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lunes, 24 de agosto de 2015

GUSTAVO AZÓCAR ALCALÁ, MADURO QUIERE UNA “GUERRA DE LAS MALVINAS” EN TACHIRA

Lo adelantamos hace poco más de un mes, el 18 de julio de este año, en un artículo que titulamos “Maduro quiere decretar un Estado de Excepción” (ver: http://www.cafeconazocar.com/el-calabozo-de-la-libertad-maduro-quiere-decretar-un-estado-de-excepcion/ ) en el que analizamos la estrategia de Nicolás Maduro y sus asesores cubanos, para tratar de suspender las elecciones del venidero 6 de diciembre.

Ayer, Maduro nos dio la razón, al decretar un Estado de Excepción en 5 municipios del Táchira (Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Libertad e Independencia). La razón esgrimida por Maduro, para tomar semejante decisión, fue el ataque perpetrado contra un grupo de militares venezolanos, por presuntos contrabandistas (el gobierno dice que son paramilitares) que operan en la frontera entre Venezuela y Colombia, y que se dedican a la extracción de productos regulados en territorio venezolano para revenderlos en Colombia.
El ataque a los militares venezolanos, que dejó 3 soldados heridos de gravedad, no ha sido reivindicado por nadie. No se sabe, hasta ahora, si fue la guerrilla del ELN, las FARC, los paramilitares, o delincuentes comunes. La única versión que existe es la del gobierno, que asegura, sin mostrar hasta ahora una sola prueba, que se trató de grupos paramilitares. Esa sola presunción ha servido para que Maduro ordenara el cierre de la frontera de manera indefinida, el despliegue de 1500 militares y la declaratoria de un Estado de Excepción.
Para que se tenga una idea de lo desproporcionado que ha  resultado la decisión de Maduro (mucho más desproporcionada que la orden de Chávez de desplegar diez batallones luego del asesinato del líder de las FARC, Raúl Reyes, ocurrida en 2008), basta con recordar que antes de que la revolución llegara al poder, en 1998, la guerrilla colombiana había perpetrado 38 ataques en la frontera, contra puestos militares venezolanos, que dejaron 11 guardias y cinco civiles venezolanos muertos. Pero nunca se decretó un Estado de Excepción.
No puede ser casualidad que justo esta semana, se produzca un incidente en el que hieren a 3 militares en la frontera. Pero fíjense: la investigación todavía no ha concluido, apenas comienza a sustanciarse el expediente, no han sido evacuados todos los testigos y recabadas todas las pruebas, y el gobierno decreta un Estado de Excepción y cierra la frontera más dinámica de la América del Sur por tiempo indefinido, perjudicando a poco más de 100 mil personas entre el estado Táchira y el Departamento Norte de Santander, y arrojando pérdidas económicas que de acuerdo con El Nuevo Herald de Miami, ya superan los 400 mil dólares.
En mi modesta opinión, Nicolás Maduro intenta desesperadamente encontrar una salida similar a la que buscó, el 2 de abril de 1982, el Teniente General Leopoldo Galtieri, presidente de facto de Argentina, miembro de la Junta Militar que asumió el poder en 1976 y quien ejerció la Presidencia de esa nación, entre 1981 y 1982.
Galtieri y los gorilas que gobernaban a la Argentina desde 1976, acosados por una gran pérdida de popularidad, y acorralados por las protestas y el descontento que había en aquel momento en la nación austral, metieron a los argentinos en la primera guerra internacional desde la Guerra del Paraguay de mediados de la década de 1860.
Y lo hicieron, creyendo que con ello, la dictadura se iba a salvar de la caída, sin importar que aquella aventura le costara la vida a soldados argentinos que no tenían ningún tipo de experiencia en una confrontación armada. Galtieri sólo quería apaciguar los ánimos de los ciudadanos que en las calles, todos los días, reclamaban alimentos, trabajo, seguridad, vivienda, salud y mejores salarios, algo que ninguna dictadura, en ninguna parte del mundo, ha podido ofrecer.
Contra viento y marea, aplicando la máxima de Maquiavelo, de que el fin justifica los medios, el 2 de abril de 1982, el gobierno militar de Galtieri, puso en práctica su decisión de invadir las islas Malvinas. Un día antes, el presidente norteamericano Ronald Reagan, quien ya tenía en sus manos el informe elaborado por la embajada de EEUU y la CIA, confirmando que el gobierno de Galtieri iba a invadir Las Malvinas, intentó disuadir telefónicamente a Galtieri, pero éste no hizo caso y se lanzó a la aventura.
Analistas argentinos confirmaron tiempo después que “la decisión de invadir Malvinas parece haber sido adoptada por la Junta Militar con el objeto de crear una nueva realidad política a partir de la crisis interna que sobrellevaba el gobierno después de seis años desde el golpe de 1976. Era una huída hacia adelante. La operación de Malvinas era la última carta bajo la manga que disponía el gobierno militar, desprestigiado y agotado”.
Maduro y su desastroso gobierno, viven hoy, en Venezuela, la misma realidad que vivió Leopoldo Galtieri en Argentina en 1982. El paralelismo es válido, a pesar de que Galtieri era militar y Maduro es un civil, porque, salvando las distancias, es un hecho cierto y comprobado que en Venezuela hay un gobierno militar presidido por un civil.
Maduro no quiere que haya elecciones parlamentarias el 6 de diciembre. Todas las encuestas, absolutamente todas, incluyendo la de Hinterlaces, manipulada y maquillada, muestran que el gobierno va a perder esos comicios. Legalmente hablando, no hay manera de que Maduro y el PSUV ganen las parlamentarias. Por esa razón, el gobierno busca desesperadamente un motivo, que le permita crear las condiciones propicias para la suspensión de las elecciones.
Inicialmente, la estrategia se dirigió hacia Guyana, y la reclamación del territorio Esequibo. Pero tal parece que esa estrategia fracasó, sobre todo después que el Caricom ofreció su apoyo al gobierno de David Granger, y más concretamente, luego de la visita del vicepresidente Arreaza a La Habana, buscando el apoyo de Raúl Castro, quien de manera tajante le dijo que Cuba no apoyaría a  Venezuela en un hipotético conflicto armado con Georgetown.
Ante esa realidad, Maduro volteó la mirada hacia Colombia, país con el cual la revolución ha mantenido un permanente enfrentamiento desde los  tiempos en que Hugo Chávez era Presidente. El cierre indefinido de la frontera, el despliegue de un millar de militares y la declaración de un Estado de Excepción, sin ninguna justificación parecen apuntar en la dirección de que lo que se viene es un conflicto de grandes proporciones.
Si la estrategia madurista continua su desarrollo, lo próximo que vendría sería un decreto de Estado de Excepción para algunos municipios en Zulia y otros en Apure, en la línea fronteriza con Colombia. Después vendrán decretos similares en municipios del estado Bolívar y en cualquier otro municipio donde se presenten situaciones conflictivas o saqueos. Es, como lo apuntaba en un tuit, el colega Alberto Federico Ravell, un Estado de Excepción decretado a cuenta gotas.
No quisiera concluir, sin antes hacer dos preguntas a los soldados venezolanos: 1) los militares están dispuestos a ir a una guerra contra Colombia, para darle a Maduro el motivo que necesita para suspender las elecciones del 6 de diciembre? 2) Acaso no saben que la dictadura de Galtieri en Argentina, se vino al piso precisamente después del fracaso que significó la Guerra de las Malvinas?
Gustavo Azócar Alcalá
cafeconazocar@gmail.com
@gustavoazocara

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sábado, 22 de febrero de 2014

JUAN PÁEZ ÁVILA, DIÁLOGO Y REPRESIÓN, CASO TACHIRA,

      La farsa de la convocatoria al diálogo por parte de Nicolás Maduro  quedó al descubierto cuando a una pacífica manifestación de los estudiantes de la Universidad de los Andes, en protesta por la inseguridad que viven en las aulas universitarias, donde han sido asaltados por grupos armados, identificados con el gobierno, fue reprimida con violencia criminal

     
La crisis política, económica y social que atraviesa el país requiere que el gobierno ponga en práctica un diálogo sincero, porque la represión policial y la intervención de los grupos paramilitares afectos al régimen, fotografiados por miles de los jóvenes que asisten a las marchas y por los organismos de inteligencia civiles y militares, no puede conducir a una solución a corto plazo, y si se prolonga las consecuencias son impredecibles, pero de ninguna manera convenientes para la estabilidad del régimen.
     La aprobación de varios decretos leyes  por el Presidente de la República, por su contenido constituye una provocación a los sectores democráticos del país con la finalidad de crear un peligroso desconcierto que los pueda inclinar a una reacción violenta y a olvidarse de su política pacífica y democrática.
      Todo gobernante de espíritu o tendencia autocrático y personalista puede iniciar su gestión con un aparente apego a la legalidad del país que le ha  otorgado democráticamente el derecho  a ejercer  funciones de gobierno, pero en la medida en que considera que puede perder esas facultades, comienza a restringir los derechos de la oposición y generalmente termina persiguiendo a quienes le apoyaron para ascender al poder, si tratan de disentir de algunas de sus decisiones unilaterales.
         La represión en el ejercicio del poder  rompe las reglas que caracterizan a un régimen democrático, de una forma abrupta y violenta o con aprobación de una legislación especial que le permita gobernar sin impedimento alguno, sin descartar la violación de la legislación vigente.       En una época como la actual, en la que las naciones democráticas han creado organizaciones multinacionales y han hecho aprobar una legislación respetuosa de los derechos humanos y de las instituciones y poderes públicos independientes, el camino hacia la tiranía se dificulta y obliga a los autócratas a preservar cierta apariencia de legalidad. Se aprueban leyes que facilitan la discriminación y posterior persecución de los sectores  que se oponen al mandato ejecutivo unipersonal sin controles de otros poderes. Y como en todo régimen autoritario surgen internamente algunas discrepancias, por parte de individualidades democráticas o sectores disconformes con las promesas incumplidas, la represión también recae sobre ellos. Es lo que estamos presenciando a casi un año de gobierno de  Nicolás Maduro. La represión  se extiende a toda disidencia.
         La muerte de varios estudiantes y algunos manifestantes, más los centenares de detenidos, torturados y vejados en general, lo que ha logrado es elevar la ira de los estudiantes y de los sectores de la sociedad civil que se  les han sumado, al extremo que hoy parece incontenible la profundización de la inseguridad y de la crisis en general que afecta a casi toda la población, con la excepción de  los boligurgueses enriquecidos ilícitamente y protegidos por guardaespaldas y camionetas blindadas.
         El repudio a los colectivos armados por el gobierno con armas de guerra,  violando el texto constitucional que establece que las armas de guerra sólo las pueden tener y portar los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, ha colocado la vida de la nación en una seria encrucijada, porque la Ministra del Régimen Penitenciario ha declarado que dichos colectivos son el baluarte que garantiza  la revolución socialista y bolivariana. ¿Quién garantiza la vida de los venezolanos, la soberanía nacional y el orden público nacional, si estos grupos paramilitares son utilizados para reprimir y asesinar a estudiantes y ciudadanos pacíficos que manifiestan contra algunas políticas gubernamentales? La respuesta debería estar en manos o en poder de las autoridades nacionales, pero si el Poder Ejecutivo controla a los demás Poderes Públicos y, además, arma grupos paramilitares represivos y criminales, el pueblo queda indefenso, porque ante la actuación de esos grupos la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional también denominada Bolivariana, se hacen la vista gorda, es decir, no protegen a la población desarmada.
         Crisis mayor por su gravedad y repercusión nacional e internacional no se ha conocido en la historia contemporánea del país. Si no es posible establecer un diálogo sincero, patriótico, de interés venezolano, el futuro es incierto.
 Juan Paez jpaezavila@gmail.com
@jpaezavila

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jueves, 13 de febrero de 2014

RICARDO ESCALANTE, LA RIESGOSA MANIOBRA DE CONTROLAR CON REPRESIÓN. ¡VALIENTES ESTUDIANTES!

El gobierno de venezolano, en el desespero por su incompetencia delirante, ni siquiera tiene empacho en recurrir a métodos elementales represivos de formas elementales para con  los descontentos. Y lo hace exactamente como ocurre en Cuba o en Zimbabue, con acusaciones falsas de cualquier tipo para amedrentar a quienes salen a las calles a protestar contra la galopante inflación, la inseguridad personal y colectiva, y contra la aguda escasez de productos de consumo masivo.
Lo que acaba de ocurrir en el corazón de los Andes, en San Cristóbal, es evidencia de la ausencia de sindéresis en un régimen cuya característica esencial es el totalitarismo:  Tres universitarios -Reinaldo y Leonardo Manrique, estudiantes de contaduría y derecho-; así como Jesús Gómez, cursante de otra carrera-, fueron apresados por agentes de la policía política, llevados a instalaciones militares y acusados de una catajarra de delitos que, por supuesto, no cometieron.  Son presos de conciencia.
El traslado de jueces amañados y fiscales del Ministerio Público a instalaciones militares para hacer las imputaciones a toda carrera, pone en evidencia que Nicolás Maduro no cuida las formas. El mandamás habla de “felicidad” ciudadana pero, al mismo tiempo, con su estolidez descomunal confiesa que no le importa ser llamado dictador.  En el siglo XXI, es un dictador de viejo cuño: Garrote en mano, prisión, bozal y cero papel higiénico para todos.
Nadie podía esperar, por supuesto, que Maduro al menos hubiese llegado a ser un desprevenido lector de ciertos pasajes hermosos de la historia contemporánea de Venezuela. No, porque apenas llegó a un liceo para lanzar piedras y cometer tropelías, tal como lo recuerdan quienes en aquella época lo conocieron. Haber tenido en sus manos ciertas obras le habría permitido enterarse de lo qué fue, por ejemplo, la generación del 28, quiénes la formaron y en qué consistieron sus desvelos y luchas contra la dictadura de Juan Vicente Gómez.
Si Maduro hubiese tenido alguna inquietud por el estudio y los principios democráticos, con toda seguridad se habría enterado del papel desempeñado por aquellos valientes jóvenes universitarios y por qué ellos hicieron contribuciones  admirables e imborrables a la vida nacional en buena parte del siglo XX. Pero no.  No fue así y no podemos pedirle peras al olmo.
Claro, y de manera desafortunada para él, ignora que en la historia contemporánea de Venezuela siempre ha habido jóvenes que han encendido la llama de grandes cambios.  Es verdad que entre ellos también ha habido equivocaciones, pero de la misma manera muchos han rectificado de manera honrosa. ¿No estará Maduro apagando con gasolina el incendio que él mismo provocó?
Eso de llevar presos de una ciudad a otra y someterlos a procesos judiciales interminables, tal como lo hicieron con el comisario Iván Simonovis, es muestra de una aborrecible violación de los derechos humanos.  ¿Le harán lo mismo a estos tres estudiantes inocentes que acaban de apresar y trasladar a Coro? ¿Hay acaso dudas de que el juicio contra Simonovis fue una patraña urdida por Hugo Chávez? Por eso y mucho más, en la población venezolana existe la convicción y el deseo de salir a la calle, a la plaza pública, para combatir  el régimen arbitrario y antidemocrático que controlan desde La Habana.
@opinionricardo
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