JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ G., ¿Y POR QUÉ LA SALA CONSTITUCIONAL LE PREGUNTÓ AL CNE POR LA AUDITORÍA?

La historia judicial de las impugnaciones de la elección del 14-A continua con nuevos capítulos. La novedad es que la Sala Constitucional, en la sentencia Nº 826 del 27 de junio de 2013, le requirió al CNE información sobre los resultados de la auditoría efectuada.

Como se recordará, la Sala Constitucional decidió asumir el conocimiento de todas las impugnaciones relacionadas con el 14-A, incluyendo la impugnación presentada por Henrique Capriles Radonski y la impugnación parcial formulada por la Mesa de la Unidad Democrática. Como asumió el conocimiento de todas esas impugnaciones, la Sala Constitucional debe decidir si admite o no esas impugnaciones.

Precisamente, para decidir si admite las impugnaciones, la Sala Constitucional le ha pedido al CNE “un informe contentivo de las resultas de las auditorías efectuadas por el ente comicial en el proceso de verificación ciudadana, incluyendo la verificación ampliada por decisión de su directorio del 18 de abril 2013, respecto del proceso electoral celebrado el 14 del mismo mes y año, así como los instrumentos que considere pertinentes a fin de ilustrar el criterio de esta Máxima Juzgadora”.

¿Y por qué la Sala Constitucional pide un “informe” de los resultados de la “auditoría” que realizó el CNE? ¿Acaso los resultados de esa “auditoría” no fueron anunciados por el CNE? El anuncio del CNE, en efecto, fue que esa “auditoría” arrojó “error 0”. Por ello, probablemente, esto sea lo que le diga el CNE a la Sala Constitucional: que la auditoría comprobó la veracidad de los resultados del 14-A.

En realidad, los resultados de esa “auditoría” son irrelevantes para que la Sala Constitucional decida si admite o no las impugnaciones. La admisión de las impugnaciones, básicamente, pasa por comprobar unos requisitos muy precisos que la Ley define, en concreto, que las impugnaciones hayan sido presentadas dentro de los  15 días siguientes a la elección, y que además expliquen los hechos en los cuales se fundamentan y los vicios alegados. El resultado de la “auditoría” del CNE no es, por lo tanto, una materia relevante para decidir sobre esa admisión.

Además, con esa decisión, la Sala Constitucional anticipó su pronunciamiento sobre uno de los elementos de la impugnación presentada por Henrique Capriles. En efecto, la Sala Constitucional, al aludir al “proceso de verificación ciudadana”, avaló la tesis del CNE, de acuerdo con la cual la “auditoría” efectuada cumplió el régimen de esa verificación. Sin embargo, como he explicado en otros artículos, la “auditoría” del CNE no siguió las pautas de la verificación ciudadana, pues no se extendió a los cuadernos de votación. Ese aspecto, que debería ser un tema del debate judicial, ya fue resuelto por la Sala Constitucional, lo que agrega otro motivo más para que sus Magistrados se inhiban.

Detrás de esa decisión, en todo caso, podría haber un objetivo. Como sea que el CNE le dirá a la Sala Constitucional que la auditoría arrojó “error cero”, la Sala Constitucional –como ya ha hecho en anteriores casos– puede decidir que no hay méritos para que las impugnaciones prosperen, visto que la “auditoría” probaría la veracidad de los resultados electorales. Esto es lo que los abogados llaman “improcedente in limine litis”, una enrevesada expresión que parece sacada de una novela de Harry Potter, pero que en realidad alude a la decisión por medio de la cual el Juez, sin siquiera seguir el juicio, declara sin lugar la demanda.

Esto sería mucho peor que declarar inadmisible las impugnaciones. Una decisión de la Sala Constitucional que declare, sin juicio, improcedente las impugnaciones, sería una decisión de fondo que avalaría los resultados del 14-A. Esa decisión, por supuesto, sería inconstitucional, pues violaría el derecho que tienen los demandantes de las impugnaciones a contar con un juicio justo.

¿Qué va a decidir la Sala Constitucional? ¿Admitirá las impugnaciones? ¿Las declarará inadmisibles? ¿Considerará que, como la auditoría arrojó “error 0”, las impugnaciones son improcedentes, sin siquiera tramitar el juicio? Como dice la canción de Los Beatles: mañana nunca se sabe…

José Ignacio Hernández G.  José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y UCAB. Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

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RÓMULO LANDER HOFFMANN, AUDITORÍA QUE NO CUENTA VOTOS,

El resultado de las pasadas elecciones es un clara muestra de hasta dónde se puede manipular un sistema electoral.

LA SALAMANDRA

Comenzando por la arbritaria redistribución de los circuitos electorales, continuando con la obscena utilización de los recursos públicos para la promoción y propaganda del mini candidato del gobierno, completando la faena con la cedulación de “ciudadanos” de dudosa legalidad.

Esto por un lado, por el otro tenemos la discrecionalidad en el manejo de la data y la transmisión de los resultados desde los centros electorales hasta donde sea que en realidad se cotejan. Duda que sólo dejará de existir si se llega a realizar un reconteo de votos en el cual el factor aleatorio no sea el que determine la escogencia de los centros y/o mesas a recontar sino que lo sean las actas que estan en manos do TODAS y cada una de las representaciones politicas que estuvieron presentes en el acto electoral.

¿Será esto posible? No lo creo, porque de hacerse significaria la derrota del hijo putativo; ya no del difunto, sino de Raulito el chulo del Copacabana.

La tapa del frasco la puso la vicepresinete del Consejo Electoral al declarar publicamente que una auditoria de los votos no significa contarlos, osea, total mundo del subuso.

Merece tambien consideración la absurda y tendenciosa actitud de alguna gente que se dicen de la oposición que desde el vamos ya etiqueto a Henrique Capriles de cobarde, vende patria, entreguista entre los epitetos menos duros. Eunucos mentales, no hay otra forma de llamarlos.

Amanecerá y veremos.

rlander48@yahoo.com

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JOSÉ LUÍS MÉNDEZ LA FUENTE, CONTEO FINAL

Venezuela se ha convertido en los últimos catorce años, en un país electorero. Cinco referéndums de naturaleza constitucional, cinco votaciones presidenciales, las del 98, 2000, 2006, 2012 y 2013,  además de las respectivas para elegir los representantes del poder legislativo, alcaldías y gobernaciones, para un gran total de 19 eventos electorales, así lo indican. 

Sin embargo, no por tener más elecciones, un país es más democrático; en su contra conspirará el hecho de que las gane siempre la misma persona o la misma facción política, y que el organismo encargado de coordinar, llevar a cabo todas la fases del proceso electoral y dar los resultados, esté conformado, íntegramente, por miembros pertenecientes a la misma tendencia ideológica del gobierno; al menos en nuestro caso, cuatro de los cinco que lo estructuran.

Por eso, en unas elecciones tan apretadas  como las del pasado domingo 14 de abril, la solicitud del señor Capriles de que se cuenten todos los votos depositados en las urnas electorales, cosa que nunca se ha  hecho en la Venezuela chavista, pues se ha partido del axioma de que con solo auditar un número de mesas representativo del universo votado, es más que suficiente, es democráticamente conveniente y necesaria para despejar cualquier atisbo de duda sobre la no imparcialidad de las cifras anunciadas por el Consejo Nacional Electoral, en horas de la noche, el mismo día de las elecciones. Bien visto el asunto, a quien más conviene que lo que pide Capriles se haga, es al señor Maduro, pues ratificaría su triunfo electoral y validaría su proclamación y juramentación como presidente electo, efectuadas a toda prisa, a solo escasos días de conocerse los resultados precisamente impugnados.

Aunque parecía poco  probable que el gobierno, es decir, CNE y el Tribunal Supremo de Justicia, fueran  a dar luz verde a cualquier reclamo de la oposición en dicho sentido, la decisión finalmente se tomó. Y se tomó, después y a pesar que la presidenta del TSJ, había ya adelantado opinión al respecto, asegurando que el reconteo de los votos no era posible dentro de un proceso de sufragio automatizado. A lo que cabe la pregunta ¿ Y para qué son entonces los papelitos, o sea, los votos impresos que introducimos en las urnas al momento de votar?. 

Es por ello, que esta decisión del CNE, no de recontar el cien por ciento de los votos depositados en las urnas electorales, sino de auditar las cajas sobre las que no se hizo auditoría alguna el día de las elecciones, algo así como un 42 por ciento, lo que equivaldría aproximadamente a unas 12 mil cajas, resulta encomiable, en cierto modo,  pues abre una válvula de escape a la olla de presión político-social en que se había convertido el país. Una muestra, además, de voluntad democrática, no obstante que el propio CNE insista en que no se van a alterar los resultados ya anunciados, que revaloriza, de alguna manera, la apreciación que los venezolanos tienen de dicho organismo electoral, más allá de que se nos repita constantemente que el nuestro es el mejor y más eficiente de los sistemas electorales existentes en todo el mundo, algo que está precisamente en entredicho en este momento, y la cual solo podría cambiar radicalmente, el día en que se reestructure el CNE para darle representación a los partidos de oposición al régimen.

Entramos ahora, en una fase de implementación de ese proceso de conteo o auditoría de los votos, con la verificación del cumplimiento de los requisitos legales y técnicos establecidos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, con lo cual esperamos que una vez conocidos los resultados finales, la paz y la armonía que todos los venezolanos esperamos, se apodere del país de una vez por todas y para siempre.

Xlmlf1@gmail.com

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EDGARD GUTIERREZ, LA AUDITORÍA Y LA “CAJA DE PANDORA”, RUNRUN.ES,

Todo va muy rápido. Ni siquiera ha habido el tiempo suficiente para hacer un análisis de los resultados electorales que hoy, son severamente cuestionados… y con razón. 

Lo cierto es que la coyuntura nos ubica en un momento delicado, puesto que la presión política de la semana pasada lentamente disminuyó al anunciarse la auditoría al restante 46% de las cajas. Muchos que no sabían con qué se comía la “presión internacional”, ahora quizás entiendan que si no hubiese habido un movimiento tras bastidores fuera y dentro de nuestras fronteras, el CNE nunca hubiese dado su brazo a torcer, al menos momentáneamente.

Lo cierto es que a pocas horas del anuncio del ente comicial en pleno, las rectoras más comprometidas con el PSUV han venido desarrollando una ofensiva comunicacional para “minimizar” la importancia de la auditoría y peor aún, obvia los planteamientos centrales formulados por la oposición como los de poder revisar los cuadernos electorales y los registros del sistema biométrico. Estas representantes del poder electoral, despachan el asunto deportivamente –sin dar ninguna respuesta– y colocan hábilmente la pelota en la cancha del Tribunal Supremo de Justicia: instancia que tarde o temprano recibirá el foco de atención mediática. Es allí en definitiva donde se dirimirá si la impugnación que presentará el Comando Simón Bolívar tendrá lugar y si en última instancia, habrá una repetición parcial o total de las elecciones…o no.

Las rectoras desdeñan la importancia de este acto de verificación ciudadana y ya anuncian un “error cero”. Para ellas, no hay posibilidad de que allí salgo algo. Lo cierto es que si no permiten que la revisión sea exhaustiva, la auditoría perderá valor y será torpedeada. El oficialismo se resiste a que haya una apertura de la “caja de Pandora” en toda su extensión. Sin profundidad, los argumentos para impugnar el proceso electoral no serán todo lo sólido que debería ser. Ese fue el riesgo del camino que tomó la oposición, pero no hay que dejar de insistir en ello: era la más responsable que podían escoger, al menos en ese momento.

Nadie debe llamarse a engaño. Si existe alguna sala del TSJ en la que el control político es la norma, es precisamente en la Electoral. Basta con revisar las sentencias emanadas de esa instancia para tenerlo muy claro. Lo lógico es suponer que cualquier recurso que favorezca a la oposición sea negado y que ahí y en ese momento, se agote la vía institucional: será otro momento en la que la temperatura política volverá a subir.

Sólo las circunstancias políticas de aquí a unas semanas podrían cambiar la correlación de fuerzas en el oficialismo para que haya una “sorpresa” en el ámbito jurisdiccional. Repito, lo más probable es que la racionalidad política oficial imponga su criterio negativo. No hay que descartar nada, pero hay que prepararse para el momento cuando el chavismo decida cerrar –esta vez definitivamente– las compuertas institucionales. La oposición estará obligada a recurrir a la presión popular pacífica y democrática, pues en esta oportunidad el comodín internacional no estará disponible: sólo con pruebas contundentes se podría apelar a ese recurso.

Mientras tanto, la aguda crisis económica se va posando sobre todos nosotros y sobre el frágil gobierno de Maduro. ¿Nos acercamos a una “tormenta perfecta”? Pasarán los días y de una u otra manera, todos volveremos a ser protagonistas.

Siempre a su orden para responder sus inquietudes y comentarios en Twitter: Allí estoy en @gedgard para interactuar con usted.

info@edgutierrez.com

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