la medianoche en el estado Falcón, es verdad, fue un accidente; no necesariamente el único en su tipo. Sobre todo, si  los llamados a evitarlo insisten en convertir cada observación, reclamo o alerta, en un simple motivo para cuestionarlo por provenir de personas interesadas en escandalizar.

En Amuay, no fue que supuestamente hubo un accidente hace un año. En Amuay hubo un accidente. Se produjo una tragedia, la peor en un siglo de actividades petroleras en Venezuela; la mayor en los últimos 25 años en la industria petrolera del mundo. Y eso es definitivamente grave. Inocultable. Comprometedoramente exigente en sus efectos y en la importancia de evitar que se repita.

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EGILDO LUJAN NAVA, CREANDO FONDOS CON GANANCIAS AJENAS, FORMATO DEL FUTURO…

En Venezuela, entre el 60 y el 75% del total de las ganancias que obtienen cada año las empresas privadas, están comprometidos con el pago al Estado de tributos e impuestos. De hecho, la cuantificación gremial privada arroja que las empresas locales le pagan al Estado y a distintos organismos oficiales centrales y descentralizados, 22 compromisos entre impuestos ordinarios y fondos parafiscales.

Desde luego, se trata de tributos que no guardan relación directa con el peor y más cruel de los impuestos que tiene que pagar la sociedad, la inflación. Pero que, indirectamente, sí lo hacen, al convertirse en un costo más, que luego pasará a incorporarse a la estructura que terminará determinando precios en bienes y la prestación de servicios.

Y esa es una realidad que, por supuesto, también conocen las autoridades, indistintamente de que se empeñen en condimentar argumentos administrativos con enfoques ideológicos, para entrar al terreno de los cuestionamientos emotivos de la renta, la plusvalía, y cuanto concepto sea engendrado en las nadas técnicas reuniones que se convoquen para discutir si proceden o no los necesarios ajustes de precios.

Ciertamente, no son públicas las reuniones  que, se supone, también se deben –o se deberían-  dar en las empresas públicas, cuando se trata de analizar costos y definir precios. Si bien el factor subsidio, esa especie de capitalización de mala gerencia y desvíos antiéticos de dineros del Estado, todo lo permiten y justifican. Pero lo que termina por convertirse en un componente discursivo útil de presuntos servidores públicos, para arremeter contra todo aquello que “castigue el bolsillo del pueblo”, ahora se vincula con la obligación de quien produce de convertir sus ganancias en un bien que pasa a ser objeto de pechaje forzoso, porque también así se “golpean” los enriquecimientos capitalistas.

Los tributos parafiscales en Venezuela, en verdad, han terminado por convertirse en una especie de “vacuna” empresarial, ya que se les justifica en su concepción, se les apuntala con un razonamiento almidonado para darle toque social, hasta que terminan convirtiéndose en miles de millones de bolívares que son administrados por manos desconocidas, sin controles de ningún tipo, ni mucho menos son objeto de seguimientos en función de resultados.

En el torneo de reproducción masiva de ministerios y despachos públicos que se ha dado en el país durante los últimos años, siempre hay tres elementos que se conciben en la estructura de las normas para justificar el funcionamiento de una determinada dependencia. Se trata de la constitución de una Superintendencia, la ampliación de la nómina pública y el nacimiento de un tributo parafiscal, cuando no multas al por mayor, fiscalizaciones de las más exquisitas variedades, y un gran montón de artículos encargados de llenar de amenazas punitivas cada espacio disponible, en contra de quienes osan no cumplir la norma, precisamente en un país cuya distinción más reconocida en materia legal, es el reinado de la impunidad.

En todo caso, en momentos cuando Venezuela flota sobre las más inverosímiles propuestas para atacar el delito de la corrupción, sorprende el nacimiento de una nueva Ley, en esta oportunidad la Orgánica de la Cultura, con su correspondiente tributo fiscal debajo del brazo, para hacer nacer y correr otro Fondo, financiado por las empresas privadas exitosas, bien gerenciadas y que terminan produciendo ganancias, para satisfacción de accionistas, trabajadores y el fisco.

Será el impuesto 23, que nacerá de lo que tendrán que aportar las empresas que obtengan utilidades anuales iguales o superiores a las 20.000 unidades tributarias, a pagar el 1% al Estado para proyectos del área, sin que sepa con base en qué criterio, respondiendo a qué principios, e ignorando el legítimo derecho a opinar y exigir la rendición de cuentas de parte de quienes serán los encargados de financiar gran parte de lo que ese ente haga, si es que lo hace.

¿Y la competitividad de las empresas y del país, en dónde queda en este juego de ambiciones , pretensiones y dispendio de dinero ajeno?. ¿A qué inversionista privado de capital nacional o internacional se le puede convencer  para que emprenda en suelo venezolano, genere riqueza y estimule la multiplicación de fuentes dignas y decentes de trabajo?.

Lo peor de lo peor en el medio de estas incongruencias entre acciones contra la corrupción  y la insistente multiplicación de entes públicos que no tienen dolientes ni entregan cuentas, es que la mayoría de cada una de las responsabilidades públicas a las que se les destina dinero por la vía del situado constitucional, hoy lucen irreconocibles por sus peores rostros y antihumanas condiciones de funcionamiento y atención a la ciudadanía. ¿Acaso están a la espera de que también les inventen un tributo parafiscal que les resuelva el futuro?.

Un buen marcador o  termómetro a nivel mundial que indica, el nivel de desarrollo de cualquier Pais en la tierra, es el nivel de dependencia económica, control y bienestar que tienen los ciudadanos de sus respectivos Gobiernos. A mayor dependencia y control, mayor nivel de atraso y pobreza tendrá el Pais, a menor dependencia ciudadana del Gobierno, mayor nivel de vida y desarrollo tendrán sus ciudadanos. Otro factor de consideración  o grave preocupación, es cuando se observa un Pais, donde los funcionarios públicos se comienzan a expresar sin recato, impúdica y soezmente, como dueños de la única verdad, sancionando o descalificando a cualquier ciudadano sin que este  tenga ninguna institución o Poder publico que lo proteja con segura imparcialidad. 

Se olvida que " TANTO DA EL AGUA AL CÁNTARO, HASTA QUE SE REVIENTA " 

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