Managua.- La crisis que sacude a la Corte Suprema de Justicia se trasladó hoy a la Asamblea Nacional, en donde se discutía si los diputados acatarán o no lo resuelto por magistrados sandinistas de la Sala Constitucional, mientras que el Magistrado Francisco Rosales advirtió que pueden anular cualquier ley que apruebe la oposición.
Esta tarde se reuniría la mesa legislativa para escuchar la notificación de que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el diputado liberal Oscar Moncada contra el Decreto Ejecutivo 3-10 fue rechazado y en contrario, dicho decreto fue admitido como válido y constitucional.
Cuatro de los siete directivos rechazarían y desconocerían la legitimidad de lo resuelto por una sala que fue integrada por Rafael Solís y Armengol Cuadra a quienes desconocen como magistrados por vencérseles el periodo el domingo pasado, dijo el directivo y diputado de ALN, Carlos García.
La tensión puede escalarse en las próximas horas, ya que en la sesión plenaria programada para el martes, la oposición insistirá en mantener la orden del día y enviar a comisión un ante proyecto de ley que declararían nulo el Decreto 3-10.
Los diputados del PLC, luego de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, decidirían si promueven o no la destitución del actual Presidente del parlamento, el sandinista René Núñez si se niega a darle trámite al ante proyecto de nulidad.
Mientras tanto, sandinistas y trabajadores del poder judicial, jueces y magistrados, marcharán hasta la Asamblea Nacional para exigir a los diputados que respeten el Decreto 3-10 y reconozcan el párrafo segundo del artículo 201 de la Constitución Política de 1987.
El Magistrado Rafael Solís advirtió también que los diputados de oposición se exponen a ser acusados por la vía penal en desacato a una disposición del poder judicial.
La Jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Comisionada Vilma Reyes, declaró a los periodistas que esa institución va a garantizar el orden y la paz durante cualquier manifestación en las afueras del Parlamento, así como la seguridad de los legisladores dentro del hemiciclo.
Sin acuerdo a la vista
Las fuerzas políticas opositoras al gobierno sandinista no han logrado hasta ahora alcanzar la unidad perseguida con vistas a las elecciones del 2011, pero parecen actuar en perfecta coordinación para caotizar el país y volverlo ingobernable, advirtió la agencia cubana de noticias “Prensa Latina”.
“Las polémicas sobre quien podría ser el candidato único que represente en noviembre del próximo año a la oposición en los comicios generales, para intentar derrotar al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), son temas cotidianos en los medios de difusión, pero por el momento sin resultados, a pesar de las gestiones unitarias de la Iglesia y de otros actores políticos”, asegura el corresponsal de la agencia, Alfredo Pierrat.
Según Prensa Latina, “esos mismos partidos, a los que se ha sumado el heterogéneo puñado de organizaciones que integran la llamada sociedad civil, actúan en armonía y concierto para crear el caos y la ingobernabilidad”.
Apunta que “desde finales del año pasado, el objetivo opositor se ha centrado en la composición del Consejo Supremo Electoral (CSE), al que se acusa de organizar los supuestos fraudes que dieron la victoria al FSLN en las elecciones generales de 2006 y en las municipales del 2008”.
Invocarán Carta DemocráticaLa oposición política liberal podría invocar la Carta Interamericana de la OEA, contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia de impedir que los diputados en la Asamblea Nacional anulen por ley el Decreto Presidencial 3-10.
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) invocará "acciones preventivas contempladas en la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) para evitar un derramamiento de sangre o una guerra civil", en Nicaragua, dijo el ex presidente Arnoldo Alemán en declaraciones a una emisora radial capitalina, en una escalada de los ataques contra el gobierno sandinista.
En esta guerra de desgaste, la incertidumbre es evidente, sobre todo en el Parlamento, donde no aparecen signos de que se reinicie a corto plazo el trabajo legislativo, no sólo para ratificar o elegir nuevos magistrados de los poderes del Estado, sino, sobre todo, para examinar y eventualmente aprobar numerosas leyes de beneficio social que permanecen en espera.
Una comisión parlamentaria está a punto de terminar el análisis de cada uno de los candidatos propuestos por todas las partes implicadas y de elaborar los dictámenes, sobre los que deberá deliberar y pronunciarse el pleno de la Asamblea.
Pero para adoptar cualquier decisión, los diputados opositores tienen necesariamente que contar con los sandinistas, quienes, con 38 curules en el hemiciclo, no tienen mayoría absoluta, pero el número de integrantes de su bancada vuelve imprescindible la necesidad de pactos...
Pero un pacto con el FSLN en el Parlamento tiene un costo político para cualquier formación opositora, que puede resultar fatal para sus aspiraciones en los comicios del 2011, por lo que hasta ahora ninguna ha dado señales de avanzar en esa dirección, al menos públicamente…
Constituyente o reforma, salida probable
Para el Secretario Nacional del PLC, Francisco Aguirre Sacasa este y el próximo año, es altamente probable, que no se elija a ninguno de los 25 cargos en el estado y que el país avance en una crisis institucional hasta llegar a las elecciones de Noviembre del 2011.
Dijo estar convencido que el Presidente Daniel Ortega no va a ceder porque su objetivo es lograr la reelección presidencial y para eso requiere a los actuales magistrados del CSE.
El legislador dijo que ante este callejón sin salida y una radicalización de la política, se estaría buscando una Asamblea Nacional Constituyente o una reforma constitucional parcial, para permitirle a Ortega correr como candidato en el 2011, pero al mismo tiempo acordar una recomposición del actual Poder Electoral y una reforma a la Ley Electoral, porque no existe manera alguna que la crisis se resuelva prontamente.
Aguirre señaló que en las actuales circunstancias nadie va a reconocer al CSE, ni unas elecciones libres y transparentes que le asegurarían una victoria electoral a Ortega.
De ahí que una salida que se discute en círculos políticos y diplomáticos es acordar una reforma constitucional que permita la reelección pero a la vez que reforme la Ley Electoral para que se establezca que ganará aquel que logre el 50% más uno de los votos y ya no el 35% y eso pasaría por una reestructuración del actual CSE.
Informe Pastrán
