DARIO ACEVEDO CARMONA, EL GOLPE DE ESTADO Y LA TRANSICIÓN, DESDE COLOMBIA

Para entender lo que está sucediendo y lo que puede llegar a suceder en los próximos meses y años es indispensable echarle una mirada a la conferencia pronunciada por el Alto Comisionado de Paz, el filósofo Sergio Jaramillo, pronunciada en mayo de 2013 en la Universidad Externado.

Desde su propio título “La transición en Colombia”, que resume la concepción, el método y los pasos a dar durante las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC y el “posconflicto”, queda abierto el espacio a la incertidumbre y a la duda.

Según el Alto Comisionado, se dieron cinco pasos para aclimatar la negociación: 1. Reconocimiento  de la existencia de “un conflicto armado interno”. 2. Expedición de la Ley de Víctimas, que ubicó el centro de la reparación de millones de víctimas en el Estado. 3. Creación de “un entorno internacional favorable” desde el que se justificó la presencia de Venezuela como garante y a Cuba como sede de los diálogos. 4. Creación de un espacio legal para la aplicación de la Justicia Transicional y 5. “Armar un proceso metódico para llegar a la paz” pues la terminación del conflicto dará lugar a “a una fase de construcción de paz, es decir a una fase de transición.” Ya que “Una cosa es firmar un acuerdo que formalmente ponga fin al conflicto, y otra es la fase posterior de construcción de la paz”.

Desde el comienzo, pues, la filosofía gubernamental para la negociación entregó, sin ni siquiera un cese unilateral del fuego como contrapartida, una serie de posiciones de gran trascendencia: estatus de igualdad, reconocimiento de un conflicto armado, países amigos de las guerrillas, una ley marco previa a acuerdos que les permitió, sin discusión, saber hasta dónde podría ser laxo el gobierno, y, la adopción de la idea determinista y mecanicista, pregonada por las guerrillas, que explica “el alzamiento armado” como consecuencia de injusticias sociales y de la exclusión política, que deben ser enmendadas a través de reformas profundas (hay que “refundar el Estado” dijo Timochenko). Y como esas reformas se toman su tiempo, la paz, solo podrá ser tal, cuando hayan tenido resultados positivos. Eso es factible en un marco temporal al que nuestro generoso filósofo, denominó “la transición”.

Todos los acuerdos firmados hasta ahora y los que han quedado pendientes para ser abordados por el “congresito” o “comisión legislativa”, se corresponden con la Agenda de cinco puntos que se firmó con las FARC. El gobierno pretendió, inútilmente, convencernos de que en ese temario no cabrían asuntos de la Agenda Nacional ni cambios a la Constitución Nacional. Los hechos son tozudos y nos demuestran que mientras el Presidente y sus negociadores  se desgañitan aclarando que nada extraordinario ni anómalo se va a firmar, lo cierto del caso es que sí se está procediendo desde una lógica peligrosa que va en contra de la institucionalidad y de la sistemática expresión mayoritaria de los colombianos.

De manera que, la filosofía de la negociación se desveló como una filosofía de la concesión, del entreguismo y de la complacencia con las guerrillas, a partir del hecho discursivo más trascendental y arriesgado de todo el proceso: igualarnos con una guerrilla a punto de ser derrotada que no representa los intereses de ningún sector de la sociedad, y, otorgarle legitimidad, razón moral y validez al discurso guerrillero de las “causas objetivas” y por ende a que el Estado “pague la deuda social” con el agro , como si las guerrillas fuesen la voz del campesinado.

El pueblo colombiano, pues, según Jaramillo, está pagando una culpa, nos merecemos la suerte que corremos y hay que estar dispuestos a hacer sacrificios inenarrables para darles gusto a las guerrillas y poder convivir en paz. Es lo que se desprende de considerar que su lucha armada, con sus crímenes atroces, ha tenido y tiene razón de ser.

La noción de transición, se refiere a un periodo de tiempo -“10 años”- cedido, regalado, es decir, una década bajo el ojo escrutador de los jefes de las guerrillas ocupando puestos en el Congreso, movilizando las masas, estimulando las protestas sociales y exigiéndole a la “oligarquía” el cumplimiento de los acuerdos y que la transición se extienda otros 10 años.

Pero, el aspecto más inquietante de esta filosofía es el espíritu golpista que subyace en la idea de la “excepcionalidad”. Según esta perturbadora noción “Los efectos de 50 años de conflicto no se pueden reversar funcionando en la normalidad”. Y, ¡OJO!: “Tenemos que redoblar esfuerzos y echar mano de todo tipo de medidas y mecanismos de excepción: medidas jurídicas, recursos extraordinarios, instituciones nuevas… que trabajen intensamente en el terreno para lograr las metas de la transición”. Aquí está pues, el núcleo de una filosofía golpista que hace trizas nuestro ordenamiento legal, que arrasa con la convivencia alcanzada por las más importantes fuerzas políticas y sociales del país y que ofrece la Constitución como postre.

Abran sus ojos señores empresarios, tomen nota dirigentes de los partidos que aún sienten algo de estima por lo que nos rige y recapacite el alto clero que traga sapos sin vomitarlos. No es cosa nimia decir que no se puede “reversar el conflicto funcionando en la normalidad”. ¿Acaso no es clara la relación directa y estrecha entre este esperpento inconstitucional y el proyecto de ley que otorgaría poderes excepcionales al presidente Santos?

Diez años funcionando en la “excepcionalidad”, con “instituciones nuevas” y “recursos extraordinarios” y “medidas jurídicas” ¿no es la manera taimada de esconder que la Constitución de Colombia va a ser sustituida? ¿No es el “Congresito” o “Comisión Legislativa” una institución “nueva” que suplanta al lento y dudoso Congreso de la República que “trabajará intensamente” sin trabas ni tropiezos, con mayoría simple en pro de hacer reales los acuerdos de La Habana?

¿No giran los acuerdos de La Habana sobre temas de orden constitucional que dejan bajo la esfera presidencial asuntos cruciales como por ejemplo: cárcel para responsables de delitos atroces, la entrega de armas, reformas a la propiedad agraria, amnistía e indulto a comandantes, reparación a las víctimas de sus crímenes, creación de las mil y una comisiones que enredarán el país en una maraña burocrática, participación y elegibilidad política de los autores de crímenes atroces y otorgamiento de curules en el congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales?

A la sombra de esos parámetros es que el Fiscal desliza sus exabruptos jurídicos, los congresistas enmermelados justifican el golpe de estado y el nuevo minDefensa nos asusta con silencios que huelen a cobardía.

Inspirado en la filosofía de la “transición” el proyecto de “poderes especiales” para el Presidente se asemeja a tener un cuchillo en la yugular. Ese poderosísimo instrumento, en manos de un presidente que deshonra la promesa de someter los acuerdos a refrendación popular al afirmar que eso “sería un suicidio”, es una auténtica amenaza contra la democracia.

Si quieren imaginar la situación que nos espera si no hacemos algo por evitar que se produzca este Golpe de Estado en ciernes, no hay que hacer mayor esfuerzo, miremos la caótica y deplorable situación de Venezuela.

Ruben Dario Acevedo Carmona

rdaceved@unal.edu.co

@darioacevedoc

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JESÚS ANTONIO PETIT DA COSTA, TRANSICIÓN A LA VENEZOLANA EN DOS PASOS

El primero sería liberarnos de Cuba repitiendo el 19 de abril y el segundo repetir el 5 de julio, doscientos años después, con el restablecimiento de la vigencia efectiva  de la Constitución de 1961 que disolvería la administración colonial.

Es imposible aquí la transición a la española o a la chilena porque nuestra realidad es diferente. La España de Franco y el Chile de Pinochet no eran protectorados de otro país como lo es Venezuela de Cuba. España y Chile eran entonces, y siguen siendo, países soberanos. En cambio, la Venezuela actual (Cubazuela) carece de soberanía. Es un protectorado de Cuba. Franco y Pinochet no eran títeres de una potencia extranjera. En cambio, Maduro y su gobierno son títeres de Cuba. Y al serlo condicionan toda la estructura institucional, haciéndola partícipe de esta subordinación.

Por vía del gobierno títere, que concentra el poder como toda tiranía, todos los órganos de los poderes públicos están subordinados a Cuba, a la cual sirven. Forman la administración colonial que obedece las órdenes de la monarquía comunista cubana, que ha destacado aquí a dos jerarcas para ejercer el poder en la sombra: Ramiro Valdés y Orlando Borrego. Son los que mandan por delegación de los Castro.

La transición venezolana tendrá que ser distinta a la española y a la chilena, porque primero tenemos que independizarnos de Cuba recuperando la soberanía. El paso inicial sería repetir el 19 de abril de 1810 haciendo renunciar a Maduro como entonces los libertadores hicieron renunciar a Emparam, lo que se complementaría con la expulsión de los agentes de la monarquía comunista cubana. Y, el paso siguiente, sería asumir de inmediato la soberanía restableciendo la vigencia de la Constitución de 1961, que sería la nueva Declaración de Independencia por su efecto fulminante: la disolución de los poderes públicos que forman la administración colonial de Cubazuela, sirviente de Cuba, y la reinstalación de los poderes públicos de la Venezuela soberana. No hacerlo y seguir aplicando la Constitución del 99, que ha resultado ser un estatuto colonial impuesto por el Golpe de Estado continuado y sistemático iniciado ese año para cederle la soberanía a Cuba, frustraría la transición a la democracia.

Si no se da el “contragolpe constitucional” ordenado por la Constitución del 61 en el Art. 250, todo se vendría abajo. Lo derrumbaría la cúpula judicial.

Téngase presente que, a diferencia de las dictaduras anteriores, estamos frente a una cúpula judicial ideologizada, que ha hecho profesión de fe “socialista y chavista” y cuyos actos públicos y sentencias son descaradamente políticos. No cabe esperar entonces que adopte una actitud de neutralidad o adaptación al cambio de gobierno y mucho menos de sistema, a diferencia de los magistrados y jueces del gomecismo y del pérezjimenismo (No registra la historia actos solemnes del Poder Judicial durante la dictadura gomecista en los cuales magistrados y jueces hayan coreado: “uh, ah, Gómez no se va”, ni tampoco durante la dictadura militar hubo exclamaciones semejantes en el Palacio de Justicia: “uh, ah, mi general Pérez no se va”). Ni siquiera en tiempos de Franco (España) ni de Pinochet (Chile) sucedió algo parecido.

Al restablecer la vigencia efectiva de la Constitución de 1961 quedaría disuelto, junto con los demás órganos de la administración colonial, el Tribunal Supremo de Justicia, resurgiendo la Corte Suprema de Justicia. Sería revertir el Golpe de Estado que se inició en 1999, dado por traidores a la patria para ceder la soberanía a Cuba, por lo cual a la reversión la llamamos “contragolpe constitucional”.

Pero la transición podría tomar un giro distinto si el TSJ, abjurando de su ejecutoria, se atreve a declarar la ilegitimidad de Maduro para ejercer la presidencia por no cumplir el requisito de nacionalidad exigido por la Constitución y por el fraude constitucional consumado en la sucesión, obligándolo a dejar el cargo por usurpador.

En tal caso el TSJ haría un papel semejante al que tuvo el Cabildo de Caracas el 19 de abril de 1810, cuando pasó de órgano servil de la monarquía española a encabezar el proceso de transición a la independencia de Venezuela.  Sería el más sorprendente, por inesperado, inicio de una transición a la venezolana. Desde luego, no creo que suceda esto último. Pero lo dejo escrito por si acaso alguno revisa el espejo de la historia y allí ve lo que le pasó a los que no desembarcaron a tiempo.

Jesus A. Petitt Da Costa

petitdacosta@gmail.com

@petitdacosta

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VICTOR RODRIGUEZ CEDEÑO, ACUERDOS Y CONSENSOS EN MOMENTOS DE TRANSICIÓN, CASO VENEZUELA

Al lado del indetenible desastre económico que ahoga al venezolano y que coloca al país al borde de una peligrosa confrontación, el régimen de Maduro insiste en detener arbitrariamente a los opositores,  procesarlos políticamente, perseguirlos para amedrentarlos, ejecutando como política sistemática y generalizada la represión de la protesta pacífica y la odiosa práctica de la tortura y otros tratos degradantes y humillantes. Violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos que deben ser consideradas, con prioridad, en cualquier etapa de transición que se planteé para superar la grave situación que atraviesa hoy el país.

El régimen insiste torpemente en desconocer que estamos ante una crisis sin precedentes, para lo cual tuerce la realidad, la maquilla con anuncios y burdas manipulaciones que generan una mayor desconfianza. El país, sin embargo, avanza al margen de la irresponsabilidad del régimen y reclama  un cambio de rumbo, lo que exige acuerdos y consensos nacionales, no solamente dentro de las fuerzas opositoras que muestran a veces discrepancias en cuanto a las estrategias, aunque no en relación con el objetivo común; y, entre éstas y algunos sectores del oficialismo que expresan con sus declaraciones y silencios su claro descontento por el rotundo fracaso del proyecto político que han tratado de imponer por todos los medios.

No se trata solamente de la recuperación económica, del abastecimiento y de la producción, del cambio y de las reservas internacionales, se trata de la libertad y de la dignidad, de la existencia misma de la República. Lo primero viene después, sin duda.

El objetivo común  es encontrar un espacio que permita en un clima de seguridad y confianza recuperar las instituciones y el estado de derecho, en el que resulta prioritario y esencial la aplicación de la justicia y el castigo de los responsables de las violaciones de los derechos humanos y, por supuesto, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas de esas violaciones y las reparaciones que procedan.

Los acuerdos que se logren para facilitar un periodo de transición deben considerar la reforma de las instituciones, especialmente el Poder Judicial y de los órganos relacionados con la justicia, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo; y de los cuerpos policiales y de seguridad e incluso de las fuerzas armadas. Para ello deben concebirse y ponerse en práctica mecanismos judiciales y extrajudiciales que expresan la justicia transicional, una herramienta útil en épocas de cambio.

La aplicación de la justicia transicional supon que se establezcan, ante todo, Comisiones para el establecimiento de los hechos y Comisiones de la Verdad independientes y autónomas integradas por personalidades nacionales e incluso extranjeras, por políticos, académicos, intelectuales, representantes de las Iglesias; tal como se han constituido en otros países durante o después de crisis graves como la que atraviesa Venezuela en estos momento. Argentina, Chile, El Salvador, Perú son ejemplos importantes a considerar.

La erradicación de la impunidad es esencial. Es la base de la confianza. Los responsables de las violaciones de derechos humanos y de crímenes internacionales deben ser enjuiciados y castigados en procesos justos. Los tribunales nacionales tendrán una enorme responsabilidad lo que no excluye que algunos casos sean remitidos a las instancias penales internacionales.

El derecho aplicable y su armonización con el sistema de justicia nacional es quizás, como se ha visto, unos de los mayores retos en este proceso. En este contexto es importante incorporar al derecho interno las normas de derecho internacional reguladoras de crimines internacionales, lo que no se hizo tras la adopción por Venezuela del Estatuto de Roma; aunque sea más con fines preventivos que sancionadores, toda vez que su aplicación no sería posible, dado el carácter no retroactivo de la aplicación de las normas penales. Es por ello que el recurso a los tribunales internacionales es una alternativa muy válida para sancionar determinados crímenes internacionales que los tribunales nacionales, por lo expuesto, no pueden conocer.

Otro aspecto importante en el tratamiento del tema resulta la lucha contra la delincuencia organizada transnacional que actúa durante y después de un conflicto, aprovechando las debilidades del Estado, en particular el narcotráfico, en el caso de Venezuela, cuyas actividades transnacionales se han intensificado en medio de la crisis que sufre el país en los últimos años. Esta categoría de delitos se expresan en la corrupción y el lavado de dólares, delitos conexos que suponen necesariamente no sólo estrategias internas definidas, sino una cooperación regional e internacional efectiva.

En definitiva, la justicia transicional es una respuesta válida a situaciones de conflicto, en particular, como es el caso de Venezuela, una sociedad lamentablemente fracturada, víctima de políticas excluyentes. Ella  permitirá el adecuado tránsito irreversible hacia la reconciliación, la normalización de la democracia y su afianzamiento, lo que solamente puede generar la confianza requerida que permita estabilidad y desarrollo económico y social justo y equitativo, sin exclusión y sin ningún otro trato discriminatorio.

Victor Rodriguez Cedeño

vitoco98@hotmail.com

@VITOCO98

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CARLOS PADILLA CARPA, UNA NUEVA TRAMPA MONTADA POR LULA DA SILVA PARA QUE EL MADURISMO SE RÍA DE LOS ESTADOS UNIDOS: LA TRANSICIÓN

La supuesta enfermedad de Maduro Moros sirvió para muchas cosas, entre ellas el viaje frustrado a Roma y la movilización  de Cabello Rondón en solitario para Brasil. 

En Brasil se dio la entrevista entre Cabello Rondon y Luiz Inácio Lula da Silva actual jefe del Foro de Sao Paulo, en la cual ante la debacle del Socialismo del Siglo XXI, se analizaron las posibles alternativas para la sobrevivencia del régimen venezolano.

Luego del análisis se acordó que lo más prudente para correr la arruga era la transición concertada entre Estados Unidos, el Mudismo y el régimen comunista venezolano. Claro está que es una transición de opereta, una supuesta puesta en escena que no vera estreno nunca.

Para ello buscaron el escenario de Haití para lo cual se prestaron los gobernantes del país que comparte territorio con República Dominicana. El presidente de la isla caribeña, Michell Martelly, sirvió de mediador para el encuentro que sostuvieron el presidente de la Asamblea Nacional y el funcionario estadounidense,  el Consejero del Departamento de Estado Norteamericano Thomas Shannon.

Ya en el sitio Shannon se mostró sorprendido por la ausencia de Maduro Moros cuya excusa por enfermedad fue el justificativo por la ausencia. 

¿Caerán los gringos en esta nueva añagaza?.

Winston Churchill para justificar sus encuentros con Stalin expresó: "Me reuniría con el diablo para vencer a Hitler". Creo que allí está el encuadre de ese encuentro. Una transición propuesta al estilo del gatopardo, en la cual los equipos militares de Cabello Rondón se quedarían en el ejercicio del poder, Maduro Moros seguiría enfermo, se celebrarían elecciones  y habrá  una amnistía total.

Muchos soñaran con una salida de esas características; pero como dijo el poeta dramaturgo Pedro Calderón de la Barca  en el monólogo de Segismundo "¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño: que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son”

Carlos Padilla Carpa

carlos.padilla.carpa@gmail.com

@chino121

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PEDRO R. GARCÍA M., ¿ES LA TRANSICIÓN, LA CONVOCATORIA A UN PROCESO CONSTITUYENTE, O LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS LA RUTA CONVENIENTE?, PUNTO DE QUIEBRE

Grupos de la oposición venezolana el pasado 11 de febrero colocaron en el tablero una oferta titulada “ Acuerdo Nacional para la Transición”. Ya había sido promovida cuando aventuraron en el pasado con las fracasadas e irresponsables iniciativas de “La Salida”, una “Asamblea Nacional Constituyente” y de un “Congreso Ciudadano” como opciones frente al gobierno autoritario y extendidamente ineficaz y corrupto de Maduro. (El comentario es del analista, José Rafaél López Padrino 08/03/15, (distante de sospechas de dobleces, ni de requiebros frente a grupos de intereses) y continua: “El pliego encarna una iniciativa política intolerante y excluyente frente a una coyuntura política que demanda una conducta firme y transparente. El contenido de dicho documento está yeno de galimatías e imprecisiones sobre los contenidos de una supuesta transición. Históricamente estos eventos se han dado de dos maneras impuestos o negociados. Los impuestos implican la participación obligatoria de la Fuerza Armada, mientras que las transiciones negociadas responden a un dialogo “coercitivo” por las incidencias políticas entre el gobierno y la oposición. Los pretendientes de este arreglo patriota replican en el la misma trama de “La Salida” al no revelar como se alcanzaría la referida transición. La que concluyó por cierto siendo una triste trampa donde decenas de venezolanos fueron atropellados  por los aparatos represivos del régimen y sus catervas, los  llamados colectivos, centenas de detenidos, atormentados y sometidos a falseados sumarios contenciosos a manos de magistrados quebrados en su dignidad.

En su sano juicio nadie puede negar la gravedad de la crisis económico-social, que sofoca a la República, con sus secuelas de corrupción gubernamental, y, privada, de la escasez de alimentos y medicinas, de la ruina del aparato productivo nacional, pero pensar que el Presidente Maduro y su cáfila de iluminados va a renunciar al poder solo porque un sector de inadvertidos ciudadanos se lo exija es una estrategia que no da pie con bola, presuntuosa y fuera de contexto.

No más atajos inciertos, como el salto al vacío de 11 de abril 2002, no más peroratas elites sin contenido social. Basta de las retóricas que establecen imaginarias esperanzas y que constantemente acaban en cruentos naufragios sociales”.

En días recientes una de las jefes del sector de solicitantes de la renuncia al Presidente trata de explicarlo. No el camino nuestro es el de la Constitución. El primer paso es una consigna que pronto será nacional: Nicolás Maduro tiene que renunciar. En la Constitución hay un mecanismo expedito, que es el de la renuncia. El artículo 233 es muy claro quien asume a continuación, en este caso, es el Vicepresidente. No Diosdado Cabello. O uno previamente acordado. Encargado de llevar adelante un proceso de transición, tomar algunas decisiones, y llevar al país a unas nuevas elecciones. Hay gente que te dice: “gran cosa, la renuncia es voluntaria, pero si Maduro ni quiere renunciar, no lo hará”. La renuncia es voluntaria, pero impuesta por las circunstancias.

Al inquirídsele sobre como le parece el proceso de primarias producto de los oscuros y tradicionales acuerdos de la (MUD). Señaló el país ha cambiado mucho, debemos entenderlo. La gente quiere ser tomada en cuenta, defender las realidades de sus regiones. La celebración de primarias generales le otorga enorme legitimidad a los candidatos, es movilizador, empodera al ciudadano y los vacuna de atajos o terceras vías. Como fuerzas democráticas, tenemos que ser coherentes. Nadie va a entender ver a los partidos de la Mesa repartiéndose de cargos.

"Después recogimos estas notas aparecidas en su Twitter: “Henrique, lamento que nunca hablaste conmigo sobre la Transición. Recuerda que Antonio está preso y que más 100.000 ciudadanos firmaron".

Luego esquivando velar el pleito, la exdiputada acotó que "El Acuerdo para la Transición está siendo discutido y enriquecido con ciudadanos en todo el país. A la orden para hacerlo contigo, Capriles".

Igualmente recogimos de este novel dirigente que intenta abrirse paso, en las procelosas aguas de la oposición, Roderick Navarro: La única defensa que le queda al régimen es la (MUD), y seguidamente añadió, estos son los actores que te quieren sólo como voto y esperan que en otro nuevo teatro de falsos comicios, puedan seguir perpetuándose como el sostén de la dictadura, esta nueva especie muy caribeña de partido único Psuv-Mud se ha valido del vocablo “democracia” para instaurar un régimen autocrático con fachada institucional. 

En pocas palabras, el significado “democracia” jamás  llegará a coronarse en su significante, es decir, jamás se concretará en la realidad como una forma de gobierno plural y libertario.

Y para cerrar esta  larga lista de opiniones que tensionan al país en la oposición venezolana lo haremos con la visita al diario Versión Final, de Claudio Fermín destacado dirigente político quien se mostró en desacuerdo con el proceso que se plantea llevar previo a las parlamentarias: “no me cansaré de recorrer el país, y por eso estoy en Maracaibo; porque protesto por el riesgo que se corre al desperdiciar una oportunidad de cambio”.También hizo referencia al arreglo privado que han hecho tres partidos: Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT). “Este arreglo a lo que ellos llaman consenso no motiva a nadie, solo logra provocar una apatía extendida que condena la posibilidad de un cambio. Habrán candidatos impuestos, importados y los que no están familiarizados con la comunidad sino con las lealtades con quienes hacen el arreglo”.

Ubicando algunas pistas…

Así que ¡cuidado! ¡Mucho cuidado! con esos poco claros arreglos tras cortinas. “Ha llegado la hora en que la oposición debe jugarse el pellejo en una apuesta esencial y definitiva en una alerta radical sobre la indefensión de la soberanía, la corrupción, la impunidad y la ausencia del Estado de derecho, en dos platos la crisis institucional que nos sofoca. Eso implicara una propuesta doctrinal y programática para transformar a Venezuela y transformarse a sí misma. El problema es saber si este llamado lo precederá un acuerdo que cohesione al grueso del país y si el “liderazgo democrático alternativo” como se autodenominan tiene el alma  que  esta tarea exige”.

Pero continua difundida en algunos sectores en el país, la idea de insistir en  promover la renuncia del Presidente Nicolás Maduro Moros, o convocar una jornada constituyente, que podríamos considerar “premoderna”, concepción según la cual el soberano es aquel que, saltando por encima de las leyes del Estado como el viejo Dios lo hacia por encima de los códigos de la naturaleza para hacer milagros, según decía Carl Schmitt, responde a una situación histórica inédita, con una decisión excepcional que, aunque sea extrajurídica, se produce para salvaguardar el derecho amenazado por esa contingencia extrema señalémoslo claramente: el fin justifica los medios). La autoridad del soberano se reserva en exclusiva decidir cuándo la situación es tan excepcional que exige esa intervención, y también, por supuesto, la de considerar qué medidas hay que tomar en ella para ejercer esa salvaguarda del derecho. Adolf Hitler, en la “noche de los cuchillos largos”, hizo caso omiso del “marco constitucional”

Esto lo señala, Carl Schmitt, lo que hizo Adolf Hitler en 1934, entre otras circunstancias en la conocida como “noche de los cuchillos largos”, cuando las fuerzas de las SS asesinaron a todos los miembros de su partido que se oponían a sus planes, erigiéndose en autoridad judicial suprema del pueblo alemán, es decir, saltándose a la torera las leyes vigentes y el “marco constitucional”. 

Dejando de lado las conocidas consecuencias que para Alemania tuvo esta decisión del Führer, si cabe llamar “premoderna” a esta idea de la soberanía es, ante todo, por razones jurídicas. Una decisión de este tipo (o sea, al margen de la ley) solo puede tomarse “en nombre del pueblo” y, por tanto, considerando que el pueblo, en tanto que soberano prejurídico sobre cuya voluntad se sostiene la Constitución, tiene “derecho” (derecho natural, se entiende) a suspenderla cuando así lo aconseje la gravedad de la situación, y a hacerlo a través de su “líder natural” que, al afirmarse como juez supremo por encima de los tribunales y de la Asamblea Nacional, muele la separación de poderes y concentra en su persona “el ejercicio ilimitado, incompartible y exclusivo del poder público”. 

Por el contrario, lo que distingue a la noción moderna de soberanía de esta que acabamos de evocar, añeja y preñada de perversidad, es algo que muchos tuvimos el agrado o desagrado de escucharles decir en el debate constituyente (1999) a revolucionarios constituyentitas, y a compiscuos republicanos defensores de la  democracia representativa, a políticos de oficio del viejo aparato que en una imbecilidad cómplice salieron a renegar su condición de tales y medrosos huyendo hacia adelante inscribían sus opciones por iniciativa propia, avergonzados de su militancia en las quebrantadas divisas en las que alcanzaron prestigio y ventajas, y que se avejentaron producto de su errática conducción, (hoy baladronean y amenazan como redivivos avatares volver a la Asamblea Nacional) a tejer con petulancia y sabiduría un nuevo corpus constitucional. Y maculando su historia.  

El Supremo Tribunal por vía de quien ejercía su representación en un acto de cobardía absurda capituló y afincados en asesores eufemísticamente bautizados “constitucionalistas” especialmente corrientes especialmente del pensamiento español asesora a quines hoy detentan el poder. El pueblo (con todos sus “derechos naturales” a la autodeterminación)  precede a la Constitución, y no puede por tanto suspenderla la voluntad  de caudillos naturales. Todas las Constituciones democráticas de nuestros días incluyen alguna legislación a propósito del “estado de excepción”, pero en ninguna de ellas esta la expresión que designa la total abolición del derecho y el retorno al estado de naturaleza, que es lo que significa en su acepción primitiva.

Esto mismo es lo que el propio Carl Schmitt reconocía en tiempos menos convulsos (1956), cuando señalaba que, en la modernidad, la soberanía es un atributo del Estado y ni siquiera merece la pena apellidar “moderno” a este Estado, porque en rigor no hay ninguna otra institución anterior o exterior que pueda llamarse así concebido, en palabras de Hobbes, como “imperio de la razón”. 

En consecuencia, el concepto moderno de política nace, en la Francia de la segunda mitad del XVI, para definir el tipo de garantía de la seguridad, la paz y el orden público que, mediante el derecho y la Constitución, se contrapone a las formas de dominio eclesiásticas y feudales (llamadas entonces “bárbaras”) que, con el inestimable apoyo de los teólogos y sus teorías de la “guerra justa” y su legitimación del asesinato de los monarcas, mantuvieron a Europa en guerra (entre católicos y protestantes) durante más de 100 años. La soberanía política remite así (a diferencia de la soberanía “inhumana”) al hecho de que ninguna autoridad “natural” (o, lo que a menudo es lo mismo, religiosa) puede estar por encima de aquella la del Estado que no remite a ninguna fundación prepolítica o suprapolítica, sino al pacto civil idealmente representado como pacto  social. 

Y solo en ese sentido puede hablarse de soberanía como “ámbito exclusivo de decisión”, es decir, como ámbito del que resultan excluidas esas otras “autoridades” pre o suprapolíticas que se sienten de vez en cuando justificadas (en el hoy) por una “misión histórica” para pisotear, en nombre de esa misión, el derecho al que dicen proteger. De esto es de lo que se trata en la soberanía moderna, y en ella la legitimidad se identifica con la legalidad. Como señalaba largamente Albert Camus, en política son los medios los que justifican el fin, ahora bien, obliga saber si, al sostener la hipótesis de que el concepto de soberanía ha sido “superado” por las “profundas mutaciones en la historia de la humanidad”, de sublevación unos derechos de los que ya disfrutamos desde 1961. Después de escuchar a diario las lamentaciones por la “falta de liderazgo”, empiezo a preguntarme si la “soberanía” que se declara en crisis no será la soberanía política moderna. 

Porque si así fuera, cosas tales como “el derecho a decidir”, y a hacerlo al margen del “marco constitucional” y en nombre de las “aspiraciones de una salida”, como las trompetas de la soberanía antigua, aunque estas  lleven ahora puesta la sordina posmoderna de las “defensa de la democracias” en “sociedades complejas”. Y todo ello resulta todavía más preocupante si tenemos en cuenta que, según el grueso de teóricos concluyen, que todavía no hemos inventado nada con lo que sustituir el Estado de derecho, que ya a Carl Schmitt le parecía en la década de 1920 una momia peligrosa y totalmente pasada de moda. 

Porque la idea  de algunos sectores en el país de abandonar un navío, aunque esté seriamente averiado, antes de tener otro medianamente seguro al que subirnos, simplemente para lanzarnos a las aguas turbulentas de una aventura sin límites sin un plan mínimo, sin un marco jurídico, solo resulta atractiva para los aventureros del pretorianismo, entusiastas del estado de la excepción.

  “El tiempo pasa y el segundero avanza decapitando esperanzas”

Pedro R. Garcia M.

pgpgarcia5@gmail.com

@pgpgarcia5

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THAELMAN I. URGELLES D., NO FIRMO DOCUMENTO ACUERDO NACIONAL PARA LA TRANSICIÓN

Aunque tenga que pisar algunos callos cercanos, considero mi deber ciudadano expresar lo siguiente:

No comparto ni pienso firmar el llamado ACUERDO NACIONAL PARA LA TRANSICIÓN, porque el mismo reincide en presentar una iniciativa separada del conjunto de los actores de la oposición en un momento en el que se requiere una acción unitaria y coherente hacia objetivos inmediatos y definidos en conjunto.

Digo que reincide, porque ya el mismo grupo promotor de esta acuerdo lanzó el año pasado una iniciativa desde fuera de la Unidad -llamada‪#‎LaSalida- que mucho daño y retroceso produjo en el esfuerzo democrático. Luego del fracaso de #LaSalida lanzaron de manera simultánea otras dos iniciativas paralelas: la convocatoria de una "Asamblea Constituyente" y la organización de un "Congreso Ciudadano", ambas también fracasadas.

Además de su condición formalmente divisionista, el referido Acuerdo parte de un equivocado fundamento conceptual, cual es la solicitud de renuncia del presidente y su gobierno. Una petición nada golpista y totalmente legal en el marco de la Constitución, pero que coloca en manos de nuestros perversos adversarios la solución de la gravísima crisis que sufre Venezuela. Si Maduro no los complace con su renuncia, ya la petición pierde todo valor... A menos que se esté dispuesto a apelar a otros recursos para hacerla cumplir (algo que ya se intentó sin éxito el año pasado).

El país está a las puertas de un evento electoral que renovará al segundo poder en peso específico dentro del Estado, que puede convertirse en el primero si la oposición llegare a alcanzar la mayoría calificada. Todo indica que la Unidad Democrática posee la perspectiva de obtener, por primera vez, una victoria contundente a prueba de las trampas y ventajismos que ya conocemos. Queda poco tiempo para preparar y organizar esa victoria, que no será fácil de "cobrar", como les gusta decir a los juan charrasqueados criollos. ¿Por qué entonces se insiste en jugar adelantado, lanzando políticas alternas y simultáneas que se caen por su propio peso, dividen y distraen nuestros esfuerzos y recursos que son escasos?

Y por si no se han dado cuenta, estamos a 9 meses -la duración de un embarazo- de poder convocar un referendo revocatorio contra el presidente. Que es, ni más ni menos, una petición de renuncia cuyo desenlace no lo decide el impugnado (ni un grupete de complotados a medianoche) sino los mismos ciudadanos que en este momento expresan su abrumador rechazo al susodicho.

Respeto a los tres dirigentes promotores de estas iniciativas y soy solidario con ellos ante las injustas prisiones y persecuciones a que los somete el régimen. Así lo hago público con la frecuencia debida. Pero no puedo compartir sus constantes intentos de crear una fuerza propia a partir de la natural desesperación que sufren los ciudadanos, desarrollada al margen -y a menudo en contra- del esfuerzo y la estrategia común que tanto requerimos.

En lo dicho pongo mi firma: Thaelman Urgelles"

Thaelman I. Urgelles D.

turgelles2@gmail.com

@catia_municipio

turgelles@gmail.com

@TUrgelles

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CARLOS BLANCO, LA TRANSICIÓN… ¡ESA MALVADA!

El país está en transición hacia un nuevo modelo político. El régimen, tal como está, no parece que pueda mantenerse sin cambio; la economía está colapsada, su base política se ha erosionado y los ciudadanos están que no soportan, sean o no chavistas. El de a pie tiene una pregunta: “¿Hasta cuándo?”

Desde el punto de vista analítico no es inevitable que la transición conduzca a la democracia. Una posibilidad es que el régimen, desasistido de las alianzas que construyó Chávez y que Maduro desbarató, termine en los brazos de los grupos más represivos e inclementes de las fuerzas militares, policiales y paramilitares. La nueva “política social” consistente en los ajusticiamientos de jóvenes puede indicar que la descomposición es mayor de lo que revelan los miasmas de lo que quiso ser una revolución. Es posible que otros miembros del régimen tengan esperanzas; Diosdado Cabello ha hablado de “transición al socialismo”, que tal vez sea el nombre-código del cambio hacia algún lugar que obviamente no es éste en el cual se encuentra el régimen.

La otra posibilidad es la de la transición a la democracia, tal como ha sido enarbolada en el Acuerdo para la Transición propuesto por María Corina Machado, Antonio Ledezma y Leopoldo López, respaldado hasta la fecha por decenas de miles de firmas. Es una propuesta que apunta hacia un entendimiento nacional y ha sido presentada para la más amplia discusión; allí se muestra que existe un futuro posible, y que no colide en modo alguno con la participación electoral cuando quiera que ésta tenga lugar. Algunos han atacado con furiosa dedicación la tesis de la transición como si el planteamiento del reemplazo constitucional de Maduro, antes o después de las elecciones parlamentarias, y la necesidad de debatir el tema impidiera el desarrollo de la estrategia electoral. Tal vez les ocurre con la transición como con el llamado federal de Antonio Leocadio Guzmán: si ellos “hubieran dicho federación, nosotros habríamos gritado centralismo”. Si María Corina, Antonio y Leopoldo no hubieran planteado la transición tal vez sus adversarios la habrían empuñado como bandera.

El país se encuentra en una encrucijada. La conciencia de este hecho es lo que lleva a un debate que ya no es entre el régimen y la oposición sino entre todas las ramas del régimen y todas las vertientes de la oposición, incluido el chavismo que demora en sus filas. La transición comenzó, lo más útil es canalizarla para que conduzca a la libertad y la democracia.

Carlos Blanco G.

@carlosblancog .

www.tiempodepalabra.com

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WERNER CORRALES LEAL, ¿CAMBIO GATOPARDIANO?... ¿O TRANSICIÓN IRREVERSIBLE Y PACÍFICA A LA DEMOCRACIA?

La transición a la democracia que está por vivir Venezuela no será del todo novedosa, ya que en los últimos ochenta años muchas sociedades han vivido tránsitos desde regímenes dictatoriales o incluso abiertamente totalitarios a sistemas democráticos de gobierno. Es útil pues, escrutar la historia para encontrar lecciones que nos ayuden a conducir nuestra transición como la queremos, para garantizar que podemos hacerla pacífica e irreversible.

De hecho, en las últimas semanas han abundado artículos en la prensa nacional acerca de las condiciones que parecieran necesarias para asegurar la paz en un proceso que se ve cada día más cercano, y muchas coinciden en que los casos conocidos de transiciones pacíficas tuvieron a jerarcas del sistema anterior encabezando los gobiernos o manteniendo frente a estos un enorme poder en representación de los intereses del “ancien régime”. Los casos de Suárez en España, Pinochet como contra-figura de Aylwin en Chile, De Klerk y Mandela en Sur África, López Contreras y más recientemente Wolfgang Larrazábal en Venezuela son citados como evidencias irrefutables de ese automatismo. Pero toda extrapolación de las experiencias de otros países que ignore de donde partimos o que confunda dictaduras militares con regímenes totalitarios o Estados-Pandilla peca de superficial y puede ser ilegítima.

Soy un convencido de que para asegurar la paz en la transición es instrumental establecer alianzas con quienes habrían sido chavistas hasta apenas días u horas antes de la sustitución del presente gobierno por uno que conduzca el tránsito a la democracia. Pero dicho esto, afirmo que es necesario poner unos límites a lo que pueda ser concedido en las alianzas, porque no debemos comprometer la irreversibilidad o invalidar el fin último de dicho tránsito.

Para definir esos límites y aprovechar de manera legítima las lecciones de la historia, es indispensable caracterizar claramente de dónde partimos, o sea qué queremos superar, y hacer comparaciones que tomen en consideración las verdaderas similitudes y diferencias que existen entre nuestro caso y otros sucedidos en diferentes países.

¿Qué sistema queremos superar y de donde deriva él su poder?

Venezuela tiene una economía en ruinas, un Estado sin separación de poderes, un régimen empeñado en destruir las bases constitucionales para edificar el socialismo y un gobierno comprometido en ideologizar a niños y jóvenes para “construir un hombre nuevo”. Es decir, el régimen actual está en proceso de destruir una institucionalidad y una cultura política liberales, para crear un Estado totalitario. En ese tránsito destructivo, la institucionalidad venezolana se encuentra en una situación de extrema debilidad, carcomida por el progresivo empoderamiento de organizaciones delictivas en su seno y por la fusión orgánica de delincuentes y del alto funcionariado en los diversos poderes del Estado. Y estos rasgos de nuestra situación actual no resultan sólo ni principalmente de la ineficacia, la desidia o la falta de ética de los jerarcas, sino primordialmente de que el presente régimen es un proyecto de poder totalitario en construcción, que emplea cualquier medio para “demoler la superestructura burguesa”.

Por otra parte, este régimen no es una democracia imperfecta que se hace gobernable por la conciliación populista sino un régimen que cultiva el populismo de masas pero que ejerce el control social por la coerción, que se apoya fundamentalmente en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y en otros instrumentos de violencia para ejercer la dominación sobre la sociedad, y en el que la FANB controla todas las áreas del Ejecutivo, incluidas las finanzas públicas, el comercio interno y la poca producción que resta en el país.

La fuente principal de poder de este régimen, la FANB, anida tres grupos humanos en convivencia tensa: Un estamento militar institucional apegado a la Constitución vigente, presuntamente minoritario; una “vanguardia” de militares revolucionarios que no respeta la Constitución sino que es instrumento de la construcción del socialismo, la cual maneja además grupos paramilitares armados que actúan como fuerzas civiles de choque, complementarias a efectos de la coerción; y una cúpula militar corrupta que analistas internacionales y nacionales identifican como la que domina el tráfico de armas y de drogas y teje las principales organizaciones delictivas del país. Casi todos esos analistas afirman que los últimos dos grupos son quienes dirigen la FANB y a su vez son parte de alianzas circunstanciales en las que participan organizaciones de delincuentes comunes y los paramilitares ya mencionados.

¿Negociar el control de la fuerza armada durante la transición?

La transición de la dictadura de Pinochet a la democracia suele darse como ejemplo de que en Venezuela podemos aceptar cualquier cosa en una negociación con el chavismo, incluso que sus jerarcas sigan dominando a las Fuerzas Armadas, para lograr la anhelada transición en paz, dejando implícito que tal cosa no compromete la irreversibilidad del cambio democrático. Este juicio es ilegítimo porque no parte de entender las diferencias que existen entre lo que eran el régimen dictatorial y el Estado chileno, por una parte, y lo que hemos descrito como el régimen protototalitario y las instituciones venezolanas de hoy, por la otra.

Derrotado Pinochet en el plebiscito de 1988 se inició una transición que puso fin a un “Gobierno de las Fuerzas Armadas” que vivía políticamente aislado de América Latina, no a un régimen totalitario en construcción ni a un Estado con instituciones en extremo débiles que era carcomido in extenso por la corrupción y la delincuencia, es decir, un Estado-Pandilla, como puede caracterizarse al venezolano de hoy. El gobierno de Pinochet fue siempre autoritario, una dictadura militar que quería “extirpar el marxismo” y empleaba a las Fuerzas Armadas en la coerción, pero ese gobierno robusteció la institucionalidad del Estado, incluyendo a partir de 1983 la construcción de una institucionalidad económica moderna de alta eficiencia y el retiro progresivo de las FFAA de funciones no militares o de seguridad en el Ejecutivo.

Una gran alianza democrática nacional derrotó a la dictadura militar en el plebiscito de 1988, pero para gobernar se vio obligada a pactar las reformas constitucionales de 1989 según las cuales los militares, con Pinochet a la cabeza, tendrían una sujeción casi puramente formal al poder civil, contarían con un número de senadores designados en el parlamento y gozarían de un financiamiento prácticamente no sujeto a decisiones del congreso ni del gobierno.

Extrapolando todo lo anterior, y apoyándose en que Chile es hoy un ejemplo de progreso y de democracia liberal y civilista en el mundo, algunos analistas afirman que no importaría qué cosas concedamos en los convenimientos con el chavismo, porque cualquier transición negociada haría que la democracia volviese para quedarse.

A la argumentación anterior vale la pena contraponer las lecciones aprendidas de la experiencia del sandinismo y la democracia en Nicaragua.

El sandinismo, como el chavismo, era y sigue siendo un proyecto de poder totalitario, asociado a una red continental, impulsado por un populismo de masas de inspiración marxista, que se apoya en las Fuerzas Armadas para ejercer la coerción y administrar el Estado. Como la experiencia socialista del chavismo en Venezuela, la experiencia “revolucionaria” nicaragüense de los años 80 saqueó los bienes del Estado y los transfirió al paraestatal Frente Sandinista, y produjo un debilitamiento político institucional tal, que generó las condiciones para que el Estado haya asumido comportamientos y formas de organización propias de las pandillas centroamericanas (Hoy se habla del Estado nicaragüense como el “Estado Mara”). Como vemos, la situación político institucional venezolana de hoy es mucho más parecida a la nicaragüense de 1990 que a la chilena del mismo momento.

Ya electa Violeta Chamorro a la presidencia de Nicaragua, en Marzo de 1990 se pactó con el sandinismo una transición en la cual éste último retuvo la jefatura de las Fuerzas Armadas. La opinión pública venezolana conoce más o menos bien la historia reciente de Nicaragua, cuyo gobierno sandinista se ha hermanado en las dimensiones ideológica, económica e institucional con el régimen chavista. El sandinismo regresó al poder en Nicaragua en 2007, con un enorme apoyo económico y político del chavismo, y desde entonces sus instituciones y las libertades llevan el mismo derrotero que lleva Venezuela desde que se inició el Socialismo del Siglo XXI.

La transición nicaragüense a la democracia iniciada en los años 90 se revirtió y se frustró entre otras cosas porque entregó al sandinismo el control de las Fuerzas Armadas, la fuente principal de su poder. ¿Es eso lo que queremos para Venezuela?... ¿Queremos salir de Maduro pero dejarle el control de la FANB y las redes que dependen de ella a la élite militar chavista?.

Reitero para concluir que considero necesario para la paz establecer alianzas entre demócratas y chavistas una vez iniciada la transición. Pero eso no es lo mismo que negociar con las cúpulas chavistas de hoy antes de que salgan del poder, concediéndoles el dominio de la FANB. Una vía legítimamente plural, que no comprometería la irreversibilidad, podría ser que los gobernantes demócratas de la transición construyan alianzas con gobernadores o alcaldes chavistas para fortalecer nuevamente la descentralización y una genuina participación, y para promover un desarrollo con equidad, es decir, para comenzar juntos la reconstrucción de Venezuela.

Se rumora en medios políticos que hoy están en marcha algunas negociaciones -nada transparentes por cierto- entre jerarcas y gurús del gobierno, por una parte, y algún “actor ex chavista de oposición”, por la otra, que buscarían posicionar a éste último como la garantía de la transición pacífica, la cual estaría montada sobre casi cualquier forma de cohabitación entre objetivos democráticos e intereses del proyecto de poder chavista… Y esto es muy peligroso para la irreversibilidad del cambio a la democracia como creo haber demostrado.

Un Cambio Gatopardiano, que todo parezca cambiar para que nada cambie, es lo que sucedería si los acuerdos con el chavismo para la transición se basasen en que él mantuviese el control de la FANB, que ha sido su principal instrumento de dominio y su mecanismo más útil de degradación institucional. Si ya estuviesen en marcha esos acuerdos sería aún peor.

Werner Corrales wernercorralesleal@gmail.com, @wernwrcorrales

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MAXIMILIANO DONAT, EL NUEVO CONTRATO SOCIAL, TRANSICIÓN A UN PAIS DE CIUDADANOS

Al País le urge obtener soluciones ante las crisis que se vienen arrastrando desde hace más de 50 años y las cuales se han exacerbado durante los últimos 15 años.

Es indudable que nunca invertimos las enormes cantidades de dinero (dólares) que el País ha recibido durante los regulares, buenos y muy buenos años de ingresos por exportación de la mayor riqueza minera del País como lo es el petróleo. Desde el punto de vista de cualquier ciudadano emprendedor esto es una falla grave para cualquier empresa y más aún para la de todos los venezolanos como es Venezuela, que como nación está constituida por el Estado, sus instituciones y sus ciudadanos.

El contrato social que aún está vigente en Venezuela diferencia los publico de lo privado, estatizar de nacionalizar,  trabajadores públicos de trabajadores privados, empresas públicas de empresas privadas, instituciones públicas de instituciones privadas, empleados de trabajadores y una casta de intocables y receptores de grandes beneficios como lo son los militares y las autoridades electas por el voto popular o desde las instancias del poder ejecutivo.

Para un nuevo contrato social se necesita hacer una transición de una mente domesticada por las ideologías hacia una mente objetiva que pueda con todo rigor científico actuar con la finalidad de obtener los resultados planificados de acuerdo a estrategias tangibles y no a ilusiones o ideologías esperanzadoras o palabras que no construyen otra cosa que espejismos emocionales.

Hacer la transición de un País centralizado y presidencialista hacia uno de Ciudadanos lleva tiempo, pero hoy día gracias a las ciencias sociales y la politología este tiempo se reduce pudiéndose en apenas un lustro (5 años) obtener resultados que gracias a la estructura social  las sociedades modernas, una vez alcanzado el esfuerzo mínimo para la transición esta se desarrolla de manera exponencial.

Transición es un término usado por historiadores y sociólogos. Conceptualmente refiere a un proceso y a una etapa, tiene una dimensión temporal en tanto representa un período con un inicio y un final que pueden ubicarse en el tiempo.

La voz transición es usada habitualmente en las ciencias sociales para referir al tránsito o paso de un tipo de sociedad a otro, por ejemplo de la sociedad medieval o tradicional a la moderna o como lo planteamos desde DeCiDo (Democracia y Ciudadano Dómine) el paso de una sociedad presidencialista a una de Ciudadanos.

La debilidad de las democracias presidencialistas es que el péndulo puede y así lo demuestran las experiencias en los actuales momentos en Latinoamérica, vuelva a correrse nuevamente hacia el lado del totalitarismo.

En esta gran aldea global, las experiencias no demuestran de manera científica, tangible y real que las sociedades que han hecho la transición democrática hacia un país de ciudadanos, ven fortalecida sus democracias, pues la base fundamental o centro vital de la sociedad deja de ser el gobierno y sus gobernantes para ser el Ciudadano.

Esta transición pasa por un cambio en la forma del pensamiento socio-político de la sociedad, con la finalidad de producir el nuevo contrato social con el cual nos regiremos en el País. Sin embargo debemos entender que una nueva manera de pensar en lo político es asimilable a un proceso paulatino y gradual, en DeCiDo vemos este 2015 como la época inaugural de la política del Ciudadano sobre la que los antiguos autores de la política presidencialista, solo es cuestión de tiempo alcanzar esa energía mínima que acelerara este movimiento ciudadano a niveles del no retorno y alcanzar el País de Ciudadanos como nuevo contrato social.

Maximiliano Donat

maximilianodonat@gmail.com

@maxidonat

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CARLOTA SALAZAR CALDERÓN, TRANSICIÓN, RECONOCIMIENTO, RECONCILIACIÓN Y ALGO MÁS

Este gobierno, que no da puntada sin dedal, ha dicho hasta el cansancio, por todos los medios que tienen a su disposición, que son el 90% del espacio nacional, que el acta de transición que suscribió Antonio Ledezma, constituye un acto conspirativo y por esa razón está preso. 

Pero de la simple lectura del acta se entiende claramente, una exposición de motivos de crisis política y económica que ameritan un cambio y la forma cómo, quienes la suscriben visualizan esos cambios. Dicho esto, yo, Carlota Salazar Calderón, venezolana, mayor de edad, domiciliada en la Avenida R-16 Villas Martinique No. 80, de la Urbanización el Morro del Municipio Diego Bautista Urbaneja, Titular de la Cédula de Identidad No. 4.905.027, la firmo, la suscribo íntegramente, y nunca he estado, y jamás estaré, en temas conspirativos. Tampoco estoy inscrita en ABP, ni soy seguidora de Antonio Ledezma, pero es hora que comencemos a defender principios e ideas. 

Es una verdadera tragedia que los partidos políticos, Primero Justicia y Acción Democrática, para salvar su pellejo, se hayan negado a suscribir esa acta, cayendo así en el vil y calumnioso chantaje del gobierno. Así como yo, son muchos los venezolanos que quisieran firmar esa acta, por ello se ha puesto a la orden en las redes y para quienes no tengan acceso a esos medios, razonamos por estos lares, en la zona norte del Estado Anzoátegui, que se debe distribuir el manifiesto para que la gente lo firme. Así se han distribuido 50 carpetas contentivas de 100 firmas, cada una, para recoger 5000 firmas, entre las comunidades con las que trabaja Anzoátegui Plural y organizaciones políticas Voluntad Popular y Alianza al Bravo Pueblo. Es un pequeño esfuerzo como el colibrí.

                                                                                             

Con esto quiero significar que desde que el mundo es mundo, existen diferentes sectores que tienen diferentes visiones de cómo conducir las cosas, de eso se trata la política. Pero para el gobierno la única, exclusiva y excluyente visión es la de ellos, no hay otra. De la acera opositora, desde quienes de una forma u otra, estamos en contra del estilo autoritario del gobierno,  diversas opiniones de cómo ven el  problema y de cómo solucionarlo. Del lado del sector oficialista o chavista, por llamarlo de alguna manera, también muchas voces advirtiendo desde diferentes posturas, unos reformistas y otras más revolucionarias.

Sin embargo, los opositores tampoco se respetan en sus visiones: Congreso Ciudadano, Renuncia del Presidente, Transición,  Legislativa o Constituyente. Cada una de estas acciones cuenta con unos seguidores y unos liderazgos claros y visibles ¿por qué no se sientan estos líderes a delinear una ruta democrática para lograr los cambios que todos quieren? Todos quieren un cambio, que sea democrático, allí tienen un punto de partida importante o ¿no?

La gran debilidad de los sectores opositores es ese empeño, al igual que el gobierno, de imponer su visión al resto. Ninguna de sus propuestas cuaja, porque no tienen suficiente fuerza política, no tienen gente que las siga, individualmente consideradas. Peor es que unos grupos viendo que la gente rechaza al gobierno pero no ve opción en la oposición, pretenda lanzar una tercera vía. En esta dispersión quien gana es el gobierno, que sí está compacto, con los poderes públicos a su servicio y con una maquinaria electoral comprobada.

Entonces señores, hacer política es algo más que dedicarse a impedir que el gobierno avance en sus propuestas, porque siempre va a avanzar, en ese sentido es más importante, presentar soluciones y propuestas, que incluyan a todos los sectores, por el bien del país. O esperar a que se caiga, ningún gobierno se cae solo, hay que enamorar a una ciudadanía para que vote en contra. Los cambios debemos construirlos entre todos. Los que no entiendan esto no merecen gobernar, porque gobernar es llevar una dirección a un conglomerado y no a su parcialidad partidista. Por ello, hablar de reconocimiento, en el valor del otro, de espacios para la reconciliación, y no de acabar al contrario, será un sentimiento mayoritario en poco tiempo.

Carlota Salazar Calderón

carlotasc@gmail.com

@carlotasalazar

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