El llamado a los venezolanos a un Acuerdo
Nacional para la transición, propuesto por Leopoldo López, María Corina Machado
y Antonio Ledezma, además de estar dirigido a todos los ciudadanos, sin
distingo de ideologías o de su militancia política, interesados en procurar un
cambio del régimen de tendencia totalitaria que trata de consumar la dupla
Maduro-Cabello y los cada día menos seguidores que les acompañan, por un
gobierno democrático, puede interpretarse por su contenido general, como una
convocatoria a restablecer la vigencia plena de la Constitución Nacional
Bolivariana de Venezuela.
De
allí que deben sentirse aludidos tanto quienes forman parte de la oposición al
actual gobierno, como los independientes que observan hacia dónde marcha el
país impulsado por una política oficial que ha generado la mayor crisis
económica y social conocida hasta hoy, y los chavistas militares y civiles que
de distintas maneras han expresado en público o en privado, su desacuerdo con
un liderazgo gubernamental incapaz para superar la crisis actual, corrupto o
cómplice de la corrupción que ha despilfarrado y defalcado los mayores
presupuestos que ha tenido el país en toda su historia. Un Acuerdo Nacional en
el que se oigan las voces de los trabajadores, los empresarios, los jóvenes,
los gremios profesionales, los políticos, los académicos, las iglesias y la
Fuerza Armada para promover la constitución de un gobierno democrático.
Para
lograr un régimen democrático proponen 3
agendas que deben ser ejecutadas por venezolanos democráticos y honestos en la
conducción de la Administración Pública. En lo político se deben poner en
vigencias todas las instituciones que caracterizan la democracia plena. Poner
en libertad a los presos políticos, regreso de los exiliados. Funcionamiento del Estado de Derecho que les
dé autonomía a los Poderes Públicos, que los Jueces juzguen y condenen a los culpables de
delitos, por razones de verdadera justicia y no por venganza política. En
síntesis, que se cumpla la Constitución Nacional, la Carta Interamericana
Democrática y todos los acuerdos internacionales en la materia aprobados y
refrendados por Venezuela.
En
lo social se deben garantizar los derechos de la población de recibir servicios
públicos eficientes como la electricidad, el agua y en particular una educación
y una salud de calidad. Es urgente resolver el problema de la escasez y del
alto costo de la vida que acosa a toda la ciudadanía y en mayor grado a los
sectores de menores recursos. También se señala como prioritario desmantelar las
bandas criminales que actúan con impunidad contra el pueblo trabajador.
Y en lo económico se puede sintetizar
que se requiere en el corto plazo estabilizar la economía, recuperar el ingreso
familiar y crear confianza para la inversión nacional y extranjera; devolver a
sus legítimos dueños las empresas expropiadas y no pagadas; aumentar la
producción de PDVSA y nombrar una junta directiva capaz y honesta; trazar todas
políticas que controlen la inflación, estimulen la producción nacional y para
la exportación; desmontar los controles que ahogan la economía nacional y
acabar con las mafias que se han enriquecido ilícitamente y con impunidad.
Juan
Paez Avila
jpaezavila@gmail.com
@jpaezavila
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