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lunes, 3 de agosto de 2015

LUIS GARRIDO, EL PROPÓSITO ES DESANIMAR,

El gobierno está en lo suyo y  la estrategia es  similar a los procesos donde ellos se jactan en decir que han ganado, porque el andamiaje conformado por intereses que solo responden a sus propios fines así lo han decidido.   No es un secreto  que el presidente llegó a Miraflores con tan solo el pronunciamiento del Consejo Electoral;  frente a las dudas, se negó el reconteo de los votos y los invitados al jolgorio disfrutaron del triunfo cuestionado.   

Por primera vez el gobierno se siente acorralado frente a las expectativas de unas elecciones que tiene perdidas.  Es tal la desesperación, que se aferró a la figura del “inhabilitado” cuando ni remotamente  pudiera ser válido  sin un juicio previo.   Desmotivar a la población votante es el propósito, pero 16 años de dolor y pena son  más que suficientes para que el pueblo no se deje embaucar.  Lo inmoral  de esta medida es la utilización de un órgano contralor que jamás ha controlado a cuánto pillo se ha enriquecido con los dineros públicos.     
Este es un problema político y debe tratarse como tal.   Si queremos que el pueblo no sea engañado en su buena fe, no nos desviemos del  discurso frontal contra un gobierno  responsable de todas las amarguras que hoy sufre el venezolano.  Vendrán más medidas efectistas, donde la inseguridad será el centro de la pantalla; pero los   quejidos  -ante la inflación y el desabastecimiento  de alimentos y medicinas-  no podrán silenciarlos.                                
El gobierno anda en una onda de prender el “zafarrancho”,  sin que se le culpe de cualquier suspensión de las elecciones.  Cuidado con pisar la concha.    Los candidatos inhabilitados deben interpretar su rol en estas circunstancias; nunca pretender hacer valer su condición de líderes para imponer sustitutos o siglas de partido.  En el caso de Enzo Scarano no debe producirse un debate distinto al que procede  contra esas decisiones cobardes y miserables del régimen.  Antecedentes hay por demás.                 
Más allá de la batalla legal, la MUD tiene la decisión en sus manos;  más allá de estimular un debate interno  innecesario, las cuentas son muy claras.  Si  los números dijeron que Enzo fue primero, también los números le dieron el segundo lugar a Pablo.  La incorporación del suplente,  en este caso, solo procedería  juramentado el titular ante la Asamblea Nacional. No hagamos de la perversión oficial un motivo de desencuentro.  Lejos de toda consideración afectiva, solo expresamos razonamientos políticos.     
Luis Garrido
luirgarr@hotmail.com
@luirgarr

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lunes, 27 de julio de 2015

NUESTRA OPTICA GERÓNIMO FIGUEROA FIGUERA, MARÍA CORINA MACHADO Y ELÍAS JAUA

El régimen de Nicolás Maduro a través del Contralor General de la Republica, Manuel Galindo Ballesteros, utiliza el artículo 105 de la Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, como garrote político para inhabilitar a los disidentes con liderazgos y sacarlos del juego en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, mientras que cuando los funcionarios del gobierno nacional cometen cualquier acto de corrupción administrativa no son sancionados. En estos casos el Contralor se convierte en un chaquira cualquiera, voltea para los lados y se pone a contar las estrellas en el cielo.

María Corina Machado es acusada por el Contralor Manuel Galindo Ballesteros, de no declarar cesta ticket recibidos mientras fue diputada activa a la Asamblea Nacional, y por eso la inhabilitó por un año para ejercer cargos públicos, maniobrando para que no pueda postularse nuevamente a la Asamblea Nacional, pero al mismo tiempo María Corina dice que ella nunca recibió cesta ticket de la AN, que solo cobró  su sueldo como parlamentaria hasta que Diosdado Cabello de manera ilegal la sacó de la nómina. Afirmar que María Corina es corrupta por no declarar los cesta ticket, además de ridículo es inconstitucional porque ese bono no es salario.
Cuando María Corina Machado dice no haber cobrado cesta ticket, obliga no solo al Contralor Manuel Galindo Ballesteros,  sino al resto de los cuerpos policiales a investigar para determinar quien cobró los fulanos cesta ticket y se clavó ese dinero, que sin  ninguna duda, debe estar acostumbrado a eso, ponerle los ganchos  y meterlo preso por choro. Además, los cesta ticket son bonos de alimentación no considerados salarios, por lo que el Contralor Manuel Galindo Ballestero, no puede bajo ningún concepto alegar que si no son declarados como patrimonio, puedan ser causales de corrupción administrativa.
Por su parte Elías Jaua, ministro para Las Comunas del régimen de Maduro, estando en Brasil con su esposa en una clínica de lujo donde la llevo para ser chequeada, ni de vaina la lleva para un CDI porque eso es para los pendejos, ordenó que trasladaran en un avión de PDVSA a la trabajadora doméstica hasta Brasil y llevara los teteros especiales que toman los hijos del superministro, lo cual es un abuso de poder y un acto de corrupción,  Sin embargo el “flamante” Contralor se hace el loco y la mayoría de la Asamblea Nacional integrada por el Psuv, bloquea cualquier investigación sobre este acto de corrupción administrativa.
Elías Jaua, además de ministro para Las Comunas es presidente de la Corporación para el desarrollo de Miranda, un  mamotreto inventado por Nicolás Maduro para restarle importancia a la gobernación y sabotear el trabajo regional. Este mamotreto recibe mas dinero que la gobernación de Miranda, y no presenta ninguna cuenta de como lo gasta, es utilizada para pagar campañas electorales. En cambio al gobernador que es electo por votación popular y tiene una responsabilidad con su pueblo, no solo le niegan recursos, sino  que le retrasan lo que por ley de situado constitucional le pertenece, con el único propósito de hacer daño a la gente para que culpen al gobernador de no querer resolver los problemas. 
Ahora bien, todas las inhabilitaciones decretadas por el Contralor Manuel Galindo Ballestero son ilegales,  este funcionario no tiene facultades para eso. De acuerdo a el artículo 42 de la Constitución Nacional, solo por la via judicial, y con sentencia firme de un tribunal por actos de corrupción cometidos contra los dineros de la hacienda pública puede haber inhabilitación politica. Igualmente quienes pueden y están facultados para inhabilitar a un candidato so paran los ciudadanos con sus votos, pero nunca puede ser el contralor, que solo tiene facultades inhabilitar a los empleados de la administración pública que son designados a dedo o por concurso, pero nunca los electos por votación popular.
En conclusión, las inhabilitaciones forman parte del libreto cubano para ver como generan desconfianza en la población para que no salga a votar en diciembre, pero como dijo el otro individuo, con inhabilitaciones o no, con paridad de géneros o no, con tarjeta  única o no,  YO VOTO EL 6 DE DICIEMBRE PARA CAMBIAR ESTA VAINA QUE LLAMAN REVOLUCION.
Gerónimo Figueroa Figuera
geron2ff@hotmail.com
@lodicetodo  
CNP:569

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