El Poder Ciudadano
fue un novísimo agregado a la Constitución de 1999, en la que se agrupa la
Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Defensoría del pueblo y
aparte, el Poder Electoral; estos cuatro órganos de la administración pública
son por definición los medios que tiene el ciudadano para reclamar y defenderse
de los excesos y agresiones del Estado.
No es por accidente
que también se le conozca como Poder Moral, y es esa parte administrativa del
mismo Estado la encargada de prevenir, investigar, promover iniciativas
populares y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral
administrativa; es decir, es el poder encargado de la limpieza y transparencia
de la gestión pública.
Como bien reza la
Constitución, el poder moral es un Poder “Independiente”; por naturaleza, por
necesidad, por obligación, su mandante es todo el pueblo de Venezuela y tiene
que representar a los diversos sectores de la sociedad; el que este poder sea
dominado y controlado por una facción política deforma de manera absoluta su
esencia, distorsiona su misión e inutiliza su mandato, y se convierte en burla
de las ideas del Libertador Simón Bolívar.
Lo que hizo la
Asamblea Nacional con la anuencia del Ejecutivo y, sobre todo, con la
complacencia y el silencio de los factores políticos que apoyan al chavismo, de
secuestrar, desde los mismos inicios al nuevo Poder Moral, ante las denuncias
de la opinión pública y los señalamientos de inconstitucionalidad de factores
de la oposición, esto, luego del pronunciamiento de la mayoría de venezolanos
que rechazó la Reforma Constitucional, tiene una significación importante que
vamos a analizar.
En primer lugar, la
forma como se ha venido realizando la escogencia de los candidatos para estos
importantes cargos, en la oscuridad, a espaldas del pueblo, en medio de una
desinformación total, indica el interés del gobierno chavista en corromper al
poder moral.
Era la primera vez
que este poder se iba activar por medios constitucionales, es decir, que la
sociedad venezolana iba a proponer sus candidatos para ocupar esos altos
cargos, pero el manejo del gobierno y, sobre todo, de la Asamblea Nacional,
empastelaron el proceso, designando como representantes de la sociedad a sus
mismos diputados, estableciendo un criterio de selección “secreto” sin reglas
conocidas, sin publicidad ni participación de la opinión pública, con listas de
candidatos casi todos, no sólo afectos al gobierno, sino manifiestos miembros
del partido de gobierno, el PSUV.
El designado Comité
de Evaluaciones de Postulaciones del Poder Ciudadano, fue constituido entre
gallos y media noche y con una composición que claramente desdecía de la
independencia y de esa “conciencia nacional” por la que tanto abogó Simón
Bolívar cuando, en su propio tiempo, propuso la formación de este poder.
Nace esta institución
malformada, incapaz de respirar por sí misma, llena de materia fecal, de una
repulsiva corrupción, que necesitaba de un engendro, no de un Poder, que
pudiera purificar lo que se corrompía en la República.
Por supuesto, ganaron
todos los candidatos del gobierno, de nuevo el bosque de manos alzadas de la
Asamblea Nacional, como si no hubiera existido el rechazo de todo el país a una
manera de legislar que dejaba por fuera a importantes sectores de la nación,
que daba la espalda a la legalidad en el uso del patrimonio público, que echaba
al cesto de la basura la meritocracia, la independencia, y que hería de nuevo a
la democracia y los principios de libertad, que tantos ciudadanos, de una forma
u otra, defendimos por las vías institucionales.
Creían que con este
acto, que reiteraba una vez más la vocación antidemocrática y anti civilista
del chavismo, tenían asegurada la impunidad por la rampante corrupción en la
administración pública; no sólo eso, creían tener en sus manos un arma para
seguir persiguiendo a la oposición, para continuar haciendo terrorismo de
estado, utilizando precisamente los órganos que, supuestamente, deben defender
a los ciudadanos, para acosar, encarcelar, torturar, descalificar y asesinar
impunemente a sus adversarios políticos.
El desprecio que
siente Maduro y sus seguidores por la opinión del soberano es tal, que el
secuestro del poder ciudadano es la reiteración de su dominio sobre el aparato
estatal, la reelecta Fiscal, el Contralor y el Defensor del Pueblo,
lamentablemente, son ahora las fichas encargadas de acallar denuncias, de tapar
negociados, de propiciar el crimen organizado y el narcotráfico, de perseguir
opositores al régimen, de preparar las trampas y violentar la vida democrática
del país.
En la exposición de
motivos de la Constitución Bolivariana de Venezuela claramente establece que:
“El Poder Ciudadano tiene a su cargo la prevención, investigación y sanción de
los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa.
Además debe velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio
público, por el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en
toda la actividad administrativa del Estado”.
La presentación de la
lista de los ciudadanos inhabilitados al CNE por parte del Contralor, tratando
de darle un zarpazo a la Constitución y violar el derecho que tienen los
ciudadanos a elegir y de los candidatos a postularse, es un repugnante ejemplo
de lo que este Poder Moral es capaz de hacer en nombre de intereses bastardos.
Si tuvieran un dejo
de vergüenza, estos designados funcionarios renunciarían de inmediato para
reclamar un verdadero concurso; pero, lamentablemente, los galimatías y
argumentos del pensamiento irracional los excusan, porque son necesarios para
“el proceso”, sus actuaciones consolidarán el socialismo del siglo XXI.
El mentado “proceso”
los necesita en sus trincheras, rodilla en tierra con el grito de “No pasarán”.
Después de todo,
estos funcionarios creen que sólo la historia podrá juzgarlos y que todas sus
actuaciones las hacen por amor y por compromiso revolucionario, ¿La
Constitución, la República, la Democracia, los principios bolivarianos? Son
apenas pequeñas perversiones burguesas, principios capitalistas que no
significan nada para la Patria Grande que Chávez quería construirnos en
Latinoamérica.
Nunca vieron venir
las sanciones internacionales que países garantes de la civilización en el
mundo les impusieron, por ser violadores de derechos humanos y corruptos; ni
las investigaciones de acuciosos periodistas en el extranjero que
desentrañarían sus oscuros negocios y cuentas bancarias secretas en bancos en
paraísos fiscales; ni la burla que inspirarían sus actuaciones ante el imperio
de la razón y la justicia… porque, aun cuando trataron de inmunizarse contra
investigaciones y procesos judiciales en el país, ahora son parte de gruesos
expedientes en tribunales internacionales, y sus nombres han sido incluidos en
las listas de “los más buscados” por las policías del mundo… en algún momento
terminarán siendo sujetos de sentencias y condenas por sus horribles delitos.
Según los miembros
del Poder Moral, la corrupción, los muertos, los encarcelados, los torturados
son un precio muy pequeño a pagar por lo que viene y que sólo el Socialismo del
siglo XXI puede traer al mundo. De allí la actitud maldiciente y arrogante de
un funcionario como el Defensor del Pueblo quien ante la avalancha de reclamos,
denuncias y señalamientos de la sociedad, ante los atropellos e injusticias del
gobierno a quien él representa, declare que la institución que preside no es un
despacho privado de abogados, y en esa actitud desafiante y cínica, rechace que
lo importunen con reclamos a su ineficiencia y su actitud encubridora a los
crímenes que a diario cometen sus compañeros de partido.
El Poder Popular es
un instrumento de la revolución, los nuevos funcionarios son revolucionarios
antes que garantes de la ley, son socialistas antes que venezolanos, le deben
más lealtad a Cuba que a su propia patria y de ellos, sólo cabe esperar
complacer al ahora dictador Maduro, quien los premió con el cargo; se espera
del desempeños de sus cargos la complicidad, la sumisión absoluta.
Bajo estos
presupuestos, no nos queda a los venezolanos libres y demócratas otra cosa que
volver a la calle para reclamar el Poder Ciudadano que nos fue secuestrado por
unos ladrones disfrazados de diputados y conducidos por un jefe perverso y
alucinado, al servicio del mal amo que vive en La Habana, ahora socio del
Imperio. –
Saul Godoy Gomez
saulgodoy@gmail.com
@godoy_saul
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Vivimos una tendencia
a la regresión totalitaria destinada a preservar un sistema absolutista,
estamos bajo la filosofía leninista que sostiene: “fuera del poder absoluto
todo es ilusión” y por esa razón consideran que la libertad y el bienestar
ciudadano debe pasar a través de quien detente el gobierno, de tal manera se
demuestra el desprecio al Estado de Derecho,
convirtiéndolo en un Estado de Desecho, ese es el mal “ideológico” que subyace
en la infraestructura socio-política que impera y en el desastre económico
actual.
