“Lo
que nuestra generación ha olvidado es que el sistema de propiedad privada es la
más importante garantía de la libertad”. Friedrich A. Hayek
Gracias
a Dios, la Conferencia Episcopal en conjunto, y muchos obispos individualmente,
han puesto el tema del narcotráfico al tope de la agenda nacional, a despecho
de personajes como Anímal Fernández, Perdedor Puricelli, Lancha Scioli, y
tantos otros. La Corte, siempre tardíamente y como si fuera un mero espectador
y no un poder del Estado, también se hizo eco, pero sin proponer soluciones que
excedan su competencia. ¿No hubiera debido hacerlo ya cuando trascendió y se
probó que los laboratorios importadores de efedrina habían financiado la
primera campaña presidencial de Cristina Kirchner?
El
tema, como es obvio, tiene múltiples frentes para el ataque. El primero se
vincula a la radarización de las fronteras, a su vigilancia por la Gendarmería
y la Prefectura dotándolas de medios y personal, a la creación de nuevos
juzgados y cárceles, a la necesaria ley de derribos cuando dispongamos de los
aviones de combate necesarios, etc. El segundo es la educación y la integración
de los consumidores, para evitar que continúen siendo víctimas del flagelo.
Hoy
quiero referirme al tercero, tan eludido por todos por su incorrección
política. Me refiero a la política inmigratoria, un arma fundamental que
permite a todos los países del mundo –creo que somos la única excepción-
decidir cómo quieren ser en el futuro desde el punto de vista demográfico.
Pero, tal vez, reclamar un diseño por el estilo en un país que carece de
planificación de largo plazo (nadie parece pensar, en la Argentina, más allá
del próximo año) resulte una quimera.
Nosotros,
en general, carecemos de problemas raciales, religiosos, sexuales o políticos
que generen discriminación de ningún tipo. Es más, mayoritariamente tenemos por
nuestros hermanos latinoamericanos un cariño enorme, generado por una historia
común, por lazos culturales indisolubles, y hasta por el idioma.
Además,
es cierto que el preámbulo de la Constitución, cuyo respeto a ultranza predico
y exijo permanentemente, habla de los “hombres de buena voluntad que quieran
habitar el suelo argentino”, pero ni siquiera ese mínimo requisito es exigido
hoy para autorizar la residencia en el país; simplemente, dejamos que
cualquiera, aún cuando se trate de un criminal buscado o condenado en su país
de origen, ingrese libremente, compre propiedades rurales de importancia,
resida en Puerto Madero o en los countries más caros, instale laboratorios de
drogas, practique el contrabando de estupefacientes, lave su dinero y envenene
a generaciones enteras de argentinos.
Esa
política inmigratoria que reclamo –que de ningún modo puede calificarse de
xenofóbica, es decir considerar al extranjero un enemigo- tendrá, además de
permitir controlar los antecedentes de quienes tengan interés en convivir con
nosotros, otros subproductos. La incoherencia de la izquierda, que se
manifiesta en contra cualquier limitación al acceso gratuito a la salud, a la
educación, a la vivienda y a planes sociales de los extranjeros, que se
planifican –o, al menos, debieran serlo- para una determinada población y no
para una demanda creciente, incontrolada y desmadrada y, a la vez, se opone al
aumento de los impuestos necesarios para financiar esos disparates, es una
prueba fehaciente de la esquizofrenia de nuestra sociedad; tampoco en esta área
conozco países que apliquen esta forzada generosidad que aquí se impone a los
contribuyentes.
Lamentablemente,
los países de alrededor sufren, en algunos casos en forma más grave, de
problemas sociales parecidos a los nuestros. Y la política de subsidios y de
planes sociales implementado, sin filtro de ningún tipo y con mucha
intencionalidad política, por el Gobierno nacional, hace que la ciudad de
Buenos Aires y hasta el Conurbano actúen como un imán para quienes, en Bolivia,
Perú, Paraguay, etc., sufren por la pobreza, la indigencia y, sobre todo, por
la falta de un sistema de salud idóneo.
Todos
sabemos ya que nuestros hospitales, especialmente los de la ciudad de Buenos
Aires, colapsan diariamente por la afluencia de pacientes que provienen de
nuestros países vecinos, transportados en los ahora llamados “tours de salud”,
similares a los que los argentinos del “deme dos” practicamos a Miami. Esas
multitudes, que reciben la asistencia sanitaria de calidad que la excelencia de
nuestros médicos habilita, nada pagan por ella, ni siquiera en los costosos
tratamientos oncológicos. Sin embargo, cuando viajamos al exterior, descubrimos
con asombro que no podemos atendernos gratuitamente en ningún lugar del mundo
ante un mero accidente.
Otro
tema importante que ha signado los últimos dos meses y sigue haciéndolo hasta
hoy es la salud presidencial, y la posibilidad –poco probable quizás- de que su
postergado retorno finalmente no se produzca.; si fuera así veríamos entonces
como comienza otra vez -¿recuerda la renuncia de Cámpora, el forzado viaje de
Díaz Bialet, la asunción de Lastiri?- el juego de las sillas, que se llevará
puestos, al menos, a Guita-rrita y a Mueca Rojkes de Alperovich para dejar al
frente del Ejecutivo a Julián Domínguez, que cuenta con el consenso de la
Iglesia y hasta del grupo Clarín. Qué harán el Vicepresidente o Jaimito cuando
sean, por fin, entregados a la picadora de carne de Comodoro Py -¿irán presos
pacíficamente o encenderán serios ventiladores?- es un tema que inquieta
seriamente a la Casa Rosada.
Mientras
tanto, el Gobierno avanza, a paso redoblado, hacia un abismo cada vez más
profundo. El proyecto de reforma de los códigos civil y comercial, que la
bancada oficialista en el Senado pretende aprobar antes del 10 de diciembre mediante
un trámite express en el Congreso, terminará la tarea que la Corte inició, hace
pocos días, con la declaración de constitucionalidad de la Ley de Medios
Audiovisuales.
Así
como la magra mayoría de 4 a 3 que falló así puso en tela de juicio los derechos
individuales, la inseguridad jurídica recibirá –si los tristes tigres
opositores no consiguen abroquelarse en un rechazo total al proyecto, que
obligue a los legisladores oficialistas que aún dudan a votar en contra- su
consagración total y definitiva cuando el texto, como se supone, sea aprobado.
Desaparecerá
la garantía constitucional al derecho de propiedad, ya que lo subordinará, del
mismo modo que hicieron los jueces supremos con los derechos adquiridos de los
licenciatarios de medios, a la voluntad política de las mayorías políticas
circunstanciales. En esas condiciones, ¿qué demente querrá venir a invertir a
la Argentina?; sin esas inversiones, ¿cómo haremos para recuperar el
crecimiento? ¿No sabe el Gobierno que el mundo entero conocerá esta nueva
catástrofe de un país que se llamaba Argentina?
Desde
su entrada en vigencia, si el Congreso decidiera que nuestra propiedad afecta
¡el paisaje!, por ejemplo, podrá quitárnosla sin que podamos efectuar reclamo
civil alguno, ni contra el Estado mismo ni contra los funcionarios que lo
hubieran dispuesto, que hoy son responsables personalmente por sus actos.
A
partir de ahora, si el Gobierno así lo quiere, todo cuanto poseemos y todo
cuanto acordemos con terceros estará sujeto a su voluntad y a su demencial
arbitrio. Inclusive, el Estado se inmiscuirá más aún en las relaciones entre
particulares, aún cuando éstas no violen la ley; como ejemplo, cuando acordemos
obligaciones en moneda extranjera, serán canceladas en pesos, al cambio
oficial. En un país con la historia financiera del nuestro, cuyos registros
sólo son superados por Venezuela o Sudán, ¿quién contratará en estas
condiciones?
No
conozco en detalle las cuestiones civiles que el proyecto pretende modificar en
lo que al régimen personal se refiere –uniones libres, divorcio express, etc.-
y opinaré de ello tan pronto acceda al texto que será ¿discutido? en el
Congreso.
Desde
el año pasado, la ciudadanía ha salido a la calle, masivamente, por distintas
razones; creo que ya mismo deberíamos movilizarnos, pero unificando esta vez
nuestro reclamo para evitar este nuevo y terrible dislate. Está en juego toda
nuestra forma de vida en sociedad, y si no tomamos conciencia de ello y lo
impedimos, habremos firmado nuestra partida de defunción como nación
independiente. No se producirán invasiones externas, ni siquiera pacíficas,
pero la Argentina se habrá caído del mapa para siempre.
La
caída de las reservas, aún de las inventadas por Sonrisitas Marcó del Pont,
marca el final de un ciclo económico –la década desperdiciada- que nuevamente
llevará a la Argentina a una crisis terminal. El aceleramiento de la inflación,
que llegará este año al 30%, hará que cuanto más nos acerquemos a las fiestas
de fin de año, la marginación –esa que, según el Indec, puede vivir con $ 8 por
día- vuelva a manifestarse con grandes conmociones sociales, y las fuerzas de
seguridad no están –ni quieren estarlo- preparadas para enfrentarlas.
En
fin, deberemos seguir esperando, al menos hasta mañana, para saber si “Ella”
reasume o no la Presidencia. De todas maneras, vuelva o no vuelva, el “modelo”
seguirá dando, al borde del abismo, pasos al frente.
Enrique
Guillermo Avogadro
Twitter:
@egavogadro
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