DARIO ACEVEDO CARMONA, ¡JUSTICI, JUSTICIA!, DESDE COLOMBIA

El escándalo de corrupción que afecta a la Justicia colombiana y a los altos magistrados, ha llegado, aunque con retraso, a la que se consideraba la más impoluta de todas las cortes, la Constitucional.

La relación de hechos dolosos en que se han visto involucrados varios de los miembros de esta corporación deja un sabor demasiado amargo y desesperanzador en el ya decaído ánimo de los colombianos con el tercer poder.

Más de una cosa anda mal en las esferas de la Justicia. En términos generales las malas prácticas están relacionadas con su creciente intervención en política cuyo clímax se presentó en la disputa entre el gobierno Uribe y la Corte Suprema. La facultad nominadora de los magistrados en el nombramiento de altos dignatarios públicos ha generado una vasta red de intercambio de favores, clientelismo, nepotismo, carruseles, rotación de poderes. La permisibilidad con el nefasto lobismo agenciado por quienes después de cumplir su periodo aprovechan las relaciones establecidas para tramitar querellas.

Urge una profunda cirugía a todo el sistema judicial colombiano para volver a ponerle la venda en los ojos y la balanza y la espada en las manos, de tal forma que las cortes, los tribunales, los magistrados y los jueces se pronuncien a través de sentencias dejando de lado sus inclinaciones ideológicas y sus ambiciones de poder, dinero y figuración en los medios.

Una tarea de esta dimensión requiere análisis ponderado, sindéresis, experticia jurídica, equilibrio y sensatez política. En todo caso, nada que sea similar al bárbaro sistema del linchamiento mediático o medidas sacrificiales extremas como la propuesta de Ramiro Bejarano de revocar todas las cortes que nos precipitaría al vacío jurídico y le haría juego a la constituyente de las FARC. La lógica de Bejarano conduce a matar al paciente para curar la enfermedad.

Con el sistema judicial en general, con las cortes y sus miembros en particular, no se puede proceder a la ligera. Que investiguen y juzguen a Jorge Pretelt y a quien sea menester, Colombia entera reclama justicia al más alto nivel, sin esguinces, sin favorecimientos, para todos los implicados por igual, pero, sin violar el debido proceso.

Lo que puede distorsionar el proceder de la Justicia es el intento oportunista de algunos columnistas que utilizan el caso Pretelt para refirmar odios políticos y sesgos ideológicos sobre personas, instituciones y vínculos familiares, sin justificación. Cito por ejemplo escritos de Cecilia Orozco Tascón y Juan Esteban Lewin.  

Orozco Tascón, por ejemplo, se dejó llevar por su sentimiento antiuribista, al asociar, sin motivo, el magistrado Pretelt con el expresidente Uribe. Se refirió al departamento de Córdoba como tierra de paramilitares y deslizó un prejuicio comunista según el cual tener propiedades rurales es signo de atraso y violencia: “ese personaje oscuro (Pretelt) que logró penetrar la cumbre judicial de la mano de su amigo Álvaro Uribe, a quien desde entonces apoyaba en la Córdoba de territorios paramilitares en donde, por cierto, ambos poseen propiedades rurales…” (El Espectador 3/03/2015).

En idéntico sentido, en el portal La Silla Vacía, Lewin se despachó contra Pretelt escribiendo un perfil en el que también sin pertinencia, alude a su padre, dirigente de la línea alvarista del conservatismo y a su amistad con el expresidente Uribe. Refriega a sus lectores el extendido prejuicio de que ser propietario de tierras y ganadero es sinónimo de oprobio y despojo, e insinúa que haber sido postulado por Uribe a la Constitucional y haberlo posesionado es motivo de sospecha. Si aceptáramos un manto de duda sobre todos los nombramientos y homenajes realizados por el expresidente, habría que extenderlo a la nominación y apoyo a Carlos Gaviria cuando le rindió homenaje siendo gobernador o cuando siendo senador le dio  su voto para integrar la Corte Constitucional.

Lewin, extiende la insidia a su militancia en el partido conservador: “Jorge Ignacio Pretelt Chaljub llegó a magistrado de la Corte Constitucional en 2009 tras ser nominado por Álvaro Uribe… El ex congresista Pretelt Torres (El papá) siempre hizo política en el ala laureanista y luego alvarista del conservatismo… Además de político, el papá del magistrado fue ganadero y terrateniente. Esa faceta lo llevó a conocer a Álvaro Uribe hacia 1990, relación que se convirtió en una amistad… Pretelt se ha perfilado en la Corte como un magistrado que defiende posiciones conservadoras y uribista”.

Sin duda hay una intención malévola en ese estilo tendencioso de enredar a otras personas e instancias que no tienen relación directa con los hechos que se están denunciando.

Por venir de quien viene, me parece que haría mucho bien a quienes confunden el oficio de periodista con la militancia o con sus obsesiones, reflexionar sobre lo expresado por Carlos Gaviria en entrevista concedida a Orozco Tascón. Cuando ella le pregunta por el rol de los medios en el caso Pretelt y la Constitucional, respondió: “Los medios de comunicación son imprescindibles en su tarea crítica y de denuncia pero no pueden sustituir a los jueces en su función. Y es evidente que a menudo lo hacen, sin disponer de los elementos de juicio de que sí disponen los operadores de la justicia. Esa distorsión puede convertirse en un ingrediente de presión altamente dañino pues el temor a ser satanizado, puede hacer perder a los jueces y fiscales la ecuanimidad e independencia con que deben actuar.” (El Espectador 7/03/2015).

Ruben Dario Acevedo Carmona

rdaceved@unal.edu.co

@darioacevedoc

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DARIO ACEVEDO, ASIMETRÍAS JUDICIALES Y HUMANITARIAS. CASO COLOMBIA

En materia de derechos humanos y aplicación de justicia a políticos relacionados con grupos armados ilegales reina la asimetría y la incoherencia. Un claro ejemplo lo acaba de dar la Corte Suprema de Justicia al entrar, al parecer, en una nueva ronda de detenciones y enjuiciamientos de congresistas y funcionarios del estado acusados de tener nexos orgánicos con grupos paramilitares. 

Está muy bien que se investigue y castigue a quienes han deshonrado a este país y a sus instituciones. Se entiende, se comprende y hay que apoyar a la Justicia en su empeño de sancionar a aquellos sobre los que recaen denuncias con evidencias sólidas. La infiltración paramilitar en varios órganos del estado tuvo dimensiones escandalosas.

La opinión ha mirado con simpatía el proceder de la Suprema, sin embargo, la satisfacción sería mayor y más plena si a la vez, la Corte realizara con el mismo vigor y rigor las investigaciones que se derivan de las relaciones, evidentes, orgánicas e ideológicas entre grupos guerrilleros y dirigentes políticos, algunos de ellos empleados públicos. La información hallada en los computadores decomisados a los jefes guerrilleros, las delaciones, la labor de inteligencia de la fuerza pública, como también, suponemos, la que aún no ha sido develada, configura un apreciable volumen de pruebas e indicios que es preciso investigar y de ser el caso enjuiciar. Hay suficiente evidencia de nexos de personas y grupos de izquierda con las guerrillas que se dieron al calor de la idea de que era legítimo impulsarla combinación de todas las formas de lucha.

La Justicia no se puede quitar la venda de los ojos. Negarse a abrir los expedientes de la farc-elenopolítica no contribuye al establecimiento de la verdad ni a la reconciliación. Por el contrario, sirve a la oscura percepción de que las guerrillas colombianas actúan motivadas por ideales altruistas, que sirve de manto para el ocultamiento de crímenes nefandos de guerra y de lesa humanidad cometidos en nombre del pueblo.

Por otra parte, la asimetría en materia de vigilancia y denuncias de violaciones a los Derechos Humanos es fácilmente detectable en el accionar de muchas ONGs y colectivos de abogados que, por principio, sólo se fijan en las violaciones o infracciones cometidas por agentes del estado. Aquí la mirada bizca nace como flor silvestre. Sólo el estado, según su sesgado punto de vista, es el responsable por la violación de estos derechos. En sus cuentas nunca aparecen los crímenes de las guerrillas. ¿Por qué? Entre otras razones es de resaltar la que tiene que ver con una visión acomodada y restringida acerca de quiénes pueden ser imputables en este campo. En tiempos pasados se consideraba, y esto se aplicó por muchas décadas, que era el estado, como alta parte contratante de los convenios de defensa de los Derechos Humanos, el único sujeto imputable de responsabilidad y sanciones por acción u omisión. Lo dicen representantes visibles de estas organizaciones para las que las guerrillas no pueden responder ni por crímenes de guerra contemplados en el derecho internacional humanitario, dizque porque no son parte contratante o firmante de los convenios ni son un estado.

Estas organizaciones y sus dirigentes ocultan a la opinión pública los contenidos filosóficos que sustentaron la creación de la Corte Penal Internacional en 1998 con el Estatuto de Roma en el que quedó estipulado que no son solamente los estados sino también los individuos y grupos políticos en armas que dicen luchar por ideales altruistas los que pueden ser investigados por infracciones a los Derechos Humanos y al derecho internacional humanitario. Los Cepeda, las Córdoba, los Valencia, los Colectivos, los grupos intereclesiales, las Comisiones de juristas y muchos columnistas progresistas y de izquierda solo tienen ojos para mirar y poner en entredicho, siempre, al estado colombiano, mientras invisibilizan o minimizan los vejámenes de las guerrillas. Por eso nunca los hemos visto ni veremos clamar justicia por los desmanes de las “altruistas” guerrillas.

Lo que está sucediendo con el caso del Palacio de Justicia y la demanda en la que intervendrá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es muy ilustrativo. Para los que siempre condenan al estado y a sus agentes, que el estado asuma la estrategia de defenderse negando aquello de lo cual es acusado, es improcedente y condenable. Lo justo y lógico es partir de reconocer la culpa y la responsabilidad. Como si el estado fuese una entidad al margen de los miembros de la sociedad, una inmensa caja en la que cabe todo, como si sus recursos no fuesen los que aportamos los ciudadanos con los impuestos, como si se tratara de un bolsillo ajeno o una vara de premios, una entidad abstracta, estos señorones de los Derechos Humanos, nos convierten a todos los que conformamos el estado en responsables y nos imponen penas vergonzosas y multas multimillonarias de las que  a ellos corresponden comisiones entre un 30 y 35%.

Nunca los veremos pleiteando contra las guerrillas por el secuestro de miles de empresarios del agro, por la muerte de sindicalistas acusados de derechistas, por el arrasamiento de pueblos pobres, por la contaminación del medio ambiente con sus voladuras a los oleoductos, por el reclutamiento de niños, por la destrucción de bienes civiles. Tienen la fórmula: el estado es culpable de todo, por no haber realizado el progreso y la justicia social para que no existieran causas objetivas del levantamiento armado.

No hay simetría cuando el peso de la culpa de todo lo ocurrido en la toma del Palacio de Justicia se derrama sobre el estado y algunos de sus agentes y a la vez se silencia la del grupo que entró echando tiros a diestra y siniestra y matando a sangre fría a visitantes, empleados y magistrados del palacio.

No hay simetría cuando se afirma que el proceso de paz con los paramilitares fue demasiado blando en las penas impuestas a responsables de crímenes horrendos (8 años de prisión y cero favorabilidad política) mientras se pide y se exige que para los comandantes guerrilleros no haya cárcel y además se les abra la oportunidad de llegar al congreso, como si los crímenes de estos fuesen simples infracciones de tránsito.

Dario Acevedo

rdaceved@gmail.com

@darioacevedoc

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