NESTOR SOLANO, VIENTOS DE CAMBIO, CASO COLOMBIA,

Se enciende en los Departamentos un sentimiento muy especial de lucha y amor por Colombia, es una forma de hacer política sana, de enfrentar sin temores a la mentira y la manipulación, nos preparamos para asistir a un proceso electoral muy importante para la provincia, los aspirantes a Gobernadores, Diputados Departamentales, Alcaldes y Concejales muestran sus credenciales y ofertas a los votantes, las distintas organizaciones políticas organizan sus cuadros, publican sus propagandas y desplazan las maquinarias organizativas y electorales por veredas, campos y ciudades, mientras Santos el manipulador, recorre al País tratando de ganarse otra vez la confianza de la gente.

Cuidado con el manipulador dice la gente, está buscando desesperadamente firmar el acuerdo de paz con las bandas terroristas antes de estas elecciones, espera que lo apoyemos para que estos no pisen un solo día la cárcel, no sean extraditados a los Estados Unidos y se puedan convertir en líderes políticos, a pesar de cargar en sus espaldas con miles de crímenes atroces cometidos contra el pueblo al que le están presentando candidatos en los que nadie puede confiar, vienen cargados de ofertas que en cinco años no han cumplido y esperan nuestro respaldo para luego sufrir la decepción y la frustración que ya vivimos con Santos el manipulador y falso líder.

Decirle la verdad a los electores es una cualidad fundamental en un buen dirigente, así esa verdad no sea del agrado de todos, porque cuando se es sincero con la gente se es digno de su confianza, también la credibilidad es importante y se logra cuando hemos construido nuestro camino con hechos que merecen el respaldo de las mayorías, porque el futuro de las regiones y de la Nación es tan importante que no puede estar en manos de un cogollo partidista, por eso en los pueblos están logrando una identificación común para lograr el impulso tan necesario desde la provincia, que le abra espacio a los vientos de cambio que hoy corren por toda Colombia.

Una mayoría se está reagrupando en los Departamentos, se observa un proceso silencioso, coherente y esperanzador, unos y otros aun militando en corrientes políticas diferentes encuentran un novedoso consenso, una solidaridad silenciosa se abre camino, la gente reclama un cambio en el País y en los partidos políticos, para lograr la seguridad y tranquilidad en la población, reclaman políticas económicas que promuevan la producción y el empleo, exigen una educación de calidad, piden respetar la descentralización, regionalización y municipalización del poder público, definitivamente en estas elecciones el pueblo con sobrada razón reclama sus derechos.

Nestor Solano

solano.nestorep@gmail.com

@SolanoNestorep

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LUIS MANUEL AGUANA, LA DESCENTRALIZACIÓN: CRÓNICA DE UN “AUTOSUICIDIO” INTERMINABLE

Difícilmente pueda encontrarse un documento más premonitorio de la muerte del sistema de partidos que el mensaje que dirigió al Congreso de la República el entonces  Ministro de Estado para la Descentralización, Dr. Allan Brewer Carías, en enero de 1994 (ver Mensaje al Congreso en Allan Brewer Carías, II, 2, 97. Informe sobre la Descentralización en Venezuela 1993 – Junio 1993-Febrero 1994 en http://goo.gl/5IFBcH). Los muchachos de las nuevas generaciones políticas harían bien en leer con cuidado ese Mensaje al extinto Congreso.

 

En un documento de más de mil páginas contentivo de las Memorias del entonces Ministro de Estado para la Descentralización, el Dr. Brewer Carías detalla los esfuerzos realizados por el Gobierno de Transición de Ramón J. Velázquez por salvar al sistema de partidos de su propia destrucción. Pero ya era tarde. En enero de 1994 los venezolanos ya habían elegido a Rafael Caldera en una elección insólita donde un hombre sin partido y sin maquinaria, había derrotado a las dos principales fuerzas politicas del país. Era un mensaje claro de los venezolanos a los partidos políticos de que las cosas no podían continuar de la manera como venían desarrollándose y que ese próximo gobierno debía continuar y profundizar, como lo sugería el entonces Ministro, el proceso de descentralización:

 

“Ahora bien, en mi criterio, la política de descentralización, definida como política nacional por el Gobierno del Presidente de la República, Dr. Ramón J. Velásquez, ha estado y está establecida y diseñada con ese objetivo. La descentralización es el instrumento para lograr la participación política; y la participación es actualmente la única vía para que nuestra democracia se perfeccione. / Por eso, la descentralización ha estado en estos últimos tiempos y estará en el futuro próximo, en el centro de la política de cambio. Por ello, hemos dicho que hasta cierto punto, con la descentralización nos estamos jugando la democracia” (La Política de Descentralización, pág. 21, negritas y subrayado nuestro).

 

Sin embargo, y aunque se diera un paso fundamental con la promulgación de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público en 1989, y la adopción por parte del Presidente Velásquez de una política de Estado para el logro de ese fin, muy poco entendieron los partidos políticos que en ello se les iba la vida a partir de 1994, bloqueando políticamente cualquier intento de profundizar el proceso iniciado, cayendo estrangulados con la elección de Hugo Chávez en 1998. En realidad, visto desde esa perspectiva, los partidos del status se “autosuicidaron”, y nos asesinaron la democracia en el camino.

 

Y aunque las decisiones que se tomaron en ese breve periodo pudieron comprometer al naciente gobierno de Caldera, como lo indicó el Ministro, ni ese gobierno ni su oposición política advirtieron que estaban sepultando la democracia, haciendo poco o nada para profundizar el proceso descentralizador: “Por eso, siempre dije que las decisiones que estábamos tomando en materia de descentralización, en este corto período de transición, eran decisiones que iban a comprometer al nuevo Gobierno, el cual, en mi criterio, tiene que continuar el proceso, porque entiendo que es un proceso de sobrevivencia de la propia democracia” (La Política de Descentralización, pág. 22, negritas y subrayado nuestro).

 

Es poco lo que se puede agregar. Caldera no pudo levantar el proceso de descomposición política que ya se había iniciado con su elección, y los resultados no se hicieron esperar. Los venezolanos votaron en 1998 por algo completamente diferente, como ya lo habían hecho en diciembre de 1993, aceptando las promesas de un golpista que decía tener todas las respuestas. Visto desde esa perspectiva, fuimos entonces nosotros los venezolanos quienes nos “autosuicidamos”.

 

Pero lo más increíble es que todavía no se haya aprendido la lección. Luego de todo lo que ha pasado en estos 16 años luego de 1998, los partidos insisten en volver por la senda de algo que es de suyo irreversible. Insisten en mantener un modelo que ya agonizaba en 1993 y muere en 1998. Como lo afirmó Brewer Carías en su Mensaje, finalizaba el ciclo del Estado Democrático Centralizado.

 

Hay que hacer notar que el Mensaje de Brewer Carías se da en un momento donde comenzaba el último periodo de la democracia conocida. Las advertencias  eran procedentes y había todavía chance de desmontar un país altamente centralizado política y económicamente. Y fueron desoídas.

 

La Constitución de 1961 daba la  oportunidad de montar un sistema federal de gobierno hasta donde fuera posible, en los "términos” de esa misma Constitución. Sin embargo, ese tiempo político se perdió en la incomprensión de los liderazgos partidistas.

 

El planteamiento era claro. Dada una Constitución vigente, se pretendía desmontar todo el andamiaje de competencias administrativas y políticas, creando un proceso indetenible que enraizara la democracia. Pero ni se quiso soltar el poder político ni tampoco darle sustento económico a un nuevo modelo. Se coartó la participación directa de los Estados y Municipios en el IVA que ellos mismo producían, dejando de paso ese dinero en manos del Poder Ejecutivo que lo repartiría a su conveniencia a través de la figura de un pote que denominaron Fondo Intergubernamental para la Descentralización, desembolso que estaría atado a las competencias efectivamente transferidas. Una descentralización de papel y otro engaño para el pueblo.

 

Y entonces llego Chávez, haciendo caída y mesa limpia a ese proceso que había comenzado de manera incipiente, destruyendo el proceso de descentralización, y generando una Constitución más centralista que la anterior. Y para colmo inicia un proceso de cambios en el sistema político (Plan de la Patria) para quedarse eternamente en el poder. Esa es la guinda de la torta autoritaria.

 

Entonces, ¿cual debiera ser la respuesta de aquella dirigencia política opositora, que aun esta vivita y coleando, que luego de haber oído a Brewer Carías en aquel Congreso de 1994, desoyeron o no entendieron el mensaje? ¿Volver a lo mismo-o peor- pero con otra Constitución y otro ordenamiento jurídico que se ha montado durante 16 años? ¿Volver a ese "sistema de partidos" del Estado Democrático Centralizado que moría en 1993 y enterramos en 1998? Pues eso es lo que nos están planteando los partidos políticos actuales con el espejismo de sacar a este régimen a punta de votos controlados.

 

Si en algo el Mensaje al Congreso del Ministro para la Descentralización fue premonitorio era que el proceso descentralizador era irreversible y no profundizarlo implicaba la muerte de la democracia. Entonces, la pregunta fundamental radica en si seguiremos insistiendo en el error o le damos un vuelco al sistema, haciendo por la vía Constituyente lo que debió haber hecho la dirigencia política por la vía del desmontaje de un sistema inviable para evitar la muerte de la democracia.

 

Pues bien, ese vuelco ahora se llama Proyecto País Venezuela Reconciliada Vía Constituyente

 

(http://proyectopaisviaconstituyente.blogspot.com/)

 

cuya ejecución solo puede concretarse llamando al pueblo depositario de la soberanía a activar un proceso constituyente en los términos que este se dé y estableciendo en una nueva Asamblea Nacional Constituyente un país verdaderamente Descentralizado y Federal. Eso o terminar de enterrar la democracia. El resto son engaños de aquellos que en su mal morir y en su permanente escape hacia delante nos están llevando a todos por el medio. Depende de nosotros seguir “autosuicidandonos” en una crónica que se ha hecho interminable…

 

Luis Manuel Aguana

Email: luismanuel.aguana@gmail.com

Twitter:@laguana

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FERNANDO FACCHIN B., LA DESCENTRALIZACIÓN

“Las mentiras revelan las intenciones.”

Con verdadero estupor he leído en el espacio “doble/play” de Notitarde del lunes 22, página 4 y bajo la rúbrica de Luis León Guerra lo siguiente: “Proyecto Venezuela a sus 19 años tiene el aval de haber encabezado una de las revoluciones más interesantes de la política venezolana: la descentralización. Su fundador, Henrique Salas Römer, fue un gran innovador…”

Sin pretender desmeritar al gobernador Salas, es necesario decir que la descentralización nace en la Constitución de la República de 1961, donde se establece que Venezuela se define como un Estado Federal, el Sr. Salas llega ser Gobernador de Carabobo gracias a la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores de Estado, producto de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencias del Poder Público, ambas leyes decretadas y sancionadas bajo los gobiernos de Pérez y Lusinchi. Así pues, la afirmación que comentamos, a mi entender, es una actitud de mezquindad, de adulación servil con la idea de convertir al exgobernador en una figura mítica que le sirva de respaldo político y mediático al columnista, deformando la realidad de los hechos históricos contemporáneos.

El proceso fue producto de la suma de las oportunidades para la descentralización política y administrativa permitidas por la Constitución de 1961, las cuales se hicieron evidente tras la sanción de la ley sobre elección y remoción de los gobernadores de Estado, y la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencias del Poder Público, con el apoyo decidido y determinante de AD en funciones legislativas y ejecutivas, allí nace la Comisión para la Reforma del Estado (COPRE), un verdadero mecanismo de invocación política.

Siguiendo con la historia, en 1984 se publica el VII Plan de la Nación, presentado por el presidente J. Lusinchi el 24 de Febrero de 1984, allí se planteó la estrategia de la construcción de un nuevo pacto social y de la reforma del estado, creándose el 26 de Diciembre de 1984 la COPRE, cuyos objetivos, entre otros aspectos fundamentales, comprendían la democratización de los procesos gubernamentales regionales como lo son la elección universal, directa y secreta de gobernadores y la creación y elección de los alcaldes municipales.

En los últimos meses del gobierno de Jaime Lusinchi y los primeros de la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez fue aprobado un conjunto de reformas políticas que iniciaron el proceso de descentralización político-administrativa del país. En diciembre de 1989 y en diciembre de 1992 tuvieron lugar los 2 primeros procesos electorales para la escogencia de Gobernadores de Estado y Alcaldes, que es cuando H. Salas R. compite y gana la Gobernación de Carabobo. 

El proceso de descentralización nació gracias a la voluntad política de la IV República, con la Constitución de 1961 y luego con la Ley Orgánica de de Descentralización, Delimitación y Transferencias del Poder Público y la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores, así como la creación de Comisión Para la Reforma del Estado (COPRE), todo ello sucedió con anterioridad a 1989 fecha  cuando se aceptó la necesidad de un cambio político que garantizara la estabilidad del sistema democrático.  Todo ello sucedió con anterioridad al ejercicio de H. Salas R. en la Gobernación de Carabobo, en consecuencia, mal puede éste ser el padre de la descentralización, cuyo nacimiento y puesta en funcionamiento sucedió con anterioridad a su gestión. Es inaceptable que un comunicador social deforme la historia públicamente.

Fernando Facchin Barreto

ffacchinb@gmail.com

@fernandofacchin

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LUIS"BALO"FARÍAS, "LA REBELIÓN DE LAS REGIONES, DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍAS REGIONALES, AUTONOMIA Y RECURSOS, PARTE 11

A partir de ahora nuestros articulos se referiran al desglose y explicacion de los 12 ejes que proponemos establecer, con un trabajo de reingenieria constitucional para la transformacion profunda que requiere el pais; este trabajo realizado por   El Movimiento Independiente Democrático –MID- organización, no electoralista,  constituida por miembros de la sociedad civil, con la finalidad de actuar, en las luchas que los ciudadanos libramos a diario por la libertad, la democracia y sus derechos constitucionales y humanos.

      

Fruto de ese esfuerzo de años, es la presente propuesta de Proyecto País. Vía…Constituyente, muy trabajadas pero aún perfectibles, que ofrecemos a TODOS los venezolanos, para que sirva de guía de acción, para transformar las estructuras del Estado, en la ruta de construir una mejor Venezuela, donde quepamos todos, con una ciudadanía basada en principios y valores que garanticen la descentralización , el desarrollo, equilibrio,  libertad, democracia, justicia, modernización y la prosperidad común, ellos son: Enrique Colmenares Finol, Jorge Rangel, Humberto Acosta, Anita Varela, Rafael Román Pernia, José Alberto Alcalde, Alejandro Bautista, Orlando Ramírez, Llander Delgado, el apoyo siempre presente del Ing. julio Belisario Mejías entre otros y su servidor quien les escribe.

Con este obligatorio preámbulo comenzamos: El Estado Federal Descentralizado (EFD)  requiere de entes regionales y locales de poder, con suficiente autonomía y recursos, con rango constitucional, para poder responder de manera rápida y eficaz. De nada vale que un pueblo se proponga por un lado a participar masivamente, si por el otro el funcionario o institución regional, están atados de manos para resolver y/o solucionar esos anhelos y necesidades mediatas e inmediatas.

Establecer en la nueva Constitución la verdadera Autonomía Regional basada en el concepto de Autonomía derivada (Capacidad que se reconoce, constitucionalmente y en las leyes respectivas al Estado-Región y a los Municipios para regirse por sus propias normas y darse sus Autoridades).

Establecer, asimismo, la Autarcía (Autosuficiencia económica de una región o municipio para asumir sus responsabilidades sea por impuestos o servicios.

La Autoría (Responsabilidad directa de entes y funcionarios, conforme a sus correspondientes competencias y, también, control, reconocimiento y sanción por el pueblo e instancias competentes, de los resultados, eficacia y eficiencia obtenidos. Los éxitos de las pequeñas entidades administrativas menores, apuntan en lograr los “municipios fuertes”.

Las autocracias se distinguen y caracterizan por la concentración del poder en el Ejecutivo Nacional, en la praxis del circunstancial Jefe de Estado, para desde allí, someter todas las estructuras e instancias de mando como propósito de permanecer en el poder. Por  tanto se asume como una máxima de indubitable comprobación: que no es posible que funcione el poder autoritario con la descentralización y no es posible democracia sin descentralización. Se podría agregar, aún más, que con  centralismo no es posible un desarrollo armónico, en lo económico, cultural y social en general. No hay duda, que  es un retroceso al pasado.  

Se refieren  estos dos principios universales: “Sin descentralización efectiva del poder, la democracia, en el futuro, no podrá sobrevivir.”

“No hay democracia occidental consolidada después de la segunda guerra mundial que no se haya descentralizado”.

El Preámbulo de la constitución de 1.999 reza así:  “El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado…”

Y, los Principios Fundamentales, en su Artículo No. 4. “La República Bolivariana de Venezuela es un Estado Federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad.” Asimismo, sus Artículos 6 y 158 se expresa que:

“El gobierno es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo”…el Articulo 158: “La descentralización como Política nacional, debe profundizar la democracia acercando el poder a la población”.  

Pero la Constitución es tan contradictoria y confusa que cuando tiene que ser coherente  y establecer lo que ella prefija, considera   en su Artículo 164 una  enorme  y terrible contradicción:

Sólo  una competencia exclusiva tiene el gobernador de un Estado: El producto de la venta de papel sellado y  estampillas. Igual, en cuanto a la materia tributaria el artículo 164,4 de la Constitución, le asigna competencia exclusiva a los Estados en materia de "La organización, recaudación, control y administración de los recursos tributarios propios, según las disposiciones de las leyes nacionales y estadales".

Esta competencia "exclusiva", sin embargo, conforme a la Constitución, es una competencia vacía de contenido ya que la propia Constitución no prevé "recursos tributarios propios" para los Estados-Regiones. Esos recursos dependen totalmente de la ley nacional que asigne a los Estados impuestos, tasas y contribuciones especiales "para promover el desarrollo de las haciendas públicas estadales" (Art. 167,5).

En consecuencia, no sólo la materia tributaria como competencia exclusiva, es una competencia vacía en la constitución, sino que su ejercicio depende íntegramente de una la ley nacional que sin mayor debate y menos aún el consenso democrático, la mayoría legislativa impone hegemónica sus criterios, conforme  a los intereses del jefe del estado.

En todo caso, la única competencia en relación con los tributos que se asigna directamente a los Estados, en forma exclusiva, es la creación, organización, recaudación, control y administración de los ramos de papel sellado, timbres y estampillas (Art. 164,7). En tal sentido se declaran como ingresos estadales el producto de lo recaudado por venta de especies fiscales (Art. 167,3).

LUIS "BALO" FARIAS

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EMILIO NOUEL V., DESCENTRALIZACIÓN, BUEN GOBIERNO Y DEMOCRACIA

Ahora que los venezolanos nos dirigimos a otro proceso comicial, esta vez a las elecciones de gobernadores, resulta oportuno referirse a un tema capital: la descentralización político-administrativa, principio constitucional absurdamente violentado por el gobierno nacional.

En el mundo contemporáneo, es una fórmula de gobierno que está fuera de discusión, al menos en los estados modernos. Sus incontables ventajas son evidentes, de allí que sea incomprensible que algunos gobernantes, muy pocos, por cierto, hagan lo contrario, es decir, reúnan en ellos todas las competencias, atribuciones y fuentes de financiamiento, causando con ello enormes estropicios en términos de eficiencia administrativa.

Los Estados que persiguen el éxito de sus sociedades y la eficacia en sus ejecutorias, necesariamente deben descongestionar funciones en unidades políticas-territoriales de menor tamaño, más cercanas a los ciudadanos, que hagan manejables los asuntos de su incumbencia.

La experiencia mundial lo ha indicado así. La desconcentración y la descentralización son las mejores vías para un aparato estatal que busque cumplir adecuadamente con el rol social que le corresponde, como proveedor de servicios de salud, educación y seguridad, principalmente. Desde los aberrantes sistemas políticos colectivistas que conocimos el siglo anterior, pasando por los estados intervencionistas, hasta los casos en que no existe prácticamente institución alguna, no ha habido sistema superior al de la administración gubernamental descentralizada.

El Banco Mundial, en un importante estudio que hizo a mediados de los años noventa del siglo pasado, concluía que la reforma de las instituciones estatales debe contemplar la descentralización, pues ésta es una tendencia positiva en el grave asunto del suministro de los bienes públicos.

En ése trabajo titulado “El Estado en un mundo en transformación” (Informe sobre el desarrollo mundial, 1997), el Banco Mundial, cuando nos habla de acercar el Estado a la sociedad, nos plantea precisamente la fórmula de la distribución del poder y de los recursos estatales. Así, afirma: “La descentralización brinda la posibilidad de adaptar con mayor precisión los servicios públicos a las demandas y preferencias locales y de instaurar, desde abajo, un sistema de gobierno más atento y responsable”.

Aun cuando dicha institución alerta sobre algunos inconvenientes políticos o financieros que puede haber en la descentralización en algunos contextos sociales, no vacila en señalar que en cualquier caso siempre el balance de esta política es positivo.

En nuestro país, la experiencia que se tuvo, sin duda, fue satisfactoria, desde todo punto de vista, y a pesar de que aún era necesaria la profundización de políticas descentralizadoras.

En lo político, el logro fue trascendental. La elección de gobernadores y alcaldes por los ciudadanos de cada región o localidad ha sido, sin duda, la verdadera revolución política de los últimos tiempos en nuestro país. Esta posibilidad de accountability (rendición de cuentas) más cercana al ciudadano es un gran avance político y civilizatorio de naturaleza democrática. El federalismo contemplado en nuestras constituciones fue reconocido y realzado por los dispositivos legales descentralizadores que fueron sancionados en las décadas últimas del siglo anterior.

De este modo, los ciudadanos han tenido más visibles y accesibles a sus gobernantes. Y en cuanto a ciertas necesidades de servicios básicos han dejado de depender directamente del centro de poder ubicado en la capital de la República.

Con este entramado institucional, las reivindicaciones de provincia y locales se potenciaron, obligando a las instancias responsables a mejorar en sus respuestas, aumentando su capacidad y la calidad de los servicios. Incluso, la sana competencia entre gobernaciones y alcaldías por brindar más y mejores bienes públicos a sus ciudadanos, ha tenido un efecto positivo para éstos.

Hoy resulta un absurdo político, administrativo y práctico pretender que todo se resuelva desde una oficina ministerial ubicada en Caracas. Es un anacronismo seguir pensando que las colectividades regionales y locales no están en capacidad de resolver sus propios problemas. Obviamente, para ello requieren de los instrumentos legales y financieros que les permitan realizar cabalmente la tarea.

Por otro lado, debe quedar claro que son sólo las instituciones gubernamentales debidamente constituidas y provistas de los técnicos y profesionales necesarios, las que deben asumir ese rol político-administrativo, y no fantasiosas organizaciones de masas, incontrolables y/o anárquicas, frente a las cuales no se tienen, por imposibles, mecanismos efectivos de vigilancia, evaluación y supervisión, propios de todo ente estatal.

El federalismo y la descentralización que conlleva es la mejor vía para la perfección de la democracia política y un desarrollo económico equilibrado. Pero también, bien estructurada y ejecutada, es la solución más expedita, eficaz y menos costosa para los problemas de la gente en punto a los servicios públicos. Oponerse o suprimir la descentralización, tal y como lo ha hecho el gobierno actual, es colocarse a espaldas de las corrientes modernas globales de transformación del aparato estatal.    

Las elecciones de diciembre próximo son una inmejorable oportunidad para reafirmar nuestra voluntad de aspirar a un país mejor gobernado, con una administración regional más eficaz en la solución de sus problemas y cercana a los gobernados.   

@ENouelV

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CARLOS RAÚL HERNÁNDEZ, ¡CONTRARREVOLUCIÓN VS. DESCENTRALIZACIÓN!

La experiencia mundial indica que el centralismo y el estatismo son la fuente fundamental de pobreza...

Después de la Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica vivió un auge gracias a sus exportaciones de productos primarios, pero en los 60 la Cepal estableció un modelo centralizador, "desarrollista" y estatocéntrico, que tuvo su holocausto con la crisis de la deuda a partir de los 80. Según la teoría, el subdesarrollo era producto de la exportación primaria y del capital nacional e internacional. Adquirió academia el chauvinismo económico del pasado.

Se necesitaba control de la economía por el Estado, de la "ciudad sobre el campo" y un macro Poder Ejecutivo según el saber institucional difundido por Prebisch, Jaguaribe, Furtado, De Castro, Sunkel, Aguilar y la intelligentzia. Durante los veinte años de esa ilusión seudonacionalista, los países se cariaron de "villas miseria", "favelas" hiperinflaciones, hiperdevaluaciones, desempleo, pobreza, crisis económicas y políticas. Se afianzó una mentalidad cuya herencia aún perdura.

"Los capitales privados son escasos y débiles para impulsar el desarrollo y el Estado debe asumir nuevas funciones". Una idea entonces correcta dio origen a la aberración de "sustituir" y hostilizar los capitales, identificados con toda suerte de perversidad. El surrealismo hizo que países petroleros odiaran las empresas petroleras y los bananeros las frutícolas. Cincuenta años después se retorna al modelo primario exportador, con las elegantes commodities.

La región bajó al infierno y los 80 y 90 fueron de profundos debates y rectificaciones para el gran cambio. Descentralización territorial, modernización del Estado y apertura a las inversiones internacionales, produjeron el actual "milagro" latinoamericano: desmantelar el cepalismo. Los líderes más estúpidos se aferraron al pasado, se opusieron al cambio y sus países pagaron caro. Hoy el balance es exitoso: democratización de la democracia y economías productivas.

La experiencia mundial indica que el centralismo y el estatismo son la fuente fundamental de pobreza, corrupción y la desgracia de los grupos más débiles que dependen de los servicios que presta el Estado. Pero su ola ideológica universal colapsó en todas partes. El mundo comunista se hundió y renació China. Reagan emprende la reforma seguido por Clinton. González, Thatcher y Mitterrand liderizan un proceso que quedó inconcluso con graves efectos para Europa.

En 1989, ocurre en Venezuela un gran acontecimiento. Por primera vez en el siglo XX se emprende una política para la descentralización, transferir capacidad de tomar decisiones políticas y administrativas desde el Estado central hacia los estados, de éstos a los municipios y en conjunto del aparato administrativo hacia la sociedad civil. De allí surgieron la elección directa de gobernadores y alcaldes, la reforma del municipio y el estímulo a las juntas parroquiales.

Después arrancó la contrarrevolución chavista y arrebató facultades a las comunidades. Hoy los puentes se caen porque su mantenimiento y supervisión dependen de un funcionario en Caracas para el que Cúpira y Urica no son más que pequeños nombres en un mapa olvidado. Igual las carreteras y las escuelas. La descentralización estimula la calidad de los funcionarios al poner en la comunidad premiar o castigar su gestión.

Los puertos y aeropuertos mejoraron espectacularmente su desempeño en manos de los gobernadores electos, y Cantv, lejos del gobierno, tuvo un desempeño incomparablemente superior sin ser un mecanismo de espionaje. VTV demuestra lo que puede hacer el gobierno bellaco con un medio público de comunicación. En vez de financiar absurdas revoluciones en el exterior, y corrupción, -la meme chose- se requiere coordinar un megaplan de inversiones en infraestructura y educación con estados y municipios.

Crear servicios públicos decentes, requerirá una agresiva política para transferir competencias a las administraciones locales, independientemente del partido político al que pertenezcan los respectivos gobernadores y alcaldes, y fortalecer los mecanismos de contraloría para hacer transparente el uso de los recursos. Los consejos regionales, antes asambleas legislativas, tendrían un papel importante que jugar.

Construir masivamente carreteras, electrificación, acueductos, cloacas, seguridad policial, ornato público, caminos vecinales, puertos, aeropuertos, terminales, trenes, autopistas, creará empleo, hará más eficiente la economía, mejorará la vida de todos y pondrá fin a la discrecionalidad que ha gozado espuriamente la cúpula del gobierno para malbaratar y corromper.

@carlosraulher

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RAFAEL GROOSCORS CABALLERO / TODOS LOS GATOS CAZAN RATONES

            A propósito de la “insurgencia” del Gobernador del Estado Monagas (José Gregorio Briceño, alias “El Gato”) y su defenestración ideológica perpetrada por el Régimen, vimos, una vez más, como el Poder Nacional aplasta al Regional y coloca como súbdito suyo a quien la ciudadanía de su comunidad estatal habría escogido para gobernarla en su circunscripción. La diferencia entre el origen de los anteriores Presidentes de Estado y/o Gobernadores, seleccionados por el dedo del “emperador” reinante y los de ahora, surgidos de la voluntad popular en procesos de libre elección, universal y directa, es, prácticamente, ninguna. Las autoridades interioranas siguen respondiendo a la interpretación casuística que las circunstancias le han dado a la letra del Himno Nacional, cuando reza: “Seguid el ejemplo que Caracas dio”. O a la irónica expresión popular, la cual habla de que Venezuela “solamente” es la Capital y lo demás es “monte y culebra”. Desprecio que coloca a los mandatarios y representantes de la provincia venezolana, en una indigna condición de segundones, gobernantes “de a pié”, como los últimos recursos de una cadena burocrática dentro de la cual cualquier Ministro es un potentado, con supremos poderes para decidir cualquier cosa, en cualquier lugar, sobre la voluntad e inteligencia del apropiado provinciano.

            A más de esta anécdota –el río Guarapiche inundado de petróleo y las reservas de agua potable en Maturín contaminadas--  dos de los Gobernadores de la “oposición” –Pablo Pérez y Henry Falcón— ofrecen una rueda de prensa, solidarizándose con “El Gato” y amenazan (¿al Poder Público Nacional?) con recibir el apoyo adicional de “otros” mandatarios regionales, adictos, incluso, al Régimen, en una especie de certamen donde se acortaría la ventaja que el Gobierno de Caracas le lleva a los “gobiernitos” del interior. Es decir, se asume que la razón mandante la tiene la Capital y que los demás tienen que ser obedientes o insubordinarse. Para nada se recurre al principio, constitucionalmente textual en sus fundamentos iniciales, aunque luego limitados y hasta negados en el desarrollo del mismo orden, que indica que la República Bolivariana de Venezuela está conformada dentro de un “Estado Federal Descentralizado” y se precisa la geometría del Poder,  donde lo Nacional no subordina a lo Estatal ni a lo Municipal, sino que actúa en función coordinada con los mismos. Otra evidencia, adicional, que señala la farsa constitucional dentro de la cual hemos  vivido desde que nos separamos de la Corona española y nos independizamos como Nación. Fraude histórico que sigue esperando la “revolución democrática” que nos coloque en el curso original de la República, desviado por las apetencias personales de nuestros caudillos gobernantes, muchos de ellos “apoderados del Poder”, enloquecidos por el brillo de la autoridad, “atornillados” en el solio por los aplausos de los paniaguados de turno.

            La  primera Constitución Nacional, la de 1811, concebía a la República independiente como un Estado Federal Autonómico. Nuestros primeros constituyentes siguieron el ejemplo que nos dio la apertura democrática norteamericana con su única Constitución, promulgada en 1786, bajo la égida de George Washington, Benjamín Franklin y Thomas Jéfferson, entre otros, inspirados en los principios de los enciclopedistas franceses. Pensaron entonces más en la Sociedad Civil que en  el Estado; más en el Ciudadano que en el Poder Público. Pensaron en un genuino Estado de Derecho, transparente, democrático, participativo y protagonista. La idea posterior de El Libertador, de mayor proporción político territorial, la de la Gran Colombia, basada, a su vez, en la concepción de Francisco de Miranda sobre una réplica, en  el Sur, del modelo de los Estados Unidos del Norte, apagó el impulso federativo y descentralizado de nuestra primera Constitución. Luego vino la hora de los Caudillos y Caracas se “tragó” el presente y el futuro de Venezuela, convirtiéndose en la sede monopólica de todas las atribuciones del Poder, esclavizando a la provincia para que la sirviera y obedeciera. Allí nacieron “el monte y las culebras”.

            Ahora hablamos de un tránsito hacia algo nuevo. De una transición al Socialismo, según los dueños, propietarios del Régimen usurpador, ilegítimo, que nos gobierna. De una democracia distinta en la voz de sus oponentes, los de la Unidad. Y se menciona la posibilidad de convocatoria, una vez más, del Poder Constituyente y de sincerar nuestro modelo geométrico republicano, para hacerlo más aplicable a las necesidades sociales de nuestra gente. Al reclamo de la Historia. A la democracia participativa y protagónica.

            Y ojala prospere la voluntad de cambio. Y que saldemos la deuda con nuestro origen republicano y establezcamos, de una vez y para siempre, el tan “manoseado” Estado Federal Autonómico –“manoseado” en el discurso pedante de los demagogos--  pero para establecerlo como realidad política y sin limitaciones ni condicionamientos. Con un auténtico Poder Federal que acate el mandato continuo de todos los venezolanos, sin descalificaciones regionales, ni de ningún otro orden. Para que Caracas sea igual a Maracaibo, o a Valencia, o a Tucupita, o a San Fernando de Apure. Para que el Congreso Nacional, de dos Cámaras bien características y distintas la una de la otra, represente de verdad a la Nación y ejerza sus funciones controladoras sobre el resto de los poderes gobernantes. Para que exista el Ciudadano y se le respete. Para que el Presidente o quien figure como tal, sea más un jefe de gobierno que un amo del Estado. Que administre los recursos que son de todos, con ánimo escrupuloso, sin pensar jamás que son suyos o que puede malbaratarlos, como ocurre actualmente, con  el “emperador enfermo” que nos desgobierna.

            El socialismo rechaza al Poder  Federal; la democracia lo exige. La descentralización corresponde a la justicia, al equilibrio, a la equitativa distribución tanto del esfuerzo productivo, como de su resultado y beneficios. La conformación del Estado que concibieron los fundadores de nuestra República espera para ser implantado. Ahora más que nunca, cuando del fracasado intento de imponer un modelo extraño a  nuestra naturaleza, se expone con mayor fuerza la indiscutible necesidad de federarnos y de hacernos más eficientes, para disfrutar de una mayor democracia. En vez de reunir tres gatos más con “El Gato”, lo que requerimos hoy es entender, como los chinos, que “todos los gatos cazan ratones” y responder al abuso centralista de los gobernantes totalitarios, con la implacable bandera de la Federación. Una propuesta coherente que llamaría la atención de muchos de nuestros compatriotas, “estresados” hoy, porque  incrédulos en sus bondades, siguen desconfiando de la democracia, discrepan en profundidad con el socialismo y se mantienen al margen de la necesaria participación política. Obras son  amores y no buenas razones.

grooscors81@gmail.com.-

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PEDRO PAÚL BELLO / EL ENGAÑO DE LOS CONSEJOS COMUNALES

El estado democrático o constitucional, a diferencia del tipo totalitario, se caracteriza porque el ejercicio del poder es controlado y limitado por la sociedad, de manera directa o, principalmente, a través de los órganos del propio estado.  Si ello no fuese así, los gobernantes abusarían del poder pues, como decía Montesquieu, “todo hombre que tiene poder tiende a abusar de el”  por eso, la carta democrática interamericana contiene, como principio, la separación e independencia de los poderes públicos. En efecto, si no hay control del poder, no se puede concebir que haya elecciones limpias, representatividad, alternativilidad, pluralismo, transparencia administrativa, participación real y ejercicio respetado de los derechos humanos.

En el pasado, los gobernantes con vocación totalitaria, y a falta de organismos de control como los antes señalados, disponían del poder con toda libertad y sometían a sus poblaciones a toda clase de abusos y atropellos. En el reciente siglo xx, el mundo todo vivió  --y en buena parte soportó--   atropellos sin límites contra la vida y la dignidad humana que, sin ser los únicos, ejemplarizaron los totalitarismos soviético y nazi. Las décadas terminales del siglo xx y las iniciales del xxi, muestran fuertes tendencias hacia el rechazo de tan bárbaras expresiones de gobierno, pese a las muchas que aun subsisten.

Muy lamentablemente, nuestro país, por causas y hechos que conocemos, es una muestra del “nuevo modelo”, o podemos decir, de nuevos ensayos totalitarios en el mundo. Ese modelo reciente consiste, fundamentalmente, en que los regímenes de ese tipo se “disfrazan” de democráticos para ejercer, mas disimuladamente, atropellos idénticos a los que realizó el totalitarismo, diríamos, clásico.

Es acá donde   --entre otras--  se pueden insertar las concepciones llamadas comunales que, como siempre, se quieren presentar como populares, pero, en su realidad y práctica, son nuevos mecanismos para, con otros, evadir controles constitucionales del ejercicio del poder y ejercer controlada centralización absoluta del mismo.  El veneno que se usa para “vender” la idea, es la de ir hacia una democracia participativa, que es presentada como alternativa progresista ante la tan desacreditada, por los mismos comunistas y como si fuese opuesta y negativa: la democracia representativa.

La pretendida y, en la practica, lograda eliminación de la descentralización en Venezuela, conduce, como se constata, a que los ciudadanos no puedan participar en la toma de decisiones políticas que les afectan directa y personalmente, precisamente, porque no están cerca de los centros de poder sino muy lejos.  Cuando el poder es descentralizado y las autoridades locales tienen autonomía política, el ciudadano puede acercarse a éstas en función de sus reales necesidades o maneras de pensar.  Así sí se ejerce, democráticamente, el control ciudadano del poder político, pero la centralización anula la participación la cual, únicamente, sólo  a nivel local es realizable.

Tenemos que, en verdad, los consejos comunales presentados  como columnas vertebrales de la participación política, carecen de verdadera autonomía política pues, en la práctica, son dirigidos desde el poder centralizado.  En nuestra Venezuela actual no existe la tan cacareada  “democracia participativa y protagónica.” Esta apenas existe agónica.

En efecto, los consejos comunales no son instrumentos de participación, pues sus miembros no son elegidos en elecciones populares universales, secretas y directas, sino mediante irregulares “asambleas de ciudadanos”, la mayoría de las cuales están bajo control de mecanismos paralelos del psuv, con  sus listas y finanzas.

La finalidad real de los consejos comunales no es otra sino la de acabar, en niveles populares, con la democracia auténtica, pues el fin es el sustituirla por el modelo referendario de cabildos abiertos que son controlados por al así llamado “poder popular.” Con este mecanismo, el gobierno totalitario puede, a la cubana, controlar el ejercicio del poder en todas las instancias centralizadas del país.

En realidad, como los expresó Brewer-Carias en su trabajo titulado “el inicio de la desmunicipalizaciòn en Venezuela”, el llamado “poder popular”, conformado por organizaciones como los consejos comunales, sólo sirve para eliminar la descentralización, la democracia representativa y la participación a nivel local,[1] lo que resulta, para el gobierno totalitario, un hacer muy principal, pues los integrantes de los concejos municipales, los alcaldes y los miembros de las juntas municipales son, constitucionalmente, elegidos por votación popular, universal, directa y secreta, pero no así los de los consejos comunales.

Debemos recordar que Chávez ha expresado que su objetivo es “ir marchando hacia la conformación de un estado comunal” y que, al viejo burgués, ha dicho que es necesario “irlo desmontando progresivamente mientras vamos levantando al estado comunal, al estado socialista, al estado bolivariano,” y que el objetivo es “transitar hacia el camino de una ‘ciudad comunal’ donde no se necesiten alcaldías ni juntas municipales, sino sólo el poder comunal,”[2] dependiente del poder central y del partido único.

ppaulbello@gmail.com

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CIPRIANO HEREDIA S: ASÍ GOBERNARÁ LA UNIDAD (2013-2019)

Este 23 de enero los demócratas venezolanos tenemos doble motivo de celebración. En primer lugar se cumplen 54 años de la caída de la penúltima dictadura que sufrió el país, pero por otro lado -y con carácter igualmente histórico-, hoy las fuerzas de la Unidad Democrática le presentamos a Venezuela los "Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019)", el cual constituye uno de los más importantes pasos que se han dado en el camino victorioso que seguimos de cara a las elecciones presidenciales del 07 de octubre de este año.

En efecto, luego de la victoria en votos populares obtenida en las elecciones parlamentarias de 2010, la Unidad comenzó a prepararse para vencer a Hugo Chávez en las urnas electorales en 2012. El reto es derrotar al presidente con votos, y conducir al mismo pueblo que lo eligió a que le ponga término a su mandato. En función de ese objetivo, se convocó a elecciones primarias para elegir al abanderado de la Unidad, se firmó el Acuerdo de Gobernabilidad el pasado 26-S, y ahora se presenta este Programa de Gobierno, pieza fundamental para articular a las fuerzas democráticas en torno a objetivos comunes supraelectorales.

Es de destacar que el programa es el producto de un año de trabajo ininterrumpido de 31 mesas temáticas, integradas en su totalidad por más de 300 profesionales de altísimo nivel, coordinadas por la Unidad Técnica de la MUD que dirige el profesor Marino González. Estas mesas produjeron cada una un documento base, que a su vez fue presentado ante la Comisión de Políticas Públicas de la MUD, órgano técnico-político que coordina el licenciado Pedro Benítez, en el que están representados los partidos y los precandidatos, y cuya tarea fundamental fue hacer la revisión y aportes respectivos, por un lado, y darle articulación política a la versión integrada del Programa, por el otro.

El texto trata cinco áreas fundamentales que abarcan todos los temas de interés nacional en los que el nuevo Gobierno deberá actuar, a saber: Institucionalidad Democrática, Buen Gobierno, Sociedad Productiva, Calidad de Vida y Política Exterior. Dentro de estas áreas se desarrollan a su vez decenas de temas, que van desde la Instalación del Consejo de Estado, hasta el novísimo punto de la diversidad sexual, todo lo cual está contenido en 1.237 párrafos, cada uno estableciendo una idea-fuerza del diagnóstico del tema en cuestión, o una política concreta a ser implementada.

En general, bajo el Gobierno de Unidad se reinstitucionalizará el Estado venezolano; se rescatará el Federalismo previsto en la Constitución, que será a su vez la Norma Suprema que guiará el proceso de reconstrucción democrática; se echarán las bases para impulsar un modelo de desarrollo económico sustentable basado en la creación de riqueza, la iniciativa y propiedad privada, el estímulo a la inversión y la libre empresa, el respeto al medio ambiente, y la participación del Estado como ente ductor, regulador e impulsor de las condiciones para alcanzar la prosperidad; se desarrollarán políticas sociales cuyo norte es el abatimiento palpable de la pobreza y la inclusión de todos los sectores de la sociedad en los sistemas productivo, de salud, cultura, deporte y educación; y por último, se reinsertará a Venezuela en el contexto internacional atendiendo a sus verdaderos intereses comerciales y su histórico compromiso con los ideales democráticos.

Habiendo tenido el honor de formar parte de la Comisión de Políticas Públicas de la MUD en representación de mi partido: Alianza Bravo Pueblo, podemos decir con orgullo ahora, en cuanto a este vital objetivo de la Unidad: Misión cumplida.

El autor es Sub. Sec. Gral. Nac. de ABP

cipriano.heredia@gmail.com

@CiprianoHeredia

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JESÚS ALEXIS GONZÁLEZ: DEMOCRACIA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD CIVIL.

No admite duda en contrario, que toda estrategia de desarrollo pasa por un proceso de modernización que genera un cambio de la matriz en la organización social, cuyo desenvolvimiento va a procurar tanto una disminución de la capacidad de regulación estatal, como el de afianzar formas descentralizadas de coordinación. En este escenario, emergen dos realidades contrapuestas: perfectibilidad democrática (autodeterminación colectiva) y economía de mercado (equilibrio no intencional); es decir, el Estado debe simultáneamente impulsar normativas para adaptarse a formas descentralizadas, al igual que ir coordinando los procesos de transformación social, apuntando hacia una reorganización integral de la sociedad, articulando a los distintos actores sociales en torno a una estrategia determinada, bajo el hecho cierto, que es fundamentalmente a través de las políticas sociales  como el Estado puede impulsar dicha reestructuración social, habida cuenta que el mercado por sí solo no genera ni sustenta un orden social (pero tampoco acepta un presidencialismo exacerbado).

En forma previa, entenderemos a la sociedad civil (siguiendo a diversos autores) como una esfera de interacción social entre la economía y el Estado, compuesta ante todo de la esfera íntima (la familia), la esfera de las asociaciones (asociaciones voluntarias), los movimientos sociales y las formas de comunicación pública.

En esa dinámica, la democracia ha de nutrirse por intermedio de múltiples canales de participación ciudadana, en complemento de una política de gobierno que se apoye en una política de Estado, en un estadio donde la sociedad civil ha evolucionado hasta devenir en una realidad política que actúa como correctivo del desencanto democrático y de las fallas del mercado.

Es así, que en la modernidad los gobiernos procuran que su acción pública se vincule con las organizaciones de la sociedad civil, mediante la formulación e instrumentación de políticas públicas (co-participación sector público-sociedad civil), induciendo cambio de paradigmas del Estado hacia nuevas dimensiones de ciudadanía, con modificaciones sustantivas en las formas de relacionarse con la sociedad y de atender los sectores populares.

Venezuela, fue testigo del desmoronamiento del “Estado-providencia” a finales de los setenta, al igual que de la perdida de eficiencia del modelo rentista y consensual de reparto (poder y renta) a partir de los ochenta (con su evidente efecto sobre el burocratismo clientelar), propiciando una desarticulación en las relaciones entre el Estado y los agotados partidos políticos (crisis del papel mediador y de militancia); y de ambos con la sociedad en general, muy especialmente en el transcurrir de los años noventa cuando emerge con fuerza la anti-política autónoma e inducida, para luego dar paso a un ambiente de conflictividad permanente

La Constitución vigente en Venezuela, consagró un nuevo modelo en la relación Estado-sociedad (soberanía popular), el cual propicia la participación ciudadana como un derecho, tanto en los asuntos políticos como en las económica y social, a la luz de su vinculación con la acción gubernamental (formulación, ejecución, evaluación y control); incluida la potencial relación sociedad civil-sector privado.

En tal sentido, y en lo que se refiere a los medios de participación y protagonismo del pueblo en las citadas áreas social y económica en ejercicio de su soberanía, el Artículo 70 constitucional  señala:

“….. y en lo social y económico, las instancias de

atención ciudadana, la autogestión, la cogestión,

las cooperativas en todas sus formas incluyendo

las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la

empresa comunitaria y demás formas asociativas

guiadas por los valores de la mutua cooperación y

la solidaridad. La ley establecerá las condiciones

para el efectivo funcionamiento de los medios de

participación previstos en este artículo.”

Como bien se infiere de citado artículo, la descentralización bajo distintas formas y modalidades, incluida la redistribución del poder (relaciones regularizadas de autonomía y dependencia entre actores o colectividades en contextos de interacción social), ha de convertirse en el eje de la participación ciudadana (P ej. Consejos Comunales) en torno a las políticas públicas, en aras de desencadenar democratización y ciudadanía, aplicando modelos que faciliten una mayor eficiencia en la gestión local, a través de acciones instrumentadas bajo la figura de programas sociales, en el marco de una economía mixta.

Asumimos  economía mixta, como un sistema social basado en la división del trabajo, donde los precios de los bienes y servicios se determinan con participación del gobierno (sin llegar a un modelo de economía planificada), quien genera el marco legal correspondiente donde se establecen, entre otros aspectos, las reglas básicas para la propiedad de los bienes y para el funcionamiento del mercado.

En una economía mixta de mercado, se intenta resolver tres problemas fundamentales: el qué, el cómo y para quien producir; todo ello con grandes bondades, pero también con muchas imperfecciones que se traducen en pobreza y desempleo. En razón de ello, el Estado asume algunas áreas en aras de corregir las fallas en el funcionamiento del mercado (sin pretender eliminarlo); a la par de fomentar la eficiencia (estimulando la competencia), la equidad (desarrollando programas fiscales y de gastos para redistribuir el ingreso a favor de determinados grupos); y en general para propiciar el crecimiento macroeconómico.

Para el caso venezolano, el Artículo 299 constitucional establece:

“El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de

Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social,

democracia,  eficiencia, libre   competencia, protección  del

ambiente, productividad y solidaridad..………………….…”. El

Estado, conjuntamente  con  la  iniciativa privada, promoverá

el desarrollo de  la  economía nacional con  el  fin de generar

fuentes  de  trabajo, alto  valor  agregado  nacional, elevar  el

nivel  de  vida  de  la  población   y   fortalecer   la   soberanía

económica del país,….”, para lograr una justa distribución de

la  riqueza mediante una planificación estratégica democrática,

participativa y de consulta abierta”.

El desenvolvimiento económico de Venezuela, requiere con urgencia el establecimiento de una nueva relación entre el Estado y la sociedad civil (interrelación), a los efectos de otorgarle a esta última un rol significativo mediante estrategias que amplíen los canales de participación ciudadana, con la finalidad de propiciar la transformación social, sin que ello obligue a construir las bases de una sociedad socialista. Ha de quedar suficientemente claro, que lo público no es propiedad del Estado sino de toda la sociedad; y que en la lucha contra la desigualdad social y económica debemos accionar armónicamente. En fin, se hace obligante la instrumentación de mecanismos de participación ciudadana, que resignifiquen y fortalezcan la democracia, a la par de enfrentar los agudos problemas relativos a la pobreza, desequilibrio en las oportunidades, expectativas truncadas y más.

En apretada conclusión, se puede afirmar que un Estado democrático y una economía mixta de mercado, se les dificulta funcionar sin la participación determinante de la sociedad civil.

 observatorio2012@gmail.com

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