“La gente racional responde a estímulos: cuando resultamás costoso hacer algo, la gente tenderá a hacerlo menos;cuando resulta más fácil, económico o beneficioso, seinclinará a hacerlo con más frecuencia.” Tim Harford
En dos platos, él considera a las leyes como
estímulos para el cambio del comportamiento de los individuos y como
instrumentos para el logro de los objetivos de las políticas públicas. Como se sabe,
la economía suministra una teoría del comportamiento para pronosticar cómo
responderán las personas ante las leyes que se ponen en vigencia.
Brillantes scholars, particularmente en el
mundo anglosajón, han consagrado estudios acerca de diversos aspectos de la
vida en sociedad, en los que están presentes cálculos racionales de costos que
hacen los individuos. Posner, Coase y Calabresi, entre otros, han sido
emblemáticos en esta materia. Uno de los campos que ha sido estudiado a la luz
de esta disciplina es el de los delitos que sancionan los códigos penales, y
hasta se habla de una “Teoría económica del delito y del castigo”.
Y el lector dirá a santo de qué viene esta
breve introducción con tufo académico, cuando en el título estamos haciendo
referencia a los costos de ser delincuente en nuestro país.
Pues, mucho tiene que ver con el tema.
El despliegue -palabrita preferida del
gobierno- inusitado del hampa en Venezuela en los últimos años ha sido enorme.
Las cifras de asesinatos, atracos y robos han batido todos los récords. En los
índices internacionales está entre los países más violentos del globo. No solo
es uno de los países con mayor inflación y corrupción, es también de los
primeros en homicidios, porcentualmente hablando.
El año 2012, murieron asesinados 24.700 venezolanos. Cifra escalofriante. En 1998, al arribar al gobierno Chávez, fueron 4.550, o sea, han sido quintuplicados. Haciendo un comparativo, en México, en 2013, asesinaron a 17.000 personas, y tiene una población que triplica la nuestra.
Este es un mal social que si bien no podrá
ser erradicado totalmente, su reducción es posible con la instrumentación de
políticas públicas integrales y
técnicamente eficaces. Y los verdaderos especialistas en la materia,
tanto los nacionales como los extranjeros, las conocen bien.
Pero los que no parecen saber de ellas, son
los que actualmente nos gobiernan. Sus desastrosos resultados están a la vista,
y cada día vemos más muertes y pérdidas materiales. El fracaso es estruendoso.
Obviamente, estos resultados lamentables
están directamente relacionados con el tema que encabeza estas líneas.
El precio de ser delincuente es
definitivamente barato en Venezuela. En la valoración que hace el malandro
venezolano de los riesgos que corre de ser atrapado y/o sancionado, le resulta
estimulante y fácil delinquir.
En un país en donde la impunidad es moneda
corriente, porque las leyes no imponen castigos severos, las autoridades son
altamente ineficaces en la represión e instrucción de los expedientes, o los
jueces son incompetentes o corruptos; o lo que es lo mismo, los costos de
perpetrar delitos son bajos y/o los riesgos que corre el delincuente de ser
metido en chirona lo son también, entonces el malandraje tendrá más incentivos.
Este cuadro caótico se refuerza cuando
quienes están llamados a combatir el crimen lo hacen desde una perspectiva
ideológica que ve al delincuente como una víctima de la sociedad capitalista y
al derecho como una superestructura “burguesa”, lo cual conduce a una acción
represiva blandengue, “comprensiva” y hasta permisiva de cara a los maleantes.
Mientras ésas sean las acciones y la tónica
del gobierno venezolano, el hampa seguirá por la libre y la matazón que hoy
enluta muchos hogares no cesará.
Es barato ser malandro en Venezuela. Los que
mataron a la actriz Mónica Spear en días pasados, lo saben.
emilio.nouel@gmail.com
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