No pega. Es verdad. Y es lo que se escucha, analiza y
cuestiona, después del sacrificio y protesta que promovió casi un centenar de
venezolanos al declararse en huelga de hambre, con roles sociales diversos,
pero conscientes de los riesgos e implicaciones que ello representaba para su
vida de hoy, para la esperanza de vida de mañana.
Los protagonistas fueron especialmente estudiantes, y
quienes en abierta solidaridad con sus compañeros injustamente encarcelados por
causas que permite la vigente Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, pero calificados de delitos, reclamaron su derecho –también
constitucional- a disentir, a protestar
y, desde luego, a reclamar libertad.
De ellos, hay que mencionar a los dirigentes políticos
Daniel Ceballos y Leopoldo López. Líderes políticos encarcelados junto a otros
tantos y por la misma causa; inculpados sin pruebas y mucho menos a ser
enjuiciados con base en un justo proceso legal ajustado a derecho. Sus derechos
humanos, también como el de muchos otros, sencillamente, no contaron ni
cuentan. Lo que sí se manifiesta con plena autonomía en dicho entorno, es la
impune y flagrante violación de esos
mismos derechos, tal y como se entienden y aprecian universalmente.
En un ambiente como ese, era inevitable que, después de
aceptar finalmente la verdad de los hechos, y por la presión social y política
nacional e internacional que semejante situación ha provocado, el Gobierno
venezolano se hubiera visto forzado a dejar en libertad a algunos
muchachos. La esperanza general es la de
que liberen a todos los que siguen en
los calabozos de diversas cárceles venezolanas. Asimismo, que aquellos que
tampoco están ya en huelga de hambre, como es el caso de López y de Ceballos, tengan posibilidades de
ejercer el derecho constitucional a salir en libertad o, al menos, que se les
enjuicie de acuerdo a la transparencia de los procedimientos jurídicos, para
que sepan a qué atenerse.
El Gobierno, obviamente, aún no acepta que la democrática
y civilizada protesta se tradujo en el logro de la necesaria respuesta,
relacionada con la fijación de la fecha de las elecciones parlamentarias para
el 6 de diciembre del 2015. Asimismo, que dicha actitud fue acompañada desde la
Mesa de la Unidad Democrática por un exhorto partidista mayoritario, a favor de
la protesta de participar en dichos comicios con la identificación de una
tarjeta única de la alternativa del pluralismo partidista.
Sin embargo, a la alternativa democrática le corresponde
ahora validar, con trabajo organizativo y perseverancia institucional, la
alternativa victoriosa que le ofrece una sociedad decepcionada de la gestión
gubernamental; también, por supuesto, convencer a los escépticos de la
importancia de vivir en Democracia, y que el llamado al socialismo no pasó de
ser un fraude más convertido en ruina, pobreza y miseria.
La alternativa democrática no le debe temer a los
eventuales efectos positivos en los que se pudiera traducir su iniciativa de
presentar un frente único contra el régimen, para rescatar la Democracia como
forma de vida en Venezuela.
Políticamente, es una acción acertada. Pero a esa misma expresión
multipartidista también le corresponde deslindarse de sus desafortunados y
costosos vicios procedimentales, como son, entre otros, la recurrencia
sistemática al uso de mordazas o de chaquetas de fuerza, para que el resto de las organizaciones partidistas no
representadas en la Mesa de la Unidad Democrática, sencillamente, terminen
arrinconadas, excluidas y desechadas, aun siendo expresiones organizadas con
potencialidad expansiva.
De cara a la calle, en donde la población se manifiesta
mayoritariamente en contra de una gestión administrativa fracasada, y considera que el uso del castigo lo
representa la alternativa opositora, el mensaje unitario pone sobre el tapete
la utilidad de convertir al pragmatismo electoral en una justificación
para que unos pocos decidan por la mayoría.
No obstante, eso no borra lo que la hegemonía grupal ha
hecho sentir con su fuerza y su capricho: en donde se utilizó la “dedocracia”
para escoger a la mayoría de los candidatos que competirán en las próximas
elecciones parlamentarias, hoy nadie puede negar que la selección entre números
de antiguos votantes, presunto arraigo grupal y la imposición de los grupos
conductores de los partidos, también se tradujo en algo peligrosamente
indeseable. Y eso no es otra cosa que la
voluntaria, consciente y costosa apelación a desechar candidatos con máximas
calificaciones regionales, de comprobado arraigo y posibilidades de triunfo,
para imponer personas sin chance electoralmente, o que no pasan de ser
verdaderos fantasmas políticos en esos sitios, al no ser siquiera oriundos de
la región.
Para ganar las elecciones, limpia y democráticamente y en
momentos cuando la mayoría -según todas las encuestas profesionales- penalizan
al Gobierno por su mala y equivocada gestión, la Mesa de la Unidad
Democrática debe llamar a un verdadero
consenso nacional de todos los partidos opositores, para reacomodar el tablero
electoral. Y hacerlo estableciendo el cumplimiento de condiciones mínimas para
ser candidatos, como son: nacidos en la región, comprobada previa gestión ética
en el desempeño de responsabilidades partidistas y administrativas; formación
administrativa; verdadera popularidad; certificación pública de trabajo
productivo a nivel parlamentario, en el caso de los llamados a
reelecciones, entre otras.
El venezolano que piensa y vota, ya no quiere seguir
viviendo entre componendas, amiguismos, y solidaridades automáticas a nivel
político. Lo que él quiere, es: honestidad, eficiencia, imparcialidad y, sobre
todo, tener la posibilidad de comprobar, a partir de una verdadera presentación
de cuentas de parte de los que viven del oficio de la política, de la cierta
identidad afectiva del burócrata con el país. Y eso, definitivamente, tiene que
ser una máxima para todos y cada uno de los candidatos que opten por cualquier
puesto público.
Hay que darle punto final al “camburismo” rentista, para
impedir que Venezuela -como lo es para muchos- siga siendo un botín, y no el
país que necesita, exige y clama por servidores acordes con una población
ansiosa de vivir en un ambiente de bienestar social. Cuando eso suceda, sin
duda alguna, se evitaría la aparición de esa capciosa andanada de candidatos
por su cuenta, de paso, debilitando las posibilidades ganadoras de la verdadera
oposición democrática.
Para que eso suceda, bastaría con leer e internalizar lo
que destaca el Artículo 67 de la vigente
Constitución de la República Bolivariana de Venezolana, la cual dice:
"Todos los ciudadanos ( as ) tienen el derecho de asociarse con los fines
políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección.
SUS ORGANISMOS DE DIRECCIÓN Y SUS CANDIDATOS(as) A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR
SERÁN SELECCIONADOS (as) EN ELECCIONES INTERNAS CON LA PARTICIPACIÓN DE SUS
INTEGRANTES". Se trata de una clara descripción principista que no deja lugar a dudas, sobre cómo es que deben seleccionarse los
candidatos. Y, desde luego, por qué puede ser problemático y controversial no
tomar dicho contenido en consideración.
Todavía hay tiempo para la corrección, y de construir una
verdadera alianza perfecta; sin ventajismos,
ni derechos arbitrariamente adquiridos. Hay que seleccionar a quienes gozan
realmente de la calificación de “mejores”. ¡Basta de torneos de ambiciones
personales¡. Y eso incluye, desde luego, la escogencia y participación de los
testigos de Mesas y Coordinadores Partidistas por centros de votación. Si de lo
que se trata es de obtener una victoria contundente e inobjetable, entonces, de
la ya cuestionable “dedocracia”, hay que pasar a la sincera apertura de vías
para la participación de aquellos que sí pueden garantizar un triunfo seguro.
Egildo Lujan Navas
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