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| JULIO CÉSAR MORENO LEÓN |
Las encuestas,
aun las que han sido frecuentes amigas del presupuesto público, reflejan como
el descontento colectivo crece indetenible y como la polarización cedió el paso
a un malestar generalizado, que incluye ahora a quienes ayer se favorecían de
las numerosas y demagógicas misiones asistencialistas. Además, los sondeos
identifican en la gestión de Nicolás Maduro la causa fundamental de la crisis.
El mensaje
mentiroso de las campañas publicitarias del gobierno ya no puede contrarrestar
el reporte que diariamente nos transmiten los prohibitivos precios, los
anaqueles vacíos y el deterioro general de los servicios.
Las farmacias, y
los hospitales públicos y privados, son escenarios de la escasez de medicinas y
del desastre en el sistema de salud. Se calcula que un 60 por cientos de los
medicamentos no se consiguen, afectándose gravemente los pacientes crónicos que
sufren enfermedades del corazón, diabetes, hipertensión, Parkinson, epilepsia,
cáncer, hemofilia y otras graves patologías. A esto se une el colapso de la
infraestructura hospitalaria y los paupérrimos sueldos de médicos, enfermeras y
demás trabajadores del sector, colocándose Venezuela en lo que el gremio médico
considera “crisis humanitaria de salud”.
El país se ha
quedado aislado del mundo gracias a la gigantesca deuda con las líneas aéreas
internacionales, mientras tanto millones de compatriotas emigran buscando
empleo, seguridad y futuro, o simplemente escapando de una pesadilla que parece
no tener fin.
Al igual a lo
ocurrido en Cuba, en la Venezuela del siglo XXI la forzada emigración separa a
las familias, y las nuevas generaciones se van, probablemente para siempre.
La caída de los
precios del petróleo impone el cese de las políticas populistas y ante la
amenaza de un estallido de violencia social se acude a la represión y a la más
rígida censura.
Venezuela es hoy
un país manejado por un régimen militar-policial y sometido a una desinformación
generalizada. Se trata de impedir el conocimiento de los sucesos de interés
público y de imponer falsas versiones sobre los terribles acontecimientos que
diariamente conmocionan a la ciudadanía.
La masacre del 11
de abril de 2002; el asesinato de Danilo Anderson en noviembre de 2004; la
criminal negligencia causante de la trágica explosión en la refinería de
Amuay; el silencio impuesto en torno a
los desfalcos y negociados de Cadivi y PDVSA, la destrucción financiera y
administrativa de las empresas de Guayana; los leoninos empréstitos, los
turbios mecanismos utilizados en compras
y contrataciones internacionales; el
trato dado al caso del general Carvajal solicitado por la DEA, y
convertido en un héroe revolucionario rescatado de las garras del imperio, son
apenas algunos de los tantos acontecimientos en los cuales la verdad ha sido
escamoteada a la opinión pública y la propaganda totalitaria ha intentado
imponer su versiones engañosas.
En la medida en
que se deteriora el país, la mitomanía gubernamental inventa nuevos proyectos
magnicidas y atentados terroristas; a los paramilitares colombianos y al
Presidente Uribe se les involucra en el asesinato de un diputado oficialista y
de su secretaria privada, y al otro día del crimen la policía mata a unos
conocidos cabecillas de las bandas armadas del PSUV, y los presenta como
delincuentes comunes ajenos a la revolución. Así paga la camarilla que controla
el poder a quienes le ayudaron a reprimir la rebelión cívica iniciada en
febrero de este año, en la que más de cuarenta compatriotas murieron bajo el
fuego certero y combinado de policías, guardias nacionales y colectivos.
Finalmente este hecho pone en evidencia
la pugna de las pandillas enquistadas en el régimen, y como consecuencia de esa
pugna el poderoso general Rodríguez Torres queda fuera de su cargo. Ocurrió que
los matones rojitos amenazaron convertir las calles en sangrientos escenarios
de la guerra interna que ocurre en el seno de la ya descompuesta y demacrada
revolución, que alguna vez presumió ser bonita.
El creciente
rechazo popular obliga al gobierno a implementar nuevos mecanismos de control y
de persecución a la economía privada, a la actividad política y en general
hacia todo el desarrollo de la vida social. Sobre los industriales y
comerciantes se intensifican acciones policiales que les convierten en vende
patrias al servicio de la guerra económica. Incluyendo ahora en esta guerra
contrarrevolucionaria a los modestos buhoneros, hasta ayer fervorosos devotos
del líder supremo de la revolución.
Además de
acorralar a las universidades autónomas, se anuncian medidas que restringen arbitrariamente los
ingresos económicos de las universidades privadas, mientras a los colegios se
les somete al acoso continuo, y en las
escuelas del Estado se oficializa el adoctrinamiento socialista.
Se implementan
mecanismos y presiones para debilitar la gestión del Gobernador de Miranda
Henrique Capriles y lograr su destitución por medios ilegales; a Henri Falcón
Gobernador de Lara, a pesar de sus candorosos llamados al diálogo, se le arman
expedientes destinados a justificar su remoción y enjuiciamiento. Igual amenaza
se asoma continuamente sobre el alcalde Ledezma; y luego de excluir
inconstitucionalmente de la Asamblea Nacional a María Corina Machado, a Richard
Mardo y a Juan Carlos Caldera, los jueces de la revolución se disponen a
procesarlos penalmente.
Los alcaldes y
dirigentes apresados a raíz de las protestas cívicas, son sometidos a tratos
inhumanos caracterizados por la crueldad y el ensañamiento. Los jóvenes Raúl
Baduel y Alexander Tirado son golpeados brutalmente por los custodios de la cárcel de Uribana. Y a
pesar de los reiterados pronunciamientos de la CIDH, de las exhortaciones de
intelectuales, líderes políticos y
organizaciones internacionales, y del enérgico pronunciamiento ocurrido
en las Naciones Unidas, Leopoldo López sigue preso, y junto a sus compañeros de
celda Daniel Ceballos, Enzo Scarano y Salvatore Lucchesse, es objeto de sádicos
maltratos copiados de los métodos de la KGB y del G-2 cubano.
Mirando todos
esos hechos, queda claro que el régimen agiliza los pasos hacia una dictadura
despojada de los falsificados ropajes democráticos que durante 15 años pudo
exhibir, gracias a los inmensos recursos utilizados en la compra de apoyos
políticos. La consciente destrucción de la economía privada, el monopolio de la
opinión y la información, el secuestro de la justicia, la represión y la
restricción de las libertades han llegado con intenciones de quedarse, pues
forman parte del plan totalitario.
Con el fin de
consolidar de manera definitiva el proyecto dictatorial, la actual Asamblea
Nacional se dispone reforzar aún más el dominio del gobierno sobre el nuevo CNE
y sobre el Tribunal Supremo de Justicia. Mientras tanto los medios de comunicación,
así como los partidos gubernamentales y de oposición, intentan crear el
ambiente favorable para la elección de los cargos legislativos el próximo año.
Y como todos se disponen a jugar de
nuevo con las reglas establecidas es previsible un resultado similar al que
creó el actual esperpento parlamentario.
Así las cosas, el
proyecto hegemónico- autoritario continúa avanzado a pesar de un rechazo cada
día más generalizado en la población. Rechazo que no encuentra canales ni
opciones pacíficas para el cambio urgente que necesita el país, pues la
injustificable dispersión del sector democrático convierte sus reacciones en
actos anodinos y esporádicos.
Los partidos que
controlan a la Mesa de la Unidad han negado la propuesta de una gran
movilización cívica que solicite activa y militantemente la renuncia de Maduro.
Y descartaron también la convocatoria de la Asamblea Constituyente por
iniciativa popular contemplada en los artículos 347 y 348 de la Constitución.
De esta forma las mayoritarias fuerzas del descontento se fragmentan política y
anímicamente al no debatirse con amplitud y sensatez los caminos a seguir. Y en
estas condiciones la inercia tiende a conducirnos a una elección parlamentaria
que no permitirá relegitimar los poderes públicos ni cambiar el sistema
impuesto ilegalmente, ni adelantar en libres elecciones presidenciales la
sustitución de un gobierno repudiado por la inmensa mayoría de los venezolanos.
Por el contrario, sea cual sea el resultado, esa elección tiende a allanar el
camino a los actuales gobernantes para
que completen su mandato hasta el 2019, y para que continúen usurpando el poder sobre las ruinas
de un país destruido.
En el mejor de
los casos, una victoria de la oposición en las próximas elecciones
parlamentarias, serviría tan sólo para poner en evidencia el rechazo popular al
régimen, pero el país seguiría gobernado bajo la misma política y por la misma
camarilla responsable de la debacle nacional. Y además, las funciones efectivas
de la nueva Asamblea serían bloqueadas por los otros poderes que continuarían
actuando como incondicionales instrumentos del Ejecutivo. Mientras tanto, la
Ley Habilitante en manos de Nicolás Maduro da los puntillazos finales al orden
constitucional. Por ello la ONG Control Ciudadano afirma que las 50 leyes
decretadas el martes 18 violan garantías que no pueden suspenderse “ni siquiera
en estado de guerra”; y los análisis económicos más realistas advierten sobre
los terribles efectos de la hiperinflación y de la escasez, llevadas a
peligrosos niveles nunca antes vistos en Venezuela.
Julio Cesar Moreno Leon
juliocesarmorenoleon6@gmail.com
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