LUIS GARRIDO, EL PROPÓSITO ES DESANIMAR,

El gobierno está en lo suyo y  la estrategia es  similar a los procesos donde ellos se jactan en decir que han ganado, porque el andamiaje conformado por intereses que solo responden a sus propios fines así lo han decidido.   No es un secreto  que el presidente llegó a Miraflores con tan solo el pronunciamiento del Consejo Electoral;  frente a las dudas, se negó el reconteo de los votos y los invitados al jolgorio disfrutaron del triunfo cuestionado.   

Por primera vez el gobierno se siente acorralado frente a las expectativas de unas elecciones que tiene perdidas.  Es tal la desesperación, que se aferró a la figura del “inhabilitado” cuando ni remotamente  pudiera ser válido  sin un juicio previo.   Desmotivar a la población votante es el propósito, pero 16 años de dolor y pena son  más que suficientes para que el pueblo no se deje embaucar.  Lo inmoral  de esta medida es la utilización de un órgano contralor que jamás ha controlado a cuánto pillo se ha enriquecido con los dineros públicos.     

Este es un problema político y debe tratarse como tal.   Si queremos que el pueblo no sea engañado en su buena fe, no nos desviemos del  discurso frontal contra un gobierno  responsable de todas las amarguras que hoy sufre el venezolano.  Vendrán más medidas efectistas, donde la inseguridad será el centro de la pantalla; pero los   quejidos  -ante la inflación y el desabastecimiento  de alimentos y medicinas-  no podrán silenciarlos.                                

El gobierno anda en una onda de prender el “zafarrancho”,  sin que se le culpe de cualquier suspensión de las elecciones.  Cuidado con pisar la concha.    Los candidatos inhabilitados deben interpretar su rol en estas circunstancias; nunca pretender hacer valer su condición de líderes para imponer sustitutos o siglas de partido.  En el caso de Enzo Scarano no debe producirse un debate distinto al que procede  contra esas decisiones cobardes y miserables del régimen.  Antecedentes hay por demás.                 

Más allá de la batalla legal, la MUD tiene la decisión en sus manos;  más allá de estimular un debate interno  innecesario, las cuentas son muy claras.  Si  los números dijeron que Enzo fue primero, también los números le dieron el segundo lugar a Pablo.  La incorporación del suplente,  en este caso, solo procedería  juramentado el titular ante la Asamblea Nacional. No hagamos de la perversión oficial un motivo de desencuentro.  Lejos de toda consideración afectiva, solo expresamos razonamientos políticos.     

Luis Garrido

luirgarr@hotmail.com

@luirgarr

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ZULMAIRE GONZÁLEZ, REPRIMIR ES DELITO, PROTESTAR UN DERECHO

“Nuestro terreno debe ser la calle, nuestra estrategia, la no violencia y nuestro rumbo, una mejor Venezuela”. Leopoldo López

Quien diga que las últimas medidas económicas y sociales adoptadas por el régimen de Maduro consolidarán a Venezuela como una potencia en América Latina después de 15 años de políticas erradas, y además considere que hay voluntad política para atacar los principales problemas del país, debe ser boliburgues, alto funcionario, bolichico, pertenece a una de las tantas misiones-becas que generosamente existen en nuestro país o simplemente está disociado de la realidad.

Aunado a los errores en materia económica, autoritarismo e ineficiencia para atacar los principales problemas del país, el gobierno de Maduro con sus acciones y omisiones coloca al Estado venezolano dentro de los países con conductas alejadas de la promoción y protección de derechos humanos, debido a que existe una clara ineficiencia para garantizar el derecho a la vida, la seguridad e integridad de los venezolanos;  el derecho de igualdad ante la ley; se cercena el derecho de opinión y libertad de expresión, así como el libre tránsito; se coarta el derecho a la libertad económica y criminaliza el derecho a la protesta.

A muchos se les olvida que protestar es un derecho consagrado en nuestra  Constitución y en los artículo XXI y XXII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por eso es inaudito que dirigentes del oficialismo y algunos de la oposición rechacen la protesta como vía legítima para manifestar el descontento contra el régimen actual,  al calificarla de delito, atajos y conductas antidemocráticas. Asimismo, se debe rechazar una vez más la criminalización de la protesta y las acciones judiciales desproporcionadas  contra los ciudadanos que ejercen su derecho.

Es importante recordar la comunicación dirigida al Estado venezolano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en mayo de 2013 a propósito de las protestas realizadas después del 14 de abril de 2013, mediante la que advirtió: “(…) El uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos. La criminalización de la legítima movilización y protesta social y del ejercicio de la libertad de expresión, sea a través de represión directa o mediante la iniciación de procesos judiciales originados en el ejercicio de dichos derechos, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión.”

Es el momento de ejercer el derecho a la protesta pacífica en Venezuela, motivos sobran para rechazar, reclamar, quejarse y condenar las actuaciones del régimen, especialmente cuando está en juego nuestra “libertad”.

@zulmaire

zulmairegonzalez@gmail.com

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CIPRIANO HEREDIA S., HABILITANTE PARA REPRIMIR Y EMPOBRECER

Dada la condición de abogado de este servidor, se me hace casi imposible tocar el tema de la Ley Habilitante sin empezar por decir cosas elementales sobre su naturaleza y pertinencia, más allá del contenido de la misma, que será el tema de fondo de este artículo.

En este sentido, resulta indispensable comenzar por acotar el carácter extraordinario que estas Leyes tienen. En las Repúblicas democráticas quien legisla es el Parlamento, por lo que traspasarle esa función -aunque sea parcialmente- al Jefe del Ejecutivo, es absolutamente excepcional y, en consecuencia, no debe ser pan nuestro de cada día ni puede ser para todo. No obstante, esta sería la quinta Ley Habilitante que se otorga en un período de menos de 15 años, es decir, a razón de una cada tres años y, además, cada vez es mayor el rango de acción que se delega. Es decir, las Habilitantes para este régimen (como expresó Monagas vilmente respecto a la Constitución en 1848) “sirven para todo”.

Aunado a lo anterior está el tema de que las razones por las cuales se vienen solicitando las Habilitantes no se corresponden con lo que luego se hace, así como también es excesivo el tiempo de vigencia de las mismas. De hecho en 2010 se otorgó bajo la excusa de ayudar a los damnificados y paliar los efectos de las lluvias, pero de los 54 decretos-leyes que dictó el Presidente en función de esa Habilitante, sólo 8 tuvieron que ver con esa materia, mientras que los otros 46 fueron destinados a otros temas, incluyendo reformas al COPP, a la Ley de las F.A.N. y a la de la Administración Financiera del Sector Público, entre otras. De igual forma, esa Habilitante duró 18 meses (récord histórico) y la actual se ha solicitado por 1 año, lo cual también es exagerado.

Dicho esto aterricemos, ahora sí, en la Habilitante que está por discutirse en el seno de la AN. La misma ha sido solicitada con la excusa de luchar contra la corrupción y la “guerra económica” que denuncia el Gobierno, las cuales son simples excusas, ya que obviamente no hace falta una Habilitante para enfrentar ninguna de las dos cosas. Allí están la Ley Anticorrupción y la de la Contraloría, por ejemplo, para perseguir y castigar los delitos contra el patrimonio público; y en cuanto a la “guerra económica”, habría que empezar por decir que la destrucción de la economía nacional se ha concebido y desarrollado desde el Gobierno, por lo que el primer paso debería ser destituir a Giordani, Samán, Fleming y Gil, entre otros, para empezar por los mariscales de campo de esa guerra, para lo cual tampoco se necesita una Habilitante.

Está clarísimo entonces que la Habilitante es para perseguir opositores, disidentes del chavismo y uno que otro pez pequeño del Gobierno para guardar las apariencias, por un lado, y para aumentar los controles y seguir persiguiendo empresas y comerciantes, por el otro. Si de verdad hubiera un espíritu de lucha contra el flagelo de la corrupción en el Gobierno, más de la mitad del Gabinete estuviera investigado y  Diosdado Cabello estuviera preso, entre otros casos, por el escandaloso hecho de haber remodelado un baño de la Gobernación de Miranda por más de 400 millones de bolívares hace 6 años, momento en el cual, con esa cantidad, se podía comprar aún un buen apartamento.   

Es más, la Habilitante nacerá en medio de una tremenda contradicción que evidencia el doble discurso oficialista, ya que esta semana el TSJ autorizará el allanamiento de la inmunidad de la diputada Aranguren (Monagas), con el único fin de incorporar a su suplente, quien acaba “casualmente” de brincar la talanquera hacia el oficialismo. Es decir, el famoso voto 99 es producto de un descarado acto de corrupción.

Presenciaremos sin duda eventos importantes en los próximos días. Como bien dice Capriles: si el Gobierno no cambia, la gente cambiará al Gobierno; y por eso afirma el Alcalde Ledezma que el 8D no están en juego unas Alcaldías sino la Patria misma, y la posibilidad de propinarle al Gobierno una dura derrota que impulse ese cambio democráticamente

cipriano.heredia@gmail.com     @CiprianoHeredia

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