CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN, DOCE AÑOS DE IMPUNIDAD DE CARLOS MESA Y EVO MORALES, CASO BOLIVIA,

Hace doce años se encontraba en plena ejecución el plan para terminar con el Gobierno democrático de Bolivia mediante una extensa conspiración y sedición interna e internacional, impulsada por el eje Caracas-La Habana, con violencia extrema, promovida con presencia de grupos armados nacionales y extranjeros, articulada internamente por el jefe cocalero Evo Morales y el dirigente campesino Felipe Quispe, que con la traición del vicepresidente Carlos Mesa lograron la renuncia forzada del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.  Era el tercer intento de derrocamiento en menos de diez meses, pero en esta ocasión con la denominada "guerra del gas" resultó exitoso. El 17 de octubre de 2003 caía el Gobierno democrático y comenzaba la etapa que ha hecho de Bolivia una de las dictaduras del socialismo del siglo XXI liderado por el castrismo. Los exitosos conspiradores han logrado hasta ahora 12 años de poder e impunidad.

El argumento de la conspiración fue la oposición a la venta del gas boliviano a Estados Unidos a través e Chile, el "crimen de negociar con Chile" y la proclama de romper los vínculos hegemónicos con el imperialismo norteamericano y las empresas transnacionales. Carlos Mesa asumió la Presidencia el mismo día del derrocamiento y al día siguiente, cumpliendo con la conspiración, estableció la denominada "agenda de octubre" que proclama la defensa del gas y los hidrocarburos bolivianos, establecer una asamblea constituyente y enjuiciar al Presidente Sánchez de Lozada y los miembros de su gobierno.

El 31 de octubre de 2003, por Decreto Supremo 27234 Mesa estableció "amnistía" para todos los autores de crímenes cometidos para y en el derrocamiento del Presidente Constitucional.  Esta norma, vigente hasta hoy, protege a Evo Morales, al propio Mesa y a centenas de miembros del actual gobierno (ministros, embajadores y funcionarios) que han confesado públicamente sus delitos y que los presentan a la opinión pública como "méritos para reclamar espacios de poder". Evo Morales en varias intervenciones públicas ha reivindicado y justificado la conspiración y el derrocamiento. Felipe Quispe ha escrito un libro y realizado entrevistas confesando la sedición, el alzamiento armado y  acciones criminales como "haber ordenado a sus bases, que tenían entrenamiento guerrillero del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK) a sacar las armas". Mesa -bajo denuncia de haber pedido y recibido dinero para ser candidato- busca el linchamiento de Sánchez de Lozada para mitigar su traición.

Los doce años que han pasado están marcados por la suplantación de la Constitución Política de la República de Bolivia por la Constitución del Estado Plurinacional de Evo Morales, que igual que en Venezuela y otros países de la órbita, han liquidado el estado de derecho, concentrado todos los poderes en manos del gobernante, convertido el sistema de justicia en el mecanismo de represión política, anulado la libertad de prensa, manipulado y multiplicado elecciones y referéndums para simular democracia. Bolivia es hoy un país con perseguidos, presos y exiliados políticos como resultado de las masacres de Evo Morales. Mesa fraguó el mecanismo legal para permitir el acceso de Evo Morales al poder y su permanencia indefinida, al mismo tiempo que forzó la persecución política judicializada de Sánchez de Lozada y su gobierno, cambiando fiscales, ordenando votaciones  y violando el debido proceso legal, hasta tener como presos políticos a los miembros del Alto Mando Militar que defendieron la democracia el año 2003 y que incluso cumplieron mando militar democrático bajo órdenes del propio Mesa.

Doce años después de la "guerra del gas" los contratos de Evo Morales con las transnacionales son más generosos y éstas pagan menos impuestos que los que estarían pagando con la ley de hidrocarburos de Sánchez de Lozada.  Los programas de producción de gas no se han cumplido y Bolivia está rezagada en exploración y explotación, ha perdido el mercado norteamericano y reducido sus posibilidades en los países vecinos. NO han "sembrado el gas" se lo han gastado!. Evo Morales ha llevado al país a records de deuda externa y deuda interna. Se ha retornado al sistema estatista y centralista, con éxito en ineficiencia y corrupción.  El boom de los precios internacionales ha sido liquidado en "desarrollismo populista" y el país se encamina a una crisis económica. Los cultivos de coca ilegal se han incrementado de 3.000 hectáreas a más de 40.000 y crecen la sospecha y las publicaciones internacionales de que Bolivia es hoy un narco estado.

Luego de doce años no se han aclarado los hechos y las responsabilidades que llevaron al derrocamiento del Presidente Sánchez de Lozada, porque los autores son acusadores, testigos, jueces y verdugos.  Las víctimas siguen siendo utilizadas por los conspiradores como medio de persecución política contra los derrocados.  Los autores gozan de amnistía, están en el poder y los defensores de la ley están perseguidos, exiliados y son presos políticos.  Bolivia es diferente, pero no mejor, se han perdido grandes oportunidades de desarrollo económico y social.  La seguridad y varios ámbitos estratégicos del país están intervenidos por el castrismo.  Evo Morales ha producido por lo menos 17 masacres sangrientas y ha superado con creces el número de muertos que causó y buscó hace 12 años para derrocar al Gobierno constitucional.

Quienes hace doce años usaron como justificativo para derrocar al Presidente Sánchez de Lozada, la "posibilidad de que el gas boliviano pase por Chile" o el falso argumento de que "se venda gas a Chile", han convertido hoy en motivo de movilización boliviana a partir del tema marítimo el buscar "una negociación con Chile".  Los golpistas y conspiradores de hace doce años que hicieron bandera de su enemistad con Chile y que como en el caso de Carlos Mesa y Evo Morales rompieron desde la presidencia toda posibilidad de negociar, hoy piden "negociación con Chile" y entusiasman a los bolivianos en una acción publicitaria y política.  Esto y más.... Son los 12 años de poder e  impunidad de Carlos Mesa y Evo Morales, pero que no son para siempre.

*Abogado y politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

 www.carlossanchezberzain.com

Interamerican Institute for Democracy

IID@intdemocratic.org

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CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN, EL GOBIERNO TÍTERE DE VENEZUELA

Nicolás Maduro llegó al poder como el elegido de la dictadura castrista, y desde entonces, lo que en principio pudo interpretarse como acciones de solidaridad o de ayuda, han pasado a ser de intervención directa, el gobernante venezolano cumple decisiones de un poder externo, contrarias a los intereses de Venezuela y de su pueblo.  La realidad objetiva muestra que Maduro encabeza un gobierno impuesto, dirigido y protegido por la dictadura castrista: Venezuela está sometida a un gobierno títere.

Con la muerte de Hugo Chávez y del truculento proceso montado para que Nicolás Maduro sea su sucesor, se han denunciado y probado hechos muy importantes: que la fecha del deceso de Chávez fue cuanto menos manipulada, que Maduro estaba inhabilitado por las propias leyes del régimen chavista para ser el sucesor, que para tal fin violaron su propia institucionalidad, que el poder judicial chavista prevaricó con ese propósito,  que hicieron fraude electoral. Todo un verdadero concurso delictivo, desde el poder para prorrogar el régimen dictatorial en Venezuela, como acción imprescindible para el sostenimiento de la dictadura cubana y su influencia en América Latina.

Un títere es un “individuo que se deja manejar por otro”, es un muñeco, una marioneta.  Un gobierno títere es aquel que “debe su existencia”, su esencia y sobrevivencia “al apoyo o control de una entidad mas poderosa”, a un poder extranjero.  Este tipo de gobierno “es una imposición” que se produce y sostiene siempre “en contra del sentimiento de la Nación sometida”.

El gobierno títere da lugar al “país satélite” por la evidente dependencia. Un gobierno títere no puede darse nunca en democracia, porque se trata de un gobierno de hecho, de fuerza. El gobierno títere se impone y responde por un poder ajeno a la soberanía nacional, pero queda protegido por el poder externo que lo articula en interno y lo arropa en las relaciones internacionales.

Un país bajo un gobierno títere no es soberano, no es democrático, no es independiente, no tiene posibilidad de poseer oposición política, está reducido a la dependencia y lo que puede tener es “resistencia”.  La oposición política para ser tal debe tener la posibilidad de acceder al gobierno por  los mecanismos democráticos fundados en el estado de derecho y  la alternancia en el poder, situación imposible en el gobierno títere que es dictatorial e indefinido.

Ser un gobierno títere no es sinónimo de debilidad pero sí de imposición e impopularidad, ya que el estado dominante tiene como tarea esencial mantener su marioneta en el poder por razones estratégicas, económicas y políticas, de interés propio.  La fortaleza del títere viene de su mandante y está fundamentalmente destinada a sostenerse en el gobierno, para lo que implementa políticas y acciones antinacionales y de clara traición a la Patria.  No puede ser de otra manera, ya que el interés al que responde el gobierno títere no es el de los ciudadanos de su país, sino el del poder que lo ha impuesto y lo sostiene.

Apliquemos las características precedentes a hechos de la historia reciente de Venezuela: la designación de Maduro como sucesor de Chávez fue hecha en Cuba y por el gobierno castrista que estableció incluso el día de la muerte oficial del caudillo; la seguridad interna del régimen venezolano está dirigida, sino operada, por el régimen cubano; el gobierno de Maduro pese a la crisis económica venezolana no deja –sin pago evidente- de enviar petróleo a Cuba para que ésta lo revenda y se sostenga, pues el interés del interventor está por encima del estado sometido; la defensa de la dictadura de Maduro está a cargo del castrismo y de su influencia internacional trabajada con dinero y petróleo venezolanos; el modelo de gobierno –y de crisis- en Venezuela es una copia del cubano; y como ya no cuidan ni siquiera las apariencias, Maduro ha desfilado el primero de Mayo en La Habana!

El pueblo venezolano, sus periodistas, obreros, líderes, estudiantes, empresarios, presos políticos, exiliados, mujeres que claman por la libertad, todos, pueden llenar un libro con los casos que comprueban la naturaleza del gobierno títere que los oprime. Pero además, tal vez sea tiempo de que en Ecuador, Bolivia y Nicaragua lo piensen, porque se trata del modelo dictatorial del socialismo del siglo XXI de propiedad castrista que también rige en esos países.

IID@intdemocratic.org 

http://www.diariolasamericas.com/4962_carlos-sanchez-berzain/3086553_columna-carlos-sanchez-berzain-cuba-venezuela-maduro-gobierno-titere.html

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CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN*, JUECES EN PAISES DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI SON INSTRUMENTOS DE REPRESIÓN, CASO BOLIVIA,

De la embajada brasilera al exilio

La existencia de perseguidos, presos y exiliados políticos es una de las notas características de los países del socialismo del siglo XXI. Reiteramos que el exilio generado por la dictadura castrista en Cuba se cuenta por millones, el exilio de la dictadura chavista en Venezuela se cuenta por miles, el exilio de la dictadura cocalera de Evo Morales se cuenta por cientos, el de Rafael Correa en Ecuador por decenas. Parece que cuanto más tiempo retienen el poder, más exiliados producen.

De acuerdo a información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) al 30 de enero de 2013 existían registrados 774 exiliados bolivianos y con la llegada del senador Roger Pinto a Brasil por persecución política, Evo tiene en su haber por lo menos 775 exiliados, sin contar los que no se han registrado y los que tienen pendientes sus solicitudes de asilo, con los que la cifra puede ser superior a 1.000. Esto ubica a Morales en el tercer lugar de los gobernantes de la región que destierran a sus nacionales, después de Cuba y Venezuela.

Lo típico del exilio del socialismo del siglo XXI es que está ejecutado por la persecución judicial. Todos los exiliados bolivianos por ejemplo, están acusados por Evo Morales en persona o por miembros de su Gobierno de haber cometido delitos de tipificación terrible e infamante, pues lo primero que buscan es liquidar el prestigio y la imagen pública del perseguido. Es usual que el Gobierno acuse a su víctima de los delitos que el propio presidente o miembros de su grupo político han cometido. Hay que insistir en que el mundo observe que los jueces en los países del socialismo del siglo XXI son los instrumentos de la represión, son una nueva forma de policía política y la más grave forma de corrupción.

El caso del senador boliviano Roger Pinto -hoy exiliado en Brasil y acusado de 20 delitos por el Gobierno de Morales- resulta ilustrativo. Este legislador opositor investigaba vinculaciones del Gobierno con el narcotráfico y casos de corrupción, lo que generó la reacción oficialista que poniendo en marcha su sistema de fiscales y jueces lo persiguió y pretendió encarcelarlo hasta forzarlo a refugiarse en la embajada de Brasil en La Paz. El Gobierno brasilero le concedió asilo político y solicitó al Gobierno de Morales el salvoconducto para que el asilado pueda dejar la legación diplomática y viajar al Brasil; el Gobierno boliviano negó tal autorización en reiteradas oportunidades y así pasó más de un año hasta que hace pocos días el senador Pinto “apareció” en Brasil, desatando una controlada protesta Morales y su gente que usando las relaciones de todo el grupo del socialismo del siglo XXI, especialmente las de Cuba y Venezuela, parecen haber logrado que la presidenta de Brasil remueva a su Ministro de Relaciones Exteriores y silenciar al senador exiliado.

Hay muchas preguntas que se hace la opinión pública: ¿por qué el Gobierno de Morales que no otorgó el salvoconducto, permitió la salida del senador para luego calificarla como fuga?, ¿cómo pueden vehículos oficiales del Gobierno de Brasil -aparentemente con efectivos armados- desplazarse por territorio boliviano por aproximadamente 21 horas sin ningún obstáculo?, ¿por qué la inteligencia cubana que controla los servicios en Bolivia permitió la operación o fracasó en este caso?, ¿será como se ha denunciado un acuerdo para saldar este asunto de manera no oficial? ¿por qué la renuncia del canciller brasilero si había tal acuerdo?, ¿será verdad que el canciller renunciante era el último leal del expresidente Lula en el actual gabinete?, ¿cómo se explica el suave reclamo del Gobierno de Morales y la dura reacción de la presidente de Brasil?, ¿por qué el senador Pinto tiene ahora que guardar silencio, dejó de asistir al Senado de Brasil y no puede hacer públicos los asuntos que investigaba?

El tema de fondo es que un senador, por ejercer sus funciones de fiscalización, es judicialmente perseguido y públicamente acusado por Evo Morales, hasta forzarlo al exilio, donde el perseguido parece condenado al silencio; y más grave aún, queda demostrado por éste y anteriores casos, que simplemente no hay oposición posible en Bolivia.

Hace un año -en septiembre de 2012- la Iglesia Católica de Bolivia por medio de la Conferencia Episcopal Boliviana pidió al Gobierno “amnistía para presos y exiliados políticos” como un gesto de “reconciliación”, calificando de “aberrante usar la justicia para perseguir a los disconformes con el proyecto político” de Evo Morales. La Iglesia no había hecho un pedido igual desde el 17 de noviembre de 1977 durante la dictadura militar.

*El autor es abogado y politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

http://impactocna.com/jueces-en-paises-del-socialismo-del-siglo-xxi-son-instrumentos-de-represion/

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