El Presidente Juan Manuel Santos objetó el Acto Legislativo de Reforma a la Justicia,
por haberse encontrado inconsistencias introducidas en el texto aprobado y
conciliado en el Congreso.
Colombia: Santos solicitó que se archive reforma de la justicia,
Tras la renuncia del ministro Juan Carlos Esguerra, el presidente Juan Manuel
Santos pidió al Parlamento que revoque la reforma de la justicia por
“inconstitucional”.
"Devolveré al Congreso con objeciones, por razones de
constitucionalidad y también de conveniencia, el proyecto de Acto
Legislativo", señaló el presidente en una alocución radiotelevisada y
agregó que es la primera vez en la historia del país que un Jefe de Estado
acude a una decisión de este tipo. Ver alocución presidencial. Advirtió que de
entrar en vigencia la norma que modifica la Constitución, se presentaría un
colapso de inmensas proporciones y subrayó que las modificaciones introducidas
son inaceptables para el país y para el Gobierno. El mandatario dijo que
asumirá la responsabilidad política de su determinación, y también afirmó que
es la primera vez que un jefe de Estado toma este tipo de medidas para hacer
respetar el ordenamiento jurídico como lo obliga la propia Constitución.
ALOCUCIÓN DEL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS
“El acceso a una justicia pronta y eficaz es una aspiración de
todos los colombianos y, por supuesto, de nuestro Gobierno. Pensando en esto,
desde los primeros días de nuestro mandato propusimos al país realizar una
reforma a la Justicia con unos fines muy precisos. Esta reforma tiene varios
componentes, porque se trata de una reforma integral: por una parte, una
reforma constitucional, y, por la otra, la reforma o expedición de códigos y
leyes que ayuden a conseguir los objetivos.
¿Y CUÁLES SON ESOS OBJETIVOS?
“Descongestionar los despachos judiciales para que los
ciudadanos tengan una respuesta más rápida a sus demandas. Hacer más sencillos
y eficaces los procesos judiciales, utilizando incluso las nuevas tecnologías.
Dotar de más recursos económicos a la Justicia para que cumpla mejor con su
labor. Y eliminar, reformar o reemplazar instituciones que habían demostrado su
inoperancia o estaban desgastadas, por instituciones más modernas y eficientes.
“En cuanto a los códigos y leyes, es bueno poder contarles que
se lograron avances sustanciales, como la Ley de Seguridad Ciudadana, el
Estatuto Anticorrupción, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la eliminación del incentivo económico en las
acciones populares, y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
“Y en la legislatura que acaba de terminar se aprobaron normas
de avanzada como el Código General del Proceso, el Estatuto de Arbitraje
Nacional e Internacional, y el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos,
que van a mejorar —y mucho— la Administración de Justicia. En lo que se refiere
a la reforma constitucional a la Justicia —que, repito, es sólo una parte de
una reforma integral más amplia que estamos llevando a cabo—, la discutimos
ampliamente de cara al país y la presentamos finalmente al Congreso de la
República donde cumplió los ocho debates reglamentarios.
“Esta reforma —según lo propuso el Gobierno— contempla medidas
para descongestionar la Justicia; elimina el Consejo Superior de la Judicatura
—que ha estado sujeto a muchos cuestionamientos— y lo reemplaza por una nueva
estructura gerencial y disciplinaria; reemplaza la Comisión de Acusaciones de
la Cámara, que también venía desgastada; establece una nueva fórmula para el
juzgamiento de congresistas y altos funcionarios para que sean juzgados en
doble instancia por la Corte Suprema de Justicia —lo cual es un derecho
elemental para cualquier ciudadano—.
“De otra parte, la reforma garantiza recursos adicionales de inversión
por 2 billones de pesos, en los próximos 6 años, para el sector jurisdiccional,
destinados al mejoramiento de la infraestructura, a la implementación de las
tecnologías de la información y la comunicación, la puesta en marcha de la
oralidad y la descongestión judicial. Esto no tiene precedente alguno en la
historia de Colombia.
“En medio de los debates legislativos, como es apenas natural,
surgieron diferencias entre las propuestas del Gobierno, de las Cortes y las
iniciativas de los congresistas, por ejemplo, en temas como la ampliación del
periodo de los actuales magistrados de las altas cortes. Estas eran diferencias
de alguna manera superables. Fue así como terminaron los 8 debates y se entró a
la etapa de la conciliación, que consiste en la conformación de un grupo de
senadores y representantes que tienen a su cargo unificar los textos aprobados
en el Senado y en la Cámara en una sola redacción, porque es natural que
existan algunas diferencias entre uno y otro.
“En esta última instancia, la Comisión decidió sesionar sin la
presencia del Ministro de Justicia y del Derecho; hicieron los cambios que a
bien tuvieron, y solo le informaron al Ministro de estos después de 10 horas de
discusión, cuando ya, por razones de tiempo, había muy poco por hacer. Este
texto conciliado del proyecto de reforma constitucional a la Justicia fue el
que salió aprobado ayer miércoles por el Congreso.
“Infortunadamente —y después de todo este gran esfuerzo—, el
Gobierno ha detectado que se introdujeron unos cambios que en nada favorecen a
la justicia y la transparencia y, en particular, algunos que son verdaderos
"micos", como se dice a los malos agregados que a última hora se les
cuelgan a los proyectos.
“En primer lugar, la Comisión de Conciliación decidió quitarle a
la Fiscalía General de la Nación la competencia para adelantar la etapa de
investigación en los procesos penales que se adelantan contra ministros,
magistrados de tribunal, embajadores, directores de departamento administrativo,
gobernadores, generales y almirantes, entre otros funcionarios con fuero. Al
hacer esto, la Comisión de Conciliación quebrantó las disposiciones
constitucionales y legales y desbordó sus competencias. En palabras simples:
tanto el texto aprobado por la plenaria del Senado como el aprobado por la
plenaria de la Cámara mantenían la competencia que hoy tiene la Fiscalía
General para investigar a los ya mencionados altos funcionarios.
“Por lo mismo, no podían los conciliadores eliminar dicha
competencia pues los textos sometidos a su conocimiento eran en este sentido
idénticos y nada había, entonces, para modificar. De entrar en vigencia la
reforma constitucional, con esta disposición agregada, la Fiscalía General de
la Nación estaría obligada a paralizar cerca de 1.500 investigaciones a su
cargo sobre esos funcionarios, y, adicionalmente, los que estén detenidos
podrían quedar en libertad. Esto tendría gravísimas consecuencias para la
Administración de Justicia, la lucha contra la corrupción y la impunidad, con
lo cual habría un colapso de inmensas proporciones.
“En segundo lugar, la Comisión de Conciliación aprobó un
parágrafo transitorio que extiende la doble instancia —que se había definido
para los procesos de pérdida de investidura de los congresistas— a todos los
procesos que contra ellos cursen en la jurisdicción contencioso-administrativa,
incluyendo los de nulidad electoral, lo cual generaría otro colapso judicial.
¡Esto es inaceptable para el país y para el Gobierno!
“En tercer lugar —también en la etapa de conciliación del
proyecto-, se fusionaron las normas aprobadas en la Cámara y en el Senado sobre
el régimen de pérdida de investidura de los congresistas, de tal manera que se
alteró la voluntad de las plenarias de senado y cámara. ¡Esto es inaceptable
para el país y para el Gobierno!
“Y hay una cuarta inconsistencia grave que se dio en la etapa de
conciliación del proyecto. Se suprimió el régimen de transición para la
eliminación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
“¿Qué significa esto? Que al día siguiente de promulgar la
reforma, habría otro factor de colapso en la rama judicial porque la
administración de la rama quedaría bajo la dependencia de un solo funcionario —
el actual Director Ejecutivo, a quien la reforma si le concedió un régimen de
transición-, contra la voluntad del gobierno
¡Otra vez, algo inaceptable para el país y para el Gobierno!
“Queríamos y queremos una Reforma constitucional a la Justicia
para que ganen la justicia y la transparencia, y no para dar gabelas y
beneficios a quienes hoy están investigados, o para generar un caos en la
Justicia. Por eso, como Presidente de todos los colombianos, obrando en
conciencia, tengo el deber de impedir que esto prospere. No vamos a dejar que,
por aprobar una reforma que queríamos para descongestionar la justicia y
hacerla más cercana al ciudadano, terminemos haciéndole el juego a quienes
quieren escapar de ella.
“Las normas señaladas —en mala hora incorporadas en la etapa de
conciliación—, y otras más que son simplemente inconvenientes, nos obligan a
tomar una decisión muy drástica, con toda la firmeza y con la autoridad que nos
da haber realizado este proceso de cara al país. Yo asumo las consecuencias de mi decisión.
“Mañana, devolveré al Congreso de la República, con objeciones
por razones de constitucionalidad y también de inconveniencia, el proyecto de
acto legislativo de Reforma a la Justicia que he recibido para su promulgación.
Es la primera vez en la historia que un Jefe de Estado acude a este mecanismo
para hacer respetar el ordenamiento jurídico, como lo obliga la propia
Constitución. El Presidente de la República, no puede abstenerse de actuar con
contundencia frente a una situación tan crítica como esta. Estas objeciones se
justifican constitucionalmente por la protuberancia de los vicios detectados en
la fase de conciliación, e implican un cuestionamiento serio sobre la real
existencia de una voluntad constituyente legítimamente conformada sobre algunos
puntos concretos pero muy importantes de la reforma.
“Adicionalmente, estas objeciones se ajustan a la ley y a la
jurisprudencia, las cuales prevén que los vacíos de regulación sobre el trámite
constituyente en el Congreso deben suplirse con las normas que regulan el
procedimiento legislativo ordinario. No ha sido una decisión fácil. Pero la
buena salud de la Justicia y nuestro compromiso con la transparencia y contra
la corrupción ¡están por encima de todo! Los colombianos pueden estar
tranquilos. Y espero que el Congreso entienda y acepte estas objeciones, por el
bien de la Justicia y de Colombia.”
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-354671-santos-devolvera-reforma-justicia-al-congreso
21 de junio de 2012
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