En el presente, un
“justo aumento general de salarios” por vía de un Decreto Presidencial (en clara
intromisión al desenvolvimiento económico) se convierte en una ilusión
monetaria (impacto emotivo favorable que
propicia un aumento monetario de salario) que pronto se desvanece ante
la feroz erosión impulsada por el nivel de precios a la luz del comportamiento
de la producción nacional de bienes y servicios y de la inflación imperante, que para el caso
venezolano se visualiza que la cantidad de bienes y servicios (PIB) decrecerá
durante el 2015 y el 2016 y posiblemente en 2017 de mantenerse las características
indeseables de la economía actual, en insana complicidad con un escenario
inflacionario que puede situarse en más del
160% en 2015 y superar el 200% en 2016 (de seguir la tendencia en 2017
estaremos todos muertos), que sin duda alguna hará pedazos el salario real
(salario nominal menos inflación) habida cuenta que el porcentaje de aumento de
los salarios es inferior al porcentaje de crecimiento de los precios, con el
consecuente efecto sobre la calidad de vida (nivel de ingresos y de comodidades
que un grupo familiar posee).
La inflación, en
términos sencillos, es un incremento sostenido en el nivel general de precios,
es decir que los precios de los bienes y servicios empiezan a crecer en forma
simultánea a lo largo del tiempo, induciendo una pérdida en el poder de compra
(se compra menos con los ingresos) en razón a que los precios de los productos crecen a una tasa
superior a la de los salarios generando una disminución del poder adquisitivo
del dinero; hecho que se agrava cuando se está en presencia de una inflación
por presión de la demanda como consecuencia, p.ej. de un aumento general de
salarios en momentos cuando se atraviesa por una estanflación entendida como un
estancamiento del crecimiento económico con alta inflación (caso Venezuela año
2015); equivalente a un bajo crecimiento de la producción en conjunto con una
inflación acelerada integrada a un proceso de recesión (disminución en la
producción, empleo y comercio por un periodo de seis meses a un año).
Evidentemente, el aumento en la remuneración al trabajo impulsa de inmediato un
crecimiento de la demanda (deseo de adquirir más bienes y servicios) que supera
la disponibilidad de productos en el mercado perfilándose una escasez (falta de
oferta respecto a la demanda del mercado) que propicia un incremento de los
precios (legal o ilegalmente), dinamizado igualmente tanto por el
desabastecimiento (ausencia de ciertas marcas y determinados productos) como
por la elevación del costo de los insumos que irremediablemente se traslada (con
o sin aprobación gubernamental) al precio final del producto; sin dejar de
mencionar la mal denominada especulación (que se refiere realmente a un
pensamiento no fundamentado y formado sin atender a una base real) que en mucho
hace alusión o bien a un “abuso en los precios por escasez” (revender a mayor
precio ante la carencia de productos), “ el mejor precio es el que se consigue”
(por fin encontré lo que buscaba!); o bien una inflación autoconstruida ante la
expectativa del aumento de precio los productores anticipan un precio de
reposición.
De similar efecto
alterador, es tanto la inflación reprimida que se origina cuando los índices de
precios no reflejan la realidad ya que el Gobierno establece controles de
precios (precios artificialmente bajos), como la inflación encubierta que
oculta la realidad con datos manipulados o simplemente no los publican, como en nuestro país que desde finales del
2014 no cuenta con cifras oficiales (es fácil inferir que en pocos días el BCV “informará” que la inflación acumulada
2015 es menor a los aumentos de salarios decretados hasta la fecha).
Entre 1999 y 2015, se
han decretado en Venezuela ¡30 aumentos salariales! (dos de 30% cada uno en 2015 para un incremento total
anual de un 97,33%) aislados de un plan anti-inflacionario (medidas concretas
para contener esa devoradora de
salarios) hecho que ha propiciado que después de 15 años el salario apenas
permite cubrir cerca del 32% de la canasta alimentaria, o destinar el 51% para
adquirir 4 “bolsas solidarias” al mes (detergente, leche, azúcar, aceite,
arroz, pasta, harina de maíz, mantequilla, té en polvo, sopa instantánea y
pollo) en indiscutible demostración del fracaso de la política salarial
adelantada (y de la económica). El tema de la inflación, ha venido siendo abordado
desde las consecuencias al margen de sus causas instrumentando perturbadores
controles, regulaciones y congelamiento de precios al tiempo de apoyarse (por
ahora) en las importaciones para enfrentar la elevación de los precios internos
con el consecuente efecto sobre el deterioro del aparato productivo nacional
llevando al país a una dramática situación: escasez de divisas y de productos
que nos tiene entrampados, pero el Gobierno, con relevante populismo e interés
comicial, sigue aumentando nominalmente el salario como una fórmula para
intentar apaciguar (temporalmente) el descontento colectivo, en un contexto que
deja por fuera a cerca del 60% de la fuerza de trabajo (trabajadores informales
y desempleados), con el agravante de adicionalmente poner en peligro la
estabilidad de los trabajadores del sector privado (más del 80% de los
trabajadores ocupados) ante el posible cierre de actividades en razón de no
poder asumir nuevos costos (recuérdese que los precios de venta y los costos de
producción están congelados, y que el margen de ganancia es del 30% vs una
inflación superior al 150%) ya que las empresas en general muestran baja
rentabilidad ( beneficio sobre la inversión) y deficiente productividad
(cantidad de producto entre el número de trabajadores empleados).
Como reflexión final, resulta súper obvio afirmar que para el bienestar de la población resulta más conveniente una guerra contra la inflación que aumentos nominales de salario.
Jesús Alexis González
jagp611@gmail.com
@jesusalexis2020
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