Las “Repúblicas Bananeras”, casi en desuso,
fue una figura literaria. Se trataba de un término despectivo mediante el cual
se intentaba ridiculizar a repúblicas latinoamericanas, fundamentalmente ubicadas en el caribe, cuyo nivel de atraso
político, social y económico era ostensible. Venezuela no calzaba los puntos
para ser incluida en tan discriminado grupo, pese a que padecía una rural dictadura
que oprimía a la nación en un estado deplorable desde el punto de vista
político, social y económico, pese a que ya florecía del subsuelo ese producto,
que desde entonces y hasta la fecha, ha tenido un rol protagónico indudable en
el despliegue hacia la modernidad, conjuntamente al nuevo riquísimo. Para
muchos, el siglo XX comenzó en nuestro país de diciembre de 1935, a raíz de la
muerte del tirano.
Fue costumbre que los gobernantes de turno procuraran que sus respectivos gabinetes estuviesen conformados con personas solidas intelectualmente para el cabal ejercicio de la labor administrativa. Los veintisiete años de tiranía, regida por mano férrea, se mimetizaba con la presencia de hombres de reconocidas virtudes intelectuales, aunque para nada éticas y honestas, con poquísimas excepciones. Este convenio tácito se mantuvo hasta 2002 por todos los gobiernos venezolanos. A partir de ese último año, comenzamos a percibir una novísima manera de integrar el gabinete ejecutivo y demás cargos de importancia con personajes para nada capaces, carentes de brillo intelectual y debida preparación académica y técnica. Esto y la falta de honestidad han sido las causas del desmoronamiento económico, social, político y moral de la república.
Desde 2002 hasta la fecha, quienes dirigen
los destinos del país han efectuado pequeños cambios en los organismos públicos
y casi todos con las mismas caras. Por ello, sus fracasos deben ser
establecidos con responsabilidades precisas. En primer término, la
responsabilidad mayor debe recaer en quienes han sido presidentes, por aquello
que los abogados denominan “culpa in eligendo”, es decir, que no han sabido
elegir sabiamente a los funcionarios. Todo ha sido una rotación bochornosa de
indignidades y latrocinios. De esta manera hemos sido testigos como
milicos&civiles han sido ministros de sanidad sin ser médicos, además de
dirigir organismos que, por la modalidad de los mismos, deben ser dirigidos por
profesionales, conocedores y expertos en las diversas materias en el área económica,
jurídica, comunicacional etc. Cancilleres que no tienen la menor idea de lo que
trata el derecho y las relaciones internacionales. Ministros del interior cuyo
único mérito que ostentan es su formación
militar y por consiguiente, la aplicación de métodos acordes a la
obsecuencia y rigidez arbitraria, para nada política, en que han sido formados.
Este ha sido su denominador común. De allí todas las torpezas cometidas y las
que seguramente vendrán, en el manejo de los problemas políticos que exceden el
mero talante represivo.
A estos aspectos, públicos y notorios, pero
que me permito recordar por la falta de memoria que nos adormece, se le debe
agregar una nueva modalidad que hace rodar los principios de Montesquieu y que
se refieren fundamentalmente a la diferenciación plena de los poderes públicos
tradicionales –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- con los agregados en la
constitución de 1999. Ya sin asombro
observamos en la práctica como se mimetizan impúdicamente estos poderes en uno
solo. El caporal que arrea la AN, solicitó al presidente -el cual aceptó- que
se le pusiera a la cabeza de otros burócratas para tomar una empresa
distribuidora de carne en el estado Falcón. A modo de general victorioso, luego
de una cruenta batalla, detalló en escrupuloso parte milico, la manera en que la cantidad de cortes de
carne, chinchurrias, chorizos y morcillas, estaban siendo acaparadas. Se nota
que ya la AN le queda angosta para sus inocultables aspiraciones. Por cierto,
¿este nombramiento, que excede la función parlamentaria, acarrea o no su
desincorporación como diputado, atendiendo a lo pautado en la infame
“jurisprudencia Machado”?
El presidente ordenó al TSJ que emitiera una
sentencia con motivo a la decisión del gobierno norteamericano de aplicar medidas,
-no contra Venezuela, como burdamente quieren patrioteramente aparentar-
lesivas a los intereses de funcionarios venezolanos incursos en delitos contra
los derechos humanos, narcotráfico y demás conductas delictuales. La orden
impartida no solamente se acató y veremos pronto el bodrio, sino que la
presidente de ese genuflexo poder, anunció un periplo de magistrados al
exterior para denunciar internacionalmente la soberana decisión del gobierno
americano para aplicar medidas dentro de su territorio. Así que estos insignes
juristas harán turismo, en su debut como diplomáticos a la carrera, con sus
alforjas, digo carteras, repletas de los dólares, producto de viáticos y
generosos bonos asignados. Serán el “hazme reír” de los verdaderos juristas de
los países visitados, además de los políticos, quienes conocen a plenitud los
diversos ámbitos de competencias de los órganos públicos. La titular de la FGR
–“quien sí sabe defenderse”- anuncia querella. ¿Quién pagará los honorarios de
abogados estadounidenses? del eventual juicio a incoar ante la jurisdicción
norteamericana, por sentirse agraviada.
Por último, constatamos como la sentencia
del TSJ de junio de 2014, que otorga patente de corso a los milicos para que
continúen actuando en la política partidista, se cumpla a cabalidad. El ex
ministro del interior etc., etc., se reincorpora, luego de sus forzadas
vacaciones, al ejército y a sus
actividades docentes en la Academia Militar, pero también en la “escuela” de
cuadros del PSUV. ¿Debemos imaginar cómo serán esas clases magistrales? Un
general de división declara sin rubor que la oposición recibirá una pela en las
elecciones parlamentarias. Como el vocabulario, producto de su formación no es
muy explícito, debería aclarar que abarca el término. ¿Será quizás una “pela” a
punta de bayoneta? En todo caso, ambos, -como muchos otros de su estirpe,
violan la CN- son oficiales superiores, para utilizar el léxico castrense,
activos y le son vedadas, por mandato constitucional expreso, la actividad
partidista. Así vemos como es en realidad el espíritu, propósito y razón de la
malhadada sentencia.
La fábula de los cochinitos y el lobo está
en pleno desarrollo. La MUD y demás adoradores en procura de escaños en la AN,
deben mirarse en ese opaco espejo.
José Rafael Avendaño Timaury
cheye@cantv.net
CheyeJR
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