JESÚS ALEXIS GONZÁLEZ, EN ECONOMÍA, SIN “REGLAS DEL JUEGO” HUYEN LOS PARTICIPANTES

Hace más de tres décadas, se inició en América Latina la denominada “tercera Ola democrática” en concordancia con la teoría institucionalista que apunta al debate sobre la calidad de las instituciones—reglas del juego— y de las organizaciones—jugadores—para alcanzar una mejor democracia  configurando el entorno institucional tanto para el sector empresarial como para el Gobierno en procura de generar la confianza como factor que impacta la estabilidad de la economía y de la democracia. Sostienen, que los países logran un mayor crecimiento económico cuando (1) existe cumplimiento de las leyes, protección de los derechos de propiedad, menos burocracia y corrupción (acto que provoca un “costo social”),supervisión adecuada, un marco regulatorio que garantice una justa competencia de mercado, y reglas del juego estables; teniendo como fundamento la seguridad jurídica emanada de una legislación anónima y estable que no legisla para nadie ni contra nadie al tiempo que las reglas no se cambien constantemente, garantizando el cumplimiento de las leyes a la luz de una administración de justicia eficaz e independiente; al igual que (2) una adecuada política macroeconómica que aleje la inflación, deuda publica descontrolada, tipo de cambio sobrevaluado, déficit fiscal, emisión desproporcionada de dinero inorgánico, caída de las reservas internacionales y otras;  las cuales constituyen distorsiones al correcto funcionamiento del mercado.

En tal contexto, destaca la importancia de, por un lado (A) la efectividad del Gobierno en correspondencia con la percepción que se tenga sobre la calidad de los servicios públicos, la calidad de la administración pública y su grado de independencia de las presiones políticas, la calidad de la formulación y aplicación de políticas, así como la credibilidad del Gobierno en el cumplimiento de los compromisos asumidos; y por otro lado (B) la calidad regulatoria gubernamental, que refleja la percepción de la capacidad del Gobierno para formular y aplicar políticas y reglamentaciones acertadas que permitan y promuevan la participación del sector privado. La inestabilidad macroeconómica,  está inducida por un déficit del estado de derecho que se traduce en la conformación de un marco institucional—restricciones—marcadamente volátil que dificulta prever el comportamiento de algunos aspectos vitales como p.ej. los derechos de propiedad, la movilidad del capital, el cumplimiento de los contratos, las alteraciones en las regulaciones de precios, y muy especialmente la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para modificar la legislación de modo arbitrario hasta generar incertidumbre sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado y las organizaciones. De igual modo, resulta pertinente destacar que la interacción entre estabilidad política—instituciones de gobierno—y crecimiento económico resulta fundamental para disminuir la incertidumbre sobre la estructura futura de la sociedad y de su modelo económico habida cuenta del conocimiento general que se tenga sobre las reglas que regulan tanto la intervención como el acceso de la burocracia gubernamental; mientras que por el contrario la ausencia de un mecanismo bien definido para limitar el ejercicio del poder político impide predecir si el Gobierno respetará o no las reglas—cambios bruscos—con el consecuente desestimulo para participar de potenciales inversionistas; o lo que es lo mismo, la presencia de un Poder Ejecutivo “facultado” para alterar las reglas a voluntad sin que el Poder Judicial ni el Poder Legislativo puedan controlar o atenuar ese carácter discrecional, hará “huir” a todo aquel con deseo potencial por participar en la creación de riqueza.

 El cumplimiento de las reglas del juego, tanto las formales (Constitución, leyes, reglamentos y regulaciones impuestas por el Gobierno) como las informales (normas de conducta, cultura) reduce la incertidumbre (indefinición ex ante de los resultados) con una eficiencia superior que bajo la intervención del Estado y del Gobierno a la luz de una “planificación económica” subordinada a inclinaciones ideológicas, que en la mayoría de los casos converge en estrategias de desarrollo inapropiadas e instrumentación de medidas en mucho vinculadas con la demagogia y el populismo. En Venezuela, un claro ejemplo de ello es la reciente “resolución” (aparentemente revertida) que rompe con la necesaria “coalición distributiva intersectorial” de la oferta de alimentos regulados en el marco de 120.245 puntos de venta a nivel nacional que sirven cada uno en promedio  a unas 4.300 personas/día, ordenando a las empresas privadas redireccionar la mayoría de su producción hacia las redes Estatales de comercialización (Pdval, Mercal y Bicentenario) que conforman un 6% (7.245) del total nacional  en contraste con el 94% (113.000) del sector privado; siendo que tan “brillante” acción planificadora evidentemente concentrará la demanda en pocos centros de abastecimientos, con un efecto multiplicador sobre las humillantes colas. Sirva de ejemplo el caso del Municipio Libertador,  con 1.333 puntos de venta   para atender diariamente unos 5.730.000 consumidores, de los cuales ¡1.328 (99,65) son privados! y apenas ¡5 (0,4%) son públicos; donde tan “inteligente resolución” propiciará que en cada punto de venta público se “deberán” atender diariamente ¡1.146.000 compradores!, a un promedio de ¡95.500/hora! a una “velocidad” de 1.592/minuto luego de transitar “pacientemente” una cola de ¡3.800 kilómetros! equivalente a unas  ¡30.000 cuadras!.

En fin, solo con una adecuada formulación y cumplimiento de las reglas del juego se puede crear el clima de confianza que aspiran los potenciales agentes económicos para decidirse a invertir, en función a un proceso productivo que desanime las actividades puramente redistributivas sustentadas en los ingresos petroleros.

Jesús Alexis González       

jagp611@gmail.com         

@jesusalexis2020

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