DARIO ACEVEDO CARMONA, DIGNIDAD CONTRA INSOLENCIA, CASO COLOMBIA

DARIO ACEVEDO CARMONA, DIGNIDAD CONTRA INSOLENCIA, CASO COLOMBIA

     

PRESIDENTE SANTOS, FISCAL MONTEALEGRE, FARC, JUSTICIA, ASAMBLEA CONSTITUYENTE, ENCUESTAS, DIGNIDAD.

Habitualmente el presidente Santos, el fiscal Montealegre y los miembros del Secretariado de las Farc nos sorprenden negativamente con sus posiciones sobre la paz.

Montealegre, por ejemplo, una vez más, se pone del lado enemigo al proponer, en unión de las altas cortes, la convocatoria de una asamblea constituyente para la reforma de la Justicia y el equilibrio de poderes, con el añadido de que en ella tengan representación los desmovilizados de las guerrillas.

Hay que tener en cuenta que para las FARC esa es una de sus banderas que con carácter de exigencia han planteado en las conversaciones habaneras. No es una cuestión ordinaria pues se trata nada menos que del mecanismo que ellas consideran apropiado para sentar las bases de la “refundación del Estado” y la “nueva Sociedad” en la que exigirán, al menos, la mitad de sus bancas. Este funcionario desdeña que ese es el peldaño con el que las Farc piensan acceder al poder. Menos mal, la Corte Suprema en pleno dio marcha atrás sobre este asunto y ojalá así lo hagan las demás.

Apoyado en su filosofía de exculpación de los crímenes de las guerrillas, Montealegre abrió un amplio boquete a la impunidad para los delitos de lesa humanidad y como si fuese el ministro de Relaciones Exteriores viajó por varios países para hacer loby ante organismos internacionales como la CPI a cuya presidente, Fatou Bensouda, desautorizó y a cuyo estatuto le dobló su columna vertebral con rebuscadas interpretaciones.

Todavía resuena su tesis favorable a la ampliación del alcance del delito político, según la cual, toda conducta criminal relacionada con el accionar político, es conexa al mismo y por tanto, debe ser tratada con la misma indulgencia dada a los delitos políticos de asonada y rebelión. Entiéndase que el secuestro, el reclutamiento de menores, el asesinato fuera de combate, los ataques a la población civil, el narcotráfico, etc., según su rebuscada hermenéutica jurídica, deben ser considerados conexos con el delito político por haber sido cometidos en función de un supuesto ideal altruista.

Con sus maniobras clientelistas para ubicar a sus incondicionales en las cortes y el loby en el Congreso de la república, entre otras cosas, para defender su “derecho al almuerzo”, o sea, litigar después de dejar el cargo, el Fiscal abusa del poder atacando a quienes osan cuestionarlo. La excontralora Morelli y el Procurador Ordoñez figuran en la lista de perseguidos.

Al mejor estilo de Beria, el tenebroso secretario de Stalin, desde esa dependencia se movieron los hilos de la infiltración del hacker en la campaña de Óscar Iván Zuluaga, para favorecer, días antes de la segunda vuelta, la reelección presidencial de Juan Manuel Santos y mantener amenazados al candidato del Centro Democrático y a su hijo. Se dice que en los calabozos de la Fiscalía se urde la manera de hundir al expresidente Uribe con chantajes a la exdirectora del DAS y a Bernardo Moreno, tal como hicieron con el hacker Sepúlveda, ofreciendo ventajas jurídicas si declaran contra el expresidente Uribe, a sabiendas que la ley no lo permite habiendo sentencias en firme.

Los jefes de las FARC no se quedan atrás en demostraciones de cinismo. Semana tras semana, somos sorprendidos por la insolencia de Timochenko, Márquez, Catatumbo o Santrich. A su extensa lista de exigencias y acusaciones, ahora sostienen que el Estado, o sea nosotros, nos declaremos culpables del “conflicto armado” y sus consecuencias y de reparar a todas las víctimas, como si ellos no fueran los que desataron la violencia en nombre del ideal comunista.

Cero días de cárcel, desconocimiento de sus víctimas, convocatoria de asamblea constituyente con asientos numerosos para ellos, Fuerzas Armadas reducidas y a cuidar fronteras, Zonas de Reserva Campesina, no devolución de bienes, eliminación de aspersiones de la coca con glifosato, comisión de verdad histórica que confirme la justeza de su levantamiento en armas, creación de sistema de alerta antiparamilitar y la más reciente, negativa a entregar los niños reclutados a la fuerza.

Como quien dice, eso de que la paz no se obtiene con la fórmula “casa, taxi y beca”, a la que se refirió irónicamente el Comisionado de Paz Sergio Jaramillo para sustentar que había que hacer muchas reformas políticas y sociales, ha sido bien explotada por quienes hablan y actúan como si hubieran ganado el “conflicto armado”.

Para cerrar el capítulo del actual ciclo, el presidente Santos echó a rodar la bola del referéndum para otorgarle plenos poderes en las negociaciones de paz, al estilo de las leyes habilitantes de los déspotas Chávez y Maduro.

Resulta pues, que en nombre de la paz los comensales de la Habana se pasan por la faja las leyes, deterioran la institucionalidad y mancillan la dignidad de los colombianos. No es de extrañar, por tanto, que  hayan hecho valer su indignación en las encuestas.

Ruben Dario Acevedo Carmona

rdaceved@unal.edu.co

@darioacevedoc

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GERMÁN GIL RICO, DE LEYES A GRANEL PARA LA DEMAGOGIA ELECTORAL Y DE LOS AFANES POR LA CONSTITUYENTE

            GERMÁN GIL RICO

La historia informa que los regímenes totalitarios, como para aparentar algún respeto por principios básicos de la democracia, en vísperas de eventos electorales, recurren a la confección, sanción y promulgación de leyes de contenido social que, en la letra, dan fundamento jurídico al mejoramiento y protección de la calidad de vida a los habitantes del país que despotizan. Pero de la promulgación a la ejecución hay un trecho tan largo que imposibilita determinar cuándo comenzarán a materializarse los beneficios enunciados. En tales menesteres son expertos los castro-comunistas hoy, por arte de birlibirloque, trastocados en socialistas del siglo XXI que viene a ser “el mismo musiú con diferente cachimbo”.  

Por los tiempos fijados por la Constitución y la Ley de Procesos Electorales, incluyendo la ventajista reordenación de los Circuitos Electorales,  a finales del año entrante (2015) deben realizarse comicios para elegir diputados a la Asamblea Nacional, lo cual nada tiene de novedoso. No llamará la atención, más allá de la indignación, el hostigamiento a los testigos de las organizaciones pertenecientes a la Mesa de la Unidad Democrática, ni la prolongación de la hora de cierre de los centros de votación, sin que elector alguno esté esperando turno y así “poner a votar”  a los abstencionistas, con la ventaja de que el testigo opositor habría huido antes de que el poderoso argumento de un fusil, manipulado por un individuo que no se sabe si es efectivo de la FANB o de algún colectivo paramilitar, lo obligue a guardar silencio eterno. Lo que si colma la paciencia es el desparpajo con que actúan y el avieso propósito de continuar embolatando a la población más vulnerable.

Porque esa catajarria de decretos con rango y fuerza de ley, emitidos hasta el último minuto de vigencia de una cuestionable Ley Habilitante, no son más que trampas “caza bobos”. Un amasijo de instrumentos legales para el desarrollo y protección social con Reforma Tributaria confiscatoria y represiva, en correspondencia con el talante totalitario del castro-chavismo más la de Inversiones Extranjeras, sin la existencia de seguridad jurídica. Bien, todos esos decretos-ley para ser ejecutados demandan la erogación de ingentes cantidades y en la marusa no hay mucho. Con el precio del petróleo en caída libre (en días pasados frisó los 70,oo US$ el barril) y la producción disminuida a nivel de alarma, salvo que la máquina de fabricar billetes enloquezca e imprima mucho más allá de la imprudencia, ni con los nuevos impuestos que, de seguro potenciarán el desempleo, de la marusa no podrán extraer más de lo que el negocio produce. Así pues que la  alharaca es pura demagogia electoral del gobierno, atado a un sistema inviable que sólo prodiga esperanzas.

También nos informa la historia que el venezolano es fácil presa de quienes se afanan en ser constituyentes. Es la manía de ser fundadores, heredada de quienes fijaron los primeros centros poblados, así como el de los padres de la República. Por eso, hasta ahora, hemos tenido 26 constituciones. Porque un revolucionario que se estime de tal no puede “pelar el boche” que lo acredite como refundador de la República. Tampoco lo quiere “pelar” quien por medio del voto ciudadano derrote a un impostor quien, por añadidura, ejerce de gobernante totalitario. Tal es la motivación de los convocantes a una Asamblea Constituyente.

Creo que convocar  elecciones para una Constituyente en las circunstancias que vive el país, con un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal Supremo de Justicia obedientes a los dictámenes del Poder Ejecutivo, es un error que podría conducirnos a un salto al vacío. Porque supongamos que los ciudadanos borraron de la memoria la “lista de Tascón” y sus nefandas consecuencias, que se recolecte el doble de las firmas necesarias y las encuestan reflejaren que, en la intención del voto, la oposición tiene 15 puntos de ventaja sobre el gobierno, lo cual predeciría la conformación de una nueva mayoría. Pero ocurre que la mayoría en el CNE la tiene el gobierno y reordenaría (reacomodaría) los Circuitos para aventajar a la oposición. El gobierno volvería a sacaría menos votos, pero tendría mayoría en la Constituyente. Quedaría recurrir ante el TSJ y pregunto ¿alguien, en sano juicio,  podría imaginar que el TSJ emitiría un fallo a favor de la oposición?

Alguna vez le oí decir Carlos Andrés Pérez “el frío no está en las cobijas”. La afirmación “gocha” contiene el peso argumental de quienes pensamos que la prioridad de la oposición tiene que ser la elección de una mayoría holgada de diputados a la Asamblea Nacional, holgada como para pararle los pies al desgobierno rojo-rojito, teledirigido por los hermanos Castro, con tropas de ocupación incluidas.

German Gil Rico

gergilrico@yahoo.com

@gergilrico

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ALBERTO JORDÁN HERNÁNDEZ, EN ROJO LISTA NEGRA, CON VOZ PROPIA

Tenía el régimen sartén por el mango con liberación del exdirector de inteligencia militar, Hugo Carvajal, preso en Aruba debido a acusación de EEUU por actividades con narcotráfico. En afán de protección y fidelidad castrense, el Presidente Nicolás Maduro dijo que al imputado lo chantajeó el Imperio por no participar en conspiración contra su gobierno. En la maniobra incluyó a los mandos militares. Pero al voltear la tortilla le salió el tiro por la culata porque ese Imperio decidió sancionar a funcionarios violadores de derechos humanos.

¿Cómo calificar la presión denunciada por el fiscal general de Aruba, Peter Blanken cuando se debatía el caso: barcos venezolanos rodearon la  isla igual que a Curazao; amenazas de cortar lazos comerciales y enlaces aéreos; interrumpir envío de combustible y cerrar refinería?

 No quedó otra vía que declararlo persona non grata, lo cual le impide arribar legalmente a las islas.

De allí que EEUU profundamente decepcionado, calificara de burla a normas diplomáticas libertad de Carvajal, comparado con el narcotraficante Pablo Escobar, aunque éste sin apoyo del Gobierno.

         Tal como partió a lo que parecía su infortunio, regresó en avioneta privada y marchó al congreso del Partido del régimen, reconocido de castrocomunista.  Fue recibido con el grito de Maduro: "¡el Pollo está libre y vivo!".

“Estábamos dispuestos a acciones contra EEUU”.

Y Carvajal en medio de ovaciones acusó al juez y procurador que trataron su captura.

"Como ellos sospechan de mí, yo sospecho que ellos recibieron dinero por hacer lo que hicieron conmigo”.

Atrás dejó (al menos por ahora) intento de entregarse a la DEA, que había impedido el comandante presidente, a quien siguió en golpe del 4 de febrero 1992.

Departamento del Tesoro de EEUU lo inculpó de cooperar con narcotráfico de las FARC junto a Henry Rangel Silva, ex ministro de Defensa y actual gobernador de Trujillo y Ramón Rodríguez Chacín, ex ministro de Relaciones Interiores y ahora gobernador de Guárico.      Según Maduro por gestiones del ex Presidente de Colombia,  Álvaro Uribe fueron incluidos en lista Clinton.

En la lista figuran el teniente Diosdado Cabello, presidente del Parlamento; capitán Vassyly Kotosky Villarroel; general Cliver Alcalá Cordones; Amílcar Figueroa, del Parlamento Latinoamericano; diputado Freddy Bernal y Ramón Madriz, del Sebin.

Diputado Ismael García agrega a ex tesorero de la nación Alejandro Andrade, Arné Chacón y Rafael Fernández Berrueco.

A Carvajal se le acusa de asistir operaciones del narco colombiano Wilber Varela (a) Jabón  y de estar relacionado con asesinato de intérprete de señas de Venevisión, Adriana Urquiola.

El capo Walid Makled  declaró que estaba en su nómina. 

Computadores decomisados en campamento del líder de FARC Raúl Reyes, evidencian que se reunió con jefes guerrilleros Iván Márquez y Rodrigo Granda.

A lista negra convertida en roja se suman funcionarios a quienes  EEUU revocó visas (también por ahora), por violar derechos humanos.

AL MARGEN. Ojalá prive la reflexión en quienes proponen la Constituyente, con el anuncio del congreso pusevista de adoptar la propuesta.

Alberto Jordan Hernandez

Jordanalberto18@yahoo.com

@albertojordanh

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ANDRÉS HOYOS, INSTITUCIONES O CAOS, CASO COLOMBIA

Un país de aspiraciones democráticas no tendría por qué enfrentar el dilema del título, pero por cuenta de personajes nefastos como Petro y Ordóñez, para mencionar apenas a los dos últimos facciosos de alto coturno que han adquirido protagonismo entre nosotros, en esas estamos en Colombia.

A contrapelo de la tranquilidad institucional, tenemos un procurador rigorista y sectario y un alcalde de Bogotá al que no le importa violentar la ley con tal de imponer su punto de vista. Entre ambos nos han metido en una crisis institucional de proporciones. 

Las instituciones son más importantes que las personas y no conviene olvidar que la debilidad institucional es un caldo de cultivo para el populismo destructivo, tanto de “izquierda” como de derecha. Si hoy se permite el desbordamiento, ¿cómo detener el despelote de mañana?

Varios peligros acechan. De un lado, se promueve la idea de una Asamblea Constituyente sin considerar que ésta casi con seguridad redactaría un texto mucho peor y más deshilvanado que el actual. Ya se sabe que los países que cambian de Constitución como de camisa se desbaratan. Proponer un cambio de Constitución porque en esta no quepo yo, como hacen Uribe, las Farc y ahora Petro, es de un narcisismo aterrador. De otro lado, la capital del país está sumida en el desgobierno y sus necesidades no se solucionan ni se atienden. En tercer lugar, el alcalde insiste con vehemencia en que su problema lo tienen que solucionar unas medidas cautelares tomadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sé que me van a caer rayos y centellas, que me van a decir chavista y hasta fascista, pero no creo que la última palabra sobre la destitución de Petro la pueda tener la CIDH. Colombia no es todavía una república bananera y este organismo no puede desconocer el Artículo 277 de la Constitución nacional y el Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002), promulgado cuando Petro era representante a la Cámara, que lo regula. El procurador Ordóñez, llevando las cosas al extremo según su costumbre, actúa basado en ambos. ¿Los resultados de sus acciones no nos gustan? Reformemos la Constitución, la ley o ambas, pero no a partir de las decisiones de un organismo multilateral. Si la CIDH toma medidas cautelares que restituyan a Petro como alcalde y el Gobierno las acata, se establece un precedente jurídico y por el principio de igualdad centenares de procesos disciplinarios que han afectado a funcionarios de elección popular y en los que no hay una condena penal concomitante se caerían, con consecuencias políticas y económicas dramáticas. Por el camino del caos resultante podríamos destruir la Constitución de 1991, que es al parecer lo que quieren muchos. Dicen que es muy difícil que la CIDH dicte lo que Petro le pide bajo intensa e indebida presión, aunque casos se han visto.

No soy abogado, pero justamente uno de los peores perjuicios del affaire Petro es que nos metió a todos en un atolladero jurídico en el que no nos queda más remedio que hacer ese papel, entre otras cosas porque hay opiniones doctas de profesionales que dicen tanto A como lo contrario de A. Por si acaso, la CPI tampoco puede tener la última palabra sobre el proceso de paz.

Pobre Colombia: por cuenta de personajes megalómanos e irresponsables como Ordóñez y Petro, la polarización, tan destructiva desde hace años para el país, aumenta.

andreshoyos@elmalpensante.com, @andrewholes /

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DARÍO ACEVEDO CARMONA, ¿A QUIÉN DEFIENDE EL FISCAL?, DESDE COLOMBIA

No sé qué puede ser peor para la institucionalidad, a la que, no obstante sus falencias me someto, si las actuaciones del señor Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, en el caso de la destitución del alcalde Gustavo Petro o el destape de la propuesta de asamblea constituyente por parte de las FARC.

El señor Montealegre ya nos tenía acostumbrados a su papel de excusador de las FARC en materia de crímenes de lesa humanidad. Sin que nadie se lo pidiera se abalanzaba sobre cámaras y micrófonos para opinar sobre espinosos temas que se debaten en las conversaciones de La Habana. Tratándose de una persona con trayectoria jurídica tan vasta y con cargo de tan alta responsabilidad, uno piensa que lo correcto es una actitud reflexiva, de clara defensa de la legalidad y la legitimidad en vez de las apresuradas opiniones con las que exime de culpabilidad a los comandantes guerrilleros puesto que en nuestro ordenamiento no está, según él, el delito de lesa humanidad. Ignorancia crasa o supina del precepto que convierte en legislación nacional los acuerdos internacionales en la materia.

El Fiscal, en todo caso, ha ido tan lejos, ha rebasado tanto sus límites, su fuero y su competencia, que le disputa a Humberto de la Calle su rol de jefe del equipo oficial de los diálogos de paz, mostrándose más regalista y condescendiente con las guerrillas que el propio presidente Santos. Da la impresión de estar más de parte de los comandantes farianos que de la sociedad a la que debe defender y en particular de las víctimas a las que está obligado a proteger.

Ahora, en el caso de la destitución del alcalde Petro por sus graves fallas administrativas, se ha presentado más en el papel de abogado defensor de quien dio muestras evidentes de burlarse de las normas y las leyes y de presionar a las instituciones con el tumulto callejero, que de investigador imparcial y objetivo de las denuncias interpuestas contra Petro por el caso del manejo de las basuras.

Se reunió con Petro, un acusado ante la Fiscalía, destituido en primera instancia, durante tres o más horas en su despacho no en los estrados, despojándose de su investidura.

Ahora anuncia que en sus manos puede estar la suerte del alcalde “perseguido”, realizó un allanamiento a la Procuraduría, ha iniciado una averiguación preliminar, con una celeridad increíble, en contra de Alejandro Ordoñez. Prejuzga de injusta y arbitraria la medida del Procurador y califica sus funciones de exageradas y que abusa de su poder. De antemano, pues, el Fiscal canta su posición, con un desparpajo e insolencia desconocido en los anales de la Justicia colombiana.

El Fiscal da rienda suelta a su enemistad con el Procurador a quien ha insultado y maltratado por sus posiciones en materia de paz e impunidad. Aquí no está de por medio ni Cristo ni la virgen María ni el catolicismo ni las relaciones Iglesia-Estado, ni el aborto ni el matrimonio entre homosexuales, que son temas bien discutibles en los que tiene lugar una sana controversia. Es curioso que muchos pensadores liberales y de izquierda que rechazan la mezcla de política y religión y la intromisión de la iglesia y los curas en política, reivindiquen el principio de la laicidad cuando la amenaza viene desde la derecha porque cuando se trata de curas de izquierda convertidos en azuzadores de la lucha de clases, en comandantes de guerrillas, ahí sí es plausible.

Aquí lo que está en ciernes es la validación de un atropello descomunal a las instituciones, a las reglas del juego, al respeto de las competencias de cada ente y de cada funcionario de alto rango. El Fiscal está reventando todo eso y mucho más con sus actuaciones. Se entromete en asuntos propios del ministerio del Interior, en los de la comisión oficial de paz, en los de la Procuraduría, en los del Defensor del Pueblo y en los de la Contraloría. Lo hace, además, violentando sentimientos y percepciones muy caras a la mayoría de los colombianos frente al crimen.

La maltrecha justicia colombiana se enfrenta a un grave peligro si se cristaliza la burda maniobra de un Fiscal prejuiciado a favor de Petro y malenquistado con el Procurador, que funge de abogado defensor y salvavidas de un funcionario que se ha distinguido por hacer trizas las leyes, que hizo hasta lo imposible para dilatar el referendo revocatorio, para salir a última hora a pegarse de él como tabla de salvación y que ha tenido el cinismo de hacerse la víctima, el perseguido.

Algún órgano, por ejemplo la Corte Constitucional, debe poner límites taxativos al dislocado Fiscal para evitar que se produzca la más grave crisis institucional de los últimos años.

No queda espacio para comentar la propuesta de asamblea constituyente (estamental, al estilo fascista y comunista, con delegados guerrilleros designados a dedo no electos) propuesta por las Farc y su reiteración reciente de que ellos no están conversando sobre dejación de armas ni están dispuestos a cambiar balas por votos.

A todos los lectores de esta columna mis mejores deseos para que vivan una felices fiestas con sus seres queridos.

rdaceved@unal.edu.co

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