Hace
unos días Eduardo Fernández, presidente del Ifedec y ex candidato a la
presidencia de la República, aseguró en un programa de radio que el “Gobierno
no se está tambaleando, ni conviene que se tambalee y mucho menos que se
caiga”. Curiosas declaraciones, proviniendo de una figura que no integra el
elenco oficialista ni tiene por qué repetir la cartilla.
Que
el gobierno no se tambalea es asunto que solo los hechos podrán establecer. No
hay duda de que enfrenta un conjunto de factores adversos del que solo un
gobierno muy sólido podría salir airoso: protestas en las principales ciudades
del país, una crisis económica que se agrava por horas, inflación (“una de las
más altas del mundo”, dijo Fernández en la misma intervención radial),
desabastecimiento (“¿Por qué debemos hacer colas para el mercado y cuando
llegamos no hay nada? Eso no pasa en ninguna parte y hasta está dejando de pasar
en Cuba”, puntualizó) e inseguridad.
A
esto debemos agregar la circunstancia de que el presidente de la República
tiene ¿al lado?, ¿detrás?, ¿encima?, una especie de tutor que se toma
atribuciones que no le corresponden, quitándoselas a la Presidencia; que se ha
erigido en interlocutor de los militares, dándole un rodeo a la Presidencia; y
que marca constantemente la pauta política del gobierno, como si el presidente
fuera una figura decorativa, un pelele a quien se corrige en público y cuyo
parecer no le interesa a nadie. Ciertamente, si el gobierno no se tambalea, la
debilidad de Maduro sí es evidente. Habría que preguntarle a Eduardo Fernández
a qué se refiere cuando asegura que el gobierno no está vacilante (porque
podría ser que se refiera a que el gobierno podría persistir sin Maduro, como
si este fuera una parte aburrida del cuento, que puede suprimirse sin que la
historia registre mayores saltos).
Otra
cosa, muy distinta, es que no convenga que el gobierno se tambalee y termine de
caer. Vista su intransigencia frente a sus desatinos en materia económica,
vista su terquedad en persistir por la senda que nos ha llevado al desastre,
visto el cinismo con el que empezó a hablar de “guerra económica” cuando ya se
avizoraba la debacle que hoy vivimos y que amenaza con profundizarse en las
próximas semanas… En fin, visto el atolladero al que nos condujo el gobierno
con sus disparates, su soberbia y su descomunal corrupción, ¿qué es lo que
conviene?
Los
12 puntos propuestos por Lorenzo Mendoza, presidente ejecutivo de Empresas
Polar, a la Comisión de la Verdad Económica, constituyen un retrato clarísimo
de la calamitosa situación de Venezuela. El documento no se propone explicitar
lo que está mal hecho sino lo que debe hacerse bien. Pero cada ítem alude a un
paso en el proceso de destrucción de la economía nacional. Ninguno de esos
puntos serían necesarios –en realidad, urgentes- si no fuera porque hemos
padecido 15 años de devastación obrada por un sistema obsoleto, retrógrado y no
pocas veces improvisado, que, además, solamente el año pasado se permitió
“desviar”
$20.000
millones que fueron robados al Estado con la connivencia de los más altos
jerarcas del poder.
Si
el gobierno aplica las recomendaciones de los empresarios, aún cuando no lo
hiciera en bloque sino parcialmente, iría a contravía de su propio modelo. Si
el gobierno quiere dar un frenazo antes de caer en el abismo, tendría que
acatar esas medidas, que no son sino un irrefutable compendio de sensatez y
sentido común, pero si lo hace ya sería otro gobierno.
En
esta ocasión, no pueden zafarse del aprieto con providencias diseñadas para
aportar oxígeno temporal o con disposiciones cosméticas para destrancar el
embrollo. Las dificultades económicas son de tal magnitud que deberán
instrumentarse acciones permanentes, contrarias a la plataforma ideológica en
la que se sustenta el gobierno.
Si
esto fuera poco, esas medidas deberán ser implementadas por un gobierno
sanguinario, violador de los derechos humanos. Los testimonios de las víctimas,
sus familiares y abogados son estremecedores.
Nada
de esto puede continuar por mucho tiempo. Ni el destrozo de la economía. Ni la
represión, tortura, detención ilegal y asesinato de los manifestantes. Ni el
expolio descarado a las arcas de la República.
Tampoco
dejaremos de protestar, hemos asumido esta tarea como un deber y un destino.
Frente
a esta realidad, el gobierno solo tiene dos opciones: obstinarse en su
descalabro o hacer grandes cambios. En ambos casos será otro.
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