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| PEDRO LUIS ECHEVERRIA |
El
título de este articulo refleja cabalmente la disyuntiva que vive el país, por
estos días. Después de las pasadas elecciones,
el resultado electoral indica que la Venezuela de hoy es un
país dividido gobernado por una pretensión hegemónica, que ignora a los
millones de ciudadanos que no sufragaron a
favor y que pretende imponer un modelo de sociedad radical en la cual una mayoría circunstancial y
fuertemente cuestionada en su legitimidad política, trata de rechazar,
prescindir y desconocer a la nueva
diversidad del país que surgió de esos comicios y que alcanza a casi el
50 % del electorado. El gobierno no logró alcanzar en ese evento
electoral la mayoría aplastante que pretendía y ahora amenaza a la disidencia
con la posibilidad de tratar de imponer, por otras vías, lo que no pudo lograr
en las urnas electorales, a pesar de las perversas artimañas que utilizó para tal fin.
El
debate sin duda está sobre la mesa, pues la pretendida radicalización del modelo gubernamental,
entendido como proceso, no puede dar lugar a improvisaciones de nuestra parte,
ya que son muchos los actores e intereses que están en juego. Por ello, este es
un tema que no se puede ignorar y debe
discutirse en todos los escenarios posibles y con la inclusión de la mayor
parte de sectores sociales, donde se
exponga la visión de cada uno para procurar un consenso real vinculante que
refleje la complejidad de la sociedad que se enfrenta al proceso y el peso de
nuestras razones para oponernos a tan descabellada pretensión. Los odios
ideológicos, los recelos y el miedo, deben ser excluidos de nuestro talante,
hay que trabajar en la construcción de un nuevo consenso social de respeto a
los derechos humanos y reconocimiento del disenso, promoviendo la comprensión
mutua, la tolerancia, el respeto y
posibilidades de desarrollo.
La
convivencia nacional se ha visto
deteriorada por discursos gubernamentales que ensalzan la violencia, la
separación y un camino de destrucción de la realidad político-social. No
debemos permitirlo porque lo que se impone en esta coyuntura es un proceso continuo de reconstrucción del
tejido social y de instituciones legítimas y legales constituidas bajo un orden
democrático estable. Es obligar al gobierno, con la fuerza que nos confiere
nuestra férrea unidad, a entrar en un diálogo abierto, para hacer frente a la
violencia política que se ha hecho presente
y proyectar con bases sólidas un futuro viable para todos. No es posible
pensar en el avance de un proceso de desarrollo sustentable cuando no se reconoce la diversidad política.
Entonces, las libertades e
institucionalidad democrática alcanzadas se mostrarán insuficientes para
abordar los problemas estructurales de fondo.
Hay nuevos líderes regionales que
llaman a la búsqueda de soluciones
expeditas sin correlato de parte del gobierno y comienzan a pasar nuevamente a
primer plano las heridas nunca cicatrizadas de los anteriores enfrentamientos.
La reconciliación parece ser nuestra única salida como país.
Promover
una reconciliación supone por tanto: a) la edificación institucional de la
democracia y el estado de derecho, b) el poder contar con instituciones
políticas y judiciales respetadas y creíbles para la administración y solución
de conflictos por vías no violentas, c) el haber llegado a un consenso sobre lo
que no es aceptable promover y los medios que resulta inaceptable emplear para
proteger los intereses propios, por legítimos que sean. Asimismo, el reconocimiento de la dignidad y el estatus
de las personas y grupos políticos
disidentes y la aceptación gubernamental que
son merecedores del pleno respeto
y goce de sus derechos.
Pedro
Luis Echeverria
pedroluis.echeverria33@gmail.com
@PLEcheverria
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