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| ASDRÚBAL AGUIAR |
La denostada Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de
hacer público un informe esclarecedor sobre el derecho a la verdad en América,
relativo al conjunto de medidas políticas y jurídicas –que se obligan a adoptar
los Estados– para el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos, la
reparación de las víctimas y el fortalecimiento de las instituciones
democráticas.
Se trata de una asignatura que a diario reprueba una mayoría de
los gobernantes que se dicen demócratas en la región, entre quienes no cuento,
obviamente, a los autócratas, como Nicolás Maduro o Rafael Correa, pues nada
cabe esperar de ellos al respecto.
Acerca de la memoria, la verdad y la justicia, como suerte de
variables encadenadas que le dan sustancia al quehacer democrático –ese que
desprecia el régimen de Maduro hace pocas horas, luego de permitir que casi un
medio centenar de compatriotas mueran envenenados en la cárcel de Uribana bajo
su custodia– he escrito en 2012 un libro, con igual título, Memoria, verdad y
justicia. Allí abundo, justamente, sobre la relación existencial que se da
entre la democracia y la verdad, por negarse aquella a la mentira y al
encubrimiento como políticas de Estado.
Sin decirlo, la CIDH dirige su informe como admonición al gobierno
del presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien hoy negocia la paz con la
narcoguerrilla –socia del gobierno protochavista de Venezuela desde 1999– y
cuyos atentados generalizados y sistemáticos de derechos humanos mal pueden
quedar impunes, como se pretende y según parece.
El derecho a la verdad es sustantivo de la democracia y jamás
cede, ni siquiera ante las mayorías electorales. Él es acceso libre a la
información en manos del Estado. Es derecho de la sociedad a saber el cómo, por
qué y quiénes son los responsables de los atentados que sufren los derechos de
las personas y los ciudadanos. Es, asimismo, tutela de la justicia, es decir,
derecho a que la autoridad judicial diga la verdad sobre tales atentados y
exija las responsabilidades comprometidas. De igual manera, como suerte de
continuo, el derecho a la verdad es la primera reparación que cabe otorgar a
las víctimas y a los familiares de las víctimas que a su paso dejan gobiernos y
gobernantes que, por acción u omisión, son irrespetuosos de los derechos
humanos.
La democracia es, en suma, práctica de la verdad. Es deliberación, debate e información libre, a la luz del día y con transparencia, a fin de que el pueblo pueda decidir informado, no con una venda en los ojos o enajenado de toda razón –por necesitado de saciar su estómago o necesidades primarias– y al no sentirse siquiera dueño de su hambre. La democracia es, en pocas palabras, desprecio por el engaño y la manipulación oficiales.
No obstante, recién se habla de posdemocracia para describir esas
novísimas experiencias que nos aporta el siglo XXI, donde el populismo
gubernamental es exacerbado mediante una combinación diabólica de control y
censura de los medios de comunicación social y de recursos financieros ingentes
para el manejo de la propaganda de Estado. La política muda así en teatro de
utilería, en objeto costoso de consumo que se usa y se desecha, impidiendo toda
equidad en la competencia política.
La capacidad para la manipulación de conciencias y la generación
de realidades virtuales es, en efecto, el signo de los tiempos que corren. No
tiene signo ideológico. No es de izquierdas ni de derechas. Solo la anima el
control del poder sobre la gente y su posesión, sin alternabilidad democrática.
“Mentira fresca” es el nombre que le acuña la oposición
democrática y se gana en buena lid el presidente venezolano y quienes le sirven
desde los demás poderes estatales. Su gobierno es miembro del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, pero a la vez tiene sobre las espaldas miles de
perseguidos judiciales por disentir, decenas de miles de asesinatos no
esclarecidos que llama ajustes de cuentas, centenares de torturados, decenas de
prisioneros políticos y casi una decena de homicidios de Estado. Y a través de
su gobernación mediante tweets y redes informativas a diario nos dibuja una
realidad sin carencias, hecha de individuos apenas pendientes de otro Dakazo,
es decir, de la oferta gratuita por el gobierno, previa confiscación a los
comerciantes, de televisores de plasma y equipos digitales a granel, para que
siga la virtualidad y el escapismo.
El derecho a la verdad implica, así las cosas, inmunidad social frente a la falsedad, denuncia sin tregua de las violaciones de derechos humanos por agentes del Estado, y lucha sin cuartel contra la impunidad. Y para que la verdad no se oculte o tergiverse, el derecho a la misma es, en lo particular, memoria histórica, nunca olvidar.
Asdrubal Aguiar S.
correoaustral@gmail.com
@asdrubalaguiar
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