El 15 de diciembre de 1999 el Presidente
Chávez sometió a referendo su proyecto de Constitución para refundar la
República. El 29 de diciembre del mismo año fue proclamada por la Asamblea
Nacional Constituyente. El 30 de diciembre se publicó en Gaceta Oficial. En el
año 2007 Chávez trató de reformarla parcialmente, con la pretensión de
cambiarla sustancialmente, lo que no aceptó el pueblo por estar alejada de la
realidad democrática del país. Sin embargo, el propio Chávez, a través de la
Asamblea Nacional, el 14 de enero de 2009, impuso la enmienda de 5 artículos
para cambiar hacia la reelección indefinida en los cargos de elección
popular, aprobándose esta enmienda por
referendo el 15 de febrero del mismo año.
Chávez pasó gran parte de sus períodos
presidenciales hablándonos de la Constitución. Nos encantó con sus bondades.
Nos las mostraba en televisión a cada rato. Nos dijo que dentro de la
Constitución todo y que fuera de ella nada. Nos aseguró hasta el cansancio que
con esta Constitución era el pueblo ahora el que gobernaba con la democracia
participativa y protagónica. Y es innegable que uno de sus legados fue llevar
al ciudadano común por lo menos a leerla y acercarse al texto fundamental, lo
cual en tiempos otrora no ocurría con tal vehemencia. En los inicios de su
vigencia la oposición no estaba muy ganada al nuevo proyecto constitucional,
pero la cumplía, porque ese era el deber democrático.
De hace pocos años para acá al gobierno,
primero liderado por Chávez, y luego por Maduro, no le gusta la Constitución.
Sus postulados y principios le incomoda, le dan escozor, le causa problemas
para consolidar un régimen castro comunista, le produce molestia ante el
reclamo popular de la vulneración de sus derechos, le pone a sudar cuando hay
elecciones, son la piedra en el zapato cuando la soberanía, que reside
intransferiblemente en el pueblo, tiene que pronunciarse en las urnas de
votación.
Si hay algún principio que ha perdido su
vigencia con el actuar fáctico de este gobierno, es el de la supremacía
constitucional, expresado en el Artículo 7. Resulta que la Carta Magna ahora no
es la norma suprema, no es la ley de leyes, no es el soporte básico de todo el
ordenamiento jurídico.
A lo único que se somete este gobierno es a sus propios
intereses, que no son otros sino los foráneos del intervencionismo cubano. Ni
hablar del principio de separación de los poderes, según el cual cada uno los
órganos del Poder Público tiene su función propia pero están llamados a
colaborar entre sí. Mucho menos hacer referencia
al principio de legalidad, cuya fórmula
ordena que la Constitución y la ley definen las atribuciones de los
órganos del Poder Público y a ellas deben sujetarse sus actividades. No en vano
la Presidenta saliente del TSJ, en una declaración que conmocionó a todo el
estamento jurídico, sin tapujos afirmó que no podíamos seguir pensando en una
división de poderes porque eso era un principio que debilitaba al Estado.
Habrase visto tamaño desconocimiento de la Constitución, sólo explicable por la
connivencia en la actuación delictiva y corrupta de los órganos del Estado.
Sucede que aquella oposición que veía con
resquemor al texto fundamental, ante la reiterada y grosera vulneración que se
hace de él, es quien ahora exige y reclama por el restablecimiento de su
vigencia. Es una lucha férrea, pero con resultados infructuosos. Tal vez no se
ha encontrado un mecanismo efectivo para encantar de nuevo a la sociedad en la
defensa a capa y espada de la supremacía constitucional. La Constitución, cuya observancia fue
declarada obligatoria por la autoridad del Poder Constituyente, ahora su
desobediencia es declarada por la autoridad inconstitucional e ilegítima de
este gobierno.
isaacvil@yahoo.com
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