La
modificación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, con el fin de legalizar el
funcionamiento del mercado paralelo de divisas, enmendaría el grave error
cometido en mayo de 2010, cuando se prohibieron las transacciones cambiarias
realizadas en el mismo, transformándose éste en un mercado negro.
Como siempre
ocurre, esa prohibición no impidió que dicho mercado siguiera funcionando y,
que a la larga, se operara en él un encarecimiento desproporcionado de la
divisa.
Esto
ha creado una enorme disparidad entre los tipos de cambio libre y oficial que
causa severos problemas. Uno de ellos es la creciente ineficacia del control
cambiario, ya que el anhelo por las divisas preferenciales artificialmente
baratas genera corruptelas y asignaciones indebidas de las mismas, lo que se
traduce en una escasez creciente de dólares para la realización de
importaciones necesarias.
Otro problema que se produce es la exacerbación de
las presiones inflacionarias porque los precios tienden a establecerse por los
costos esperados de reposición, los cuales, a su vez, están muy influidos por
la tasa de cambio libre.
La
corrección de estos problemas y distorsiones, o al menos su mitigación, exige
como condición necesaria, más no suficiente, la normalización de operaciones en
el mercado libre, buscando con ello la reversión de la tendencia alcista de la
tasa de cambio paralela y la reducción de la brecha entre los tipos de cambio.
Para ello hay que actuar sobre las dos fuerzas que intervienen en ese mercado,
es decir la oferta y la demanda de divisas.
En
cuanto a la oferta, se requiere modificar la normativa cambiaria vigente con el
fin de permitirle al Banco Central de Venezuela y a otras organizaciones
públicas y privadas vender divisas en ese mercado.
A
tales fines es necesario mejorar el flujo de caja de Pdvsa para que pueda
disponer de una mayor cantidad de moneda extranjera que le permita, entre otras
cosas, incrementar su venta de dólares al BCV y vender parte de sus divisas
directamente en el mercado libre. Para ello es fundamental, entre otras cosas,
suspender las transferencias de divisas que tiene que hacer al Fonden y a otros
fondos que financian gasto público, reducir sus cuentas por cobrar y minimizar
las ventas de petróleo subsidiado a otras naciones.
Adicionalmente,
hay que suspender las transferencias de reservas internacionales del BCV al
Fonden y permitirle a los exportadores no tradicionales vender sus dólares en
el mercado libre, lo cual se podría traducir en un fuerte incentivo a la producción
de bienes transables. También convendría legalizar la venta de divisas en ese
mercado por parte de empresas foráneas que prestan sus servicios en el país y
que reciben sus pagos en moneda extranjera, así como legalizar la libre
actuación de otras empresas y de personas naturales.
En
cuanto a la demanda, es fundamental limitar la cantidad de dinero que se puede
canalizar hacia ese mercado, para lo cual hay que hacer esfuerzos permanentes
con el objetivo de racionalizar las finanzas públicas a través de la limitación
del gasto y del endeudamiento, así como de la sinceración de las tarifas de los
servicios públicos y de los precios de los bienes producidos por el Estado, la
gasolina entre ellos.
Adicionalmente
se necesita implementar una política monetaria restrictiva que esterilice buena
parte de la enorme liquidez excedente que tiene la banca y elimine la
monetización del gasto público deficitario, minimizando el financiamiento del
BCV a empresas públicas. También hay que actuar con decisión en la lucha contra
la inflación y en la creación de un clima propicio para la actividad económica
privada, lo cual reduciría la avidez por adquirir dólares como un mecanismo de
protección y defensa del patrimonio.
Como
se ve, no sólo basta con legalizar el mercado paralelo. Hay que complementar
esa acción con muchas otras medidas para lograr los objetivos deseados.
Pedro
A. Palma
@palmapedroa
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