MARIANELLA SALAZAR, INCENDIAR LA FRONTERA

El gobierno está dispuesto a jugársela para no perder el poder, y aunque Diosdado Cabello jure y perjure que así “llueva, truene o relampagueé” habrá elecciones en diciembre, el cierre de la frontera en el Táchira y la declaración de estado de excepción junto con la suspensión de garantías es la demostración palpable de lo contrario.

Conculcan libertades y militarizan el estado más opositor del país, donde al oficialismo le será difícil sacar un solo diputado, saben que el resentimiento de los tachirenses contra el chavismo-madurismo se viene macerando en su propio caldo, sobre todo, desde febrero del año pasado, cuando el estado fue escenario de un verdadero genocidio y se convirtió en el epicentro de un movimiento de resistencia que se expandió a escala nacional.

A Maduro y su combo se les fue la mano otra vez con el Táchira. Para nadie es un secreto que el contrabando de extracción siempre ha tenido la participación y complicidad de la Guardia Nacional, aunque hoy reparte la cochina con el Ejército. No se trata de un simple bachaqueo de pimpinas, sino de un negocio al por mayor donde también participan las FARC, que en esta oportunidad no han sido mencionadas aunque tienen sus tenazas extendidas en todo los delitos.

El gobierno regional le ha venido haciendo el juego a la narco-guerrilla, empezando por Vielma Mora, que culpa de todo a los paramilitares. Recordarán que en mayo pasado encontraron unos cadáveres en la frontera y el gobernador declaró que habían sido ajusticiados por los paramilitares, pero fuentes militares afirman que esos muertos eran de la guerrilla.

Negocio militar. Hace exactamente un año ordenaron el cierre de la frontera en horario nocturno para reducir el contrabando de alimentos, que según el gobierno era una de las causas del desabastecimiento. Esa medida le vino como anillo al dedo a los militares que tienen el control de la frontera.

El contrabando es un negocio de los militares, comienza desde soldados rasos hasta generales. Nuestras fuentes explican que los soldados al frente del paso de gandolas son relevados al mes y salen con mucho dinero porque las transacciones se hacen en dólares. Hay soldados que pagan por conseguir esos puestos, pues las ganancias son exorbitantes.

En agosto del año pasado el cierre de la frontera fue acordado con Colombia, pero cuando Santos se dio cuenta del tremendo disparate arrugo y aseguró que el cierre había sido unilateral. Ahora cuando mucho más de un millar de colombianos han sido deportados y humillados, el gobierno pretende desviar hacia Colombia su fracaso con Guyana.

Santos no se puede hacer el loco, allá hay poderes autónomos pronunciándose: desde el alcalde de Cúcuta, que califica las medidas de “antibolivarianas y antichavistas”, pasando por el procurador Ordóñez Maldonado, que fustiga “una política de ataque sistemático contra la población colombiana”, hasta el Ministerio Público, que manifiesta que el caso constituye un crimen de lesa humanidad de competencia para la Corte Penal Internacional. ¡Pica y se extiende!

Tic Tac

El abucheo en Morrocoy contra la gobernadora de Falcón y Marleny Contreras, esposa de Diosdado Cabello, es una señal de decepción que revela altos índices de rechazo hacia el gobierno. La reacción de una masa formada en su mayoría por clases populares fue espontánea y general, no fue inducida por la oposición. A las funcionarias les venía muy bien un baño de playa junto con otro de humildad, pero el abucheo les excitó la soberbia y tomaron venganza al ordenar detener a 5 ciudadanos que participaron en el zafarrancho, mientras en Tucacas atracaban a 60 turistas y no hubo un solo detenido.

Marianella Salazar

marianellasalazar@cantv.net

@AliasMalula

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JESÚS ALEXIS GONZÁLEZ, ESTADO DE EXCEPCIÓN: ¿SOLO CON EFECTO SOBRE LOS MUNICIPIOS “GOCHOS”?

El Decreto No 1.950, que consagró la instrumentación del Estado de Excepción (EE) en diez municipios (6 más 4) del estado Táchira (34,5% de los municipios tachirenses y 2,9% del total nacional), entidad federal posicionada en el puesto 9 en cantidad de población con cerca de 1.350.000 habitantes que ocupan el 1,21% del territorio nacional, recibió el visto bueno tanto de la Asamblea Nacional el 25/08/15, como del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia del 28/08/15. Ambos Poderes Públicos justificaron su aprobación habida cuenta, indican, que “se ha venido presentando de modo sistemático una amenaza compleja al pleno goce y ejercicio de los derechos de los habitantes de la Republica  vinculadas al paramilitarismo, narcotráfico y el contrabando de extracción; e igualmente argumentan la existencia de “atentados contra la moneda venezolana y los bienes adquiridos con divisas de nuestro pueblo, así como el tráfico ilícito de mercancías producidas o importadas por Venezuela, afectando gravemente la vida económica de la Nación; complementando dicha aprobación por la necesidad, afirman, de “controlar la situación respecto a la moneda venezolana en la frontera” (las negrillas son nuestras). En el EE mencionado, se contempla un plan de cierre parcial de la frontera con Colombia y el envió de 3.000 efectivos militares; acción que, apuntan, se mantendrá hasta tanto el Gobierno de Colombia no prohíba la venta de productos venezolanos en su territorio (¡!).

Un EE, ha de estar delimitado en sus atribuciones, en el tiempo y en el espacio en un todo de acuerdo con la Constitución de 1999 que renovó su regulación consagrando en el Ejecutivo Nacional la facultad de decretarlo cuando se presente la imposibilidad de enfrentar las circunstancias de hecho que lo justifican por intermedio de las facultades de las cuales dispone; es decir en razón a la presencia de eventos de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de sus instituciones o de sus ciudadanos, y los cuales no pueden ser enfrentados con las facultades que disponen los órganos del poder público. Sea propicio destacar, que durante la vigencia de un EE el Presidente puede restringir garantías constitucionales (desaplicación parcial de la regulación legal) pero no puede suspenderlas (sustitución total de la regulación legal del derecho constitucional afectado por la situación de emergencia); quedando constitucionalmente prohibida la restricción de la garantía referida a los derechos a la vida, a la protección de la familia, a la libertad personal, a la libertad de pensamiento, al debido proceso, a la participación, al sufragio, entre otras.

La indebida asimilación entre EE y restricción de garantías, es propiciada por la propia Constitución cuando contiene que se debe, durante el EE, regular el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe; mientras que en la ley orgánica que rige la materia se indica que el EE debe ser declarado en caso de estricta necesidad para solventar la anormalidad, con la restricción temporal de las garantías constitucionales permitidas. En complemento, nuestra Constitución establece la duración para los distintos eventos que explotan el EE, siendo que por estado de alarma puede durar 30 días, por emergencia económica hasta 60 días y el de conmoción interior o exterior hasta 90 días; plazos prorrogables por un periodo igual sin excluir la posibilidad que al vencer la prorroga el Ejecutivo Nacional ¡puede dictar un nuevo EE! Es pertinente mencionar, que a la fecha de publicar el presente artículo (31/08/15) faltarán 97 días para la celebración de las elecciones  el venidero 6D, y habrán de transcurrir 103 días desde la aprobación del EE. (¿Prorroga a los 90 días por causa de una conmoción exterior?).

El tema de la temporalidad de la suspensión de alguna garantía, reviste importancia en aras de evitar su “permanencia infinita” sin solventar la anormalidad que impulsó dicha suspensión; tal y como sucedió a la luz de la Constitución de 1961 donde se establecía entre las medidas relacionadas con la declaratoria de EE la suspensión de la garantía de la libertad económica, que en efecto se aplicó y permaneció ¡durante casi 30 años!, lo cual equivale a señalar que la burocracia gubernamental no fue capaz de aportar respuestas concretas de economía política durante ese lapso para superar la anormalidad (¿?); con el agravante para el bienestar del venezolano que han transcurrido otros 16 años con la nueva Constitución y la economía continua paralizada, o lo que es lo mismo, ¡medio siglo sin modelo económico! cuya ausencia está mostrando sus “garras” en la actualidad habida cuenta de la caída del precio del petróleo; hecho que impide seguir ocultando la “anormalidad” mediante postulados demagógicos y populistas basados en gasto público.

Es de obviedad manifiesta, que cerrar el 4,5% de los 2.216 kilómetros de frontera colombo-venezolana no repercutirá en lo más mínimo para revertir el descontextualizado, ineficiente e improvisado accionar de la economía venezolana muy especialmente en lo atinente a la errática política cambiaria y al mantenimiento de una moneda sobrevaluada para favorecer importaciones “baratas” (ahora disminuidas) por parte del Gobierno Nacional (casi exclusivamente), pero que al propio tiempo propicia tanto una “economía de frontera” como un “bachaqueo” en el mercado doméstico.

Nos permitimos una reflexión final: se hace necesario en la Venezuela actual decretar un EE cuando no existe una real y efectiva separación de los poderes públicos; o ¿es una maniobra con intención bélica subyacente para buscar diferir un “combate” electoral?

Jesús Alexis González       

jagp611@gmail.com      

@ jesusalexis2020

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FERNANDO OCHOA ANTICH, EN DEFENSA DEL TACHIRA

         La arbitraria decisión de Nicolás Maduro de declarar un Estado de Excepción en los municipios fronterizos Bolívar, Ureña, Junín, Urdaneta, Capacho Libertad y Capacho Independencia  del estado Táchira, sin existir causas suficientes, viola flagrantemente los derechos humanos y muestra un sorprendente desconocimiento de nuestra historia. 

Las  profundas vinculaciones  económicas, culturales y familiares existentes entre los pueblos del estado Táchira y del departamento del Norte de Santander surgieron desde los tiempos coloniales para irse fortaleciendo durante los siglos XIX y XX. Una de las manifestaciones más curiosas de esas relaciones fueron las ferias que se organizaban en las más importantes ciudades de las dos regiones. Además, siempre acogieron con particular simpatía a los exiliados políticos que tenían que pasar las fronteras perseguidos por los gobiernos dictatoriales venezolanos o enfrentar las consecuencias de las guerras civiles colombianas. Buenos ejemplos fueron el gobierno de Juan Vicente Gómez y la guerra de los Mil Días.

         Las consecuencias empiezan a sentirse de manera muy dolorosa al resentirse el orden social en los municipios fronterizos: los negocios amanecen cerrados; nadie va al trabajo; la escasez de productos de primera necesidad alcanza niveles de tal gravedad que es posible que  lleguen a faltar de manera definitiva; los liceos y las escuelas están paralizadas; nadie se atreve a salir de su casa, ante el temor que produce el convencimiento de que los efectivos militares y policiales pueden actuar sin ningún control, como ya han empezado a demostrarlo en distintas acciones. En definitiva, un verdadero caos.  Lo único que  ha logrado tan disparatada decisión, si eso puede considerarse un objetivo para una acción de esa importancia, ha sido la expulsión de cerca de dos mil colombianos indocumentados. Un aspecto difícil de justificar es la destrucción de sus viviendas. Ni siquiera el contrabando se ha paralizado. Empiezan a surgir rumores que, aún con la frontera cerrada, los productos subsidiados venezolanos ingresan a Colombia por los caminos verdes.

Nicolás Maduro está desesperado. No es para menos. Analicemos algunos aspectos de la última encuesta  IVAD: 80% considera que la situación del país es mala; 92, 8%  ha tenido problemas para conseguir productos de primera necesidad; 87,9 % no le alcanza el dinero para comprar lo necesario para el hogar;  70 % cree que la gestión de Nicolás Maduro es mala o muy mala; 64,9 % no tiene confianza en el gobierno nacional. En conclusión, si las elecciones fueran hoy la oposición obtendría el 68,7 % de los votos contra 23, 0% del oficialismo.  Esta situación, a mi criterio, es irreversible. El voto castigo es una realidad. Nicolás Maduro tiene la esperanza de que el cierre de la frontera pueda generar un mejoramiento de la situación de abastecimiento en el resto del país. Estoy convencido que fracasará estruendosamente, al no lograr que la realidad actual se modifique en los municipios fronterizos. Otro aspecto a considerar es el desprestigio internacional que enfrenta Venezuela ante los delicados señalamientos de graves violaciones de derechos humanos.      

Los tachirenses deben reflexionar sobre su futuro cercano. Nicolás Maduro ha dicho que la frontera permanecerá cerrada sin importarle el profundo daño que le hace a la sociedad tachirense. El gobernador Vielma Mora está decidido a abrir manu militari los comercios de las principales ciudades fronterizas, sin valorar las causas por las cuales se mantienen cerrados. Definitivamente, el régimen chavista no está dispuesto a considerar la opinión y los intereses  del pueblo tachirense. Su actuación, sólo está supeditada a los objetivos políticos nacionales ante la cercanía de las elecciones del 6 de diciembre. Esa es la verdadera causa del enfrentamiento con Colombia. Buscar un enemigo externo para que nuestro pueblo olvide sus problemas.  Esta realidad deben conocerla los tachirenses. Es un desafío inaceptable a la voluntad popular. Se requiere enfrentar con decisión y firmeza la absurda arbitrariedad centralista. No podemos permitir que la desbordada propaganda oficialista nos divida. Los tachirenses somos un solo pueblo decidido a defender nuestros derechos… 

¡Viva el Táchira! 

Fernando Ochoa Antich.

         fochoaantich@gmail.com

         @FOchoaAntich

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ROCÍO SAN MIGUEL, "ESTADO DE EXCEPCIÓN NO DECLARADO"

Venezuela está en guerra, así lo ha declarado el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a la Nación y quienes los acompañan en el Alto Mando Político Militar. 

El enemigo a lo interno está constituido por más de la mitad de la población que somos críticos, disidentes y opositores, especialmente por aquellos que estando organizados tienen voz consistente, legitima y continuada en la sociedad, y los medios de comunicación. 

En lo externo el objetivo también ha sido definido: el imperialismo estadounidense, sin suspendérsele el envío de petróleo diario. Cosas de Revolución…

Algunas precisiones deben hacérsele al gobierno. La Constitución en su título VIII establece todo lo relativo a la protección de la carta magna. Y regula precisamente en esta sección lo relativo a los estados de excepción en Venezuela. Por esa razón advierte el constituyente en el 333: 

“Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella”. Y continua: “En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. Concluyendo este título VIII con la regulación de los Estados de Excepción para determinar las formalidades que deben cumplir y el marco temporal de su aplicación.

Nicolás Maduro desde el 15 de abril ha instaurado en Venezuela un Estado de Excepción de facto violando la disposición relativa a la protección de la Constitución que lo obligan a declararlo, y lo que es más grave, esta suspendiendo garantías que aún en los estados de excepción no pueden ser derogadas por conformar el núcleo duro de derechos humanos.

De acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 337), un estado de excepción son las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos, sin que puedan ser restringidas, de conformidad con lo establecido en los artículos 339 de la Constitución, 4, 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27, 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las garantías de los derechos a: 1. La vida. 2. El reconocimiento a la personalidad Jurídica. 3. La protección de la familia. 4. La igualdad ante la ley. 5. La nacionalidad. 6. La libertad personal y la prohibición de práctica de desaparición forzada de personas. 7. La integridad personal, física, psíquica y moral. 8. No ser sometido a esclavitud o servidumbre. 9. La libertad de pensamiento, conciencia y religión. 10. La legalidad y la irretroactividad de las leyes, especialmente de las leyes penales. 11. El debido proceso. 12. El amparo constitucional. 13. La participación, el sufragio y el acceso a la función pública. 14. La información.

Por ahora está claro que muchas de estas garantías han sido suspendidas de manera permanente en Venezuela. Pero lo peor está por comenzar…

@rociosanmiguel

rociosm@cantv.net

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ANÍBAL ROMERO, ESTADO DE EXCEPCIÓN PERMANENTE

Argumentaré a continuación que Venezuela vive bajo un régimen de estado de excepción permanente. Siguiendo las reflexiones de Giorgio Agamben sobre el tema, definiré el estado de excepción como una situación de vacío o cesación del derecho, un espacio en el que se produce una neutralización del orden jurídico.

La Constitución de 1999 trata los estados de excepción en sus artículos 337, 338 y 339, y distingue tres tipos: el estado de alarma, el de emergencia y el de conmoción interior. Las diferencias tienen que ver con la duración de su vigencia, que alcanza desde treinta a noventa días, prorrogables en cada caso una vez. El texto es oscuro y a mi modo de ver (artículo 337) confunde las razones que pueden dar origen a la declaración de un estado de emergencia, con las medidas mismas y su naturaleza jurídica. En cuanto a lo primero, se afirma que los estados de excepción son circunstancias que afectan gravemente la seguridad de la Nación y desbordan las facultades normales del Poder Público, ante lo cual, en segundo lugar, el jefe del Estado puede verse en la necesidad de restringir temporalmente las garantías constitucionales.

En la superficie, el texto de 1999 sugiere que los estados de excepción son suspensiones pasajeras de la normativa constitucional, y están sujetos a ciertas restricciones y procedimientos legales precisos. Sin embargo, repito, lo que quiero sostener en estas líneas es que en realidad, más allá de la Constitución y en lo que concierne a la efectiva expresión política de su existencia, Venezuela se encuentra en una situación de vacío o cesación del derecho caracterizada por la presencia de una Constitución dual: de un lado el texto de 1999, que es en la práctica y diariamente violentado, de otro lado, por la verdadera regla de conducta del Poder Público que es la del estado de excepción, mediante el cual (y de nuevo recurriendo a Agamben y a Carl Schmitt) el Estado sigue existiendo pero el derecho desaparece.

Este contexto político de vacío o cesación del derecho se pone de manifiesto en múltiples planos, que van desde la manipulación engañosa y abusiva de la enfermedad del jefe del Estado, e incluyen entre otras instancias los malabarismos y distorsiones jurídicos postulados constantemente por el Presidente de la Asamblea Nacional, así como la sistemática aquiescencia del Tribunal Supremo de Justicia, que no hace sino corroborar las órdenes que se le transmiten, sin olvidar la patética parcialización del Consejo Nacional Electoral. Cabe añadir a esta lista la calificación de los presos políticos por parte de la Procuradora como “delincuentes”.

En lo que concierne a la oposición democrática y su dirigencia, esta realidad de vacío o cesación del derecho, en la que “el Estado sigue existiendo pero el derecho desaparece”, tiene una crucial importancia política, que no obstante pasa casi desapercibida en su conducta y su estrategia. En efecto, la oposición se conduce como si Venezuela viviese una realidad de normalidad constitucional, y toda su estrategia política se centra en una lucha electoral ejecutada en condiciones de vacío o cesación del derecho, lo cual contribuye, por una parte, a garantizar que sus sucesivas derrotas sólo refuercen la legitimidad de un marco jurídico plenamente anormal. Tal proceso recurrente, por otra parte, ha transmitido al resto del mundo la imagen errada y mentirosa de un país en el que se cumplen las leyes y estatutos de un régimen constitucional “normal”, cuando lo que tenemos de hecho es un estado de excepción permanente.

aromeroarticulos1@yahoo.com

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