En agosto 2014,
los presidentes de Venezuela y Colombia anunciaron el establecimiento de un
sistema de pagos bilaterales para facilitar el comercio, correspondiéndole a
nuestro país la determinación del tipo de cambio (bolívar-peso).
Hubo
señalamientos concretos; desde la visión colombiana: “los precios de los
alimentos que pasan en contrabando los venden a un precio más bajo y por eso
afectan nuestros productores. Los productos de la canasta básica subsidiada por
el gobierno venezolano terminan siendo vendidos en Colombia a precios
irrisorios en perjuicio del comercio local”; mientras que del lado venezolano
se anunció un “plan de choque” con la finalidad de “combatir la extracción de
alimentos y gasolina”, para lo cual se enviaron, dicen, unos 17.000 efectivos
militares a lo largo de los 2.000 kilómetros y 400 trochas de frontera
binacional con Colombia (¡43/trocha!); al tiempo de informar que “queda
terminantemente prohibido la exportación de todos los productos de la dieta
básica de los venezolanos, porque Venezuela no exporta sus alimentos, los produce
para consumirlos”
NOTA: Nos permitimos una acotación: la expresión adecuada ha
debido ser “los importa para consumirlos”.
En armónica sintonía comunicacional
con el Ejecutivo, voceros gubernamentales estimaron en más de US$ 2.000
millones las pérdidas anuales por contrabando (en 2015 equivaldría a unos Bs
374.000 millones), en un escenario, que según estos voceros, le conviene al
gobierno colombiano ya que le resulta más económico mantener esa cultura que
propiciar la producción interna; calcularon de igual modo que desde Venezuela
ingresan a Colombia unos 80.000 barriles de gasolina, cuyo precio promedio
interno es de Bs 0,070/litro vs Bs 58/litro en Colombia diferencia de precios
que induce una pérdida aproximada para nuestro país cercana a los US$ 5.500
millones anuales, y un beneficio superior a los US$ 3.000 millones para los
contrabandistas.
El contexto
brevemente descrito, perfila la estructuración de una “economía de frontera”
(flujo de mercancías sin pagar los derechos de aduana) de manifiesto vigor
actual ante la presencia de un cambio oficial sobrevaluado como consecuencia de
la atroz “política” de anclaje cambiario orientada a controlar la inflación
(¡!); en conjunto a un marco de controles y subsidios que fomenta el
contrabando en razón a las ventajas que
se le confiere al vecino país la existencia de un “precio subsidiado” como
resultado de estar porcentualmente conformado por “importaciones subsidiadas” a
un tipo de cambio descontextualizado (p.ej. Bs 6,30/$), que luego el Gobierno
intenta “proteger” (no con mucho éxito) con rigurosos controles de precio
(¿precio justo de venta?) que a la postre, ante su congelamiento, se ubican por
debajo de los precios libres del comercio vecino (en más de 10 veces) hecho que
impulsa la citada “economía de frontera ”y el contrabando (distinto a una
“guerra económica”) que en opinión del propio Gobierno alcanza más del 35% de
los productos importados con un “dólar subsidiado”, traídos para enfrentar el
desabastecimiento causado por una escasez de oferta doméstica que emerge ante
el manifiesto deterioro del aparato productivo nacional causado por la “guerra
importadora” contra el sector privado, que con el tiempo ha inducido un círculo
vicioso de más importaciones con obvio encogimiento y destrucción de la capacidad
de producción interna. Sirva de referencia ilustrativa, casos como el de la
harina precocida que en Cúcuta 1 kilo tiene un precio de unos 2.500 pesos pero
con sólo cruzar la frontera se puede comprar a precio regulado ¡8 kilos con el
mismo esfuerzo monetario en pesos!. Es
de resaltar que esa proporción puede variar según la zona geográfica donde se
adquiera el producto proveniente del “bachaqueo” (argot popular zuliano que
hace alusión a un producto revendido por una persona natural) tal como p.ej. Maracaibo
(Bs100), Oriente (Bs 90), San Cristóbal (Bs 70), Yaracuy (Bs50) y Valencia (Bs
40); situación similar para muchos otros
alimentos, todo lo cual muestra dos aspectos de repercusiones distintas: un
claro beneficio para el consumidor colombiano (y el contrabandista) y una
oportunidad de abastecimiento ( más caro) para los venezolanos ante la escasez
nacional; o lo que es lo mismo, el “bachaqueo” es ahora un factor de
distribución de la mercancía en incongruente y sospechosa “ocupación funcional”
de las competencias inherentes a los 22.000 Centros de Abastecimiento
“atendidos” por Mercal, siendo el Gobierno quien controla cerca del 60% de la
distribución de alimentos al tiempo de estar en capacidad de conocer al detalle
todo ese proceso al haber instrumentado en 2008 el Sistema Integral de Control
Agroalimentario (SICA) para supervisar lo enviado para cada región del país, y
asumiendo en 2009 la importación de alimentos fortaleciendo ese objetivo con la
promulgación (30/12/2010) de la Ley Sobre el Delito de Contrabando, que en su
Artículo 3 lo define como actos u omisión donde se elude o intenta eludir la
intervención del Estado con el objeto de impedir el control en el tránsito de
mercancías o bienes; luego complementada en 2012 con la puesta en funcionamiento
de la Guía Única de Movilización y Control de Alimentos de uso obligatorio para
el movimiento de los alimentos en todo el territorio nacional; y más
recientemente se anunció (01/05/2015), con subyacente clientelismo electoral, la instalación de unos 1.800 Consejos
Populares de Abastecimiento y Producción, que al parecer, funcionarán en cada
establecimiento (¡!) con la finalidad de combatir la usura, la especulación, el
acaparamiento y el contrabando (¿?); y de igual modo, en nuevo ataque mediático,
la creación de una Corporación de
Transporte a efectos de centralizar la distribución de alimentos
(¿Estatización?).
Es importante
recordar, que con la integración económica entre Venezuela y Colombia (finales
de los 80) disminuyó en más de un 90% el contrabando de productos venezolanos,
como reacción a la instrumentación de políticas económicas bilaterales que
condujo a una revalorización del bolívar desde 0,50 pesos en 1983 hasta 2,43 en
1998 y 3,10 pesos por bolívar en 2003 (en 2015 apenas podemos comprar 0,024
pesos con 1 bolívar); siendo que de igual modo en 1998 exportábamos a Colombia
arroz, maíz blanco y amarillo, sorgo, algodón, papel, plátano, coco, duraznos,
entre otros rubro, hasta situar las ventas por encima de los US$ 4.500
millones.
Esta situación privilegiada, inició su reversión a partir de 2001
cuando se aprobó la Ley de Tierras como un idóneo (¡!) instrumento jurídico
para apuntalar la “revolución agroalimentaria socialista” cuyos resultados nos
ha llevado a tener que importar en el presente la mayoría de los alimentos que
consumimos (¿cómo se puede hablar de “contrabando de extracción” en el área de
alimentos?); acción que tiende a encogerse a raíz de la caída de los ingresos
petroleros (y de divisas) en más de un 60% en 2015 colocándonos en el umbral de
una crisis: ¿con qué importamos? situación que se complica ante la inexistencia
de un fondo anticiclico, a la par de los desastrosos efectos de la nefasta
política de refinación de PDVSA que se tradujo en la pérdida ante Canadá de los
espacios técnicos para procesar nuestro crudo pesado descartados para intentar,
sin éxito, la instalación de 3 refinerías en China.
No admite duda en
contrario, que mantener sobrevaluado el bolívar con respecto al US$ como una
estrategia de corto plazo para distribuir el ingreso nacional en momentos coyunturales puede dar resultados
satisfactorios; pero de malvados efectos al perdurar en el tiempo con una tasa
oficial divorciada de la realidad (p.ej. 6,30 Bs/$) que a la larga se vuelve
inoperante como consecuencia del uso indebido (público y privado) de la divisa
oficial, hecho que a su vez impide tanto la conformación de mejoras en el
precio de venta al consumidor como la posibilidad de una masiva importación en
razón a la especulación cambiaria y la corrupción que florecen por el
descomunal diferencial entre las distintas tasas de cambio (brecha cambiaria)
que para 2015 se sitúa en más de 4.000% (Cencoex vs paralelo); al tiempo de
estimular la economía de frontera tanto de los limitados bienes producidos internamente
como de los ¡productos importados a la tasa cambiaria oficial!, muy especialmente los alimentos.
Mención de
obligante referencia, es lo referente a la devaluación que ha caracterizado a
Venezuela que sobrepasa un acumulado del 18.000% en los últimos 15 años ( vs un
1.625% en los 35 años precedentes), aunado al Sistema Marginal de Divisas
(Simadi) efectivamente “marginal” que apenas participa en un 1% del total
adjudicado de divisas, pero que al propio tiempo cumple el malvado papel de
establecer la “cotización piso” del dólar en el mercado paralelo (entre un
20-30% por encima) induciendo una “devaluación encubierta progresiva” que
igualmente dinamiza la economía de frontera con Colombia, muy especialmente en
materia de alimentos al “abaratar las exportaciones” bajo la perturbador figura
de un ¡contrabando de transporte de productos subsidiados!.
En fin, mientras
no se corrijan las distorsiones cambiarias y se impulse una flexibilización de
los controles de precios y cambio, la economía de frontera será una realidad
permanente y creciente fundamentalmente en materia de alimentos, medicinas y
gasolina en razón a la amplia diferencia de precios que existe entre los
regulados nuestros (congelados) y el libre colombiano que obviamente “estimula”
el deseo de venderlos mucho más caro en la frontera. Concluimos con una
reflexión de cierre: Venezuela no podrá alcanzar el mandato constitucional de
una Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, hasta tanto no se desregule la
economía al tiempo de reducir el tamaño del Estado y el intervencionismo gubernamental.
Jesús Alexis González
Jagp611@gmail.com
@jesusalexis2020
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