La predicción en el
campo de la ciencia económica, resulta difícil y complicada habida cuenta de
basarse en supuestos subjetivos que al superar la frontera de los 6 meses se
convierte en un deseo de quien la formula, razón por la cual los planteamientos
cara al futuro deben vincularse con hechos económicos concretos (¡eso
intentaremos!); sin aislarse de realidades como que el gasto público impulsa (o
restringe) la popularidad gubernamental herramienta utilizada, p.ej. en la Venezuela
del 2002 cuando se “lanzaron” las Misiones hasta convertirlas en una ilusión de
poder popular mediante la oferta de mecanismos de participación, en cuyo fondo
prevalecía (prevalece) la pretensión de construir espacios atomizados para
reforzar el poder central del Presidente de la República en función de retornar
a la centralización política y a la concentración administrativa bajo la
aspiración soterrada de “construir” un Estado protagonista que asume
unilateralmente la “representación” del pueblo (¿gendarme necesario?) separado
del pensamiento ciudadano, en orientación distinta a la debida participación a
la luz de la Constitución de 1999. Tal forma de hegemonía Estatal, en conjunto
con una creciente presencia militar en el “comando” de la administración
pública, ha conducido al país hacia una
situación socio-económica similar a la de 1988 muy concretamente en lo que al
desequilibrio macroeconómico se refiere, ampliado en el presente como respuesta
a la utópica aspiración de “revolucionar”, con apresurada e improvisada
inmediatez y aislado de un modelo de transición, el modo de producción y la
propiedad de los factores productivos (tierra, trabajo y capital); como bien se
desprende ( en el contexto del presente artículo) del
deficiente desenvolvimiento de la
denominada economía comunal y de sus complementarias iniciativas de
producción cuasi-estatales.
Estabilizar la
economía y disminuir su vulnerabilidad, tiene como fin ulterior apuntalar el
crecimiento económico respondiendo a la interrogante: ¿para qué el crecimiento
económico? cuya obvia respuesta es ¡¡para que la gente viva mejor!!,
incrementando su bienestar o al menos manteniendo lo alcanzado en el tiempo de
donde emana otra verdad incontrovertible: no hay consumo sin producción y no
hay producción sin inversión ya que se codeterminan, siendo un binomio
indispensable para alejarse de un colapso económico (disminución brusca o
paralización de las actividades) validando que la familia debe contar con un
nivel de ingresos que le permita no solo comprar bienes (incluida la “soberanía
alimentaria”) sino también disfrutar de determinados servicios que le hagan
confortable su existencia.
Es notorio que
Venezuela está sumergida en un agujero económico y productivo, visualizado por
la estática resolución de los problemas que en tres lustros no ha superado el
marco de las promesas sin rendición de logros configurando un “país atrapado”
entre paredes de obsoletos conceptos
ideológicos y económicos que están impidiendo la aplicación concreta de
acciones en pro del desarrollo, y que al propio tiempo ha situado la gestión
gubernamental en un punto de no retorno que le impide “reflotar” el enfoque
económico revolucionario, y muy por el contrario los está impulsando (sin
desearlo) a refundar un modelo distinto, previo proceso de reflexión en aras de
“descubrir” ¿cómo llevaron a Venezuela a esta situación?, que les facilite (de
ser posible) una visión de cómo salir de ella con planteamientos más creativos
que combatir la guerra económica y al imperialismo; más aún cuando el país
enfrentará por varios años una disminución en el ingreso nacional (más de US$
25,000 millones solo en 2015) en razón a la baja de los precios petroleros y a
la presencia de un aparato productivo nacional (no exportador) que adolece de
la posibilidad de generar alto valor agregado; escenario que se complica ante
el debilitamiento político-partidista y del tejido productivo que imprime el
desajuste económico, con la consecuente
alteración del régimen socio-político-económico. A tenor de ello, se hace
impostergable la instrumentación de un proceso de estabilización de la economía
con epicentro en el tipo de cambio en su condición de variable determinante
para procurar que la economía nacional se haga competitiva, dando por sabido
que el mercado cambiario (y el monetario) es extremadamente sensible al manejo
de los temas sociopolíticos y a las declaraciones públicas de voceros del alto
gobierno que en el presente ha motivado un tránsito hacia una brecha cambiaria
(2015) superior al 3.200% (dólar oficial y el paralelo), en demostrativo
rechazo al bolívar como medio de cambio y de reserva de valor (preservar el
patrimonio), así como del absurdo anclaje de la paridad sin contar el BCV con
suficiente disponibilidad de divisas para sostenerlo; todo lo cual condiciona la percepción que
asumen los ciudadanos en relación al comportamiento macroeconómico nacional
inmediato (en los precios básicamente) y de su bienestar futuro.
El programa de ajuste
(PA), debe conceptualizarse como un conjunto de medidas de política económica
orientadas al restablecimiento estructural del equilibrio oferta-demanda, que
desde el lado de la oferta consistirá en su distribución por intermedio del
mercado con participación determinante del sector privado bajo una adecuada
supervisión del Estado, en el marco de una desregulación de la economía;
mientras que por el lado de la demanda se debe ajustar el consumo interno a la
capacidad de producción nacional (revitalizada) en un lapso no superior a los 2
años, empleando instrumentos de política monetaria (restricción de la oferta
monetaria interna) y fiscal (disminución del déficit público sin monetizarlo
con emisión de dinero inorgánico); en un escenario de un plan de austeridad
que, irremediablemente, causará una caída del consumo (que en todo caso
hoy se está viviendo con la escasez y el
desabastecimiento pero sin horizonte de solución) y del PIB antes de retomar el sendero del
crecimiento autosostenido al mejorar la estructura productiva y elevar la
productividad (y el bienestar), desarreglo que en su ínterin deberá ser
enfrentado con un obligante plan de choque integral con rostro humano
(programas sociales especiales) para garantizar la protección y justicia social
en aquellos estratos más vulnerables de
la población.
El PA, ha de
complementarse con otras medidas como restituir la autonomía al BCV;
devaluación explicita para corregir la sobrevaluación y desestimular las
importaciones no prioritarias al tiempo de aproximar los precios internos al
mercado internacional para estimular iniciativas en el sector exportador no petrolero; reforma
cambiaria para establecer un sistema de cambio único y flotante; desmontaje
progresivo de los controles (cambio y precios); apoyo a un programa de inversiones
nacionales y extranjeras; elevación de las tasas de interés pasivas; reducción
de la cantidad (42) de productos regulados; activa política de
“descongelamiento” de los precios regulados por largo tiempo; subsidio directo
a los productos de la canasta básica;
paralización de los ingresos a la administración pública; una concreta política
antinflacionaria; entre otras alternativas.
Finalmente, y ante la
permanente duda (incredulidad) de la población en cuanto a si el Gobierno se
“atreverá” a correr con el denominado “costo político” (y electoral) de aplicar
un programa de ajuste, asumimos que no le queda otro camino ya que mucho más
daño le causa a la población y a sus intenciones de permanecer electoralmente
en el poder la desesperanza, indignación
y frustración rabiosa que se genera en el ciudadano al experimentar la actual economía del desastre
signada por la escasez y el desabastecimiento. Es claro, que ante la bien
ganada desconfianza que existe hacia la “política económica” gubernamental, se
requiere, para adelantar cualquier PA, una previa explicación pedagógicamente
sencilla en lenguaje comprensible al
venezolano de “a pie” sobre su alcance y consecuencias como condición para
asumir anímica y formalmente un pacto nacional de estabilidad y crecimiento con
soluciones pactadas (de carácter voluntario entre las partes), que incluya una
irreversible decisión de devolver a la sociedad su economía, y que no se
convierta, como ha sido la tradición venezolana, en “papel mojado” al surgir
con inmediatez dañina la huidiza pretensión de “¡arreglar los problemas con más
problemas!.
Jesús Alexis González
jagp611@gmail.com
@jesusalexis2020
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