El factor basura como componente político
capaz de producir cambios en la psicología urbana hizo su irrupción en la
ciudad de Maracaibo durante el mandato del doctor Raúl Leoni en la gestión del
gobernador Gabriel José Páez en el tiempo previo a la asunción del gobierno
nacional por parte del doctor Rafael Caldera, con la huelga del aseo urbano,
unida a un cambio en el componente cultural producido por el muy querido
maestro socialcristiano gaitero Ricardo Aguirre con la difusión de la letra e
interpretación de la conocidísima Grey Zuliana.
Luego del arribo al poder en el marco de la
alternabilidad democrática del Inefable Dr. Rafael Caldera, bajo la prestada
consigna del Cambio, que los socialcristianos asumieron como de eficiente
"pegada política", originalmente suscrita y ampliamente publicitada
por el MIR nacido desde las entrañas de Acción Democrática a través del
editorial redactado por Gumersindo Rodríguez y publicado en el órgano
periodístico Izquierda el 14 de octubre de 1960: "la consigna del cambio
de gobierno" de tal impacto en la opinión nacional, que correspondió al
ministro de relaciones interiores, Luís Augusto Dubuc, a objeto de reducir a su
mínima expresión, declarar que era un llamado abierto a la insurrección. Pero
Caldera si entendió la profunda penetración de esta consigna no en balde el
inteligente profeso de sociología del derecho tenía claro el concepto como
hecho político, al punto de utilizarla esencialmente en su diseño de campaña
para la contienda electoral que lo llevó al poder.
También Caldera, impresionado de como a raíz
de esa huelga del aseo urbano de Maracaibo había significado un crecimiento
desmesurado de su partido El COPEI en la región zuliana, y el declinar del
hasta entonces poderoso e inexpugnable aparato Mepeco-adeco zuliano, una vez
instalado en el gobierno, atendiendo al análisis que sobre el tama le realizara
el general Víctor Maldonado Michelena sobre las implicaciones en materia de
seguridad de Estado, y el influjo del área metropolitana de Caracas sobre el
resto del país, decidió asumir la prestación del servicio de aseo urbano, que para
entonces manejaban los institutos Municipales de Aseo Urbano del Distrito
Federal y del Distrito Sucre del Estado Miranda. Así, surgió la creación del
Instituto de Aseo Urbano para el Área Metropolitana de Caracas, que conservó el
logo y denominación anterior, hartamente conocido por la población urbana: como
el IMAU.
Fue sin duda alguna, el primer acto pleno de
implantación de la gestión integrada del servicio en sus fases de recolección,
transporte transferencia y disposición final, clausurándose los botaderos de
basura de Ojo de Agua y Filas de Mariches y aperturándose en el sector la
Bonanza de la carretera nacional hacia los Valles del Tuy, a 27 kilómetros del
kilómetro 0 (cero) además del botadero de basura de Catia La Mar, para servicio
exclusivo del Departamento Vargas del Distrito Federal. Igualmente con ello se
le bajo el copete a profusos vicios municipales mediante la implantación de
manuales de operaciones y de control por vez primera, bajo el régimen de
administración directa en un momento en el cual no había una cultura de pago
del servicio. Debe decirse sin equívocos que esta primera etapa significó un
salto cualitativo.
Procuró el inefable doctor Caldera que se
seleccionara al personal gerencial idóneo, (pese a ser un convencido partidario
de estímulos a la libre empresa desde el punto de vista técnico y político, se
logró la eficiencia de el servicio en su integralidad, aunque se conservó la
vieja conducta entre el personal de obreros recolectores, adquirida desde los
tiempos de la dictadura perejimenista, de seleccionar desechos para su venta
que acopiaban en sacos ubicados en los laterales de los camiones recolectores.
Y este reciclaje inicial, aceptado conscientemente por la nueva gerencia
imaucista, permitía que los trabajadores recibieran ingresos adicionales a sus
salarios y bajara la presión alcista de los contratos colectivos por parte de
los sindicatos. Allí se encuentran los antecedentes de lo que posteriormente se
conocerá como el beneficio de los "cesta-tickets" y la desgracia posterior
de los "recogelatas".
Es de destacar que esta gerencia había
diseñado para el IMAU un plan de
modernización a cumplirse cronológicamente en tres etapas en iguales períodos
constitucionales, es decir, a 15 años. En esta primera etapa se cumplieron
todos los objetivos trazados en la ingeniería conceptual y financiera y
económica del servicio. Puede añadirse que fue el primer gobierno en todo el
continente, incluida su parte norte (Canadá, Estados Unidos y México) que
integralizó la gestión. Pero como los que no conocen la historia en sus
especificidades, están condenados a que vengan del exterior a mostrarnos sus
modelos, los cuales muchos de ellos fue una pública y reconocida asimilación
del modelo venezolano: Caso Curitiba-Brasil. Bueno es recordar que Venezuela
fue precursora asimismo de los programas y que fueron asimilados en la casi
totalidad de centro y Sudamérica;
Al período constitucional siguiente le
correspondería cumplir con la segunda etapa del servicio. Ejercido por Carlos
Andrés Pérez, durante el cual el país va a disfrutar el "boom de los altos
precios del petrolero", que sin proponérselo, la cruda realidad de los
hechos económicos trasladará a un tercer plano este acuciante y sentido
problema urbano.
Otro gobierno socialcristiano, el de Luís
Herrera Campins, es quién aborda la segunda etapa del cronograma de
modernización. Al efecto, el mandatario socialcristiano designa para tal
encargo al ingeniero Edmundo Arias. Este cumple con los objetivos y el
cronograma previsto: trasladar a las empresas privadas el servicio de
recolección y transporte, bajo el régimen de "contratos de operación"
y es desde allí surge el concepto-denominación de "operadoras" a
tales empresas, quienes se arrogan la plantilla de obreros del servicio de
recolección que poseía el IMAU. Para que se cumpliera sin obstáculo alguno lo
que sobre el particular se había trazado se formaron cuatro empresas, que
respondían a la diarquía política que ya existía en el país luego del
desplazamiento de URD.
La alianza con capitales europeos y
cubano-americano, pasaron a ejercer el servicio asignado, pero siempre bajo la
supervisión, fiscalización, vigilancia y control del ente rector, el IMAU. Este
sistema de inspección que en ciudades españoles e italianas había dado
insuperables resultados fue el que se adoptó. La tercera etapa le correspondió
al gobierno de Jaime Lusinchi, que puso al frente del IMAU a Pedro Lava
Sánchez, quién acentuó los controles al punto de descubrir la gran estafa que
cometían contra el Estado las empresas operadoras, disponiendo algunas de ellas
terrenos de pre-transferencia ubicados en los alrededores de la planta o
estación de transferencia de Mayas, dónde previamente se hacía un
"tratamiento" a la basura, consistentemente en una doble complicidad,
la empresa permitía que los obreros separaran unos cuantos kilos de material
reciclable, a cambio de silenciar que humedecieran toda la basura depositada en
los camiones compactadores a objeto de incrementar el peso en un trescientos
por ciento al momento de su control por medio del sistema de Tara, originando
esta vez una triple confabulación, entre las empresas operadoras de la
recolección, los empleados del IMAU encargados del pesaje y los técnicos de la
empresa suplidora del sistema de pesaje, BASMELCA.
A pesar de los contratos con las operadoras,
el clientelismo sucedáneo fue aumentando progresivamente el plantel de personal
del IMAU al punto, que, la relación supervisión-supervisado, alcanzó el
guarismo de 21 a 1, es decir, para cada trabajador de las empresas operadoras
del servicio, el IMAU empleaba a 21para labores de control. Un contrasentido,
pero con la gravedad que era ostensible, producto del clientelismo sindical y
político, sumado el hecho de cuotas sindicales, en el cual participaban las
fracciones sindicales de AD, COPEI, MEP y URD, en las cuotas políticas, pero
esta vez, además de los partidos anteriormente señalados se incorporaron otros
tres, el MAS, CAUSA R y el PCV, de manera proporcional en cuanto a importancia
política. Es decir una macrotorta para comensales con apetito copioso. Este
pesado cuadro obliga a que durante la segunda presidencia de Carlos Andrés
Pérez, se resuelva la liquidación del IMAU con el objetivo de que los
municipios asuman directamente el servicio de manera integral a través de una
mancomunidad, tal como se expresa en la Ley de Crédito Público, nombrándose a
tal efecto una Junta Liquidadora para que en un año efectúe la operación
presidida por un general de la Guardia Nacional y profesor de la UCV. El
proceso avanza a pasos acelerados pero no logra su final gracias las
observaciones contundentes que hizo quien tenía en ese momento un representaba
un liderazgo indiscutible, el Alcalde de Caracas, Claudio Fermín, el resto de
los municipios llamados por Ley a mancomunarse, mantuvieron una conducta
unánime alrededor del burgomaestre caraqueño al negarse a aceptar la entrega
del Acueducto y del Aseo Metropolitano sin aceptar el innumero de observaciones
hechas por los Municipios. Extinguido el tiempo legal, el Ministerio del Ambiente,
crea FUNDASEO para continuar el proceso de liquidación. Sin embargo, el país
atraviesa una crisis de gobernabilidad y en la etapa final se diluye el
proceso.
Aquí arranca toda una acción de las empresas
operadoras en lobbies con los miembros de la Junta Directiva de FUNDASEO, con
particular acentuación en el representante del Municipio Libertador, Julio
Montes, designado por el nuevo alcalde, Aristóbulo Istúriz, con quién acuerdan,
que acepte el servicio y se los otorgue vía concesión, porque ellos no están
dispuestos a seguir bajo la condición jurídica de "operadores" y ante
un mapa le exponen como hay que repartir el servicio.
El representante del Municipio Libertador así
lo expresa en las reuniones de FUNDASEO y revela que además de haber conversado
con las empresas operadoras del servicio, sostiene que la vía más expedita es
asignarle proporcionalmente el servicio a las antiguas operadoras por vía de
adjudicación directa de la siguiente manera: a FOSPUCA se le asignaría una
porción del territorio del Municipio Libertador colindante con todo el
Municipio Baruta, a SABENPE le correspondería los Municipios Sucre, El Hatillo
y Vargas y a COTÉCNICA la porción del territorio de mayor población en el
Municipio Libertador. Como lo expresó pública e Irene Sáez Conde, alcaldesa de
Chacao Ella, consciente de su gravitación como consentida de los partidos
políticos, sostuvo en esa oportunidad su desacuerdo con el procedimiento de
adjudicación directa, manifestando su decisión de licitar el servicio. Esto
obligó a todos los alcaldes contestes, inicialmente con los representantes de
Municipio Libertador, a abandonar el acuerdo y por presión de la Alcaldesa,
tomar el rumbo de la licitación, que llevó su tiempo, el suficiente para
garantizar que se repitiera históricamente la solución gomecista heredada en el
periodo democrático de transferir la redacción de las leyes a las empresas
petroleras, en este caso a las Operadoras.
Hay que precisar que las empresas de
recolección de residuos sólidos en Venezuela tienen una composición accionaria
dónde los capitales externos poseen la parte de león, frente a la precaria
participación de los accionistas criollos que es menos de la mitad en su
aportación, además de su subordinación.
Esto tiene una explicación. Para acometer el
servicio, los socios nacionales requieren un fuerte respaldo financiero a la
altura de lo que implica manejar la operación en una accidentada como la venezolana y en particular la de la
ciudad de Caracas. Y esta explicación resultaría aceptable y razonable. Pero es
el caso que los socios españoles, franceses, italianos y cubano-mayamenses,
prestan la operación del servicio de recolección en Madrid-Barcelona,
París-Lyon, Roma-Nápoles y Miami, de manera impecable, cara a cada
incumplimiento contractual le acompaña una sanción que se refleja en multas que
son debitadas del pago que la ciudad les cancela. Que afectan sus ingresos. .Y
son los responsables ante el ayuntamiento de la limpieza de su área. Al tener
bajo su supervisión una zona que recorren a pie, reportan las fallas en la
prestación y dan plazo de 1 hora para que las recolectoras se apersonen y
corrijan la falta. De lo contrario la multa es automática. Si vemos la
plantilla del personal supervisor podremos notar la ausencia de burocracia.
Sólo el necesario y requerido para tal labor.
Pero si observamos a esas mismas empresas
desplegando sus actividades aquí en Caracas, o en cualquier sitio de Venezuela,
el nivel de eficiencia es desigual contrastado con su desempeño en sus
metrópolis de origen. No realizan eficazmente el barrido manual y mucho menos
el mecánico. No lavan con detergente las calles y los lugares que muestran
huellas de inmundicias. Tampoco la recolección es total, siempre dejan
segmentos sin atender, que día a día se va acumulando. Total, el municipio
termina implementando operativos especiales a su cargo y presupuesto, y las
empresas cobran completo. (Y los Gerentes Públicos, sus dolarizadas
comisiones).
Esto tiene una explicación, más no una
justificación, el socio extranjero le plantea al criollo que los costos del
servicio, les van restringiendo sus márgenes de ganancia, por ende, hay que
reducirlos, sin que importe la calidad del servicio. Al final, quién resuelve
es el municipio. Y lo peor de todo, en los contratos de concesión la supervisión
recae en las empresas mismas. Esto es inaceptable y ocurre frente a la mirada
cómplice de los demagogos de turno de todo pelaje ideológico. Para ello hay que
armarse de coraje civil, pero no es posible, coraje civil donde no hay un
talante ético para poder hundir el escalpelo en el tortuoso entramado de las
pesadas estructuras del servicio de aseo urbano en la ciudad de Caracas, que
cumplió con una secuencia de Campanas de Gaos, dónde las crestas, de un
esfuerzo político y hay que admitirlo, correspondió a todo lo largo de dos
gobiernos socialcristianos (Caldera y Herrera) lo que demuestra que el problema
del aseo urbano domiciliario tiene una doble naturaleza: política y técnica.
Pero también expone que si esa doble vocación no se vértebra con un proyecto de
ciudad, los esfuerzos por resolver sus crisis reiterativas-cíclicas serán
infructuosos.
Pedro
R. Garcia M.
pgpgarcia5@gmail.com
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