La observación o monitorización de elecciones
es un mecanismo que goza de aceptación universal. Inicialmente se concentraba
en elecciones de países donde la democracia era dudosa o débil, pero hoy día se
lleva cabo incluso en países de tradición democrática consolidada.
El único país donde la presencia de
observadores electorales suscita miedo es en Venezuela. Hasta le han cambiado
el nombre: no es observación, sino “acompañamiento” la función que cumplen los
veedores internacionales. El CNE no permite que se hable de observación y llegó
al extremo de introducir en el reglamento de la Ley Orgánica de Procesos
Electorales la denominaciones de “acompañamiento” y “acompañantes” simplemente
para evitar usar los térmnos “observación” y “observadores”. Esto tiene su
origen en la noción exagerada, radical y absurda del la soberanía nacional, que
lo lleva al extremo de ver la presencia
en el país de observadores internacionales como una cesión o renuncia a nuestra
soberanía cuando en realidad esa presencia contribuiría a consolidar la tan
cacareada excelsitud del sistema electoral venezolano. Si, como asegura la
presidenta del Consejo Nacional Electoral nuestro sistema comicial es el más
perfecto, infalible, seguro del mundo, ¿por que no permite que vengan al país
observadores verdaderamente objetivos e imparciales como serían los de la Unión
Europea y la OEA, instituciones que cuentan con personal especializado para la
delicada tarea de la observación electoral?
En el Reglamento de la LOPRE el papel de los
acompañantes internacionales no es diferente del que cumplen los observadores
nacionales, también contemplados en ese instrumento. ¿Entonces por qué ese
eufemismo de darle otro nombre a la observación internacional? Muy sencillo,
porque la escogencia de los acompañantes es monopolio del CNE y del oficialismo
y les permite invitar a organizaciones, instituciones y personalidades afines
al chavismo. Eso se debe a que en las primeras eleccciones del período chavista
los observadores internacionales constataron y denunciaron graves fallas e
irregularidades en los procesos comiciales que monitorearon. Comprobaron, casos
de abusos de poder, peculado de uso, empleo indebido de recursos del erario
nacional, violaciones de normas electorales, amenazas de represalias, guerra
sucia, fraudes, ausencia de transparencia, ventajismo, falta de equilibrio en
la publicidad del oficialismo frente a la de la oposición, agresiones a
candidatos de la oposición, movilizaciones forzadas y/o retribuidas de
electores simpatizantes del régimen y muchas otras irregularidades. Algunos
observadores advirtieron que el sistema electoral venezolano está concebido
para dar ventaja a quien lo administra.
Si las autoridades electorales venezolanas
consideran que esas denuncias son infundadas, la mejor manera de desvirtuarlas
sería precisamente aceptando la presencia de observadores internacionales o de
organizaciones e instituciones de observación electoral serias, imparciales y
objetivas. Pero hasta ahora, que se sepa, la única organización internacional
que vendrá, invitada por el CNE a “acompañar” las elecciones legislativas, es
UNASUR. No es ningún secreto que UNASUR no es una institución imparcial. Fue
concebida por Lula da Silva y el fenecido dictador venezolano para servir de
colchón protector a sus regímenes y a los de sus incondicionales.
Esto, de por si, genera la sospecha de que
algo se trama para las elecciones del 6 de diciembre. El gobierno se vanagloria
de que ha ganado 14 elecciones en Venezuela y utiliza esa falacia para
presentarse como un régimen democrático, respetuoso de la voluntad popular.
Pero todas esas elecciones, con la salvedad quizás de la de 1998, están
envueltas en un manto de suspicacia y duda en cuanto a su pulcritud.
Las elecciones de este año tienen ya sobre sí
una peligrosísima espada o más bien la afilada hoja de una guillotina que
justificaría la presencia en el país de una importante veeduría internacional.
El ilegítim ha amenazado con lanzarse a la calle, “junto al pueblo, para
defender la revolución” en caso de que la oposición obtenga la mayoría en los
comicios de diciembre. Además, para amedrentar al electorado, ha dicho que si
gana las elecciones parlamentarias, la oposición acabará con las ayudas
sociales (misiones) e incita al pueblo a luchar en las calles para impedirlo“.
“Si la oposición gana las elecciones parlamentarias cortarán la ayuda social”. “Nuestro pueblo no se va a
entregar, nuestro pueblo va a luchar en las calles, sea la que sea la
circunstancia que nos toque enfrentar. Así lo digo, así lo asumo. Seré el
primero en lanzarme en las calles con el pueblo a defender sus derechos
sociales”. Todo eso puede ser pura fanfarronería. Pero un personaje inestable
como él es capaz de cualquier cosa.
Si eso lo hubiera dicho algún disidente o
algún ciudadano común, ya estaría pudriéndose en las mazmorras de la dictadura,
acusado de conspirador, de traidor a la patria, condenado sin juicio a la pena
máxima. El silencio del CNE frente a esas amenazas es más que una muestra de
complicidad. En un país donde funcionen las instituciones quien estaría
destituido y preso es el autor de esas amenazas, así sea un jefe de Estado
¿Y la fuerza armada qué? En el caso, ya
prácticamente confirmado de que las elecciones las ganará la oposición, ¿se
sumaría a una revuelta popular para desconocer el resultado de los comicios, o
asumiría patrióticamente el papel que le corresponde de hacer respetar la
voluntad del electorado?
De todos modos, haya o no presencia física de
observadores internacionales en Venezuela, los ojos del mundo estarán
concentrados sobre nuestro país el 6 de diciembre – de hecho ya lo están - y
esa será la prueba de fuego para el régimen que se pavonea fingiendo de
democrático y para el CNE que alardea con su sistema electoral “blindado” y
“pulcro”.
Adolfo
Taylhardat
adolfotaylhardat@gmail.com
@taylhardat
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