EGILDO LUJAN NAVAS, DEDOCRACIA CON TARJETA ÚNICA NO PEGA

No pega. Es verdad. Y es lo que se escucha, analiza y cuestiona, después del sacrificio y protesta que promovió casi un centenar de venezolanos al declararse en huelga de hambre, con roles sociales diversos, pero conscientes de los riesgos e implicaciones que ello representaba para su vida de hoy, para la esperanza de vida de mañana.

Los protagonistas fueron especialmente estudiantes, y quienes en abierta solidaridad con sus compañeros injustamente encarcelados por causas que permite la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero calificados de delitos, reclamaron su derecho –también constitucional-  a disentir, a protestar y, desde luego, a reclamar libertad.

De ellos, hay que mencionar a los dirigentes políticos Daniel Ceballos y Leopoldo López. Líderes políticos encarcelados junto a otros tantos y por la misma causa; inculpados sin pruebas y mucho menos a ser enjuiciados con base en un justo proceso legal ajustado a derecho. Sus derechos humanos, también como el de muchos otros, sencillamente, no contaron ni cuentan. Lo que sí se manifiesta con plena autonomía en dicho entorno, es la impune y  flagrante violación de esos mismos derechos, tal y como se entienden y aprecian universalmente.

En un ambiente como ese, era inevitable que, después de aceptar finalmente la verdad de los hechos, y por la presión social y política nacional e internacional que semejante situación ha provocado, el Gobierno venezolano se hubiera visto forzado a dejar en libertad a algunos muchachos.  La esperanza general es la de que  liberen a todos los que siguen en los calabozos de diversas cárceles venezolanas. Asimismo, que aquellos que tampoco están ya en huelga de hambre, como es el caso de  López y de Ceballos, tengan posibilidades de ejercer el derecho constitucional a salir en libertad o, al menos, que se les enjuicie de acuerdo a la transparencia de los procedimientos jurídicos, para que sepan a qué atenerse.

El Gobierno, obviamente, aún no acepta que la democrática y civilizada protesta se tradujo en el logro de la necesaria respuesta, relacionada con la fijación de la fecha de las elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre del 2015. Asimismo, que dicha actitud fue acompañada desde la Mesa de la Unidad Democrática por un exhorto partidista mayoritario, a favor de la protesta de participar en dichos comicios con la identificación de una tarjeta única de la alternativa del pluralismo partidista.

Sin embargo, a la alternativa democrática le corresponde ahora validar, con trabajo organizativo y perseverancia institucional, la alternativa victoriosa que le ofrece una sociedad decepcionada de la gestión gubernamental; también, por supuesto, convencer a los escépticos de la importancia de vivir en Democracia, y que el llamado al socialismo no pasó de ser un fraude más convertido en ruina, pobreza y miseria.

La alternativa democrática no le debe temer a los eventuales efectos positivos en los que se pudiera traducir su iniciativa de presentar un frente único contra el régimen, para rescatar la Democracia como forma de vida  en Venezuela. Políticamente, es una acción acertada. Pero a esa misma expresión multipartidista también le corresponde deslindarse de sus desafortunados y costosos vicios procedimentales, como son, entre otros, la recurrencia sistemática al uso de mordazas o de chaquetas de fuerza, para que  el resto de las organizaciones partidistas no representadas en la Mesa de la Unidad Democrática, sencillamente, terminen arrinconadas, excluidas y desechadas, aun siendo expresiones organizadas con potencialidad expansiva.

De cara a la calle, en donde la población se manifiesta mayoritariamente en contra de una gestión administrativa fracasada, y  considera que el uso del castigo lo representa la alternativa opositora, el mensaje unitario pone sobre el tapete la utilidad de convertir al pragmatismo electoral en una justificación para  que unos pocos decidan por la mayoría.

No obstante, eso no borra lo que la hegemonía grupal ha hecho sentir con su fuerza y su capricho: en donde se utilizó la “dedocracia” para escoger a la mayoría de los candidatos que competirán en las próximas elecciones parlamentarias, hoy nadie puede negar que la selección entre números de antiguos votantes, presunto arraigo grupal y la imposición de los grupos conductores de los partidos, también se tradujo en algo peligrosamente indeseable. Y eso no es otra cosa que  la voluntaria, consciente y costosa apelación a desechar candidatos con máximas calificaciones regionales, de comprobado arraigo y posibilidades de triunfo, para imponer personas sin chance electoralmente, o que no pasan de ser verdaderos fantasmas políticos en esos sitios, al no ser siquiera oriundos de la región.

Para ganar las elecciones, limpia y democráticamente y en momentos cuando la mayoría -según todas las encuestas profesionales- penalizan al Gobierno por su mala y equivocada gestión, la Mesa de la Unidad Democrática  debe llamar a un verdadero consenso nacional de todos los partidos opositores, para reacomodar el tablero electoral. Y hacerlo estableciendo el cumplimiento de condiciones mínimas para ser candidatos, como son: nacidos en la región, comprobada previa gestión ética en el desempeño de responsabilidades partidistas y administrativas; formación administrativa; verdadera popularidad; certificación pública de trabajo productivo a nivel parlamentario, en el caso de los llamados a reelecciones,  entre otras.

El venezolano que piensa y vota, ya no quiere seguir viviendo entre componendas, amiguismos, y solidaridades automáticas a nivel político. Lo que él quiere, es: honestidad, eficiencia, imparcialidad y, sobre todo, tener la posibilidad de comprobar, a partir de una verdadera presentación de cuentas de parte de los que viven del oficio de la política, de la cierta identidad afectiva del burócrata con el país. Y eso, definitivamente, tiene que ser una máxima para todos y cada uno de los candidatos que opten por cualquier puesto público.

Hay que darle punto final al “camburismo” rentista, para impedir que Venezuela -como lo es para muchos- siga siendo un botín, y no el país que necesita, exige y clama por servidores acordes con una población ansiosa de vivir en un ambiente de bienestar social. Cuando eso suceda, sin duda alguna, se evitaría la aparición de esa capciosa andanada de candidatos por su cuenta, de paso, debilitando las posibilidades ganadoras de la verdadera oposición democrática.

Para que eso suceda, bastaría con leer e internalizar lo que destaca el  Artículo 67 de la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezolana, la cual dice: "Todos los ciudadanos ( as ) tienen el derecho de asociarse con los fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. SUS ORGANISMOS DE DIRECCIÓN Y SUS CANDIDATOS(as) A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR SERÁN SELECCIONADOS (as) EN ELECCIONES INTERNAS CON LA PARTICIPACIÓN DE SUS INTEGRANTES". Se trata de una clara descripción principista  que no deja lugar a dudas, sobre  cómo es que deben seleccionarse los candidatos. Y, desde luego, por qué puede ser problemático y controversial no tomar dicho contenido en consideración.

Todavía hay tiempo para la corrección, y de construir una verdadera alianza perfecta;  sin ventajismos, ni derechos arbitrariamente adquiridos. Hay que seleccionar a quienes gozan realmente de la calificación de “mejores”. ¡Basta de torneos de ambiciones personales¡. Y eso incluye, desde luego, la escogencia y participación de los testigos de Mesas y Coordinadores Partidistas por centros de votación. Si de lo que se trata es de obtener una victoria contundente e inobjetable, entonces, de la ya cuestionable “dedocracia”, hay que pasar a la sincera apertura de vías para la participación de aquellos que sí pueden garantizar un triunfo seguro.

Egildo Lujan Navas

egildolujan@gmail.com

@egildolujan

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